Yodsi Cruz Solis
Expediente 1065/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/11/2022
Partes del expediente
- Yodsi Cruz Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación precedente y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo y la parte quejosa no se inconformó contra la sentencia constitucional que sobreseyó en este juicio de amparo indirecto, dictada el trece de octubre de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el resultado de la sentencia pronunciada, no le irroga ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 antes mencionado, del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las diez horas con veinte minutos del trece de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 1065/2022-I, promovido por Yodsi Cruz Solís, se levanta la presente acta, al estar en audiencia pública Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Pedro Hernández Coyote, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia prevista por el numeral 124, de la Ley de Amparo, sin la comparecencia por escrito de las partes o de quien legalmente las represente. El Secretario en Funciones de Juez declara abierta la audiencia, y la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda 2 Auto admisorio 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado 4 Emplazamiento a la autoridad responsable 5 Informe justificado Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No. Autoridad responsable Sentido Auto 2 Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, sito en esta ciudad Niega 8/09/2022 y 12/09/2022 El Secretario en Funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NNo. Parte Pruebas Auto 1 Parte quejosa: La documental que anexó al escrito inicial de demanda, misma que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica. 12/08/2022. Autoridad responsable: Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, sito en esta ciudad Copia certificada del oficio SSPC/UAJ/ACAyD/TGZ/04266/2022 de treinta de agosto de dos mil veintidós y constancia de notificación de siete de septiembre de dos mil veintidós. 8/09/2022 Y 12/09/2022 El Secretario en Funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Se abre el periodo de alegatos: El Secretario hace constar ninguna de las partes las ofreció, por lo que se cierra la etapa de alegatos. Al no haber promoción pendiente por acordar, tomando en cuenta todo lo actuado, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose al dictado de la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del presente juicio de amparo 1065/2022-I; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Yodsi Cruz Solís, propio derecho, presentó su escrito de demanda el diez de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, advirtiendo que la quejosa demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado que se precisarán más adelante en los puntos considerativos. Segundo. Radicación y admisión. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, bajo el número 1065/2022, se requirió el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, y, se señaló fecha y hora para la celebración de la la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. En auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó correr traslado al quejoso, con copia del oficio SSPC/UAJ/ACAyD/TGZ/04266/2022 de treinta de agosto de dos mil veintidós, a través del cual, la autoridad responsable dio contestación al escrito de petición presentado por la parte quejosa, el veinticuatro de marzo de este año; siendo notificado el veintitrés de septiembre del año en curso; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad circunscrita en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y los actos reclamados, advertido del análisis integral de la demanda: Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que Yodsi Cruz Solís, reclama de la (1) Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, sito en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que solicitó el pago de su sueldo desde la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil diecinueve a la segunda quincena de enero de dos mil veintidós. TERCERO: EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, toda vez que a así lo manifestó al rendir su informe justificado. Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que acompañó la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del oficio SSPC/UAJ/ACAyD/TGZ/04266/2022 de treinta de agosto de dos mil veintidós y constancia de notificación de siete de septiembre de dos mil veintidós, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, este juzgador oficiosamente estima que respecto del acto reclamado que en particular se reclama a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. De la causal antes invocada, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tales razonamientos encuentran sustento en la Jurisprudencia, que establece: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, tiene aplicación la diversa jurisprudencia de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. PREMISA FÁCTICA. En el caso particular, la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que solicitó el pago de su sueldo desde la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil diecinueve a la segunda quincena de enero de dos mil veintidós. Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que mediante oficio SSPC/UAJ/ACAyD/TGZ/04266/2022 de treinta de agosto de dos mil veintidós, la citada autoridad, por conducto del Jefe de la Unidad Jurídica de esa secretaría de estado, dio contestación al escrito de petición del quejoso, haciéndole saber que era sujeto de investigación por parte de la Unidad de Asuntos Internos bajo el archivo de investigación SSP/UAI/AII/AI/0829/2019, determinado el dos de junio del año en curso, y remitido por esa Unidad en su carácter de Vocalía Técnica, a la Comisión de honor y Justicia, la que en cumplimiento a sus facultades conferidas en el artículo 57 del Reglamento de la Comisión de honor y Justicia de esa Secretaría, el doce de agosto del año en curso, admitió trámite el procedimiento disciplinario adversarial número SSPC/CHJ/PDA/342/2022, señalando las diez horas del veinte de octubre de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de ley, en la que dicha Comisión resolvería su situación jurídica y se pronunciaría respecto a la pretensión de pago que indica; razón por la cual, se le conminaba a presentarse en las oficinas de esa unidad jurídica para que fuera notificado del auto admisorio. La anterior respuesta se hizo del conocimiento de la parte quejosa, mediante constancia de notificación de siete de septiembre de dos mil veintidós; no obstante, mediante auto de diecinueve de septiembre de