Yoani Marquez Acosta
Expediente 952/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/08/2022
Partes del expediente
- Yoani Marquez Acosta
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción en un plazo de tres años; el presente asunto no tiene relevancia documental. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al cuaderno principal documentos que por sus características amerita ser devuelto, de conformidad con lo previsto por la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo aludido.
- Principal
Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta suscrita por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de doce de agosto pasado, por las razones que ahí expone. Por tanto, acorde a lo establecido en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, practíquese la notificación del proveído de doce de agosto pasado, a la parte quejosa, vía electrónica a través del usuario***, inclusive las subsecuentes que así deban serlo; ello por así solicitarlo la parte promovente del amparo en el escrito inicial de demanda.
- Principal
NPQ. El quejoso no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor; se tiene por no presentada su demanda de amparo. Visto el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Jefe de Jurídico y Atención al Migrante de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Querétaro, en representación de las siguientes autoridades: - Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Querétaro; y, - Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Querétaro (denominación correcta). Se ordena dar vista a las demás partes para los efectos legales conducentes. Se tienen los correos electrónicos y número de teléfono que indica para que, de ser el caso se entablen comunicaciones no procesales.
- Principal
NPQ. Se tiene por recibida la demanda de amparo, se ordena la formación de los expedientes impreso y electrónico respectivos. El acto reclamado gira en torno a: La deportación o expulsión del quejoso a su país de origen; la orden de detención, presentación, alojamiento temporal, privación de la libertad fuera de procedimiento; así como actos de incomunicación y maltrato. Ahora bien, de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el quejoso es de nacionalidad cubana y fue detenido el ocho de agosto de dos mil veintidós, por elementos del Instituto Nacional de Migración y desde esa fecha se encuentra incomunicado y tiene temor fundado de ser deportado a su país de origen. En ese sentido, cabe precisar que el ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, la incomunicación, deportación o expulsión, desaparición forzada de personas son algunos de los actos respecto de los que, dada su urgencia y gravedad, procede la suspensión de plano, de conformidad con los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá comunicar sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Lo previamente considerado es acorde al contenido del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el cual dispone que de ser procedente la suspensión y al atender a la naturaleza del acto, el juzgador puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal. Luego, los actos que por esta vía reclama la parte quejosa se ubican en los actos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, dado que como se narró precedentemente el justiciable manifiesta actos de incomunicación, inminente deportación o expulsión del territorio nacional y ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, en su calidad de inmigrante. Aunado a que este juzgador no puede soslayar el contenido del "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional", dado que en el presente asunto se está en presencia de una inminente deportación y privación de la libertad de persona migrante. Se decreta la suspensión de plano de todo acto que ocasione la deportación, expulsión, retorno al país de origen, retención y/o restricción de tránsito del quejoso entendidos éstos como los actos jurídicos administrativos dictados por la autoridad migratoria para hacerlo abandonar el territorio nacional al extranjero; independientemente de la denominación o figura bajo la cual se pretenda devolverlos a su país de procedencia. Asimismo, deberán cesar los actos de incomunicación y tortura, y se suspenda cualquier orden de los actos que tengan relación con los anteriormente señalados y que ocasionen la expulsión del territorio nacional de la que pudiera ser objeto el demandante y quede en las instalaciones de la dependencia, unidad, instituto o en el lugar donde se hallase, pero a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en lo que se refiere a su libertad personal. Lo anterior, dado que a consideración del suscrito, la ejecución de los actos que se reclaman haría físicamente imposible la restitución de la parte accionante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, pues la Ley General de Población no prevé la posibilidad de que un gobernado pueda ser devuelto al territorio nacional, de concederse a éstos el amparo y protección constitucional; y no obstante que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que los efectos del amparo consistirán en restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, y en el caso no sería factible, porque ello implicaría que la sentencia de amparo tuviera efectos extraterritoriales y se impusiera su cumplimiento a autoridades de un país distinto sobre las que no se tiene jurisdicción. Lo anterior, además, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus artículos 18, 19 y 20, Apartado A, el derecho del detenido a ser tratado con dignidad, que comprende diversos derechos inherentes a la persona detenida y el trato al que deben ser sujetos mientras se encuentran privados de su libertad, encontrándose entre éstos, por ejemplo, la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso. Bajo esa premisa, es necesario realizar un análisis integral de la demanda, de la que se advierte la afirmación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa en el sentido de que es de origen cubano y que ingresó a territorio de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, fue detenido por las autoridades responsables y tiene el temor fundado de que ordenen y ejecuten su deportación al país de su procedencia y le impongan la prohibición o limitante para transitar libremente por territorio nacional. Motivos de expresión que resultan suficientes para conceder la medida cautelar de mérito, pues conforme al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, y al existir la probabilidad de que la autoridad migratoria haga abandonar al quejoso el territorio nacional por no reunir o dejar de satisfacer los requisitos para su permanencia en el país, es que este órgano jurisdiccional concede la suspensión de plano. Luego, si la parte promovente del amparo, se encuentra en las instalaciones de las autoridades migratorias, éstas deberán garantizar en todo momento el cúmulo de derechos que la legislación migratoria prevé en su artículo 109, entre los que destacan de manera enunciativa más no limitativa: I. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español. II. Acceder a comunicación telefónica. III. Recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enceres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario. IV. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal, conforme a los horarios y procedimientos administrativos reglamentarios aplicables al caso, y con las medidas de seguridad y sanitarias que estime pertinentes la autoridad responsable. V. Así como todos aquellos que tengan como fin conservar la dignidad, vida e integridad física del accionante. La suspensión de plano concedida, no suple de modo alguno al pasaporte, además, esta medida cautelar sólo surtirá efectos respecto del accionante y dejará de hacerlo en los siguientes supuestos: a) Si se trata de actos distintos a los expuestos en la demanda; b) Si éstos fueron emitidos por autoridades diversas a la señalada como responsable; o, c) Si con la suspensión decretada se permite la consumación o continuación de delitos y sus efectos. d) Si el agraviado se encuentra privado de su libertad personal con motivo de una resolución emitida por una autoridad judicial dentro de algún proceso penal, esta suspensión no surtirá efecto si el referido juez de la causa determina su traslado a algún centro de reclusión dentro de la República Mexicana, según corresponda. Además la suspensión decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratorios establecidos en la Ley Migratoria y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Informe sobre suspensión de plano decretada. Con fundamento en los artículos 125, 127, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídase el informe correspondiente a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir de inmediato, incluso antes de las veinticuatro horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresará si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuye, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar la información que tengan a su alcance relativa a los actos reclamados. En el entendido de que en el informe que rindan en cumplimiento a la suspensión de plano aquí otorgada, dichas autoridades responsables deberán acompañar las constancias con las que demuestren haber dado cumplimiento a suspensión de plano. En el entendido de que el informe sobre la suspensión de plano que habrán de rendir, podrá remitirlo vía correo electrónico oficial, 7jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx, ello a fin de eficientar la integración del presente asunto y preservar la seguridad y salud del personal correspondiente, ante las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, lo anterior con la finalidad de evitar la propagación de dicha enfermedad y obedecer a la protección del derecho humano a la salud tanto de las partes como de los usuarios de los servicios del Poder Judicial de la Federación y el personal de este juzgado federal. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe solicitado, cumplir con los requerimientos que se les formulan dentro del plazo que se les concede, o bien, no expresar el impedimento legal o material que tengan para ello, se harán acreedoras a una multa equivalente a cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita. Asimismo, se faculta a la fedataria de la adscripción, a efecto de que dirija los oficios correspondientes, mediante la inserción de la denominación correcta de las autoridades responsables de que se trate, pudiendo testar el que estuviere incorrecto y señalar la denominación que estime pertinente sin ulterior acuerdo; quedando la autoridad así designada vinculada al cumplimiento de la medida cautelar, pues de conformidad con el artículo 1° Constitucional, segundo párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, las normas relativas a los derechos humanos se deberán interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; de modo que, las autoridades no designadas quedan obligadas a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo. En el mismo sentido, hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto por el artículo 215, fracción III, del Código Penal Federal, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito, para los efectos a que haya lugar. Ratificación de demanda. Ahora bien, dado que la demanda del quejoso fue presentada por conducto de diversa persona, se comisiona a la Actuario Judicial adscrita, para que se constituya en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Querétaro, donde se encuentra el quejoso y realice lo siguiente: Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiera al quejoso para que en ese acto, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor; en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas en este expediente principal, así como todo requerimiento relativo formulado a las autoridades señaladas como responsables. Se previene a las autoridades señaladas como responsables, para que otorguen las facilidades necesarias a la actuaria de este Juzgado de Distrito para el efecto de que pueda dar cabal y debido cumplimiento a lo ordenado en este auto, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. Por otra parte, en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo. Se tiene como autorizada en terminos restringidos a quien indica, Se autoriza la consulta y notificaciones electrónicas del presente juicio al usuario que precisa y se ordena se practiquen las notificaciones aun las de carácter personal, vía electrónica a través del usuario antes indicado. Se habilitan días y horas inhábiles. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario. Se hace del conocimiento de las partes que pueden oponerse a la publicación de sus datos personales.
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