Yohjanzen Leonel Macias Medina
Expediente 2527/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2527/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yohjanzen Leonel Macias Medina
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el veinte de enero del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejode la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no se tramitó incidente de suspensión, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el seis de enero del año en curso, en el juicio de origen acordó respecto de todas y cada una de las peticiones realizadas por la parte quejosa en su escrito que presentó ante el Juez responsable, el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno; lo que se corrobora con copia certificada de la documentación pertinente, misma que adjuntó la responsable a su informe de ley. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, consistió en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable, en cuanto a la omisión de proveer lo conducente al memorial, que presentó ante ella el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó que se declare trabado formal embargo sobre el sueldo que percibe María Concepción Quintal Manrique, en el juicio ejecutivo mercantil 355/2012 y gire oficio a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), a fin de que dicha dependencia se sirva tomar razón del mismo en relación a los montos que en derecho corresponda hasta que cubra el monto total de lo aprobado en la plantilla de que se trata en el juicio ejecutivo mercantil de origen, así como que se sirva informar a dicha dependencia que las cantidades que sean descontadas de la remuneración que devenga la citada Quintal Manrique, sean depositadas y/o transferidas directamente a la cuenta bancaria a nombre de Consorcio Peredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, con número de cuenta 70017485472, clabe interbancaria 002840700174854721, sucursal 101 del Banco Nacional Mexicano (BANAMEX) y que exhiba ante la autoridad responsable los comprobantes del depósito y/o transferencia una vez realizado el mismo, para que se pueda realizar la debida aplicación bancaria. En consecuencia, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así las cosas, el numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la denegación de justicia en cuanto a la omisión de proveer lo conducente a su escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó que se declare trabado formal embargo sobre el sueldo que percibe María Concepción Quintal Manrique, en el juicio de origen y gire oficio a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), a fin de que dicha dependencia se sirva tomar razón del mismo en relación a los montos que en derecho corresponda hasta que cubra el monto total de lo aprobado en la plantilla de que se trata en el juicio ejecutivo mercantil 355/2012, así como que se sirva informar a dicha dependencia que las cantidades que sean descontadas de la remuneración que devenga la citada Quintal Manrique, sean depositadas y/o transferidas directamente a la cuenta bancaria a nombre de Consorcio Peredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, con número de cuenta 70017485472, clabe interbancaria 002840700174854721, sucursal 101 del Banco Nacional Mexicano (BANAMEX) y que exhiba ante la autoridad responsable los comprobantes del depósito y/o transferencia una vez realizado el mismo, para que se pueda realizar la debida aplicación bancaria. No obstante lo anterior, de las constancias que integran este juicio de amparo, y en específico de las remitidas por el Juez responsable, adjunto a su informe de ley, se desprende que el seis de enero del año en curso, dictó un acuerdo en el que dio respuesta a las peticiones hechas por la parte quejosa en su escrito presentado ante el Juez responsable el veintiocho de octubre del año próximo pasado; acuerdo que fue notificado a las parte mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el diez de los cursantes, por la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares de ese Departamento Judicial del Estado. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, pone en evidencia que la omisión de la que se duele la parte quejosa ya no existe, pues la responsable, ya contestó las peticiones de las que se dolía en cuanto a la omisión de darle seguimiento al procedimiento. En ese sentido, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, la cual ceso, al momento en que se emitió el auto de seis de enero del año en curso, antes mencionado. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE; Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de enero del dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 14/2022, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita que en caso de resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, se niegue el presente juicio de amparo y en caso de que las autoridades responsables nieguen el acto que se les reclama se sobresea; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como se solicita en el alegato de cuenta, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, entréguese copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio a la nombrada ocursante, en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Yohjanzen Leonel Macias Medina, quien se ostenta apoderado general de "CONSORCIO PEREDO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra un acto que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; en tal virtud, se provee: En primer término, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 2527/2021-I. Por otro lado, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Yohjanzen Leonel Macias Medina, la calidad de apoderado general de la quejosa "CONSORCIO PEREDO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en términos de la copia digitalizada del instrumento público número catorce mil doscientos ochenta y cinco, de nueve de diciembre de dos mil diecisiete, ante la fe de Jorge Hernández Peredo Rezk, Notario Público número cinco de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Veracruz, con sede en San Rafael. En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso las constancias de mérito completas y legibles, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión, en el entendido de que, en caso de optar por remitir dicho informe vía correo electrónico, deberán contar con el acuse de recibo correspondiente, ya que, en caso contrario, el mismo no se tendrá por rendido. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la Agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021 del índice de este juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico: rossana.rosas@pgr.gob.mx. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la quejosa a su escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto, legal y humana; las cuales se admiten y serán relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, como señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado para tal efecto en su escrito de demanda; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Guillermo Novelo Vallado, y con las limitaciones del citado numeral a las diversas personas que señala con las facultades que les confiere. De conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras,????????????? escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Por otro lado, como solicita la parte promovente, en el sentido de que se le otorgue acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, a través del nombre de usuario "YOHJANZENMACIAS". Al respecto, dígasele a la parte quejosa que se accede su petición, para el efecto de que con dicho nombre de usuario, pueda consultar y acceder al expediente electrónico de este juicio de amparo a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, así como para promover en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa para recibir notificaciones vía electrónica a través del citado nombre de usuario, por medio del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación; en tal virtud, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto, por medio de la cuenta electrónica antes mencionada. Por tanto, comuníquese lo anterior, al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente. De igual forma, téngase por señalada la dirección de correo electrónico yohjanzen@gmail.com y número telefónico 99 91 34 04 55, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes que no lo hayan hecho para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. NOTIFÍQUESE
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