Yolanda Anaya Montes

Expediente 687/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
687/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Yolanda Anaya Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. I. Se reanudan plazos y términos. Visto el estado de autos, y conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se determinó suspender las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del dieciocho de marzo al treinta de abril del año en curso, a excepción de la tramitación de los asuntos urgentes establecidos en dicho acuerdo. A su vez, mediante los Acuerdos Generales 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se extendió la suspensión de labores del dieciocho de marzo al cinco de mayo, del seis al treinta y uno de mayo, del uno al quince de junio, del dieciséis al treinta de junio, del dieciséis de junio al quince de julio y del dieciséis de junio al treinta y uno de julio, todos de dos mil veinte, respectivamente. Posteriormente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020; por tanto, lo procedente es reanudar los plazos y términos en el presente asunto. II. Tribunal Colegiado remite testimonio. Por otra parte, Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al cual acompaña el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja 146/2019, interpuesto por la ********************. Comuníquese a la parte quejosa la resolución de mérito, mediante la cual se resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja" Acúsese recibo. III Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. IV. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales conducentes los oficios signados por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por medio de los cuales comunica que el tribunal de su adscripción admitió a trámite el recurso de queja, interpuesto por la parte quejosa contra el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, el cual quedó registrado bajo el número 146/2019; de lo cual este Juzgado Federal toma conocimiento.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; cuatro de octubre de dos mil diecinueve. I. Requerimiento a la parte quejosa. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa Yolanda Anaya Montes, mediante el cual refiere interponer recurso de inconformidad en contra del proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (f. 59-65). Sin embargo, como del escrito de expresión de agravios que adjuntó al escrito de cuenta, se advierte que aduce interponer recurso de queja, lo cual deviene contradictorio y genera incertidumbre jurídica para establecer con precisión cuál es el medio de impugnación que desea hacer valer, y a fin de darle la tramitación correspondiente, en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado legamente, exprese a este Juzgado de Distrito cuál es el recurso que desea interponer, apercibida que para el caso de ser omisa al respecto se tendrá por no presentado el medio de defensa que nos ocupa. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 26 DE AGOSTO DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato; dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. I. Quejosa ratifica firma y se tienen por cumplidos requerimientos. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, la comparecencia de la quejosa Yolanda Anaya Montes, mediante la cual reconoció como suya la firma asentada en el escrito aclaratorio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito a las once horas con cincuenta y dos minutos del cuatro de septiembre de año en curso (f. 30) y ratificó su contenido. En razón de lo anterior y toda vez que con el escrito aclaratorio de mérito la solicitante del amparo desahoga en su totalidad la prevención que le fue realizada en autos; ténganse por cumplidos los requerimientos formulados en autos de veintiséis de agosto y cinco de septiembre, ambos del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. II. Fijación de la litis. Ahora de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se obtiene que la amparista reclama del "Juez Tercero Civil de Primera Instancia de este Partido Judicial", lo siguiente: a. La resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve que resolvió el recurso de revocación interpuesto en los autos de los medios preparatorios a juicio ordinario mercantil M43/2018, en el sentido de confirmar el proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, a través del cual, en lo que aquí interesa, se requirió a la quejosa para que en el término legal de tres días manifestara si era su deseo llamar a los medios preparatorios a la seguradora Metlife México, Sociedad Anónima, bajo el apercibimiento que de no atender dicho requerimiento se tendrían por concluidos los medios preparatorios, dejándole a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía legal que corresponda; y, b. La abierta dilación del procedimiento, así como la omisión de realizar algún acto tendiente a cumplir la medida preparatoria de juicio. III. