Yocelin Roxel Pérez Garduño
Expediente 438/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/09/2016
Partes del expediente
- Yocelin Roxel Pérez Garduño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, CERTIFICA: a) Que ha transcurrido en exceso el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías. b) Que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales. c) Que de conformidad con el punto décimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. d) Que en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. e) Que el presente expediente se encuentra digitalizado y coincide con su similar electrónico; además que no existe diligencia pendiente por realizar. Doy fe. El Secretario En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos, así como con la certificación que antecede. Conste. Toluca, Estado de México; veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se concedió la protección de la justicia de la Unión. (Fojas 29 a 38) 2. Por auto de diez de junio del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria y en esa actuación se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. (Folio 41) II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son para que el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México: "[.] Por sí de inmediato emita la contestación correspondiente a la petición que le formuló la aquí quejosa, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, lo cual deberá realizar de manera congruente, completa, fundada y motivadamente; y, - - - Notifique personalmente a la peticionaria de amparo la determinación recaída a dicha solicitud, en el lugar que para tal efecto señaló.". En ese tenor, a través de misiva de catorce de junio de dos mil dieciséis, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, informó que remitió el oficio ST/3183/2016, de fecha dieciocho de mayo del año en curso, a la Directora General del Instituto de la Función Registral en el Estado de México, al que le anexó el título de solar urbano 36875, para su inscripción correspondiente; que dicho título se expidió por ese Registro el diecisiete de junio del año en curso, a favor de la quejosa Yocelyn Roxel Pérez Garduno, quien una vez que cubra el monto de la inscripción que en el citado Instituto le indiquen, se asentará la inscripción del mismo y el citado documento será remitido a ese Registro para la entrega a su legal titular; y a efecto de acreditar su dicho, remitió a este juzgado de Distrito, copia certificada de la citada comunicación, en la que se observa la firma de recibido por parte de Valentín Trujillo Munguía, en fecha uno de junio del presente año, quien es autorizado de la aquí quejosa en el presente juicio. (Foja 183 a 186 de autos) Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregadas a las presentes actuaciones. Por auto de dieciséis de junio del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal constancia se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, manifestaran lo que a su derecho conviniere. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las siguientes razones: El dieciocho de mayo del año en curso, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, derivado de la petición que le formuló la aquí quejosa, para que llevara a cabo el trámite correspondiente a la expedición del título de propiedad del solar dieciséis, ubicado en la zona dos, manzana ocho, del ejido de San Felipe del Progreso, municipio de San Felipe del Progreso, en esta Entidad, envió el oficio ST/3183/2016, a la Directora General del Instituto de la Función Registral en el Estado de México, por el cual remitió por duplicado el título de propiedad correspondiente al citado inmueble, para su inscripción correspondiente. Comunicado que fue hecho del conocimiento de la aquí peticionaria de amparo, a través de su autorizado Valentín Trujillo Munguía, en fecha uno de junio del presente año, como se aprecia de la copia certificada exhibida ante este Órgano de Control Constitucional, en que se observa la firma de recibido por parte de quien es autorizado de la quejosa en el presente juicio. De este modo, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, emitió una respuesta por escrito en relación a la petición que le formuló la quejosa, en el sentido de que le fuera expedido el título correspondiente al solar ubicado en la zona dos, manzana ocho, solar dieciséis, del ejido de San Felipe del Progreso; contestación que si bien no se encontró dirigida a ésta, de dicho comunicado se advierte que con fundamento en el artículo 69 de la Ley Agraria, 89 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional y 2897, fracción VI del Código Civil del Estado de México, lo dirigió a la Directora General del Instituto de la Función Registral en el Estado, al que adjuntó el título de propiedad 36875, que expidió por duplicado, relativo al solar urbano del poblado de San Felipe del Progreso, municipio de San Felipe del Progreso, en esta Entidad Federativa, para su inscripción correspondiente, cuyo titular es la aquí quejosa Yocelyn Roxel Pérez Garduño. Asimismo, dicha determinación se hizo del conocimiento de manera personal a Valentín Trujillo Munguía, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, lo cual se llevó a cabo el uno de junio del año en curso. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ya que la responsable emitió una respuesta por escrito en relación a la petición que le formuló la quejosa, la que además fue congruente con lo solicitado, y le dio a conocer la respuesta recaída a su petición, a través de su autorizado. Por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa asistido del licenciado Oscar Jesús Segundo Suárez, secretario que firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, mediante el cual informa sobre la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos y remite copias certificadas para acreditar su dicho. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la partes con el cumplimiento otorgado por la responsable, para que manifiesten lo que en su derecho proceda; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad, de oficio, se determinará si la ejecutoria amparante quedó o no cumplida. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Yocelyn Roxel Pérez Garduño; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, atendiendo a que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria, lo que deberán acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas, la cual se otorgó para el efecto de que: "[.] Por sí, de inmediato emita la contestación correspondiente a la petición que le formuló la aquí quejosa, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, lo cual deberá de realizar de manera congruente, completa, fundada y motivadamente; y, Notifique personalmente a la peticionaria de amparo la determinación recaída a dicha solicitud, en el lugar que para tal efecto señaló [.]". Se apercibe a la autoridad responsable, que de no hacer lo requerido en el tiempo otorgado (tres días), o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. [10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; página 7. P./J. 60/2014]. También se le apercibe que, en caso de no acatar el presente mandato, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo vigente. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes y con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Toluca, Estado de México, siendo las diez horas con cincuenta minutos del veinte de mayo de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 43********************/********************0********************, promovido por ********************, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México; estando en audiencia pública el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien es asistido por el licenciado Oscar Jesús Segundo Suárez , Secretario con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 1********************4 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de las constancias que integran el expediente, entre las que se encuentran: la boleta de turno, demanda inicial, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 1********************4 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionados los autos y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, el cual debe ser considerado al resolver el presente juicio de amparo. A continuación, se abre el período probatorio y se da cuenta con las remitidas por: El Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, al rendir su informe justificado, (fojas 17 a ********************7). La parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 1********************3 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración al resolver el presente asunto, conforme al valor probatorio que legalmente merezcan, con lo cual se cierra la etapa respectiva. Se abre la fase de alegatos y el Secretario certifica: Que las partes no formularon alegatos, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formuló pedimento alguno. Acto continuo, se cierra el periodo de alegatos y al no haber diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la audiencia en las etapas referidas, por lo que se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 43********************/********************0********************, promovido por ********************, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de abril de dos mil dieciséis (fojas ******************** a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- El C. Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México,...". "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo constituye la falta de contestación en breve término y forma congruente al escrito presentado ante la Delegación del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de Toluca, en fecha ********************6 de enero de ********************0********************, que fue identificado con el número de solicitud de trámite ********************; mediante la cual solicité la expedición de mi título de propiedad, con el cual me acredite como titular del solar ********************, manzana ********************, zona ********************, derechos que se ubican en el poblado ********************, Municipio de ********************, Estado de México.". SEGUNDO. En su demanda de amparo la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos ******************** y ******************** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Este juzgado de Distrito, al que por razón de turno tocó conocer de la demanda en cita, mediante proveído de siete de abril de dos mil dieciséis, admitió a trámite la demanda de que se trata; tuvo como acto reclamado el consistente en "la falta de contestación en breve término y forma congruente al escrito presentado ante la Delegación del Registro Agrario Nacional en la ciudad de Toluca"; consecuentemente, pidió el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención legal que le corresponde y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado quinto de Distrito es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, constitucionales; 36 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 4******************** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/********************015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto omisivo a una autoridad administrativa cuya residencia se ubica dentro del territorio en que ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar los actos reclamados, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/********************000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3********************, tomo XI, abril de ********************000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Luego, atendiendo al contenido de la demanda de amparo y a la totalidad de las constancias allegadas al presente sumario, este órgano jurisdiccional concluye que los actos que se reclaman en la vía constitucional consisten en: La omisión de dar respuesta a su escrito de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, por el cual solicitó la expedición de su título de propiedad, mismo que presentó en esa data ante la oficialía de partes de la Delegación Estado de México del Registro Agrario Nacional. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, pues no obstante que al rendir su informe justificado, lo acepta parcialmente, de las constancias que anexó como complemento a su informe con justificación, se colige la certeza del mismo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia, sea que lo hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, de conformidad, con el artículo 6******************** de la Ley de Amparo. En el caso, las partes no hicieron valer la actualización de alguna causa de inejersatividad, ni este órgano de Control Constitucional, de oficio, advierte alguna, por lo que se procede al análisis del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación expresados. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Uno de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección constitucional solicitados, como se argumentará a continuación. La peticionaria de amparo aduce que se viola en su perjuicio la garantía contenida en el artículo ********************° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable no ha dado contestación a su petición formulada el día veintiséis de enero de dos mil dieciséis. El artículo ********************° de la Constitución Federal, establece: "Artículo ********************o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De tal precepto constitucional, y en torno al derecho de petición se colige que deben actualizarse las siguientes premisas: 1. La existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa. ********************. La correlativa obligación de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada; y, 3. Notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. Robustece lo anterior la jurisprudencia: P./J. 4********************/********************001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiséis, Tomo XIII, del mes de abril de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo ********************o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.". Así pues, la obligación que impone el precepto Constitucional que se analiza, consiste en que el ente público está obligado a responder toda petición por escrito, en un breve término, el cual debe de entenderse como el tiempo razonable en que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva y en la especie, este resolutor federal estima que dada la naturaleza de la petición, no requiere mayor plazo para dar respuesta a lo solicitado en términos del artículo ********************° Constitucional, sin que obste el hecho de que no se prevea disposición expresa en la materia el término para que se dé respuesta a cualquier solicitud, sin embargo, el citado magno obliga a las autoridades que una vez que se realice una petición de manera respetuosa y pacífica, éstas se encuentran obligadas a una resolución específica por separado que corresponda al caso, en la que fundará y motivará la misma, en la que en su caso, se podrá indicar las razones por las que deben esperar un plazo de mayor término o la negativa a su petición. Cobra aplicación el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa, del rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo ********************o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses.". Asimismo, se invoca el diverso emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, octava época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, octubre de mil novecientos noventa y dos, página trescientos dieciocho, del epígrafe siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR BREVE TÉRMINO Y CUÁL ES AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo ********************o. constitucional para considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve término", debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud.". De igual manera, es preciso señalar que en tratándose del derecho de petición, la autoridad a quien va dirigida la solicitud es la obligada a dar contestación a la misma. En efecto, el hecho de que materialmente le resulte imposible a la autoridad a la que va dirigida la solicitud, dar contestación a los escritos de petición que se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien, aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con facultades otorgadas por la normatividad interna de sus instituciones, competentes para desahogar o despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos administrativos subordinados, no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. Lo anterior, con independencia del cúmulo de trabajo que tenga que desarrollar la autoridad a la que va dirigida la petición, pues el artículo ********************° constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición, en su caso, será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. Apoya lo anterior, la tesis XXI.1o.P.A.36 A, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de epígrafe y sinopsis siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo ********************o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo ********************o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo.". Ahora, del análisis de las constancias que en apoyo a su informe con justificación remitió la responsable, y que merecen eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1********************9 y ********************0******************** del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral ********************°, se advierte que el acto reclamado viola la garantía individual de la quejosa, prevista en el artículo ********************° de la Constitución General de la República. A efecto de comprobar lo anterior, conviene precisar algunos antecedentes del acto reclamado: a) El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, la quejosa presentó un escrito dirigido al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, a través del cual, le hacía la petición de que le expidiera el título del solar ********************, ubicado en la zona ********************, manzana ********************, del ejido de ********************, para lo cual exhibió diversas pruebas documentales; asimismo, señaló domicilio para recibir la respuesta que a su petición recayera (la ventanilla del Centro de Atención Ciudadana de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México), la cual quedó registrada con el folio ********************; b) En la misma data, en la oficialía de partes de la Delegación Estado de México del Registro Agrario Nacional, se recibió el escrito de petición, como se advierte del sello de recibido que fue asentado por dicha oficina; c) Luego, mediante oficio de trece de abril de dos mil dieciséis, la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos en la Delegación Estatal de citado registro, en el Estado de México, solicitó al Jefe de Área de Asistencia Técnica de dicha dependencia, informara respecto de la atención brindada a la solicitud de trámite ********************; d) Por oficio de veinte de abril del año en curso, el Jefe de Área de Asistencia Técnica de la Delegación Estado de México del Registro Agrario Nacional, en respuesta al requerimiento que le fue efectuado, informó a la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos en dicha delegación, que la promoción ********************, no se había concluido, en virtud de que en esa delegación no se contaba con los medios magnéticos para elaborar el plano individual correspondiente, por lo que remitía oficio a oficinas centrales, a efecto de que fuera ésta quien elaborara el plano y lo remitiera a esa delegación, a fin de que estuviera en condiciones de expedir el título solicitado. e) Finalmente, mediante diverso RAN-EM/ST/****************************************59/********************0********************, de diecinueve de abril del dos mil dieciséis, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, solicitó al Director General de Catastro y Asistencia Técnica de esa dependencia, le enviara los medios magnéticos o bien la parcela ubicada en el solar ********************, manzana ********************, zona ********************, del ejido de ********************, municipio de ********************, respecto de la solicitud ********************, para elaborar los planos solicitados de los diversos trámites que se realizan en esa delegación, pues se había realizado una búsqueda exhaustiva para realizar dichos planos, sin encontrarse en los archivos de esa dependencia. De lo expuesto, se colige que, como lo expone la quejosa en su concepto de violación, se transgrede en su perjuicio el artículo ********************º constitucional, pues no obstante que formuló su petición al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, de manera pacífica y respetuosa, mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, mismo que fue recibido ante la Oficialía de Partes de esa Delegación, el cual obra agregado en autos (fojas 17 a la ********************4 de actuaciones), es evidente que a la fecha -habiendo transcurrido casi cuatro meses- dicho delegado estatal no ha emitido contestación alguna a la citada petición y, por ende, la misma no ha sido hecha del conocimiento de la aquí peticionaria de amparo. Así, tomando en cuenta que la demanda de garantías fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, el seis de abril de dos mil dieciséis; en consecuencia, conforme a los criterios transcritos, debe entenderse por "breve término", aquel lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. Luego, resulta indudable, que ha transcurrido en exceso el breve término a que se refiere el artículo ********************° de la Ley Fundamental, para que la responsable, por sí, diera a conocer la contestación a la petición formulada por la ahora quejosa, en el escrito que le fue dirigido el veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Se afirma lo anterior, pues se itera, dicho ocurso fue recibido en la oficialía de partes de la Delegación Estado de México del Registro Agrario Nacional, el veintiséis de enero del año en curso, por lo que se considera que a la fecha en que se resuelve el presente juicio de amparo existió más que el tiempo necesario para que el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, emitiera la respuesta a la petición formulada por la quejosa, así como la notificara a ésta. Con independencia del cúmulo de trabajo que tenga que desarrollar el titular de la referida delegación estatal, el artículo ********************° constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. En ese sentido, si en la especie, la respuesta a la petición formulada por la quejosa, no se ha efectuado por la autoridad a la que se dirigió, es incuestionable que no se ha observado el derecho previsto en el magno ********************°, en favor de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ciento sesenta y nueve, tomo XV-1, febrero de mil novecientos noventa y cinco, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y sinopsis siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICIÓN ESTÁ OBLIGADA A DAR CONTESTACIÓN A LA MISMA. El hecho de que materialmente le resulte imposible al Secretario de Hacienda y Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien, aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, competentes para desahogar o despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos administrativos subordinados, no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar el titular de la secretaría referida, el artículo ********************o. constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En consecuencia, si bien es cierto que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen unidades o departamentos administrativos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia, este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron.". Además, a fin de respetar el derecho de petición que constitucionalmente se encuentra previsto, la autoridad ante la cual se realiza la solicitud, debe dar contestación al planteamiento, respondiendo con la debida congruencia formal, a fin de que la respuesta, acorde con el actual sistema jurídico mexicano, satisfaga las exigencias previstas en el artículo ********************°, en relación con el numeral 1°, en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general, a fin de que la información proporcionada le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Orienta el criterio del suscrito, la tesis XVI.1o.A.********************0 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página mil seiscientos setenta y dos, Libro 7, junio de dos mil catorce, Tomo II, materias constitucional y común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE ********************013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo ********************o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de ********************013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo ********************o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado.". En consecuencia, la responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, deja a la ahora quejosa en un estado de incertidumbre respecto de la suerte que corrió su solicitud, pues resulta incuestionable que se vulneró en su perjuicio un derecho público subjetivo, cuestión que amerita la concesión del amparo para el efecto de que la responsable, dé a conocer de inmediato a la peticionaria de garantías, por escrito, la respuesta que corresponda a la solicitud planteada (o la imposibilidad que tenga para atender a su petición), así como la notificación de la misma, pues sólo así podrá restituírseles en el goce de la garantía individual violada. En virtud de lo anterior, resulta fundado lo esgrimido por la peticionaria de garantías; por tanto, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que una vez que quede firme la presente determinación, si es que a esa data no lo ha hecho ya, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México: Por sí, de inmediato emita la contestación correspondiente a la petición que le formuló la aquí quejosa, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, lo cual deberá de realizar de manera congruente, completa, fundada y motivadamente; y, Notifique personalmente a la peticionaria de amparo la determinación recaída a dicha solicitud, en el lugar que para tal efecto señaló. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de los actos reclamados al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, en términos de lo expuesto y para los efectos precisados en la última parte considerativa del presente fallo. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del licenciado Oscar Jesús Segundo Suárez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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