Yolanda Barrera González

Expediente 390/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
390/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Yolanda Barrera González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ISTO el estado que guardan los presentes autos; de los que se advierte que mediante proveído de once de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, anexa copia certificada del auto emitido el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el cual se proveyó respecto del escrito de dieciséis de junio de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 116/E08/2017. Tal acuerdo se notificó a la quejosa el diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Por escrito de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el licenciado Francisco Javier Oliva Michel, desahogó la vista concedida. Consecuentemente, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este juzgado de Distrito, por sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en la que medularmente estableció: ". En mérito de las reflexiones apuntadas, se concede el amparo y protección de la justicia federal a Yolanda Barrera González. EFECTOS El Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con asiento en esta ciudad, deberá: Proveer fundada y motivadamente lo conducente respecto al escrito de dieciséis de junio de dos mil veinte, presentado dentro del expediente laboral 116/E08/2017, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional." La sentencia de referencia causó ejecutoria el diez de agosto de dos mil veintiuno. Ahora bien, de la documental remitida por la autoridad responsable se desprende que el veintisiete de abril de dos mil veintidós, proveyó respecto del escrito de dieciséis de junio de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 116/E08/2017, en los siguientes términos: "ACUERDO.- Téngase de recibido el escrito de cuenta, signado por la C. YOLANDA BARRERA GONZÁLEZ en el carácter de esposa del hoy extinto el C. DR. GERARDO MANUEL MARTÍNEZ PERALES y en virtud de que estamos en presencia de procedimiento especial, circunstancia que se suscribe a los documentos que así mismo se acompaña los consistentes en, ACTA DE DEFUNCIÓN A NOMBRE DEL C. GERARDO BARRERA GONZÁLEZ, ACTA DE MATRIMONIO A NOMBRE DE LOS CONTRAYENTES LOS CC. GERARDO BARRERA GONZÁLEZ Y YOLANDA BARRERA GONZÁLEZ. Por lo que agréguese al expediente laboral número 00116/E08/2017, bajo el cual ha quedado anotado en el libro de gobierno correspondiente y atendiendo a los preceptos del artículo 503 de la ley federal del trabajo, esta autoridad ordena.- Por lo que GÍRESE ATENTO EXHORTO A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN TAMPICO, TAMPS. Para que en auxilio de esta H. Junta tenga a bien llevar a cabo la INVESTIGACIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA, en el último domicilio en donde habitó el extinto trabajador ubicado en: CALLE AGUSTÍN MELGAR #312 A. FRACCIONAMIENTO TANCOL 33. C.P. 89346. TAMPICO. TAMPS.. Lugar donde laboró el C. GERARDO BARRERA GONZÁLEZ en UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, FACULTAD DE MEDICINA DE TAMPICO DENOMINADA "DR. ALBERTO ROMO CABALLERO" ubicado en: BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ESQUINA CON AVENIDA UNIVERSIDAD. S/N UNIVERSIDAD SUR. C.P. 89109. TAMPICO TAMPS. Un aviso para todas aquellas personas que se sientan con derechos acudan ante esta autoridad en término de treinta días a ejecutar lo mismo ASÍ MISMO SE GIRE OFICIO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPICO, a fin de que se presente en un lugar visible en los tableros de esas oficinas una copia de AVISO, con el fin de convocar a los beneficiarios del occiso trabajador, para que comparezcan en el término de treinta días contando a partir de que se publiquen a ejercitar sus derechos. ASÍ MISMO SE COMISIONA AL ACTUARIO ADSCRITO A ESTA H. JUNTA PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE A LA ACTORA la C. YOLANDA BARRERA GONZÁLEZ con domicilio en: AV. FRNCISCO I. MADERO. #231 SUR. ENTRE JUÁREZ Y ZARAGOZA ZONA CENTRO C. P. 87000 CIUDAD VICTORIA TAMPS. a través de sus apoderados legales a quienes se les deberá de correr traslado con copia autorizada del presente acuerdo, para llevar a cabo lo encomendado por esta junta. Así mismo gírese atento oficio a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS para que informe en un término de 3 días sobre los nombres y domicilios de los beneficiarios que se tengan registrados en los archivos o base de datos a nombre del C. GERARDO MANUEL MARTÍNEZ PERALES para quienes resultaren ser dependientes económicos del ahora finado puedan ejercer sus derechos ante esta H. Junta conforme lo dispuesto por el artículo 898 de la Ley Federal del Trabajo.-NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." Con relación a lo anterior, el licenciado Francisco Javier Oliva Michel, al desahogar la vista concedida, refirió que la responsable no da cumplimiento al fallo proteccionista, porque debió aperturar el incidente correspondiente a la declaración de beneficiario y sustituto procesal, dentro del juicio principal, en donde es parte el trabajador fallecido y en su caso, dictar una resolución interlocutoria para los efectos legales que corresponda. Al respecto, debe decirse que la investigación de dependencia económica, su finalidad es determinar beneficiarios y sustitución procesal, esto es, que los beneficiarios, sean quienes mantuvieron con el fallecido una relación de vida y de asistencia continua los que obtengan el derecho patrimonial en juego. En apoyo a lo anterior, por analogía se cita la jurisprudencia 2a./J. 68/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 591; Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE POR RIESGO DE TRABAJO. PARA DETERMINAR QUIÉNES SON BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO, LA AUTORIDAD LABORAL DEBE FIJAR LA CONVOCATORIA EN EL CENTRO DE TRABAJO Y REALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 503, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si el legislador en el artículo 503, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, para determinar quiénes son los beneficiarios del trabajador fallecido, utilizó la conjunción copulativa "y", es evidente su intención de establecer dos condiciones a cumplir para que la autoridad laboral pueda determinarlos, la primera: ordenar una investigación encaminada a averiguar quiénes dependían económicamente del trabajador, lo que deberá realizarse a través de todas las instituciones o registros al alcance de la autoridad que cuenten con ese tipo de datos, entre otras, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Sistema de Ahorro para el Retiro o el área de recursos humanos de la propia empresa en donde laboró el empleado fallecido, quienes pueden contar en sus archivos con información relativa a si tenía familiares o dependientes económicos, y la segunda: la convocatoria que se fije en un lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, o cualquier otra forma que se considere pertinente. Lo anterior, porque esos son los requisitos mínimos determinados por el legislador para que los presuntos beneficiarios comparezcan ante la autoridad laboral a deducir sus derechos. Además, mientras más sean los caminos para precisar quiénes son los beneficiarios, mayores posibilidades existirán de alcanzar la verdad y de que todos sean convocados." Asimismo, la parte quejosa, refiere que la responsable en el auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, ordenó la investigación de dependencia económica, pero de un trabajador llamado GERARDO BARRERA GONZÁLEZ, el que no aparece en el procedimiento laboral 00116/E08/2017, pues refiere que quien fue actor en ese juicio es el doctor GERARDO MANUEL MARTÍNEZ PERALES y en el acuerdo la responsable ordena que se gire oficio a la Presidencia Municipal de Tampico, a fin de que se presente en un lugar visible en los tableros de esas oficinas una copia de aviso con el fin de convocar a los beneficiarios del occiso trabajador, pero de un trabajador llamado GERARDO BARRERA GONZÁLEZ, mismo que no aparece en el procedimiento laboral 00116/E08/2017, y la autoridad responsable establece que recibe un acta de defunción de GERARDO BARRERA GONZÁLEZ y que eso no es cierto porque el acta de defunción que recibe es de GERARDO MANUEL MARTÍNEZ PERALES. No se soslaya que si bien la autoridad responsable al pronunciarse respecto de la petición realizada por la parte actora incurrió en el error de asentar los apellidos de Gerardo Manuel Martínez Perales, como Gerardo Barrera González; sin embargo, la aclaración de los apellidos del trabajador fallecido deberá hacerla ante la autoridad laboral y en su caso, impugnar el proveído de referencia si estima que ese procedimiento no es el que debe seguirse de acuerdo a su petición. Lo anterior es así ya que en el fallo dictado por este juzgado, únicamente se concedió para el efecto de que la responsable proveyera fundada y motivadamente lo conducente respecto al escrito de dieciséis de junio de dos mil veinte, presentado dentro del expediente laboral 116/E08/2017, lo cual hizo al considerar que se está en presencia de procedimiento especial, y ordenar el procedimiento que a su consideración estimó pertinente. Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de garantías. Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues por lo que hace a lo primero, la responsable no se extralimitó en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que proveyó respecto del escrito de dieciséis de junio de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 116/E08/2017, cuya omisión se le reclamó en esta vía, tal como se le indicó en el fallo protector dictado por este Juzgado; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Lo anterior se ilustra con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, Octava Época, Materia Común, página 217, que dice: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo "defecto", no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo "exceso" sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo "defecto", realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Nueva Ley de la materia, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO, como totalmente concluido; sin perjuicio de que las partes estén en condiciones de interponer el recurso procedente, si así conviene a sus intereses. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Finalmente, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que las constancias solicitadas en proveído de veintinueve de abril del año en curso ya fueron remitidas, mismas que fueron acordadas en auto de once de los actuales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito enviado por el licenciado Francisco Javier Oliva Michel, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada; en tal virtud, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el mismo dese nueva cuenta una vez que este juzgado se pronuncie dentro del expediente en que se actúa, en torno al cumplimiento al fallo amparador. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, anexa copia certificada del auto emitido el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el cual se proveyó respecto del escrito de dieciséis de junio de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 116/E08/2017. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese; vía electrónica a la quejosa, corriéndole traslado con copia del oficio que se provee y anexos. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

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