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto y una vez analizada la demanda de amparo; el ocurso atinente al desahogo al requerimiento que le fue formulado a la parte quejosa; así como las copias certificadas de cuenta, atinentes a algunas constancias glosadas en el diverso juicio de amparo 119/2019-IV, se determina que la demanda de amparo en análisis es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, por las razones que se exponen a continuación: III. BIS. Se desecha demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado descrito en el inciso a). Respeto al acto reclamado señalado con el inciso a), quien esto determina estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.). De la citada porción normativa, se advierte que esta causal de improcedencia se actualiza cuando deja de existir el objeto o materia del acto reclamado y, por ende, ya no puede surtir ningún efecto legal o material, por lo que sería imposible restituir el goce del derecho violado a la parte quejosa, o bien, que la sentencia concesoria no tendría ningún efecto jurídico. Por tanto, se estima que los elementos integradores de dicha causal son: a) Que el acto reclamado subsista. b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió el acto reclamado. c) Que lo anterior sea consecuencia de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo y, por ende, no pueda surtir efecto legal o material alguno. Al respecto, cabe precisar que la inexistencia del objeto o materia recae sobre el acto reclamado y no en el juicio de amparo en sí; además, dicha circunstancia surge con posterioridad a la emisión del acto controvertido y puede acaecer por razones naturales ajenas a la voluntad de la autoridad emisora, las cuales hacen imposible que aquél surta sus efectos legales o materiales. Por ende, dicha causal se verifica cuando el juzgador de garantías advierte que al haberse modificado el entorno en el que se emitió el acto de autoridad, sus efectos dejaron de incidir en la esfera jurídica de la quejosa; de ahí que aún de concluirse que dicho acto es inconstitucional, no sería posible, jurídicamente, restituirle en el goce del derecho violado ni se podrían concretar los efectos de la sentencia concesoria. Lo anterior, pues no obstante que subsista el acto reclamado, la situación jurídica surgida con motivo de aquél se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado que sea susceptible de reparación y, por ende, se impide que el fallo protector cumpla con su finalidad restitutoria. Sirven de apoyo, por sus consideraciones jurídicas, los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". En el caso, para demostrar la actualización de la referida causal de improcedencia con relación al acto que en esta apartado de analiza, es indispensable tener en consideración lo siguiente: La quejosa reclama, entre otro acto, la resolución dictada el cinco de agosto de dos mil diecinueve que resolvió el recurso de revocación interpuesto en los autos de los medios preparatorios a juicio ordinario mercantil M43/2018, en el sentido de confirmar el proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, a través del cual, en lo que aquí interesa, se requirió a la quejosa para que en el término legal de tres días manifestara si era su deseo llamar a los medios preparatorios a la seguradora Metlife México, Sociedad Anónima, bajo el apercibimiento que de no atender dicho requerimiento se tendrían por concluidos los medios preparatorios, dejándole a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía legal que corresponda. Luego, el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, al no haber dado cumplimiento la promovente de los medios preparatorios al requerimiento formulado en auto de veintiocho de junio de la presente anualidad, el Juez responsable hizo efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y dio por concluido el procedimiento, dejando a salvo los derechos de la quejosa para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, lo cual se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues de los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que en el juicio de amparo 119/2019-IV, radicado ante este mismo órgano jurisdiccional se recibieron en acatamiento al fallo protector actuaciones llevadas a cabo en el juicio natural, a través de las cuales se patentiza, lo antes dicho y de lo cual se agregan copia certificada a los presentes autos a efecto de corroborar que claramente en los medios preparatorios de origen con posterioridad a la resolución que aquí se analiza, se dictó un proveído en el que hizo efectivo el apercibimiento con el que fue conminada la aquí quejosa, dándose por concluido el procedimiento, del cual emana el acto que aquí nos ocupa, dejándose a salvo los derechos de la quejosa para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." De lo antes expuesto, deviene innegable que la resolución que se analiza y que se tilda de inconstitucional, en el caso particular, ya no puede surtir efecto legal o material alguno en la esfera jurídica de la amparista, porque con posterioridad a su verificación, la autoridad responsable decretó la conclusión de los medios preparatorios, al no haber desahogado el requerimiento que le fue formulado en auto de veintiocho de junio del año en curso y que fue confirmado mediante resolución de cinco de agosto de la presente anualidad; de ahí que en no exista materia sobre la cuál conceder el amparo. Lo anterior es así, porque en el asunto de nuestra atención, deviene inconcuso que a la fecha en que este juicio se resuelve, el acto reclamado ya no puede tener materialmente efecto alguno contra de la hoy quejosa, es decir, no puede haber afectación real en su esfera jurídica, puesto que procesalmente dicho acto ha dejado de surtir efecto; consecuentemente, aun y cuando al analizar el acto que se combate, se llegara a la conclusión de que este fue inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de los derechos que se estimaren violados, en razón del estadio procesal imperante. Así las cosas, es de concluirse que, en la especie, a ningún fin práctico llevaría la admisión de la demanda, pues en caso de resultar inconstitucional la resolución interlocutoria que confirmó el auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, el