Yodsi Cruz Solis

Expediente 207/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
207/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Yodsi Cruz Solis

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de desechamiento. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado la demanda respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido del licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a doce de mayo de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Antonio Orozco Zuart, en su carácter de defensor particular de Yodsi Cruz Solís, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control Penal del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento el Distrito de Tonalá, Chiapas; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 207/2021-V-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.- Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la promovente hace consistir el acto reclamado en: La negativa y exclusión del Juez de todas y cada una de las pruebas presentadas en la audiencia de sobreseimiento de nueve de mayo de dos mil veintiuno, en términos del artículo 327 del código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal 51/2019 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito de Tonalá, Chiapas. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, visible en la página 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P. /J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En el caso, se reclama negativa y exclusión del Juez de control de todas y cada una de las pruebas presentadas en la audiencia de sobreseimiento de nueve de mayo de dos mil veintiuno, en términos del artículo 327 del código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal 51/2029 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito de Tonalá, Chiapas. Determinación que no tiene sobre el solicitante del amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, ya que con el mencionado acto sólo se pueden afectar los derechos procesales del quejoso -al tener su génesis en un proceso del sistema penal acusatorio-, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que el efecto de tal acto no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó, ya que su única consecuencia es que continúe el procedimiento natural por sus etapas, por ende, no puede considerarse como un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, sino que sus efectos son meramente intraprocesales. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Cobra aplicación a lo acordado la tesis XVIII.1º.P.A.63 P (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1596, de la Décima Época, con número de registro digital 2017381, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO." Si bien la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se señala como acto reclamado la resolución que desechó por improcedente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto contra el acuerdo que declaró el cierre de la investigación complementaria, ante la falta de desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa del imputado, porque dicho acto no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla en amparo directo. Así también, la tesis XIII.P.A.33 P (10ª), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en el Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1480, Décima Época, con número de registro digital 2017337, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR LOS QUE SE OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la determinación del Juez de control emitida en la etapa de investigación complementaria del proceso penal acusatorio y oral, de no excluir datos de prueba que se aduce se obtuvieron con violación de derechos fundamentales, es improcedente el juicio de amparo indirecto, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera; sino que dicha negativa constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque puede suceder que, una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público decida no formular acusación, o que, haciéndolo, no señale dichos datos como medios de prueba que pretenda ofrecer en juicio, supuestos en los que desaparecerá el perjuicio que cause la negativa referida; en caso contrario, en la audiencia intermedia puede controvertirse la prueba considerada ilícita, a efecto de que se excluya y no la aporte en juicio." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del numeral 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a la citada parte quejosa, la consulta del expediente electrónico vía internet, haciéndole de su conocimiento que este acuerdo y las subsecuentes resoluciones, le serán notificados de forma electrónica por así haberlo solicitado expresamente, a través de la plataforma dispuesta para ello en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Adicionalmente, de la certificación con que se da cuenta, se aprecia que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario JORGEOROZCO" correspondiente a Jorge Antonio Orozco Zuart. En consecuencia, de conformidad con lo establecido el numeral 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con el considerado noveno del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte actora la consulta del expediente electrónico vía internet y que las notificaciones se le hagan por el mismo medio, por así haberlo solicitado. Asimismo, se instruye a la encargada del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente), para que proceda a dar de alta el usuario "JORGEOROZCO". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS En otro orden de ideas, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Además, se autoriza expedir en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido que de encontrarse algún motivo por el que deba negarse total o parcialmente la solicitud, el compareciente podrá presentarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. SE GIRA OFICIO DE COMPENSACIÓN Toda vez que la parte quejosa presentó la demanda de amparo de cuenta en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional. Para los efectos de compensación y estadística, gírese oficio con auto inserto del presente proveído a la Jefa de Oficina de Correspondencia Común "B" de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, a fin de que tome en cuenta el despacho en que se actúa, en el turno respectivo para este Juzgado Primero de Distrito, toda vez que fue dirigido a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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