Yolanda Barrera Roa
Expediente 160/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/03/2018
Partes del expediente
- Yolanda Barrera Roa
- Director del Registro Público de la Propiedad Y del Comercio del Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito que signa la parte quejosa; atento a su contenido, hágase de su conocimiento que en lo que respecta a la designación de domicilio procesal y autorizados deberá estarse a lo acordado en el auto inicial, asimismo téngasele revocando la autorización otorgada a *********. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el pedimento de cuenta que suscribe la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia respecto de las manifestaciones que realiza, pues como se advierte de la certificación de cuenta a las nueve horas con diez minutos del nueve de marzo de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente asunto; mientras que el citado pedimento se presentó con posterioridad. Sin perjuicio de lo anterior, respecto su diversa petición, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase las copias que solicita, lo anterior previa toma de razón y recibo que se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ****, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, en el presente juicio, en audiencia pública, el ****, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien actúa con la licenciada ****, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y a las demás constancias que obran en el expediente. A lo que el Juez acuerda. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar, en relación al pedimento de la Fiscal Federal adscrita, dese cuenta en el periodo respectivo y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte la resolución respectiva, expídase la copia que solicita, lo anterior previa toma de razón y recibo que se deje en autos. En el periodo de pruebas. La Secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa allegó a su demanda de amparo; la prueba de informes con cargo al Titular de la Notaría Pública número doscientos veintiocho, con ejercicio en la ciudad de México; con las documentales que remitió dicho fedatario al momento de desahogar el medio de convicción en comento; con la documental que adjuntó a su informe la Legislatura del Estado de Querétaro, así como con el ofrecimiento de las documentales exhibidas por la parte agraviada, que hizo suyas el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro en su informe de ley, por conducto del Procurador Fiscal del Estado, la presuncional legal y humana que también invocó y las diversas documentales que allegó. A lo que el Titular acuerda. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de Amparo. Por lo que al no existir diversas probanzas que desahogar, se da por concluido el presente periodo. En el periodo de alegatos. . La Secretaria da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho, como tampoco obra en autos pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado. A lo que la Juez acuerda. Téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos con lo cual se declara cerrado dicho periodo. Con apoyo en el invocado numeral 124 de la Ley en comento, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. VISTOS, para resolver los autos del Juicio de Amparo 160/2018, promovido por Yolanda Barrera Roa, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito recibido el ****, en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y turnado a este Juzgado Federal, al día siguiente hábil, compareció Yolanda Barrera Roa, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades que más adelante se precisarán. II. La parte peticionaria de amparo narró los antecedentes del acto reclamado; invocó los preceptos constitucionales que consideró transgredidos; no señaló tercero interesado, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinente. III.- Por auto de ****, se desechó parcialmente la demanda, por las autoridades ahí precisadas, y dadas las razones expuestas en dicho proveído; asimismo, se admitió a trámite el escrito inicial de demanda, registrándose el expediente con el progresivo 160/2018 en el Libro de Gobierno; se vinculó con el carácter de autoridad responsable al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, y se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y previo trámite del juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se inició en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro ejerce jurisdicción y es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como los preceptos 48, 52 fracción II, 144, 145 y 5°, transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdos Generales 3/2013 y 30/2014, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además, se toma en cuenta que en la especie se reclaman actos cuyo efecto material se verifica dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1. Legislatura del Estado de Querétaro; 2. Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; y, 3. Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. Actos reclamados: 1. De las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades: a. El proceso legislativo origen de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, particularmente en los numerales 90 y 97. b. De las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades, el proceso legislativo origen de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2017, en lo referente al artículo primero. c. aplicación y ejecución de las citadas disposiciones legales, a razón de la recaudación de los derechos registrales controvertidos por esta vía esto es, la inscripción de compraventa, a decir de la parte quejosa, materializado en el comprobante de pago con número de operación 2017/1854180, de *****. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Legislatura y Gobernador del Estado de Querétaro, en lo que atañe a su intervención efectuada dentro del proceso legislativo de las normas tildadas de inconstitucionales, pues al margen de lo expresado por dichas autoridades en su informe justificado, no se puede soslayar que atendiendo a la naturaleza de los mismos, su existencia no está sujeta a prueba ya que se está en presencia de hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del párrafo segundo, de su artículo 2°, por tratarse de derecho positivo nacional y vigente. Luego, por cuanto ve al acto de recaudación atribuido en cuanto a su esfera competencial al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, debe decirse que con independencia de haber aceptado la existencia o no del acto que en lo particular se le reclama, con base en lo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, dicha actividad debe tenerse por cierta, al tenor de la existencia del recibo de pago que obra en el sumario, con número de operación 2017/1854180, de ****. A dichas documentales se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser comprobantes electrónicos que contienen los datos que corroboran su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, mismos que ponen en evidencia la existencia de los recibos a que se ha hecho alusión. Atento a lo anterior, no se está en la hipótesis de sobreseimiento que respecto a la inexistencia expone el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, en su informe justificado. CUARTO. Causales de improcedencia. En principio, tal y como lo propone la autoridad exactora, se advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio, con respecto al acto de recaudación reclamado al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, porque se está en presencia de una autoliquidación que no puede ser atribuida a dicha parte. Cierto, la acción de amparo se torna improcedente, en virtud de que a la citada exactora no le deviene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional. La anterior causal de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones que enseguida se plasman. Dichos preceptos, interpretados en sentido contrario, permiten concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya un acto de autoridad, esto es, cuando la autoridad señalada como responsable no actúe dotada de imperio. En efecto, el legislador estableció diversas características que deben reunirse a efecto de considerar a un acto como de autoridad, y que son las siguientes, a saber: 1. Irrelevancia del carácter formal del ente del cual proceda el acto; 2. Acto positivo que produzca como efecto la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas o, en su caso, acto negativo (omisión) que de realizarse produzca la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas; 3. Unilateralidad en la emisión; 4. Obligatoriedad en el cumplimiento del mismo; y, 5. En el caso de actos derivados de particulares, la equivalencia de alguno de los efectos mencionados, así como que el mismo esté previsto en una norma general. Cabe destacar que en relación al proceso legislativo de la nueva Ley de Amparo, hoy vigente y que fue publicada el **** en el Diario Oficial de la Federación, dentro de las discusiones que se produjeron en la Cámara de Senadores, el ****, particularmente en torno a la inclusión de los actos provenientes de particulares como similares de autoridad, se dijo lo siguiente: "Por otro lado, se amplían las autoridades para efectos del juicio de amparo, ya que se prevé que éste procederá no sólo en contra de las autoridades, sino también de particulares en funciones que ejerzan en calidad de autoridades." De igual modo cabe recordar que el concepto acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo ha evolucionado paulatinamente desde su concepto más estricto hasta el que ahora se conoce y quedó consagrado al grado de considerar a ciertos actos provenientes de los particulares como similares de autoridad; tal proceso evolutivo ha sido necesario en función del constante cambio social que ha influido en el orden jurídico nacional de nuestro país, así como la adopción de nuevos pensamientos en últimas fechas en materia de derecho administrativo respecto a lo que debe entenderse por autoridad, lo que ha redundado en que tal concepto se amplíe incluso para los efectos del juicio de amparo, como actualmente se establece en la Ley de Amparo, según se precisó en la norma reproducida. Ese cambio conceptual ha tenido un origen material que luego ha sido rescatado y explicado por la doctrina jurídica internacional y nacional, así como en la propia interpretación que ha sentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha precisado las siguientes características, a saber: a) Que el ente cuyo acto despliegue debe establecer una relación de supra a subordinación con el particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio sea irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Pues bien, sentado lo anterior, al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, se le atribuye el cobro de los tributos combatidos, pero en realidad, es evidente que el mismo aun y cuando fue exteriorizado por la referida autoridad en el ámbito de su competencia, solamente se delimitó a la recepción del quantum del tributo reclamado por parte del agraviado. Bajo esa perspectiva, su actuación, que realmente tiene la connotación jurídica de liquidación y recepción de pago, al haber ocurrido la parte quejosa ante ella, se torna como autoliquidación, por no existir la unilateralidad en su ejecución, y por ende, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Cierto, pues la autoliquidación de los tributos realizada por los contribuyentes, implica determinar de motu proprio, en cantidad líquida las contribuciones a su cargo, mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la ley hacendaria, con el correspondiente deber de enterar al fisco las cantidades que resulten; constituye pues, el producto de la voluntad del gobernado, mediante el cumplimiento espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Por ello, la autoliquidación de un tributo, es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto de autoridad de por medio, porque esta modalidad respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, está sujeta a ser supervisada por la autoridad fiscal mediante el ejercicio de sus facultades de revisión y comprobación en materia tributaria, de manera que, en el momento de la autoliquidación, la autoridad no externa su voluntad ante el actuar del particular, pues su actuación, en su caso, será posterior y a través de algún procedimiento administrativo que tenga como propósito el cobro de los impuestos destacados. Luego, al no tener el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, entendiéndose como tal aquella que con independencia de su naturaleza formal, en un plano de supra a subordinación en relación con otro, emite actos unilaterales e imperativos por los que crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un gobernado, se actualiza la causal de improcedencia antes mencionada. Por lo que, como lo solicita la anotada autoridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XXIII, esta última en relación con el 5°, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo en que se actúa, contra los actos de ejecución de las normas reclamadas que se atribuye al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. Siguiendo el tópico de improcedencia, este juzgado federal advierte que en relación con la porción normativa que controvierte la parte quejosa, consistente en los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. De acuerdo a las normas reproducidas se tiene que el plazo preprocesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, y que de no promoverse dentro de tal plazo el juicio es improcedente; salvo las excepciones contenidas en las fracciones I a IV del propio numeral. Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 18 de la Ley de Amparo, se tiene que el momento a partir del cual se computará el plazo para instar el juicio de amparo, se contará a partir de tres acontecimientos distintos, según la naturaleza del acto reclamado, a saber: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; Desde el día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado, o su ejecución; o bien, A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. La fijación del acontecimiento a partir del cual se computará el plazo para instar la demanda de amparo que aquí nos ocupa, se precisará más adelante en el segmento dedicado a la determinación de la naturaleza del acto concreto que dio origen al presente juicio constitucional; en la inteligencia de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que dichos supuestos no guardan una prelación entre sí y, que lo importante, para efectos de considerar la oportunidad para promover la demanda, es la fecha cuando se tiene conocimiento completo del acto reclamado. De acuerdo a lo anterior, la causa que torna improcedente la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días y no se esté en algunas de las excepciones contenidas en el propio precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como del derecho fundamental a la certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Con lo anterior, se sintetiza que los extremos necesarios para tener por acreditada la hipótesis de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Existencia de un acto determinado, objeto de impugnación por el quejoso; b) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; c) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y, d) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Elementos todos que deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. En el caso, este Juzgador Federal estima que han quedado probados cada uno de los invocados extremos, tal como se verá de la explicación siguiente. En lo que atañe al requisito estipulado en el inciso a), relativo a la constatación de un acto objeto de impugnación por la parte quejosa, se encuentra probado. Así es, la parte quejosa insta la presente demanda en contra de los preceptos que contemplan la causación de derechos registrales por inscripción de la operación de compraventa, tributo que impugna