efecto inmediato de la concesión sería la reposición del procedimiento a efecto de emitir uno nuevo subsanando las deficiencias en él contenidas -objeto del acto reclamado-, pero al haberse concluido los medios preparatorios, resulta evidente que ello ya no podría surtir efecto legal o material alguno. Por tanto, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo por lo que al acto materia del presente apartado, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. III. TER. Se desecha demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado descrito en el inciso b). Por lo que respecta al segundo de los actos combatidos señalado con el inciso b), consistente en la abierta dilación al procedimiento, así como la omisión de realizar algún acto tendiente a cumplir la medida preparatoria de juicio, este juzgado de Distrito considera que también se actualiza un motivo de improcedencia, siendo este el previsto en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." De la interpretación gramatical del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria dictada en otro juicio de amparo, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. Es decir, la disposición anterior señala que son necesarios los siguientes elementos para que la causa de inejercicio de la acción constitucional que ocupa la atención quede debidamente demostrada: a) La existencia de un acto reclamado que haya sido materia de una ejecutoria de otro juicio de amparo; b) Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Cabe decir, que en el caso, como ya se hizo constar en la certificación de cuenta y como se precisó en párrafos precedentes, se comprobó la existencia de un diverso juicio de amparo tramitado ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, bajo el número de expediente 119/2019, el cual se invoca como hecho notorio, y cuyo contenido puede corroborarse a través de la red de intranet, atento al criterio contenido en la jurisprudencia XXI.3o. J/7, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 804, tomo XVIII, Octubre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." pues del mismo se advierte que: 1. Fue promovido por la aquí quejosa Yolanda Anaya Montes, reclamando de la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad (misma autoridad que en el juicio que ocupa la atención), entre otros actos el siguiente: La abierta dilación al procedimiento, la omisión de realizar algún pronunciamiento expreso en torno a la necesidad o pertinencia de prolongarlo, o bien, dictar las medidas eficaces y adecuadas para colmar la finalidad de los medios preparatorios a juicio. 2. El mencionado juicio de amparo 119/2019 del índice de este juzgado Federal, concluyó con sentencia definitiva emitida en fecha siete de junio de dos mil diecinueve, en la que con relación al acto reclamado que también aquí se analiza (abierta dilación al procedimiento de los medios preparatorios a juicio ordinario mercantil 43/2018) se concedió la protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: Emitir acuerdo, en el que manifieste si existe necesidad o pertinencia de prolongar la substanciación de los medios preparatorios a juicio. En caso de que así sea, provea lo que corresponda para lograr la exhibición de los documentos originales faltantes, apoyándose en los medios de apremio que la ley le concede, bajo el entendido de que la póliza y contrato de seguro no necesariamente tienen que ser exhibidos por persona específica, como lo es el apoderado Martín Gerardo Velázquez Marín, sino por cualquier otro representante o apoderado de la sociedad Fábricas de Francia. Para el caso de que la citada persona moral no cuente con los documentos originales, puede proveer el juez civil en el sentido de requerir a la promovente para que manifieste si es su deseo que sea llamada a los medios preparatorios la aseguradora Metlife México; o bien, en su defecto, ordenar que Fábricas de Francia haga las gestiones necesarias para que la aseguradora que corresponda se las remita y, una vez que cuente con ellas, esté en posibilidad de presentarlas ante el juzgado civil. En el entendido de que, en cualquiera de los casos, la substanciación de los medios preparatorios a juicio no deberá prolongarse más allá de dos meses, contados a partir de que esta sentencia adquiera firmeza. En caso de que el juez civil responsable compruebe que es real o fundada la imposibilidad aducida por la persona moral Fábricas de Francia, para exhibir los documentos originales faltantes, resuelva con la prontitud debida, la conclusión de los medios preparatorios, dejando a salvo los derechos de la parte quejosa para que los haga valer en la vía legal que corresponda. 3. La concesión del amparo en dicha queja constitucional, tuvo como sustento los siguientes argumentos: "(.) Lo hasta ahora relacionado pone de manifiesto que la autoridad responsable ha desplegado una conducta pasiva frente al procedimiento, ya que se ha limitado a señalar cuantas fechas se le ha solicitado para la celebración de las audiencias de entrega de documentos; y, por otro lado, ha justificado todas las inasistencias del apoderado de la persona moral Fábricas de Francia, bajo idénticos argumentos, es decir, que los certificados médicos expedidos por instituciones de salud públicas y por ello tienen plena eficacia demostrativa; de todo lo cual se advierte que el procedimiento ya se halla en un círculo vicioso, que de acuerdo a la mecánica hasta ahora presentada, no conduce a ninguna resolución; pues ambas partes mantienen las posiciones hasta ahora asumidas, sin que el juez civil responsable provea enérgicamente