Yolanda Amado Cipriano

Expediente 134/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
134/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Yolanda Amado Cipriano

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 134/2022-IV. Puebla, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que los quejosos no interpusieron recurso de queja contra el proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional -la cual se recibió por separación de juicios-. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si desearan conocer el estado del presente juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se les habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 134/2022-IV. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. , se observa que la demanda de los quejosos en el acto concerniente a este juicio, debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causal de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda y al oficio de separación, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: La integración de Ia carpeta de investigación que realiza el Agente del Ministerio Público Investigador Abogado Ernesto Jesús Ramírez Jiménez (sic). Pero la integración que realice cualquier agente del Ministerio Público, en alguna carpeta de investigación formada por hechos con apariencia de delito, encuentra la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que corresponden al precepto 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: Ley de Amparo:"Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. ; [.]". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. ." "Artículo 6º. ". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. ; [.]". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el interés jurídico, representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces ninguna legitimación existirá para entablar el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE". De modo que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica. Se entiende por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Lo anterior, es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo considera para la procedencia de la vía constitucional. Así las cosas, el principio general de procedencia en alusión, consiste en que sólo puede promoverse juicio de amparo si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso; esto es, sólo por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Entonces, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral - sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado a favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Luego, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle. En otras palabras, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o, en su caso, se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Por su parte, es igualmente válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo, individual o colectivo, cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del ya transcrito artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. De modo que si la precondición para la procedencia de un juicio de amparo, radica en la existencia de un derecho y su consiguiente afectación, entonces, si no hay derecho afectado que tutelar, tampoco existe justificación para analizar la regularidad constitucional de un acto de autoridad. A la luz de lo apuntado, es válido considerar la posible actividad que se presente en una carpeta de investigación, cuyo trámite se rige por las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, no genera un escenario concomitante a la tutela de derechos para quienes tengan el carácter de imputados. Cierto, las diligencias que puedan disponerse para la integración y eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación, no pueden ser materia de análisis en el juicio de amparo que promueva el imputado, porque ningún derecho fundamental se afecta con la integración de la referida carpeta. Sobre todo porque el diseño del sistema penal acusatorio, respeta la presunción de inocencia a favor del imputado, desde que inicia la carpeta de investigación, motivo por el cual no puede visualizarse algún derecho fundamental que se le afecte, con la supuesta actividad que realice el agente del Ministerio Público para la eventual determinación del ejercicio de la acción penal. Entonces, si el imputado o la persona que deduce la posibilidad de tener ese carácter, promueve juicio de amparo contra la integración para la eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación -que se traduce en la integración-, debe estimarse que no se cumple el presupuesto procesal de interés jurídico. Lo cual obliga a actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que descansa en la falta de interés jurídico. Bajo esas premisas, debe imponerse la hipótesis de desechamiento de plano sobre el acto que corresponde a este juicio de amparo, pues la integración que realice el Agente del Ministerio Público Investigador Abogado Ernesto Jesús Ramírez Jiménez (sic) en Ia carpeta de investigación , no genera a los quejosos una afectación a su interés jurídico conforme al diseño del sistema penal acusatorio. Máxime que el derecho a la presunción de inocencia, entre otros derechos fundamentales que asisten a las personas imputadas, fueron contemplados en el diseño del sistema penal acusatorio, bajo el cual se tramitan las carpetas de investigación, razón por la cual no pueden advertirse afectaciones a los quejosos, con la supuesta actividad de la citada responsable, y menos ante el escenario de mera integración como se desprende de los antecedentes relatados por éstos, pues ningún acto de molestia informaron que haya sido emitido en su contra. Así las cosas, debe considerarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del acto que corresponde a este juicio: La integración de Ia carpeta de investigación que realiza el Agente del Ministerio Público Investigador Abogado Ernesto Jesús Ramírez Jiménez (sic). Ello obedece, como se dijo, a que el trámite de la indicada carpeta de investigación, no genera una afectación a la esfera de derechos jurídicos de los quejosos, porque estos se mantienen intactos conforme al diseño del sistema penal acusatorio, pese a que el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta, haya emitido actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito, que sean materia de la investigación preliminar. Luego, debe estimarse que la invocada causal de improcedencia, se materializa desde este momento con las características de indudable y manifiesta, sobre el mencionado acto. En apoyo a lo considerado, se invoca la tesis "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la tesis : "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA". Sólo resta indicar que tampoco podría considerarse el parámetro del interés legítimo, porque este depende de que el gobernado esté ubicado en una situación particular, respecto del orden jurídico que dio sustento al acto reclamado, lo cual es ajeno a la integración de una carpeta de investigación, porque esta sólo comprende a las personas involucradas en la controversia penal. Por tanto, debe concluirse que la integración de Ia carpeta de investigación , que realice el Agente del Ministerio Público Investigador Abogado Ernesto Jesús Ramírez Jiménez (sic), encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del diverso 61 de la Ley de Amparo, que es indudable y manifiesta conforme a las razones expuestas con antelación, las cuales descansan en la falta de interés jurídico. Así, con fundamento en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto indicado. Notificación electrónica, acceso al expediente electrónico y autorizados de los quejosos. Los quejosos señalaron en su demanda un inmueble como domicilio para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, también proporcionaron un usuario para ser notificados por la vía electrónica. Por tanto, se deberán realizar las notificaciones vía electrónica, aun cuando aquéllos también señalaron un correo electrónico, pues este no se encuentra establecido como herramienta para efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 3 de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Entonces, dado que los quejosos proporcionaron un usuario para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que optaron por la vía electrónica como medio para recibir notificaciones personales, se deja establecido que el presente sumario se tramitará en la vía electrónica. Ahora, los promoventes solicitaron se les permita la consulta del expediente electrónico, y para tal efecto proporcionaron el nombre de usuario * Por ello, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el referido usuario. Luego, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, que habilite a los quejosos tanto la notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico de este juicio, con el indicado nombre de usuario. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fernando García Carrera y Reymundo Méndez Nolasco, porque sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. En cambio, sólo para oír y recibir notificaciones a las restantes personas, pues en esos términos fue solicitado por los impetrantes de amparo. Comunicación con los quejosos. Notifíquese; en forma personal a los quejosos (vía electrónica); y cúmplase.

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