Yolanda Ana Paz Victoria

Expediente 870/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
870/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
29/07/2015

Partes del expediente

  • Yolanda Ana Paz Victoria y Otros.
  • Yolanda Ana Paz Victoria

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio 10731, firmado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual, comunica que aceptó la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Yolanda Ana Paz Victoria, del que deriva este cuaderno de antecedentes. Ahora, en cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo fracción I, y vigésimo quinto, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal en vigor, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese el presente asunto como concluido y atento a que este expediente se considera un expediente auxiliar, acorde a lo dispuesto en el punto segundo, fracción XX, del aludido acuerdo, en razón que éste es un cuaderno de antecedentes, que contiene actuaciones procesales vinculadas en relación a la determinación judicial en la que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la citada demanda, en virtud que no se resolvió el asunto planteado por haberse declarado este juzgado legalmente incompetente para conocer del mismo. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del citado acuerdo, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido del acuerdo por el que se remitió el escrito de demanda de garantías origen de este cuaderno de antecedentes, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    MESA III-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio número 9831, signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, recibido ayer, por el que acusa recibo del diverso oficio 26348/2015, por el que se le remitió la demanda de amparo promovida por Yolanda Ana Paz Victoria y sus anexos y comunica que una vez que el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Nochixtlán, residente en esta ciudad, cumpla con lo requerido en el oficio 9832 de su índice, se pronunciará respecto de la competencia legal planteada. En su oportunidad, una vez que la superioridad acepte la competencia, para conocer de la demanda que se le remitió, archívese este expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Yolanda Ana Paz Victoria, contra un acto del juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Nochixtlán, Oaxaca y otra autoridad, presentada el diecinueve de este mes y año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y en este órgano jurisdiccional; fórmese expediente bajo el número 870/2015, y respecto de su admisión, se provee: Del texto integral de la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa reclama el auto de uno de este mes y año, dictado en el expediente civil número 137/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Nochixtlán, Oaxaca, por el que dijo a la parte quejosa que no había lugar a admitirle su demanda, así como su notificación personal. Ahora bien, los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo vigente, en lo conducente señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Luego, de la interpretación sistemática de los artículos 34 y 170, de la Ley de Amparo, se concluye que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a la impugnación de algunos actos provenientes de tribunales judiciales (comprendiendo entre ellos a los tribunales ordinarios civiles), administrativos o del trabajo, y que son: a) Sentencias definitivas o laudos. b) Resoluciones que pongan fin al juicio sin resolverlo en el fondo. En el entendido que por sentencia definitiva se comprende aquella resolución lato sensu, que resuelve el fondo de la cuestión debatida, es decir, que se pronuncia acerca de la relación material que constituye la litis; en otras palabras, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones y a las defensas y excepciones opuestas (en su caso) dentro del procedimiento; y contra la que no proceda recurso ordinario alguno (principio de definitividad). En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes concedan recurso ordinario por virtud del cual pueden ser modificadas o revocadas. En esa virtud, el auto de uno de este mes y año, dictado en el expediente civil número 137/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Nochixtlán, Oaxaca, por el que dijo a la parte quejosa que no había lugar a admitirle su demanda, es de aquellos contempladas en el artículo 170, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, de las que si bien no deciden el problema planteado en la demanda, dan por terminado el juicio relativo, y respecto de la cual no procede ningún medio ordinario de defensa por virtud del que pueda ser modificada o revocada. Sirve invoca en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco, tomo uno, abril de dos mil quince, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 65/98, sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos cuarenta y seis, tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y seis, Materia administrativa, novena época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa." En esas condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para avocarse al conocimiento de la demanda de amparo; y, estima que el legalmente competente para conocer la misma, es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo; a quien deberá remitirse la demanda de mérito y copias que acompaña, para que en caso de considerarlo procedente, se avoque al conocimiento de ésta, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que este juzgado esté facultado a realizar requerimiento de ninguna naturaleza a la promovente, en virtud que al declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda intentada, acorde a lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, que dispone que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados para el mismo efecto en virtud que el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho no se encontró cédula profesional alguna a nombre de las personas que señala. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este tribunal. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ante el licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario que autoriza y da fe. MESA AMPARO III-A SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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