a merced del primer acto de aplicación según refiere consignado en el comprobante de pago con número de operación 2017/1854180, es preciso destacar que conforme a la técnica del juicio de amparo, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. En ese orden de ideas, conforme al artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra normas heteroaplicativas de observancia general, cuando no se acredite el primer acto de aplicación. Cabe mencionar que por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. La disposición mencionada comprende la procedencia del juicio de amparo indirecto para impugnar tanto las normas autoaplicativas como las heteroaplicativas, dentro de cuyo concepto se incluyen los ordenamientos jurídicos abstractos, impersonales y generales. Para distinguir entre las normas autoaplicativas y las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización condicionada constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la "condición" consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sometida a la realización de ese evento. En la especie, la parte quejosa reclama el proceso legislativo de creación de los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, siendo objeto de tales dispositivos, el cobro de derechos registrales por inscripción de la operación de compraventa. En ese orden de ideas, se concluye que los artículos reclamados son normas generales de naturaleza heteroaplicativa, habida cuenta que sus efectos ocurren en forma condicionada a la actualización de los actos jurídicos señalados en el párrafo precedente. En este segmento, se debe recordar que en el presente caso la parte quejosa se autoliquidó las contribuciones reclamadas, relativas al pago de inscripción de compraventa, lo que implica que determinó de motu proprio, en cantidad líquida las contribuciones a su cargo mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la ley hacendaria, con el correspondiente deber de enterar al fisco las cantidades que resulten; por lo que dicho pago es el producto de la voluntad del gobernado, mediante el cumplimiento espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Por ello, su autoliquidación, es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto de autoridad de por medio, porque esta modalidad respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, está sujeta a ser supervisada por la autoridad fiscal mediante el ejercicio de sus facultades de revisión y comprobación en materia tributaria, de manera que, en el momento de la autoliquidación, la autoridad no externa su voluntad ante el actuar del particular, pues su actuación, en su caso, será posterior. Ahora bien, como ya se indicó, en el presente caso se reclama el ordenamiento que regula el pago de derechos registrales por concepto de inscripción de compraventa; luego, debe atenderse a la naturaleza de las contribuciones reclamadas, en donde la parte quejosa tiene interés en que el acto jurídico que formalizó ante fedatario público, obtenga publicidad y consecuencias jurídicas frente terceros. Así pues, se colige que es obligación del directamente interesado que se realicen los pagos correspondientes a una inscripción de derechos registrales; pues el Notario en esos casos, no tiene una obligación solidaria, como sí la tiene tratándose de la retención que pudiera hacer respecto de otros impuestos, pero los actos que el fedatario haya efectuado con motivo de ese pago obligan a este último en virtud de la relación de mandato que les deriva entre sí, dada la prestación de los servicios realizados por aquél. De ahí, que pueda concluirse que el acto de aplicación de las normas reclamadas, se originó en el momento en que se realizó el pago por concepto de derechos registrales, a merced del comprobante con número de operación 2017/1854180, de ****. En suma a lo anterior, quien esto resuelve estima que el contribuyente estaba en condiciones ciertas de instar el juicio de amparo en contra de las normas heteroaplicativas aquí impugnadas, siendo ésta, a partir de la fecha en que se efectuó el pago de los derechos respectivos, considerando que el conocimiento pleno del contribuyente respecto del concepto liquidado y preceptos normativos que lo contemplan, se extrae como presunción derivada de la ley en razón de la mecánica apuntada con anterioridad. Ello se afirma, en la medida en que dada la naturaleza autoliquidativa de la contribución examinada, no es factible contar con un acto de voluntad emanado de ente público alguno, y por ende, considerar la notificación correspondiente de dicha actuación, como punto de partida para computar el plazo preprocesal para instar el juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que el plazo a que ahí se refiere parte de un conocimiento previo a la materialización jurídica del perjuicio económico, razón por la cual, al intervenir un particular en la recaudación es necesario; sin embargo, al realizarse el pago, que constituye por sí mismo una autoliquidación, es innecesario que se reúnan esos requisitos, toda vez que es la voluntad del particular para cumplir la norma lo que genera una afectación en su esfera jurídica, sin necesidad de la intervención de la autoridad fiscal; por tanto, no se requiere la fundamentación y motivación, que además no podría darse por ser un acto atribuible a un particular, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado apto e idóneo por sí mismo, para que empiece a transcurrir el plazo para promover el juicio de amparo contra las normas que lo fundan. Al tenor de las explicaciones que anteceden, quien esto resuelve considera que en el caso concreto, la posibilidad legal del quejoso para instar el juicio de amparo en su contra en forma oportuna, es a partir del día siguiente en que se realizó el pago del tributo reclamado, que fue cuando las normas que lo contemplan incidieron en la esfera jurídica del particular, y es apta para considerar el inicio del plazo para promover el juicio de amparo, como puntualmente se precisa en la jurisprudencia que precede. Luego, si en el caso obran las siguientes pruebas: 1. Comprobantes de pago con números de operación 2017/1854180, de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, expedidos a nombre de la parte quejosa por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 2. Prueba de informes a cargo del Titular de la Notaría Pública número doscientos veintiocho, con ejercicio en la ciudad de México, quien en torno al cuestionario del peticionario de amparo, expresó que el dieciocho de enero de dos mi dieciocho, entregó a la quejosa el testimonio y le hizo sabedora del pago de mérito. En relación a los puntos formulados por este juzgado, expuso que ante él se celebró el acto traslativo de dominio del cual deriva la contribución que aquí se controvierte al tenor de la escritura pública veinticinco mil setecientos cuarenta y uno , de veinticinco de julio de dos mil diecisiete; que al momento de firmar dicho acto traslativo de dominio, se explicó a las partes, una de ellas a la quejosa, los conceptos, sustentos y alcances legales del acto celebrado; asimismo, que elaboró un documento que contiene la liquidación desglosada de todos y cada uno de los impuestos y derechos generados. Como complemento a la prueba de informes aducida, el Notario Público allegó a este sumario constitucional, lo siguiente: a) Copia cotejada de la escritura pública número veinticinco mil setecientos cuarenta y uno, en la que se advierte la operación de compraventa en la que la parte quejosa fungió como adquiriente del bien inmueble ahí descrito, con fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete. b) Copia certificada del acuse de recibo por la parte quejosa del comprobante de pago con número de operación 2017/1854180, en la que se advierte como fecha de ello, el dieciocho de enero de dos mi dieciocho. A los documentos descritos en el inciso 1), con fundamento en los numerales 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les otorga valor probatorio pleno, toda vez que se trata de comprobantes de pago de una contribución, los cuales contienen los datos que corroboran su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, mismos que ponen en evidencia su existencia. Ahora bien, por lo que ve al documento que anexó el fedatario público descrito en el inciso a), con fundamento en los numerales 197, 202 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se le otorga valor probatorio pleno, toda vez que se trata de copia certificada por un fedatario público en ejercicio de sus funciones, y revela la existencia del acto traslativo de dominio, del que se deriva el pago de los derechos que aquí se reclaman. Por su parte, la documental descrita en el inciso b) lo único que refleja a manera de indicio, en armonía con lo manifestado por el Fedatario Público auxiliar es que le fue entregado a la parte quejosa el comprobante de pago con número de operación 2017/1854180. En esa virtud, la anotada prueba de informes radicó en que un ajeno a la litis comunicara a este Juzgado Federal un suceso o circunstancia desconocida para las partes, en específico, que robusteciera o revelara lo atinado del aserto de la parte quejosa en cuanto al conocimiento de los actos de aplicación de las normas aquí tildadas de inconstitucionales, cuyo valor probatorio queda al arbitrio de este tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, si se considera que la prueba de informes, como ya se dijo, se equipara a una testimonial, y si dicho elemento de convicción estuvo encomendado a un Notario Público quien no la desahogó actuando como autoridad precisamente por la naturaleza de la prueba de que se trata y porque en la retención de impuestos no actúa como autoridad sino como auxiliar del fisco, entonces, con el propósito de asignarle valor, es preciso analizar el alcance de sus exposiciones pues como se destacó, el valor de la anotada prueba de informes queda al prudente arbitrio de este juzgador, ante lo cual se pondera que dicha probanza sólo se demuestra que: Ante su potestad se elaboró la escritura pública génesis del acto traslativo de dominio de donde derivan los actos reclamados (documento público); Se generó el pago de los derechos aquí controvertidos, materializado en el comprobante de pago descritos (documento público); Con motivo de su firma explicó a la parte quejosa los conceptos, sustentos y alcances legales del acto celebrado, de conformidad con el artículo 34 de la Ley del Notariado ; y, Por ende, no se genera certeza para considerar que la parte quejosa se pudo haber enterado de los fundamentos legales que dieron origen a los derechos que reclama, al momento en que se hizo la escrituración relativa, y menos aún, que en la data que la parte impetrante refirió