Yohan Castillo Rivera
Expediente 982/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Yohan Castillo Rivera
- Johnis Manuel Mendoza Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 982/2022 promovido por Johnis Manuel Mendoza Cruz, en representación de Yohan Castillo Rivera, en contra del 1. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Veracruz, Veracruz. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado el veintiocho siguiente a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-16). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintisiete de octubre de la anualidad citada, se acordó: admitir la demanda de amparo; se ordenó la ratificación de la misma por parte del directo quejoso Yohan Castillo Rivera; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, conceder la suspensión de plano de los actos reclamados solicitada (fojas 18-27). Se agregaron a los autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 41-44 y 50-82). El ocho de diciembre siguiente, integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (fojas 85 y 86). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse la detención administrativa del quejoso por más de treinta y seis horas, así como la orden de deportación, expulsión o salida del territorio nacional del quejoso, susceptibles de afectar irreparablemente sus derechos humanos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial en la que este órgano jurisdiccional ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que consisten en: La detención administrativa del quejoso por más de treinta y seis horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Veracruz, Veracruz. La orden de deportación, expulsión o salida del territorio nacional del quejoso. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al 1. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Veracruz, Veracruz. Lo que se estima de esa manera, en razón que si bien dicha autoridad negó los actos reclamados, lo cierto es que, reconoció que Yohan Castillo Rivera, estuvo alojado en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Veracruz, Veracruz, desde el doce de octubre de dos mil veintidós, iniciándose el procedimiento administrativo migratorio EA/1s.9/VER/ORV/EP/CUBANA/0563/12-10-2022, siendo que hasta el veintisiete de octubre siguiente determinó su retorno asistido a su ciudad de origen (fojas 70-74). De allí, que ante tales manifestaciones de esa autoridad responsable, deben tenerse por ciertos los actos reclamados a la misma. Lo anterior, también con apoyo en las documentales remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5º, fracción I, 6º y 15 de la ley de la materia. Lo anterior se sostiene así, en la medida que Yohan Castillo Rivera, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Johnis Manuel Mendoza Cruz y, como consecuencia de ello, no exteriorizó su voluntad para promover la acción constitucional; en atención a las consideraciones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 107, fracción I, como uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que se traduce en que es indispensable que se tenga certeza de que quien lo promueve lo hace por sí o por interpósita persona. Dicho principio rector, se contiene en el artículo 6° de la Ley de Amparo: "(.) Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.(.) " Asimismo, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, tenemos el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo: "(.) Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. (.)" Así, el numeral transcrito contempla la posibilidad que la demanda de amparo sea promovida por cualquier persona en nombre del agraviado que se encuentre imposibilitado para promoverla, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en cuyo caso, se debe requerir al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo promovida a su favor. Por otra parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior se puede advertir que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con lo anterior, para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general, la parte quejosa deberá ubicarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Ser titular de un derecho subjetivo; es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad. b) Aducir un interés legítimo, el cual debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Hasta aquí las anteriores premisas. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, del contexto de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Yohan Castillo Rivera, comparece al presente juicio de regularidad constitucional representado por Johnis Manuel Mendoza Cruz, quien promovió la demanda de amparo a su favor, al tratarse de actos contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber la detención administrativa por más de treinta y seis horas y la orden de deportación, expulsión o salida del territorio nacional. En ese sentido, en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós (fojas 18-27) y en estricto cumplimiento al citado numeral 15 de la ley de la materia, se ordenó la ratificación de la demanda presentada por Johnis Manuel Mendoza Cruz, en favor de Yohan Castillo Rivera, ordenando a la actuaria que se constituyera para ello en las instalaciones de la Estación Migratoria de Veracruz, Veracruz, lugar donde se dijo se encontraba el directo quejoso, con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos ordenados, se tendría por no presentada. En cumplimiento a lo anterior, a las veintitrés horas con cincuenta minutos del veintisiete de octubre de la citada anualidad, la actuaria judicial adscrita se constituyó en tales instalaciones en busca del quejoso, sin embargo, no localizó al impetrante Yohan Castillo Rivera, pues le informaron que fue trasladado a la Ciudad de México, sin que le otorgaran mayores datos. Posteriormente, por auto de cuatro de noviembre del año en curso (fojas 45-46) se tuvo por recibido el informe de suspensión de plano rendido por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos "A" del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en Veracruz, Veracruz, por el cual hizo del conocimiento que el veintisiete de octubre de la anualidad cursante, Yohan Castillo Rivera abandonó las instalaciones de su dependencia al dictarse resolución de retorno asistido a su país de origen. Por tanto, como se apuntó, si el fin último ante los actos previstos en el numeral 15 de la ley de la materia, es lograr la localización del agraviado con el objeto de que ratifique la demanda promovida a su favor, para