este año, este órgano jurisdiccional ordenó correrle traslado al quejoso con copia de la respuesta dada por la responsable, mismo que le fue notificado, el veintitrés de septiembre de esta anualidad, sin que al efecto haya hecho manifestación alguna. En esas condiciones, la conducta omisiva ejercida por la responsable, que motivó la promoción del juicio de amparo, cesó al haber emitido el oficio de que se trata, con fecha treinta de agosto del año en curso, dando así respuesta a la petición realizada por la parte quejosa; actuación esta última con la cual se cumplimentan en su totalidad las obligaciones previstas en el artículo 8o. constitucional. Es así, ya que si bien es cierto, cronológicamente se advierte que previo a la promoción del presente juicio de amparo no se había dado contestación a la petición hecha por la parte quejosa respecto de su solicitud presentada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la garantía contenida en el precepto constitucional aludido, se cumplimenta no con la simple emisión de la respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, sino además que ésta sea dada a conocer en un breve término. En este punto cabe precisar que, con la finalidad de no demorar la respuesta dada por la autoridad responsable a la parte quejosa, este juzgado determinó correrle traslado con dicha contestación, en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós; mismo que le fue notificado mediante diligencias de notificación de veinte y veintitrés de septiembre del año en curso, sin que al efecto haya realizado manifestación alguna; por lo que se estima, quedaron satisfechos los extremos del artículo 8° constitucional. Por el contenido jurídico que la orienta es aplicable al caso la tesis del rubro y texto siguiente: "EJECUCION DE SENTENCIA QUE OTORGO EL AMPARO POR VIOLACION AL DERECHO DE PETICION. SE DA POR SATISFECHA SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE AGOTO LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA NOTIFICAR LA CONTESTACION AL QUEJOSO. Cuando se concede la Protección Federal por violación al derecho de petición, determinándose que la autoridad responsable, desde luego, debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, en su domicilio, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, de modo que ante esa circunstancia y a fin de no demorar el cumplimiento de la sentencia, el Juez de Distrito determina darle vista al quejoso con la contestación; de esta manera, se estiman satisfechos los extremos del artículo 8o. constitucional, sin que para arribar a tal conclusión sea óbice que el quejoso haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de garantías por medio del juzgador de amparo y no a través de la autoridad responsable, ya que ello no le es reprochable a ésta, dada la circunstancia advertida con antelación, que es reveladora de que la responsable agotó los medios a su alcance encaminados a cumplimentar en su integridad el fallo protector." En esa tesitura, resulta ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues éste dejó de surtir efectos, en virtud de que dejó de existir la causa que la parte promovente del amparo considera violatoria de sus derechos humanos. Por lo anterior, es innegable que la situación jurídica que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo, dejó de producir sus efectos, por los motivos precisados. De ahí que, esa situación se equipare a la restitución a la peticionaria de amparo, en el goce de sus derechos fundamentales que estimó violados, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, ya que la actuación de la responsable, que sobrevino durante la substanciación de este juicio constitucional, produjo que se satisficieran los derechos tutelados por la norma constitucional invocada como violada. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable haya dado respuesta a la parte quejosa en el sentido en que lo hizo, puesto que el artículo 8° constitucional no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino solo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. Tiene aplicación la tesis de rubro y texto siguientes: DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. En las circunstancias narradas, debe concluirse que en el particular, se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia; por lo que hace al acto precisado en este apartado. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por las razones asentadas en la presente sentencia, no se analizan los conceptos de violación hechos valer contra el acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado, se sobreseyó al actualizarse una causal de improcedencia, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la Jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Yodsi Cruz Solís, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace del que conocimiento que la constancia de notificación que le fue requerida, ya fue remitida a este órgano jurisdiccional y al efecto exhibe copias para acreditar su dicho. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos la comunicación y anexos de cuenta, sin mayor proveído, toda vez que respecto de su contenido ya fue acordado en auto de doce de septiembre del año en curso. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; y que entre hoy y la fecha de notificación a la parte quejosa, respecto del informe rendido por la autoridad responsable Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, así como del oficio que remitió en vía de alcance, no media el plazo de ocho días al que hace alusión el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De igual forma, que la audiencia constitucional se encuentra fijada para esta data. Al efecto, se acuerda: Para dar margen a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sin necesidad de notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, pues el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, enero de 2013, Décima Época, con registro 2002576: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable en vía de alcance a su informe justificado, se aprecia que el oficio por el que dijo haber dado respuesta al escrito de petición formulado por el aquí quejoso, le fue notificado a través de una persona que dijo ser su autorizada, sin que de autos se advierta esa circunstancia; en consecuencia, para no dejar en estado de indefensión al solicitante de amparo, SE ORDENA CORRERLE TRASLADO con las documentales que exhibió la autoridad responsable en su informe justificado y en el oficio que remitió en vía de alcance, a fin de que pueda imponerse de su contenido. NOTIFÍQUESE POR LISTA y PERSONALMENTE AL A PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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