Yoel Ulices Gómez Delgado

Expediente 522/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
522/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Yoel Ulices Gómez Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de mayo de dos mil veintiuno. No obran constancias solicitadas. De la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que no obran las constancias solicitadas a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en auto de seis de abril de dos mil veintiuno. Se requieren constancias. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase nuevamente a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la presente notificación, remita copia certificada, completa y legible de las cedulas de notificación de infracción con números de folio ***, *** y ***. Apercíbase. Apercíbase a la autoridad mencionada que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno. Difiérase audiencia. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, la cual por una parte, se sobreseyó en el presente juicio; por otra, se negó; y, finalmente, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Efectos. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad encargada del cumplimiento debe realizar los actos siguientes: Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, las obligaciones que impone el artículo 17, segundo párrafo, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. Cabe señalar que la concesión del amparo no implica liberar al quejoso del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, por lo que deberá ubicar a la parte quejosa en la cantidad mínima fija a pagar, en relación con el trámite pagado en el recibo oficial A49732242 respecto de la inscripción de embargos en casos de permuta de inmueble o derechos reales, y devolverle el excedente que en su caso resulte, en relación con lo ya pagado, a través de un cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente. Autoridad obligada al cumplimiento. Ahora, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada, es decir, la inaplicación únicamente respecto de la quejosa. Por tanto, las autoridades responsables a las que se les reclaman actos legislativos, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector, pues el precepto legal que reclama la parte quejosa no puede quedar insubsistente, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. Requiérase. En atención a lo anterior, corresponde al Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, dar cumplimiento con el fallo protector, por tanto, con fundamento en el los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo, requiérasele, para que dentro del plazo de tres días, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, además, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el párrafo segundo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad encargada del cumplimiento, para que ordene a la referida Secretaría, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento. Estese a lo ordenado en párrafos que anteceden. Téngase por recibido el escrito signado por Eduardo Francisco Jiménez Vega, autorizado en amplios términos de la pare quejosa, y atento a lo solicitado, dígasele que se esté a lo ordenado en párrafos que anteceden. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Transcurre plazo. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el plazo de quince días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable, Director de Catastro Municipal de Zapopan, rinda su informe justificado, toda vez que fue notificada el doce de abril del año en curso. Difiérase audiencia. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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