estar en aptitud de proveer lo correspondiente; en el caso, resultó innecesario seguir con la búsqueda y localización del quejoso Yohan Castillo Rivera, a fin de obtener la ratificación de la demanda promovida a su favor, al haberse agotado las providencias necesarias para lograr su comparecencia, pues en el referido informe de suspensión de plano, la autoridad responsable fue contundente y categórica en informar que el mismo no se encuentran en el lugar designado para su alojamiento, al determinarse su retorno asistido a su país de origen, sin que se cuente con un domicilio en el que pueda ser localizado para la ratificación de la misma, ni por parte de la responsable, ni por el propio promovente, quien no dio contestación al requerimiento efectuado en auto de veintiocho de octubre pasado (foja 33) Así, queda evidenciado que la falta de ratificación por parte del impetrante de amparo Yohan Castillo Rivera, se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, por lo que, no se logra la materialización de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que se siga el juicio de amparo a instancia de la parte agraviada por los actos aquí reclamados. Además, lo anterior al mismo tiempo, evidencia la falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por identidad de razón, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.1o.A.3 K (11a.) Materia: Común, dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2022, Tomo IV, página 2853, registro: 2024397, de rubro y texto siguiente: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO URGENTE PROMOVIDA POR UN TERCERO A FAVOR DEL QUEJOSO. ES EXIGIBLE SIEMPRE, CON INDEPENDENCIA DE LA CALIDAD DEL AGRAVIADO Y LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMEN VIOLADOS. Hechos: Una abogada promovió juicio de amparo indirecto a favor de un menor de edad en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso urgente relacionado con la omisión de suministrarle medicamentos para su tratamiento oncológico de leucemia. La Jueza de Distrito que conoció del asunto admitió la demanda, tramitó el juicio constitucional y dictó sentencia, sin haber obtenido la ratificación de la demanda por parte de la madre y representante legal del menor. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la ratificación de la demanda urgente es exigible siempre, con independencia de la calidad del quejoso y los derechos humanos que se estimen violados en el juicio constitucional, pues el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, ya que el juicio de amparo no es una acción popular. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 107, fracción I, de la Constitución General dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En casos urgentes, el precepto 15 de la Ley de Amparo permite que un tercero presente la demanda si el agraviado se encuentra imposibilitado. Empero, aclara que requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda, por sí o por medio de su representante, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. Esto implica que: (i) el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, habida cuenta que, aun en los casos urgentes, se requiere la intervención del impetrante; y, (ii) la acción constitucional de amparo no es una acción popular que pueda ejercer cualquiera para defender intereses ajenos." Por tanto, es claro que se concreta el motivo de improcedencia establecido en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5º, fracción I, 6º y 15 de la ley de la materia, puesto que ante la falta de ratificación, no quedó evidenciada la voluntad para la promoción de la demanda, así como su falta de interés jurídico y/o legítimo para acudir a la vía indirecta a solicitar el amparo contra los actos reclamados. CONCLUSIÓN En consecuencia, ante la actualización del motivo de improcedencia analizado, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento del asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación planteados. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el auto en que se admitió la demanda, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Johnis Manuel Mendoza Cruz, en representación de Yohan Castillo Rivera, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables señalados en el considerando tercero, por las razones expuestas en el cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federal en el Estado de Puebla, en San Andrés Cholula; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del exhorto 437/2022-E/V/AL (orden 1568/2022) a través del cual se le encomendó emplazar a la moral tercero interesada "Comercializadora Loch" Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de quien legalmente la represente; por tanto, se está en espera de que remita las constancias relativas a la diligencia encomendada, a fin de acordar lo conducente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintisiete de los actuales, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se requirió a la autoridad responsable para que informaran de manera inmediata sobre el cumplimiento de dicha medida. En esas condiciones, tomando en cuenta que la autoridad responsable 1. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Veracruz, Veracruz, fue notificada desde el veintisiete de octubre pasado del proveído de ese misma fecha, así como la razón del mismo día veintisiete en la que la actuaria adscrita dio cuenta a este Juzgado del traslado de ******************** sin que hasta este momento la referida autoridad haya informado al respecto; con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, que faculta al suscrito para tomar las medidas necesarias a efecto de lograr el cumplimiento de las resoluciones de suspensión de los actos reclamados, se estima procedente requerir a la autoridad responsable 1. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Veracruz, Veracruz, para que de inmediato, informe respecto al cumplimiento de la suspensión de plano decretada en el presente expediente, o sobre cualquier obstáculo legal o material existente para dicho cumplimiento, remitiendo en su caso la totalidad de las constancias con las que acrediten lo manifestado en su informe. Apercibida que de no informar lo solicitado, o en su caso de no tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo señalado en la referida suspensión, se le impondrá una multa que podrá ir de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, con fundamento en la fracción I del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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