y con determinación el encausamiento de los medios preparatorios a su conclusión. En efecto, ninguna valoración jurídica ha realizado el juez civil responsable con relación a las manifestaciones del apoderado de Fábricas de Francia sobre la imposibilidad que tantas veces ha aludido de allegar los originales de la póliza y contrato solicitados, es decir, si esa imposibilidad es real o ficticia; ya que de ser cierta, podría emitir resolución en el sentido de concluir los medios preparatorios a juicio y dejar a salvo los derechos de la quejosa para que los haga valer en la vía legal que corresponda; por el contrario, si esas causas de imposibilidad se estimaran infundadas, entonces conllevaría a la obligación de la autoridad de actuar con mayor determinación para hacer cumplir su mandamiento por la entrega de los documentos originales, es decir, hacer efectivos los medios de apremio con los que se apercibió. Tampoco ha requerido a la aquí quejosa promovente de las medidas, para ver si es su deseo que Metlife México sea llamada a los medios preparatorios para la exhibición de los originales de la póliza y contrato de seguro; a pesar de que se le hizo saber que es dicha aseguradora la que cuenta con los documentos originales peticionados. En igual sentido, el juez civil responsable no ha valorado en su justa dimensión y, además, desde una perspectiva global y completa, las múltiples justificaciones de inasistencia del apoderado de la tercera interesada a las audiencias señaladas para la exhibición de los documentos; pues con independencia del valor legal que en lo individual tenga cada uno de los certificados médicos anexados (lo cual no es materia de estudio en esta ejecutoria de amparo), lo cierto es que el juez civil tiene la potestad legal de realizar una valoración de dichas constancias médicas en confrontación con la actitud procesal de la sociedad Fábricas de Francia, para efecto de demeritar valor probatorio a tales certificados médicos y tener por no justificada las asistencias, o bien, por el contrario, proveer en diverso sentido, tomando en consideración que lo que es materia de los medios preparatorios a juicio es la exhibición de documentos, los cuales pueden ser presentados por cualquier persona con legal representación de la sociedad, no limitándose a un solo sujeto, por no tratarse de un acto personalísimo, sino que puede existir una delegación de poderes a favor de terceros. Tales omisiones han conducido a que se haya extendido más tiempo de lo debido los medios preparatorios a juicio, sin que medie algún tipo de justificación expresa por parte del juez civil responsable sobre la pertinencia o necesidad de prolongar el procedimiento. En ese sentido, es inconcuso que se viola en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque no se le ha provisto de una justicia eficaz, pronta y expedita..". 4. La anterior determinación causó ejecutoria el veintiséis de junio de dos mil diecinueve y por auto de once de septiembre del año en curso se declaró cumplido dicho fallo protector. Ahora, de lo antes expuestos, puede observarse claramente que el acto reclamado que ahora se estudia guarda idéntica relación con uno de los actos combatidos en aquélla queja constitucional 119/2019-IV, pues en ambos procedimientos de lo que se dolió la impetrante fue de la dilación injustificada en la substanciación de los medios preparatorios a juicio ordinario mercantil 43/2018. De ahí, que este tribunal no pueda volver a realizar estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo aquí reclamado, puesto que tal cuestión ya fue materia de estudio en el diverso juicio de garantías 119/2019-IV, debido a que mediante sentencia de siete de junio de dos mil diecinueve se resolvió lo antedicho, determinación que adquirió firmeza el veintiséis de junio del año actual, la cual fue declarada cumplido el once de septiembre siguiente; de lo que se colige que ello imposibilita nuevamente abordar aquel tema, pues asumir una posición contraria, implicaría que la ahora quejosa pueda válidamente promover varios amparos, ello en total detrimento de la justicia federal que emplearía más recursos y material humano en analizar algo que se resolvió por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Todo lo cual patentiza que, en el caso particular y con relación al acto que se analiza en el presente apartado se actualiza la diversa hipótesis prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho acto ya fue materia de análisis en el multireferido juicio constitucional, actualizando con ello la figura de cosa juzgada, al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse, lo que hace evidente la improcedencia de que se trata. Es aplicable, por su contenido, el criterio establecido en la tesis I.5o.P.1 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2306, Tomo III, Febrero de 2014, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de rubro siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse.. De igual forma, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenida al resolver la contradicción de tesis 307/2012, Décima Época, registro 2006145, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 265, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Por tanto, en razón de lo antes expuesto deviene innegable que en la especie se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XI y XXII, de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada legislación, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza. IV. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe."

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