Yocasta Vergara Reyes
Expediente 1136/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Yocasta Vergara Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, ******************** solicitó el amparo protección de la justicia federal en contra las autoridades Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, y otras, de las cuales reclamó los actos que al efecto precisó. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1136/2023-III-B, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto fracción VIII del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse una legislación estatal, con motivo de un acto de aplicación, en el que se aduce tuvo lugar dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 324, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que ésta exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. i. La aprobación, expedición, promulgación, firma, publicación y orden de expedición del artículo 53, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 166 a 169 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. ii. Los actos de discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, concretamente los artículos 11 al 34, donde se establecen diversos estímulos en materia de derechos de registro público. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, pues así se advierte del contenido de su informe justificado. La certeza de los actos que en el ámbito de su competencia se atribuyen a las autoridades antes señaladas, se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del decreto que contiene la norma reclamada, pues forman parte de un ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; de modo que constituyen presupuesto y materia propia del conocimiento del juzgador. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Máxime, que la norma impugnada se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de cuya divulgación se desprende su existencia; lo que constituye un hecho notorio, y como tal, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XV, febrero de 1995, página 205, de rubro siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, al rendir sus informes justificados alegaron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada, al constituir formatos de pago y no comprobantes de liquidación en institución bancaria. Es infundada la causal de improcedencia, contrariamente a lo aducido por las autoridades responsables, la parte quejosa sí exhibió documentos idóneos para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, ofreció como pruebas los recibos con número de folios ********************de doce de julio de dos mil veintitrés, a nombre de la parte quejosa, los cuales cuentan con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia del mencionado formato único de pago, como si se tratara de los documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por tanto, los recibos de pago en cuestión tienen plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, y gozan de valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, mayo de 2000, página 112, de rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS". En otro aspecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no demostró que se le hubiere realizado el cobro de derechos registrales, de conformidad con los artículos 53, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2023, ya que dichos preceptos se refieren a diversos supuestos cuyas contribuciones no aparecen en los recibos de pago folios ********************de doce de julio de dos mil veintitrés. Es así, pues de los referidos recibos electrónicos, sólo se advierte que la parte quejosa realizó el pago de derechos por inscripción de una operación de inscripción o trasmisión de propiedad y fomento para el deporte en el Estado. Por consiguiente, la parte quejosa no acreditó, en el caso concreto, que se hubieren aplicado en su perjuicio las disposiciones normativas antes citadas, y por ende, su interés jurídico; por lo que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 4/99, sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, febrero de 1999, página 103, de rubro siguiente: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO". Por otra parte, respecto del acto reclamado al Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, consistente en la firma y publicación de la legislación impugnada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, éste último, interpretado en sentido contrario. Ello, ya que a ésta no le corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, dado que los actos que se le reclaman no fueron impugnados por vicios propios en su intervención en el procedimiento legislativo de la norma tildada de inconstitucional. Efectivamente, en términos del artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma general reclamada, deben ser señaladas como responsables, únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios; es decir, que en la demanda de amparo se formulen conceptos de violación tendentes a desvirtuar por ilegal el procedimiento mismo del refrendo y publicación de la normativa señalada como inconstitucional. En el caso, de la lectura integral de la demanda no se advierte que la parte quejosa hubiere formulado concepto de violación alguno tendente a combatir de ilegal el procedimiento de firma y publicación de la norma reclamada en el que tiene participación la autoridad responsable. Por tanto, al no combatirse vicios propios de su actuación en el proceso legislativo del Decreto reclamado, no les corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos de esta instancia, y procede sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 23, octubre de 2015, tomo III, página 2248, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS". QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU RANSCRIPCIÓN". SEXTO. Decisión judicial. