Yohana Montes Cruz
Expediente 756/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Yohana Montes Cruz
Actuaciones
- Principal
PRAL.756/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de veintinueve de junio del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso d) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 4.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario(a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.756/2022.M-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintidós. 1. Razón actuarial. Vista la razón de cinco de julio del año en curso, asentada por el actuario adscrito a este Juzgado, se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de veintinueve de junio del año en curso, toda vez que no localizó el domicilio que fue señalado por la referida parte procesal para recibir notificaciones, pues después de recorrer la calle en la que dijo la parte quejosa se encontraba ubicado su domicilio no fue localizada la nomenclatura que señaló; en tanto que, al entrevistarse con los vecinos del lugar, así como con los negocios aledaños, no pudieron auxiliarlo para localizar el domicilio autorizado por la parte quejosa. 2. Notificación por lista. Por tanto, se ordena notificar a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, mediante lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; lo anterior, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones o precise el señalado en la demanda de amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el veintisiete de junio del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada el veintiocho de junio siguiente a este Juzgado, promovida por Yohana Montes Cruz, contra actos del juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlán, Oaxaca y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 756/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes que, a) respecto a las cuestiones relativas a la atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, y el 107, fracción I, de la Constitución Federal, que disponen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". CONSTITUCIÓN FEDERAL "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (Transcripción) De los citados preceptos se advierte que uno de los principios que rigen al juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en la exigencia de que el particular, quien se ve afectado en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien suscriba el escrito de demanda por sí, o por conducto de las personas que la ley autoriza para tales efectos; de tal forma que el juicio de amparo será improcedente ante la ausencia de voluntad de la parte agraviada. En ese orden de ideas, tratándose de la demanda de amparo escrita, el principio de instancia de parte agraviada se acredita con la firma (autógrafa o electrónica) o huella del promovente, que debe plasmarse precisamente en la demanda. Al respecto, acorde con el Diccionario de la Real Academia Española, la firma es el rasgo o conjunto de rasgos realizados siempre de la misma manera, que identifica a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para probar o dar autenticidad a un documento; de ahí que la firma es el signo que demuestra la voluntad de una persona, es decir, denota su anuencia para determinado acto. Dicho lo anterior, y en atención a la certificación que antecede, se destaca que, en el caso, la demanda carece de firma autógrafa en original o firma electrónica y la que aparece es una copia simple. Por otro lado, en la boleta de turno se indicó que se anexaba una copia; sin embargo, en el diverso sello de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, se asentó que no se anexó ninguna copia de la demanda; lo que se pudo corroborar mediante una revisión física y exhaustiva de las fojas que integran la demanda, y, efectivamente, a) la demanda no contiene firma autógrafa en original, ni electrónica y, b) no se exhibió copia de la misma, a efecto de revisar si en esa diversa copia obraba la firma original. Dicha circunstancia implica la ausencia de voluntad de la promovente para ejercer la acción de amparo, pues la demanda carece de autenticidad, al no poder establecerse de manera fehaciente que la quejosa haya signado dicho documento, como lo exige el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es importante señalar que la deficiencia apuntada (falta de firma autógrafa en original en la demanda), no amerita corrección mediante una prevención, por no ser una irregularidad en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, ni se advierte que se trate de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el numeral 108 del mismo ordenamiento legal, ya que al no contener la firma autógrafa en original no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. En este aspecto, resulta aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo I, segunda parte I, enero a junio de 1988, página 241, registro 231247, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." Así, considerando que la firma es lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales, y la demanda de amparo, en este caso, carece de firma autógrafa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 6° de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha, de plano, la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-II, febrero de 1995, página 303, registro 208351, que literalmente refiere: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." 5. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, para efectos de lograr la notificación de este proveído y de las subsecuentes que, en su caso, se ordenen de forma personal, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo de dicha ley, por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona señalada en la demanda de amparo; sin que haya lugar a autorizarla con facultades amplias, dado el sentido de esta determinación. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Seguridad (actuario -a-). Para el caso del desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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