como de conocimiento de tales consecuencias, a saber, el ****, se los hizo saber, pues aun cuando su certeza se pretenda sustentar no únicamente con la sola manifestación que hizo en su demanda bajo protesta de decir verdad, sino también con lo expresado por el Notario Público en el sentido de que el recibo de pago le fue entregados en la fecha que indicó; lo cierto es que ello es insuficiente para desvirtuar el conocimiento pleno verificado con antelación, a saber, que a razón de la realización del pago de la contribución reclamada ante la oficina recaudadora, la contribuyente aquí quejosa tuvo conocimiento del marco legal que funda dicha actuación, porque en efecto, el comprobante de pago está referido a la inscripción de la escritura pública ****, de data ****, fecha en la cual la justiciable realizó la operación que generó el cobro del tributo controvertido en esta vía, lo que permite afirmar que sí estuvo en posibilidad de instar oportunamente su demanda de amparo a partir del día siguiente al en que se efectuó el pago del tributo en cuestión, ocurrido el ****. Además se reitera que, al tratarse de tributos con naturaleza de autoliquidación, es al propio sujeto pasivo de la obligación al que le corresponde autoaplicarse las normas que prevén las normas controvertidas, sin que importe en contrario, como se dijo con antelación, el que la retención del importe de los derechos combatidos haya sido en el caso efectuado por el fedatario que protocolizó el acto traslativo de dominio que le dio origen; de tomar en cuenta que de acuerdo a la particular mecánica de causación del tributo reclamado, no puede soslayarse que su intervención derivó dentro de una relación de coordinación con la contribuyente quejosa, en donde la ley no confiere al primero el carácter de obligado solidario con relación al segundo en este tipo de contribuciones, y sí por el contrario, le deviene el de mandatario de aquél en su determinación y pago; por lo que es inconcuso el conocimiento pleno de la impetrante del fundamento y mecánica de la causación de la materia de reclamo. De ahí que, se insiste, no es obstáculo para lo anterior, el argumento de la parte quejosa en el sentido de que tuvo conocimiento de los actos reclamados hasta el ****, fecha en la que por parte de la Notaría Pública número Treinta y Seis, con ejercicio en esta ciudad, se le hizo entrega del comprobante de pago; pues tal argumento es insuficiente para desvirtuar el conocimiento pleno verificado con antelación, puesto que, se reitera que al tratarse de contribuciones con naturaleza de autoliquidación, es al propio sujeto pasivo de la obligación al que le corresponde autoaplicarse las normas que prevén el tributo objeto de causación, por ende, a partir del momento en que se enteró la contribución es cuando se genera el dato objetivo del conocimiento pleno de las normas impugnadas a que aluden los comprobantes de pago del cobro de los derechos registrales controvertidos. Así es, no se soslaya que la propia impetrante del amparo refiere que la fecha en que conoció el acto que aquí se reclama ocurrió el dieciocho de enero de dos mi dieciocho, pero en todo caso, el hecho de que haya aducido que fue con posterioridad al momento de causación de la contribución reclamada que tuvo conocimiento de su entero o dicho Notario le haya hecho entrega del recibo de pago antes descritos hasta tal temporalidad; no puede entenderse como el acto de conocimiento por parte de la quejosa de las normas reclamadas, pues era carga del contribuyente gestionar la obtención de los documentos en cuestión ante la propia notaría. De ahí que su inobservancia respecto a su carga de recoger con posterioridad dichos documentos, no puede reputarse en su favor, pues se reitera, ello sería contrario a la seguridad jurídica en la medida que implicaría dar discreción a los particulares para fijar la oportunidad de la demanda de amparo según les convenga. Máxime que al actuar el Notario Público a nombre y cuenta de la aquí impetrante, no se puede aducir ahora el desconocimiento de los actos por aquél practicados a su nombre, precisamente porque fue la parte aquí quejosa quien le encomendó tal actuación a otro particular; de ahí que se vea vinculada por los actos que en su nombre realizó y no puede ahora desconocerlos en su beneficio. Así las cosas, se reitera, no puede cobrar relevancia el argumento de la parte quejosa en el sentido de que se hizo sabedora del primer acto de aplicación de las normas reclamadas hasta el día dieciocho de enero de dos mi dieciocho, pues no puede soslayarse que tampoco se desvirtuó la presunción iuris tantum derivada de la certeza de la fecha consignada en el comprobante de pago en que se autoliquidó aquél a su nombre, para así tener como válida aquella que refiere para los efectos de la promoción del presente juicio constitucional. Se explica. El documento o comprobante que llegan a consignar el pago de contribuciones, se evidencian como el primer acto de aplicación de las normas que los contemplan, sirviendo como base para computar el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, no sólo el nombre del quejoso, los conceptos de los importes retenidos, sino también la fecha en que quedaron efectuados, develándose con ello la presunción de que el contribuyente interesado tuvo conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa. Dicha