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda. La parte quejosa sostiene, en esencia, que el artículo 54, fracción II, inciso 1) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el año dos mil veintitrés, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. Lo anterior, en virtud de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila establece un derecho que aplica a los servicios prestados por el Registro Público, el cual contiene una cuota que al aplicarse la hace inequitativo y desproporcional en atención al servicio que las particulares reciben por parte del citado órgano estatal. Respecto de las contribuciones llamadas derechos, debe tenerse en cuenta que la prestación del servicio público es el supuesto de la acusación de esta contribución y que debe emitir un razonable equilibrio entre la cuota que ha de pagarse y la prestación del servicio que se recibe, por lo cual al establecerse una cuota de $23,089.00 para el registro de una escritura de compraventa o en su caso del registro de un crédito hipotecario, desatiende el costo que para el Estado representa la realización del servicio que el particular recibe. Agrega, que como los artículos 53, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 64 y 65 en estudio cuando se refieren a la inscripción de la escritura relativa a los contratos de transmisión de propiedad o compra-venta y de créditos hipotecarios de cualquier tipo, como sucede en el presente caso, dispone que se pagarán los derechos de acuerdo a la fracción II del artículo 54 y a la fracción II del artículo 60 de la ley, estableciéndose que se pagara la cantidad de $23,089.00, y en relación a la cancelación de la hipoteca/cancelación convenio modificatorio se causara el 10% de los derechos que se causaron por su inscripción; por lo que es de hacerse notar que esta ley no satisface los extremos exigidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que no representan el costo del servicio que al respecto brinda el Estado y por otra parte, toma en cuenta aspectos ajenos al servicio, como puede ser el tipo de operaciones a registrar, como, por ejemplo, la cancelación de una hipoteca en la que se determina su costo en base a los derechos que se causaron por su inscripción. Se afirma lo anterior, en virtud de que el supuesto costo de $23,089.00 establecido en la Ley, no representan el costo del servicio que al respecto brinda el Estado, pues por servicios similares se cobra la cantidad de $284.00 (Articulo 54, fracción 1), pero además porque anteriormente, en el año 2016 se cobraba una cuota mínima para el servicio de registro de $1,640.00 y posteriormente en el año 2017 se reforma dicha Ley, y tuvo un incremento desproporcional a la cuota de $10,000.00 y posteriormente en el 2018, de nueva cuenta se modifica la Ley con un nuevo incremento a la cuota de $13,250.00, para posteriormente fijarla en $13,900.00, y para el 2020 de nueva cuenta se modifica la Ley con un nuevo incremento a la cuota de $14,317.00, para el año 2021 se incrementa la cuota a la absurda y desproporcionada cantidad de $20,000.00, y finalmente para el año 2022 se estableció la cantidad de $21,300.00, por lo que es evidente que resultan desproporcionales los aumentos que se dieron desde el año 2016, tomando en cuenta el índice de inflación y la actualización de los costos que se pudieran generar, el que se haya incrementado en más de 600% su valor en tan solo unos años y posteriormente de unos meses a otros, tal y como sucede en el caso para el año 2021 que subió la cuota de $14,317.00 a $20,000.00, es decir casi el 40% de un año para el otro, y si bien es cierto para el ario 2022, únicamente aumento la cantidad de $1,300.00 quedando en una cantidad de $21,300.00, lo cual es acorde a la inflación, no menos cierto es que dicha cantidad $21,300.00 tiene como antecedentes y como base las cantidades que fueron determinadas desde el 2016 al 2021, especialmente la del ejercicio 2021 en la que se subió la cuota de $14,317.00 a $20,000.00, sin ajustarse al índice inflacionario y sin que se haya justificado en la exposición de motivos el por qué se determinó dicha cuota de $20,000.00, lo que se traduce en que la cuota de $21,300.00 también sea Inconstitucional al tener su base en dicha cuota de $20,000.00, De ahí que resulte fuera de toda proporción el cobro realizado al quejoso par el servicio recibido. Afirma que el Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, concretamente los artículos 11 al 34, donde se establecen diversos estímulos en materia de derechos de registro, transgrede el contenido del artículo 1° Constitucional, en específico la garantía de igualdad, al establecer un trato distinto a personas que se encuentran en la misma situación jurídica, sin que se haya justificado debidamente por el ejecutivo y el legislativo dicha distinción. El decreto que establece los estímulos fiscales respecto al cobro de derechos de registro por lo que hace a compraventas de inmuebles y créditos hipotecarios, señala que a lo cuota establecido en los artículos 54, fracción II y 60, fracción II, de lo Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, les aplicar un descuento el cual se determinara en base al valor de la operación, el valor catastral o en su coso el valor indeterminado. Lo anterior, es evidente que es inconstitucional, pues dichos tablas no respetan el principio de igualdad en tanto que las tarifas o tablas de descuentos al no ser progresivas resultan desiguales, pues las tablas que establecen los estímulos o descuentos de la cuota a pagar prevén una estructura de rangos y tasas en la cual el aumento en una unidad del parámetro de medición del descuento a aplicar, que provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior, conlleva un decremento del descuento o estímulo a aplicar, que disminuye el descuento a aplicar en una proporción menor a la que tiene lugar en el renglón inferior, por lo que dicho situación no otorgan un trato equivalente o igualitario a los que se encuentran en la misma situación, pues al rebasar los contribuyentes en una unidad el límite superior de un rango y quedar comprendidos en el siguiente, les resulto un decremento considerable del descuento a aplicar, proporcionalmente menor al incremento del valor, y si se torne en cuenta que lo tarifa progresiva toma en cuenta el monto de lo operación en su totalidad y no solamente en la porción que exceda de cada rango, opera un decremento cuantitativo en el estímulo a aplicar, lo que implica un trato desigual en relación con los contribuyentes que se ubiquen en el tope del rango inmediato inferior. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar que por razón de método, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa se analizaran de manera conjunta, dada la simetría de su contenido, y en un orden distinto al que fueron planteados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". De inicio, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". De la anterior trascripción, se colige que en materia tributaria las leyes y los actos realizados con apoyo en éstas, deben atender entre otros, a los principios de proporcionalidad y equidad, además de que toda contribución, debe cumplir con los requisitos de legalidad, que significa que debe estar prevista en la ley, ser equitativa y proporcional y destinarse a sufragar los gastos públicos; tratándose de derechos fiscales, éstos principios de proporcionalidad y equidad están regidos por un sistema distinto al de los impuestos, dada la naturaleza de este tipo de contribuciones. La contribución en análisis es un derecho, definido en el artículo 3º del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Entonces, los derechos por servicios, son una especie del género de las contribuciones, que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo. Así, la causa generadora de los derechos es la prestación de un servicio, característica que los distingue de las demás contribuciones, y para que cumplan con los principios de equidad y proporcionalidad establecidos el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciban igual servicio, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el estado tenga la ejecución del servicio. Pues bien, los artículos 54 y 60 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2023, establecen lo siguiente: "(ANTERIORMENTE ARTÍCULO 79, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) ARTÍCULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $308.00 (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) (REFORMADA PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) II. Se pagará una cuota de $23,089.00 (VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. 2). Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades civiles y asociaciones de carácter civil, así como cualquier modificación a la escritura constitutiva. 3). Los contratos mercantiles en que medie condición suspensiva, resolutoria, reserva de dominio o cualquier otra modalidad que dé lugar a una inscripción complementaria para su perfeccionamiento. 4). La inscripción de gravámenes sobre bienes inmuebles, sea por contrato, por resolución judicial o por disposición testamentaria; la de los títulos por virtud de los cuales se adquieran, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles, distintos del dominio; los que limiten el dominio del vendedor, del embargo, así como de cédulas hipotecarias, de servidumbres y de fianzas. 5). (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 6). Las inscripciones que deriven de la inscripción de actos jurídicos por los que se deban pagar los derechos establecidos en el artículo 60 fracción II, de la Sección de Comercio. 7). La inscripción de títulos de propiedad, de bienes o derechos que modifiquen, aclaren o disminuyan el capital y sólo sean consecuencia legal de contratos que se otorguen por las mismas partes que figuran en la primera escritura, sin aumentar el capital ni transferir derechos. 8). La inscripción del título o contrato cuando se aumente el capital o se transfiera algún derecho. (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. (ANTERIORMENTE ARTÍCULO 82, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) . ARTÍCULO 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial deniegue por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagará $308.00 (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) (REFORMADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017); II. Se pagará una cuota de $23,089.00 (VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). La inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital social. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 2). Tratándose de sociedades mercantiles de capital fijo, por los aumentos de capital que se presente para su inscripción y sus modificaciones; (REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) 3). La inscripción actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción deban registrarse, incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. III. (DEROGADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017). IV. (DEROGADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017);" De los preceptos legales transcritos, se observa que establecen una cuota fija de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por la inscripción ante el Registro Público de los documentos que ahí se señalan, tales como la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por medio de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado; así como la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Asimismo, se advierte que esa tarifa incluye los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. Ahora bien, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, los citados artículos en modo alguno establecen distintas tarifas ni hacen distinción entre los actos jurídicos que son materia de inscripción, pues como se puede advertir de su contenido, éstos establecen la misma tarifa tanto para inscripción de documentos en los que se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado, así como aquéllos en los que conste la celebración de contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Dicho de otro modo, los preceptos legales en análisis no introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho -como es el valor de lo que ha de inscribirse-, toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad y créditos de cualquier clase, a razón de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, al fijar el legislador una cantidad para todos los casos en los cuales se solicite la inscripción o cancelación de inscripción se cubrirá la misma cuota establecida independientemente del monto