Yoatzin Keyla Padua Felipe
Expediente 380/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Yoatzin Keyla Padua Felipe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el oficio 534/2023, a través del cual la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Ahora bien, la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tiene como trascendencia jurídica que la autoridad responsable, realice lo siguiente: ". Emita, con libertad de jurisdicción, el acuerdo correspondiente a la promoción de solicitud de reinstalación, presentada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 532/04/2018, de su estadística. ." Bajo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada de amparo, la autoridad responsable informó a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la misma y, al efecto, remitió copia certificada del acuerdo emitido el doce de abril de dos mil veintitrés, en el cual proveyó respecto a la promoción presentada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por el apoderado legal de la aquí quejosa Yoatzin Keyla Padua Felipe, dentro del expediente laboral de origen 534/4/2018, fijando fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación de la mencionada quejosa, en las instalaciones de la demandada Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas. Documental a la que se le otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se dio vista a las partes a efecto de que manifestaran su conformidad, o no, con el cumplimiento respectivo, sin que a la fecha hayan desahogado la vista otorgada. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto; conclusión a la que se arriba al tomar en cuenta que cumplió a cabalidad con los términos de la ejecutoria de amparo, lo que conlleva a establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se concedió el amparo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y notifíquese a las partes en el juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario de Juzgado Mario Alberto Lara Escalante, que autoriza y da fe.ADRO
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de proveído de diez de abril del año en curso, remite copia certificada del acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente laboral ********************, de su índice, del que se observa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Por lo que, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de la parte quejosa y tercero interesado el oficio de mérito y resolución que acompaña por el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente auto, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este tribunal de amparo se pronunciará sobre el particular. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil veintitrés, haya sido recurrida por las partes legitimadas para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que amparó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, tomando en consideración que la sentencia dictada en el presente concedió el amparo y protección a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificado del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite. [...] En otro orden de ideas, téngase por recibido el escrito presentado por el licenciado ****, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, dígase al ocursante que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con asiento en esta ciudad, que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, y el diez de febrero del año en curso, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; dada la naturaleza del acto reclamado se tuvo como tercero interesado al Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas"; se dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto se reclama a una autoridad con residencia en el territorio sobre el que este órgano constitucional ejerce jurisdicción. Además, sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia PC.XV. J/34 L (10ª.), emitida por el Pleno del Decimoquinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, Materia Común, página 1393, registro 2017790, del rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO Y ACORDAR PETICIONES, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA". SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que el acto materia de estudio consiste en: Autoridad responsable Acto reclamado Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en el Estado, con sede en esta ciudad. La omisión de acordar promoción de solicitud de reinstalación, dentro del expediente laboral ******************** TERCERO. Existencia del acto reclamado. La referida autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, no obstante ello, de sus manifestaciones y constancias que adjuntó a su informe se evidencia la certeza del acto reclamado, de ahí que se tenga por plenamente probado el mismo. CUARTO. Causales de improcedencia. Las causas de improcedencia son de orden público, por lo que deben ser analizadas previamente al estudio de fondo del asunto, aun cuando las partes lo aleguen o no, en términos del último párrafo del numeral 62 de la Ley de Amparo. En el caso, quien esto resuelve no advierte de oficio alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, así como tampoco fue invocada una por las partes; por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de fondo. Se procede al examen de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 164618), bajo el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Los conceptos de violación son fundados por las razones que a continuación se expresan. En el caso, se trata de una conducta omisiva, que se traduce en no acordar la promoción exhibida por la parte aquí quejosa el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral ********************, del índice de la prenombrada autoridad responsable; en tal virtud, los derechos contemplados en dichos numerales no son aplicables en la especie y, por consiguiente, el punto de inconformidad que formuló el accionante resulta inexacto. Por tal motivo, el examen de los conceptos de violación se efectuará sólo a la luz de lo que dispone el citado artículo 17 Constitucional, que no obstante que no se aduce vulnerado, y sólo señala los diversos 14 y 16, su análisis se realiza en suplencia del error en la cita de dichos preceptos, en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Federal, segundo párrafo, establece: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" Por su parte, los diversos numerales 685 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. ..." "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en las que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." De los preceptos antes citados, se desprende que, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 17 constitucional, las autoridades encargadas de impartir justicia tienen la obligación, al emitir sus determinaciones, en ceñirse a los plazos y términos previstos en la ley, sin excepción alguna. Por su parte, de los diversos numerales 685 y 838 de la Ley Federal del trabajo se señalan los términos a los que deben sujetarse las actuaciones de las juntas de conciliación y arbitraje en los procedimientos laborales; así, en lo que interesa, establecen que las Juntas dictarán sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito. En la especie, la parte quejosa presentó escrito ante la junta responsable el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha dicha autoridad haya acordado lo correspondiente al referido escrito. En ese orden de ideas, de los preceptos legales antes transcritos, se colige que es claro que la Junta responsable se encuentra obligada a acordar sobre la promoción de la quejosa, pues como lo dispone el citado artículo 838 de la ley laboral, la contestación a los escritos presentados por las partes en el procedimiento laboral deben producirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquella en la que se hayan recibido, lo que, como se asentó, en la especie no acontece, máxime que al rendir su informe justificado la responsable de mérito deja en evidencia la violación de que es objeto la parte quejosa. Dicho lo anterior, es claro que la junta laboral en comento incurre en exceso de demora en acordar lo conducente a la promoción a que se ha venido haciendo referencia, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo [ocho de febrero de dos mil veintitrés], ha transcurrido un tiempo considerable sin que la promoción haya sido acordada, lo que conduce al conocimiento de que existe un notable retardo por parte de la junta responsable en proveer lo procedente en derecho respecto del ocurso presentado por la parte quejosa dentro del juicio natural. Apoya lo considerado, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, donde aparecen como datos de publicación, la página 1283, del Tomo XXII, relativo a Septiembre de 2005, Novena Época, registro 177266, Materia Laboral, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En las relatadas circunstancias y con la finalidad de evitar que el procedimiento natural se continúe retardando injustificadamente, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a ********************para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, el amparo que se concede es para el efecto que la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Emita, con libertad de jurisdicción, el acuerdo correspondiente a la promoción de solicitud de reinstalación, presentada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral ********************, de su estadística. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se: Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos señalados en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese.
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