presunción, se encuentra contemplada en el artículo 191 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, por lo que los términos de su validez y efectividad, admiten prueba en contrario, esto significa que es capaz de desvirtuarse a través de medios de convicción idóneos que la hagan destruir, quedando pues a cargo de la parte respectiva la carga de demostrar su inverosimilitud. Luego, si la parte quejosa para desestimar la presunción de la fecha en que fue enterado los derechos registrales que reclama, según la consignada en el comprobante de trato, y sostener como válida aquella en que refirió se tuvo conocimiento de su entero (****), dejó de ofrecer prueba idónea para ello, es inconcuso que lejos de poner en duda la eficacia de la fecha que se reportó como la del pago de la contribución reclamada (****), la misma se confirmó, haciendo entonces ineficaz la data en que refirió haberse impuesto de la misma. Lo anterior, pues aun cuando obran en el expediente las manifestaciones del Titular de la Notaría Pública número doscientos veintiocho, con ejercicio en la ciudad de México, en los términos antes apuntados; lo expresado deviene insuficiente para tener por acreditado el momento del conocimiento de las normas reclamadas, ya que como se dijo, al tratarse de contribuciones determinadas vía autoliquidación, tal dato se entiende por surtido al momento mismo en que el tributo de que se trata fue enterado ante la exactora. Así, la premisa de la parte quejosa con relación a que fue hasta el dieciocho de enero de dos mi dieciocho, cuando se hizo de su conocimiento del pago efectuado de los derechos registrales que aquí se combaten por conducto de la Notaría Pública contratada para ese efecto, no se encuentra plenamente demostrada, por lo que, debe prevalecer la fecha de conocimiento contenida en el propio comprobante de pago, anexado por la autoridad exactora. Sin que lo anterior lleve a conducir una transgresión al principio de buena fe que impera en el juicio constitucional, pues éste permite que se presuma cierto lo expuesto, pero como toda presunción iuris tantum admite prueba en contrario, por lo que si del comprobante de pago se revela con claridad la fecha en que quedó enterado el tributo causado por la operación de compraventa, en que la quejosa participó, mediante su pago a través de los recibos expedidos con números de operación 2017/1854180 de fecha ****, tal apreciación hace prueba en contra de la parte quejosa, sin que esta última hubiere alcanzado a demostrar lo contrario. Por tanto, siguiendo con la constatación de los extremos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia materia de estudio, los restantes puntos identificados en los incisos c) y d), se encuentran igualmente probados, considerando que en el caso, el plazo perentorio para ejercitar oportunamente la acción de amparo es la regla general de quince días, contados a partir del día siguiente en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado; en el caso, se considera el momento en que se realizó el pago de los derechos correspondientes, es decir, el día ****. Luego, partiendo de la fecha del conocimiento anterior, entonces el día hábil siguiente, esto es, el ****, constituye el primero de los quince días para la presentación de la demanda, por lo que si la demanda de amparo fue presentada hasta el ****, es inconcuso que es extemporánea la acción constitucional intentada. Sin que para lo anterior valga el argumento de la parte quejosa en el sentido de que desconoció el momento de causación de los derechos registrales, así como el de su pago, máxime que en el recibo de pago no se contiene datos precisos de las normas aplicadas como fundamento de la recaudación, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la ignorancia de la ley a nadie beneficia y ante ello no puede excusarse de su cumplimiento, se considera entonces que el agraviado no puede invocar en su favor el desconocimiento del marco legal apuntado como sustento del ejercicio de la acción de amparo en forma inoportuna, esto es, excediendo el plazo de quince días, contados a partir de que el notario realizó el pago de los derechos aquí controvertidos; considerar lo contrario, implicaría violentar la seguridad jurídica, puesto que haría factible consensos entre particulares a fin de manipular la procedencia del juicio de amparo en fecha posterior a la que operó la presunción legal del conocimiento respecto de los actos de aplicación de los preceptos aquí reclamados, cuando ello no es posible precisamente porque el Notario Público actuó a nombre y por cuenta del quejoso, de ahí que no puede aducir el desconocimiento de los actos que encomendó a aquél. Y, en todo caso, la existencia de un eventual perjuicio a la quejosa por la falta de comunicación entre ésta y el fedatario público con motivo de las actividades propias de su encargo, al surtirse dentro de una relación entre particulares por la prestación del servicio brindado, permite a la parte agraviada reclamar a aquél su omisión en la vía legal correspondiente (aspecto sobre el que no se prejuzga en esta instancia), sin que el juicio extraordinario pueda tener esa finalidad, ni sea justificante para inobservar el plazo que para la promoción del juicio de amparo se prevén en la Ley de Amparo, y jurisprudencia aplicables. De cuyo contenido se puede obtener para los estrictos términos