de la operación. Además, tampoco existe un mecanismo que tome en consideración el monto de la operación del acto jurídico o documento a inscribir, para cuantificar el derecho por la inscripción, esto es, no se prevé algún elemento extraño para la fijación del costo, sino que, según esa norma, es igual para todos los que reciben el mismo servicio. Por tanto, si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que los preceptos impugnados no adolecen del vicio de inconstitucionalidad aducido, y por ende, no trasgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, el hecho que sobre la cuota fija señalada como contraprestación por la realización del servicio, el legislador hubiere determinado la aplicación de un estímulo fiscal que será calculado de acuerdo con el valor que resulte mayor entre el de la operación, el del avalúo o el catastral o entre otros factores, ello no implica que se transgredan los principios de justicia tributaria, porque en primer término se determina la cuota fija para todos los que soliciten el mismo servicio, y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal concedido por el legislador, el cual para nada incide o repercute en alguno de los elementos esenciales del derecho de inscripción reclamado, para poder considerar que el estímulo tenga una relevancia impositiva. Es así, porque éste no integra ni forma parte de la mecánica para la determinación del derecho, ya que incluso, desapareciendo el estímulo fiscal concedido por el legislador, todos los elementos esenciales del derecho combatido subsisten, debido a que el estímulo no está adherido a ninguno de esos elementos esenciales, como son el sujeto pasivo, el objeto del derecho, la base, o su tasa o tarifa; por lo que, la aplicación del estímulo no rompe con la naturaleza del derecho de inscripción impugnado, pues primero se determina la tarifa que se está cobrando como contraprestación de acuerdo al costo fijado por el legislador y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal correspondiente. Así, aun cuando en algunos casos se aplica un estímulo del 80% y en otros no existe estímulo por el monto de la operación a registrar, por el valor de la operación; lo cierto es que ello no significa que la ley dé un trato distinto a personas que se encuentran en situaciones análogas, pues el valor de la contraprestación fijada por el legislador es igual para todos los sujetos que solicitan el servicio; y si bien, posterior a la determinación del pago de la contraprestación, se puede aplicar un estímulo al contribuyente dependiendo del valor de la operación, fijado de acuerdo a una tabla que va de un límite inferior a límite superior, esto de ninguna manera implica que se dé un trato inequitativo o desproporcional a personas que solicitan el mismo servicio, pues en este caso, el estímulo fiscal no incide o repercute en alguno de los elementos del derecho. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J.26/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, marzo de 2010, página 1032, de rubro siguiente: "ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.185/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, diciembre de 2010, página 497, de rubro siguiente: "ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA". Máxime, que la parte quejosa omitió aportar medios de prueba a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previstos en los preceptos 54, fracción II, inciso 1) de la Ley de Hacienda de Coahuila de Zaragoza, es superiores al costo que tiene en el mercado, y por ende, desproporcional, pues únicamente exhibió como probanzas las documentales consistentes en los recibos con números de folios ********************de doce de julio de dos mil veintitrés, las cuales si bien tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no son idóneas para configurar un parámetro que permita determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. Apoya lo expuesto, la tesis 2a. CX/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 2, enero de 2014, tomo II, página 1589, que señala lo siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, por lo que hace al artículo 54, fracción II, inciso 1) de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza. SÉPTIMO. Contribuciones accesorias. Se advierte la aplicación del 169 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con motivo de su aplicación en los recibos de pago folio********************de doce de julio de dos mil veintitrés, por conceptos de "fomento para el deporte en el estado". Sobre esas contribuciones adicionales existe jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que es inconstitucional la legislación cuando se establece un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos; por lo que, sólo respecto a esos artículos procede la suplencia de la queja, en términos de la fracción I del artículo 79 de la Ley de Amparo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 2, página 1288, de rubro siguiente: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA". Así, los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en los impuestos adicionales contravienen el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 53-A 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, disponen lo siguiente: "(ADICIONADO, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) CAPÍTULO SÉPTIMO (REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) DEL IMPUESTO PARA EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO OBJETO ARTÍCULO 53-A. Es objeto de esta contribución la realización de pagos por concepto de impuestos, derechos y cualquier otra contribución que se cause conforme a la presente ley y demás disposiciones fiscales del Estado, así como los accesorios que se paguen. . TASA (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADO, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (ANTERIORMENTE ARTÍCULO 187, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) ARTICULO 169. La cuota correspondiente a esta contribución para el fomento al deporte, será de $10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.), sobre el monto de uno de los pagos por concepto de los impuestos, derechos y cualquier otra contribución y los accesorios de éstos, que se paguen con excepción de los señalados. . (REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) ARTICULO TERCERO.