Yoenglis Gonzalez Zaldívar
Expediente 55/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Yoenglis Gonzalez Zaldívar
- YOENGLIS GONZALEZ ZALDÍVAR y Otros.
- Ana Isis Santos Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la determinación dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que se exhibieron en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Federal Adscrito al Juzgado cuarto, sexto y octavo en materia de amparo; Adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Laboral, toda vez que en el presente juicio no se aperturó cuaderno incidental. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta remitidos vía electrónica por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en atención a su contenido, se provee: Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que los quejosos José Armando Pérez Zaldívar, Yoenglis González Zaldívar y Ana Isis Santos González, en su escrito de demanda señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Titular de la Oficina, Director de la Estación Migratoria y Director de Control y Verificación de la Oficina, todos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí: 1. La orden escrita con la que se hubiese determinado su aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención dentro de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por más de treinta y seis horas, derivada de la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. 2. La omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de treinta y seis horas. 3. La deportación o regreso asistido. Todo ello derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Secretario de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Migración, específicamente a su artículo 111. Mediante proveído de quince de enero de dos mil veintidós, se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados. Ahora bien, por auto de quince de enero de dos mil veintidós, se tuvo a los quejosos de mérito ratificando la demanda promovida a su favor por María Zaldivar, por lo que se admitió en sus términos en diecisiete del mismo mes y año. Así, respecto del acto de aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, que se atribuye al Titular de la Oficina, Director de la Estación Migratoria y Director de Control y Verificación de la Oficina, todos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, materializado con la orden y ejecución de la retención prolongada de los quejosos en la estación migratoria; así como en relación a la omisión de emitir a su favor la orden de salida de la referida estación; derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra, se comulga con la responsable de mérito, en el sentido de considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. El precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos. a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado a los quejosos. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, acompañó a su oficio de quince de febrero del año en curso, copia certificada de los proveídos de once de febrero de dos mil veintidós, dictados en los expedientes 128, 131 y 130, de los que se observa que ordenó la salida de la estación migratoria, de los aquí quejosos, informándoles su obligación de acudir los días lunes de cada semana o el siguiente hábil si aquél no lo fuera, para la prosecución del procedimiento administrativo migratorio. Igualmente se observa que, la citada autoridad responsable hizo constar que los quejosos no habían acatado dicha obligación, por lo cual precisó, resultaba imposible la continuación del procedimiento administrativo. Así, estimó que en el caso debía observarse lo dispuesto en el artículo 57, fracción V, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y como consecuencia, dio por concluido los procedimientos administrativos migratorios instruidos a los citados quejosos. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados por la resolución de conclusión del procedimiento; de ahí que en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente el anexo que acompañó la autoridad responsable Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí a su oficio INM/ORSLP/DAJ/0123/II/2022, se desprende que el término para resolver la situación migratoria de los quejosos fenece el día once de marzo de año en curso, por haberse ampliado en términos de la fracción II y V del artículo 111 de la Ley de Migración. En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable, para que una vez llegada dicha data informe lo acontecido en relación a la situación migratoria de los quejosos. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
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