Yohana Magdalena Pérez Muñoz

Expediente 592/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
592/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Yohana Magdalena Pérez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Visto el estado del presente juicio, se advierte que los actos reclamados son tres: (1) La resolución que el Juez de Control de la Segunda Región del Estado, sede Irapuato, emitió durante la audiencia inicial de veintiuno de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal en que vinculó a proceso. Con motivo de la vinculación a proceso y la naturaleza de los delitos atribuidos, el juez, de oficio, sujetó a prisión preventiva a los procesados. (2) La resolución que diverso juez de control emitió durante la audiencia de treinta de julio de dos mil veinte, en la misma causa penal, en que desestimó la petición de sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar, por estar embarazada. A pesar de la negativa, el juez requirió al Director de Coordinación y Control de los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social en el Estado, para que rindiera un informe sobre si la salud y del producto de la concepción estaba garantizada de forma suficiente. El juez sostuvo que, con base en esa información, tendría que definirse si la prisión preventiva debía ejecutarse en un lugar distinto. (3) La resolución que una juez de control emitió durante la audiencia de cuatro de septiembre de dos mil veinte, en el consabido proceso penal. Ahí precisó que la materia de la revisión que se le planteaba se limitaba a verificar si las condiciones de reclusión eran adecuadas para su salud, dado su estado de gravidez. La juez tuvo en cuenta el informe de la autoridad penitenciaria que el juzgador anterior había solicitado. Con base en él concluyó que el centro penitenciario sí contaba con los medios necesarios para atender médicamente a la quejosa; de modo que su embarazo no hacía necesario que la prisión preventiva se ejecutara en lugar diverso. En relación con la identificación de los actos reclamados, cabe una precisión: los argumentos que la quejosa aduce en las páginas 20 a 22 del cuaderno de amparo, no revelan su voluntad de reclamar el artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como un acto autónomo; sino sólo evidenciar que ninguno de los jueces de control verificó si el significado atribuible a ese precepto legal guarda o no conformidad con los parámetros del derecho interamericano de los derechos humanos sobre la excepcionalidad de las restricciones imponibles a la libertad personal, en el marco de un proceso penal. Por tanto, las manifestaciones que la quejosa hace en esa parte de la demanda, se ubican en un plano argumentativo y no tienden a identificar un acto reclamado de forma destacada. Dicho ello, los actos identificados como (1) y (2) están afectados por la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, porque el plazo de quince días para promover juicio de amparo en su contra transcurrió del cuatro al veinticuatro de agosto de dos mil veinte; sin contar los días comprendidos entre el veintidós y el treinta y uno de julio de ese año, por haber sido inhábiles, de acuerdo con los Acuerdos Generales 18/2020 y 21/2020 de diez y veintiocho de julio de dos mil veinte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a fin de evitar su propagación. Por tanto, si la demanda de amparo fue recibida hasta el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, como se aprecia en el sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, su presentación fue extemporánea. Sin que se actualice alguno de los supuestos de excepción del plazo genérico de quince días, pues no se reclama alguna norma general; procedimiento de extradición o sentencia penal condenatoria; actos que puedan afectar el disfrute de los derechos agrarios de los núcleos ejidales o comunales; o que pongan en peligro la vida, afecten la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, proscripción, destierro, desaparición forzada o de algunos de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. Por tanto, tales actos fueron consentidos tácitamente y, por ello, el amparo promovido en su contra es improcedente, de conformidad con los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17. Por otro lado, el acto identificado como (3) está afectado por la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues, aun cuando subsiste la resolución de la juez de control, ésta ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Por tanto, aunque el acto reclamado subsiste formalmente, ya no puede surtir efecto alguno, pues su materia se limitó a determinar si era necesario ejecutar la prisión preventiva en un lugar distinto al centro carcelario, en atención al embarazo de la quejosa. Entonces, dado que esta última ya dio a luz y tanto ella como su bebé se encuentran sanos, la materia de la resolución reclamada ha dejado de existir y, por lo mismo, si la sentencia concluyera que el acto de autoridad es inconstitucional, carecería de eficacia práctica. De modo que el amparo promovido en contra del acto identificado como (3) es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, dada la improcedencia manifiesta e indudable de los tres actos reclamados, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Se deja sin efecto la audiencia constitucional que estaba programada para las nueve horas con veinte minutos del cinco de agosto de dos mil veintiuno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 3 DE AGOSTO DE 2021, QUE A LA LETRA DICE "...Visto el estado del presente juicio, se advierte que los actos reclamados son tres: (1) La resolución que el Juez de Control de la Segunda Región del Estado, sede Irapuato, emitió durante la audiencia inicial de veintiuno de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal en que vinculó a proceso. Con motivo de la vinculación a proceso y la naturaleza de los delitos atribuidos, el juez, de oficio, sujetó a prisión preventiva a los