- Con el propósito de sufragar los gastos que origina al Estado el mejoramiento y modernización de las áreas que tengan a su cargo la prestación de los servicios relacionados con el Registro Público, se causará un impuesto adicional del 10% sobre los derechos que se causen por los servicios que presta el Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, establecidos en esta ley. El pago de este impuesto deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de rentas de la Secretaría de Finanzas, instituciones de crédito o establecimientos autorizados, en el mismo recibo con que se realicen los pagos objeto de este impuesto." De lo anterior, se advierte que dichos impuestos tiene por objeto gravar el cumplimiento de otras obligaciones fiscales, pues la base sobre la cual se calcula su monto se conforma con el importe de los pagos de otras contribuciones estatales, al que debe aplicarse la tasa indicada, lo que revela que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza, que estuviera previamente sujeta imposición a través de un impuesto primario, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos que se hagan de otras contribuciones. En ese sentido, la parte quejosa acreditó la aplicación de los impuestos, con el recibo señalado correspondiente al pago de las contribuciones ahí destacadas. Así, las citadas contribuciones accesorias, resultan contrarios a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, en tanto que no participan de la misma naturaleza jurídica del tributo primigenio sobre el que se calcula su monto, ya que al ser su objeto la cantidad que se llegue a pagar por otra contribución, se desnaturaliza la esencia misma del impuesto y sus finalidades. Ello es así, en tanto que la base sobre la cual se calcula el monto de los mencionados impuestos, se conforman con el importe del pago de otras contribuciones estatales, a los cuales debe aplicarse la tasa del 22.5% y 10%, respectivamente. En ese sentido, la expresión económica elegida por el legislador para estructurar el hecho imponible, de manera alguna refleja la capacidad contributiva de los causantes como elemento indispensable del tributo, pues atiende al monto realizado con motivo del pago de una contribución diversa -derechos inscripción de documentos-; de ahí que, la circunstancia de que esta erogación sea considerada como hecho imponible, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, pues no toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente, ya que no grava sus ingresos, utilidades ni rendimientos, en tanto que tiene por objeto gravar los pagos por conceptos de impuestos, derechos y cualquier contribución establecida en la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 2, página 1288, de rubro siguiente: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA". Por consiguiente, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, realice lo siguiente: a) Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 169 de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, y no lo aplique en lo futuro. b) Deje sin efecto los actos de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, contenidas en los recibos de pago con número de referencia********************de doce de julio de dos mil veintitrés, y se devuelvan las cantidades enteradas por concepto de "fomento para el deporte en el estado". En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, febrero de 2008, de rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)". Cabe aclarar que con independencia que en este juicio no se señaló como autoridad responsable al Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, esta determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia, entre ellas a la autoridad antes citada; y por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, mayo de 2007, página 144, de rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las razones y para los efectos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente.
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JUICIO DE AMPARO 1136/2023-III-B AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Torreón, Coahuila, a las trece horas del once de octubre de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario quien da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y con los informes con justificación rendidos por la autoridades responsables, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado formuló alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse a la parte quejosa formulando alegatos de su intención y por perdido el derecho de las demás partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública.
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Se notifica por lista al tercero interesado Héctor Federico Sotelo Hernández Notario Público 1 y se le emplaza a juicio Agréguese a los autos la razón actuarial del actuario adscrito, mediante la cual informa que no le fue posible notificar personalmente a la tercera interesada Rosa María del Carmen Hernández Nava, toda vez que la misma ya no se encuentra adscrita como titular de la Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial de Lerdo; asimismo, comunica que el licenciado Héctor Federico Sotelo Hernández es actualmente dicho titular. Emplazamiento. En términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso b) y fracción II, inciso b), se comisiona al actuario de la adscripción, para que se constituya en la Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial de Lerdo, y emplácese a Héctor Federico Sotelo Hernández; corriéndole traslado con la copia del escrito inicial de demanda que dio origen al presente juicio constitucional, auto admisorio y del presente auto.
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Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, porque no ha transcurrido el plazo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las trece horas del once de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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