del presente juicio, el hecho de que la fecha contenida en el recibo de pago es la base para el cómputo del plazo para la presentación de la demanda, la que admite prueba en contra, la cual corresponde demostrar en juicio a quien afirme conocimiento distinto a la data consignada en el recibo. De modo que los criterios transcritos, a juicio de quien resuelve, dan sustento a las consideraciones vertidas en la presente resolución en relación con la fecha que debe tenerse como inicio del plazo para el ejercicio de la acción constitucional, esto es, el momento del pago del tributo reclamado ante la exactora, en el caso, el ****. En este contexto, como se dijo, al advertirse entonces que si la parte quejosa presentó la demanda de amparo hasta el ****, es inconcuso que operó el consentimiento tácito del acto reclamado, ya que ejerció de modo extemporáneo la acción de control constitucional contra la disposiciones legales que reclama, lo que hace improcedente la demanda, de ahí que proceda sobreseer en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por otro lado, conviene precisar que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, lo cual impone al juzgador la obligación a que de manera oficiosa indague, y en todo caso, se allegue de las pruebas necesarias para resolver si se actualiza o no alguna causa de improcedencia, cuando advierta algún indicio de alguna de éstas. También es importante señalar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que corresponde al quejoso acreditar que cuenta con interés jurídico para instar el juicio constitucional, a través de los medios de prueba que considere conducentes para tal fin. Así, a la impetrante del amparo correspondía probar plenamente los hechos de sus afirmaciones conforme a lo establecido en el artículo 81 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, pues al que afirma le corresponde probar; por lo que debe acreditar la existencia de la titularidad de un interés que lo legitime para promover el presente juicio. Así las cosas, la actuación oficiosa del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, únicamente se surte para indagar la actualización de alguna causal de improcedencia, pero no para desvirtuarla, porque la sociedad está interesada en que los juicios de amparo sean tramitados únicamente respecto de aquellos actos que la ley autoriza, a fin de salvaguardar el orden público. En esas condiciones, al existir en un juicio de amparo indicios de que se surte alguna causal de improcedencia en el ejercicio de la acción constitucional, corresponde, por un lado, al Juez de amparo investigar, aun de oficio, su actualización, para salvaguardar el orden público y el interés social y, por el otro, al quejoso la carga de aportar las pruebas para acreditar la procedencia de su pretensión de amparo. Asimismo, es preciso destacar que si bien existe suplencia de la deficiencia de la queja cuando se reclaman leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, ello sólo acontece cuando se han superado las causales de improcedencia, lo que, como quedó evidenciado, en el caso no acontece. Cabe señalar que las causas de improcedencia por las que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Además, conviene precisar que el análisis de las causas de improcedencia que se estiman actualizadas, no dejan en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista a efecto de que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que el quejoso esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, pues este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los quejosos no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos. Al quedar acreditada la causal invocada por este Juzgado de Distrito, resulta innecesario el estudio de las diversas causales hechas valer por las autoridades responsables, pues finalmente se ve satisfecha su pretensión de que se sobresea en el amparo respecto a las normas tildadas de inconstitucionales. El sobreseimiento se hace extensivo a la restante materia de reclamo consistente en la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente y los respectivos artículos que tilda de inconstitucionales; de tomar en cuenta que al haber resultado improcedente el juicio contra el acto de aplicación que se reclamó de ellas materializado en el comprobante de pago, en modo alguno puede desvincularse el estudio de aquellas con estos últimos, en tanto que no se ubica el caso en ninguno de los supuestos de excepción previsto para la procedencia del amparo contra leyes. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 74, y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, respecto de los actos que reclamó de las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo de este fallo, con base en las razones expuestas en el considerativo cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el Notario Titular de la Notaría Pública número Doscientos Veintiocho de la Ciudad de México; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo requerido por este órgano de control constitucional, y con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la prueba de informes ofertada en autos, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de la audiencia que se celebre en el presente juicio; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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