procesados. (2) La resolución que diverso juez de control emitió durante la audiencia de treinta de julio de dos mil veinte, en la misma causa penal, en que desestimó la petición de sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar, por estar embarazada. A pesar de la negativa, el juez requirió al Director de Coordinación y Control de los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social en el Estado, para que rindiera un informe sobre si la salud y del producto de la concepción estaba garantizada de forma suficiente. El juez sostuvo que, con base en esa información, tendría que definirse si la prisión preventiva debía ejecutarse en un lugar distinto. (3) La resolución que una juez de control emitió durante la audiencia de cuatro de septiembre de dos mil veinte, en el consabido proceso penal. Ahí precisó que la materia de la revisión que se le planteaba se limitaba a verificar si las condiciones de reclusión eran adecuadas para su salud, dado su estado de gravidez. La juez tuvo en cuenta el informe de la autoridad penitenciaria que el juzgador anterior había solicitado. Con base en él concluyó que el centro penitenciario sí contaba con los medios necesarios para atender médicamente a la quejosa; de modo que su embarazo no hacía necesario que la prisión preventiva se ejecutara en lugar diverso. En relación con la identificación de los actos reclamados, cabe una precisión: los argumentos que la quejosa aduce en las páginas 20 a 22 del cuaderno de amparo, no revelan su voluntad de reclamar el artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como un acto autónomo; sino sólo evidenciar que ninguno de los jueces de control verificó si el significado atribuible a ese precepto legal guarda o no conformidad con los parámetros del derecho interamericano de los derechos humanos sobre la excepcionalidad de las restricciones imponibles a la libertad personal, en el marco de un proceso penal. Por tanto, las manifestaciones que la quejosa hace en esa parte de la demanda, se ubican en un plano argumentativo y no tienden a identificar un acto reclamado de forma destacada. Dicho ello, los actos identificados como (1) y (2) están afectados por la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, porque el plazo de quince días para promover juicio de amparo en su contra transcurrió del cuatro al veinticuatro de agosto de dos mil veinte; sin contar los días comprendidos entre el veintidós y el treinta y uno de julio de ese año, por haber sido inhábiles, de acuerdo con los Acuerdos Generales 18/2020 y 21/2020 de diez y veintiocho de julio de dos mil veinte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a fin de evitar su propagación. Por tanto, si la demanda de amparo fue recibida hasta el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, como se aprecia en el sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, su presentación fue extemporánea. Sin que se actualice alguno de los supuestos de excepción del plazo genérico de quince días, pues no se reclama alguna norma general; procedimiento de extradición o sentencia penal condenatoria; actos que puedan afectar el disfrute de los derechos agrarios de los núcleos ejidales o comunales; o que pongan en peligro la vida, afecten la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, proscripción, destierro, desaparición forzada o de algunos de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. Por tanto, tales actos fueron consentidos tácitamente y, por ello, el amparo promovido en su contra es improcedente, de conformidad con los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17. Por otro lado, el acto identificado como (3) está afectado por la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues, aun cuando subsiste la resolución de la juez de control, ésta ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Por tanto, aunque el acto reclamado subsiste formalmente, ya no puede surtir efecto alguno, pues su materia se limitó a determinar si era necesario ejecutar la prisión preventiva en un lugar distinto al centro carcelario, en atención al embarazo de la quejosa. Entonces, dado que esta última ya dio a luz y tanto ella como su bebé se encuentran sanos, la materia de la resolución reclamada ha dejado de existir y, por lo mismo, si la sentencia concluyera que el acto de autoridad es inconstitucional, carecería de eficacia práctica. De modo que el amparo promovido en contra del acto identificado como (3) es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, dada la improcedencia manifiesta e indudable de los tres actos reclamados, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Se deja sin efecto la audiencia constitucional que estaba programada para las nueve horas con veinte minutos del cinco de agosto de dos mil veintiuno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente..."

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Encargada de Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, sede Irapuato; remite copia certificada de la totalidad de las audiencias efectuadas dentro de la causa penal de su índice, contenidas en un disco en formato DVD. Ténganse como pruebas de su parte las documentales ya señaladas, las que se tienen ofrecidas y desahogadas en razón de su especial naturaleza.-

  4. Principal

    Vistas las constancias que integran el presente juicio, requiérase al Juez de Control de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, para que en el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente auto, remita copia certificada de la totalidad de las audiencias efectuadas dentro de la causa penal de su índice, puesto que se estima que son necesarias para la resolución del presente juicio de amparo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, o no manifestar la imposibilidad material o jurídica que tenga para ello, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización.- En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.

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