Yolanda Aguilar Hernández

Expediente 1315/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1315/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Yolanda Aguilar Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio y anexo signado por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Ofrece pruebas Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante, ofreciendo como prueba documental la consistente en copia certificada del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, de su índice, la que se admite y se desahoga dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en el primer párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". Acorde a la fracción de referencia, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo en comento, se requiere necesariamente de la concurrencia de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, encuentra sustento en los criterios que a continuación se citan: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". En el presente asunto, a juicio de este Juzgador, se encuentran reunidos dichos requisitos y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones: La parte quejosa reclama la omisión por parte de la responsable de dictar sentencia definitiva en el expediente ********************, del índice del juzgado responsable. Ahora bien, de las constancias allegadas por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se advierte que el veinticuatro de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable emitió una determinación en la que regularizó el procedimiento y estimó que los autos no guardaban estado para resolver en definitiva el asunto, pues en lo medular señaló lo siguiente: Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, tomando en cuenta que la materia del juicio de amparo que nos ocupa se hizo consistir en la omisión por parte de la responsable de dictar sentencia definitiva en el expediente ********************, del índice del juzgado responsable; resulta evidente que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica, pues si bien al momento de presentar la demanda el acto reclamado sí existía ya que se habían turnado los autos para el dictado de sentencia; lo cierto es que, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se regularizó el procedimiento atendiendo a que no guardaban estado los autos para resolver en definitiva en el expediente ********************, del índice del juzgado responsable, ordenando el desahogo de diversos medios de prueba. Así, la existencia de tal determinación acaecida después de presentada la demanda de amparo (veinticuatro de septiembre de dos mil veintitrés), es dato suficiente para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, pues la responsable regularizó el procedimiento atendiendo a que no guardaban estado los autos para resolver en definitiva en el expediente ********************, del índice del juzgado responsable; por lo que la violación reclamada a través de esta instancia constitucional quedó irreparablemente consumada. De ese modo, este órgano jurisdiccional no puede emprender estudio de la inconstitucionalidad planteada en el presente juicio, pues no puede decidirse sobre ella sin afectar la nueva situación del asunto con motivo del auto que ordenó la regularización del procedimiento de origen; pues se trata de una situación jurídica diversa, de tal modo que las violaciones reclamadas por la parte quejosa, deben considerarse consumadas de modo irreparable. Con base en lo expuesto, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ya que al haberse ordenado la regularización del procedimiento para mejor resolver en el expediente del cual emana el acto reclamado, resulta imposible analizar los mismos sin afectar esa determinación. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con dos minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

  2. Principal

    El cinco de septiembre de dos mil veintitrés, Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado da cuenta al Juez, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 12810. Conste. Apizaco, Tlaxcala, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Devuelve exhorto diligenciado. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca; mediante el cual, remite las constancias originales relativas a la diligenciacion del exhorto 308/2023-II, número de orden 308/2023-II del índice de este Juzgado; consistentes en el escrito signado por ********************, Notario Público 106 del Estado de Oaxaca, a través del cual, remite copia certificada del instrumento quince mil ochenta y ocho de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, así como copia certificada del instrumento notarial de mérito. En consecuencia, dese de baja el exhorto de que se trata el en libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes y acúsese el recibo correspondiente. Se ordena resguardo de documento. Ahora bien, respecto al anexo adjuntado al oficio de cuenta, consistente en copia certificada del instrumento quince mil ochenta y ocho, del volumen ciento sesenta y ocho de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, dada su naturaleza, guárdese en la Secretaría de este Juzgado, previa copia certificada que en su lugar se deje en autos. Se da vista Con el contenido de la documental remitida por la autoridad oficiante, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Vista a la parte quejosa Finalmente, dado que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda, copia cotejada del testimonio en el que consta el contrato privado de compra venta, de la escritura número quince mil ochenta y ocho, volumen ciento sesenta y ocho, tirada ante la fe del licenciado ********************, Notario Público Número Ciento Seis del Municipio de Cosolapa, Tuxtepec, Estado de Oaxaca, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve; y, visto el contenido de la copia certificada del instrumento quince mil ochenta y ocho, del volumen ciento sesenta y ocho de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, que remite ********************, Notario Público Número Ciento Seis del Municipio de Cosolapa, Tuxtepec, Estado de Oaxaca; dese vista a la parte quejosa con dicha documental, para que manifieste lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de septiembre de dos mil veintitrés. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese el escrito signado por el Presidente Municipal Constitucional de Tetlatlahuca, Tlaxcala, mediante el cual en cumplimiento al auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, remite copia certificada de recibos de nómina de policía homólogo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tletlatlahuca, Tlaxcala. Sin embargo, requiérase a la autoridad responsable, para que remita los recibos de nómina que corresponden a la primera y segunda quincena de diciembre de dos mil veintidós, y que se realizaron al quejoso Leonardo Manuel Vargas Hernández y los que correspondan a un policía homólogo a la plaza o puesto adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tletlatlahuca, Tlaxcala; a fin de acreditar el concepto del bono por fiesta patronal y aquellas en las que el perito pueda determinar el pago de la prima de antigüedad a que el referido quejoso tiene derecho. Y, finalmente, envíe un recibo de nómina de un policía homólogo a la plaza o puesto adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tetlatlahuca, en el que pueda advertirse si existió aumento salarial a partir de dos mil veintitrés. Lo anterior, tomando en consideración que del dictamen emitido por el perito oficial, refirió no poder hacer los cálculos de bono por fiesta patronal y prima de antigüedad, al no contar con la documentación en la que pueda soportar su experticia. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

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