Yoana Lizeth Gavirio García
Expediente 620/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Yoana Lizeth Gavirio García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 401-T-DGAJ-DGAGPL-DG-07349-2017, signado por la Directora General Adjunta de Garantías, y Procedimientos Legales con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 18340/2017-MM, de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, a través del cual se le remitió el billete de depósito con folio N 732510, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación, se hizo efectivo el depósito del billete a favor del Erario Federal, y su importe fue concentrado en la cuenta respectiva de dicha tesorería; de lo que queda enterado este Órgano Jurisdiccional, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvase el presente expediente al archivo, toda vez que mediante proveído de seis de noviembre de dos mil catorce (fojas 41 y 42), se ordenó archivar por tratarse de un asunto concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa ***, no impugnó el proveído de diecinueve de julio de la presente anualidad (fojas 12 a 20), por el que se desechó su demanda de amparo; dentro del plazo que la ley otorga; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte quejosa por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de amparo 620/2017 por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
- Principal
I. Presentación de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad responsable denominada Juez de Primera Instancia en Materia Familiar Oral, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y Actuario de su adscripción. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 620/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente reclama el acto consistente en: "...De la responsable reclamo la orden emitida en el auto de fecha siete de julio del año 2017, dictado dentro del expediente familiar 590/2017, en el que me priva y mismo que combato en el presente juicio de garantías en virtud de que dicho auto que se combate ordena dejar sin efecto oficio de descuento de pensión alimenticia número 597/2017 autorizado por el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Ciudad Acuña, Coahuila, de fecha veintiuno de junio de 2017 en el orden del 40% de todas las percepciones que recibe el ahora tercero perjudicado de la fuente de trabajo en la que presta sus servicios y que es la empresa maquiladora JAROPAMEX, SA DE CV, ordenando la responsable que en sustitución de ese oficio, se ordene se realice el descuento de la cantidad de manera semana de la cantidad de $750.00 PESOS (SETENCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de pensión alimenticia a favor de mis tres mejores hijas de nombre NEIDA PAOLA, FARIDA LIZETH E INNA KARELY todas de apellido MEJIA GAVIRO actualmente de 9, 6 y 2 años de edad respectivamente, lo anterior sin fundamentación o motivación alguna, sin desahogo de prueba alguna, con pruebas simples aportadas por el demandado en su escrito de contestación de demanda" Al respecto, conviene transcribir el proveído impugnado: "En ciudad Acuña, Coahuila a siete de julio del año dos mil diecisiete, doy cuenta al Ciudadano Juez, con el escrito recibido el día veintinueve de junio del año en curso.- Conste. Acuña, Coahuila, a siete de julio del año dos mil diecisiete. El anterior escrito agréguese a sus antecedentes; téngase al Ciudadano ***, con el carácter que tiene reconocido en autos, por presentado en tiempo y forma contestando la demanda instaurada en su contra y ofreciendo las pruebas que son de su intención, las cuales serán tomadas en consideración en su momento procesal oportuno, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 395 del Código Procesal Civil del Estado, así mismo (sic) designando como sus abogados patronos a los licenciados JOSE ALEMAN RINCON y JOSE ALBERTO VAZQUEZ FIGUEROA, principal y sustituto respectivamente, en los términos de los artículos 119 y 120 del Código Procesal Civil del Estado y 48 del código procesal familiar, por ultimo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Colima número 800 en la colonia Atilano Barrera de esta ciudad; en relación a la medida de cancelación respecto del 40% del total de sus percepciones salariales devengadas por concepto del fruto de su trabajo, aseveración que meridianamente justifica con la copia simple que exhibe de diversas constancias y expedientes las cuales se compromete a presentar en copia certificada, por tanto, a juicio del suscrito juez es atendible su petición sin prejuzgar sobre el fondo de la causa ya que se trata de una medida cautelar en materia de alimentos, para tal efecto a fin de preservar la materia respecto de la presunción de necesidad de la petición alimenticia se decreta cancelar aquel descuento dispuesto del 40% de los ingresos del demandado debiendo quedar sin efecto legal alguno mi diverso oficio número 597/2017 de fecha veintiuno de junio del año en curso y en su lugar se dispone girar nuevo oficio a la misma fuente de trabajo del deudor alimentista la empresa maquiladora "JAROPAMEX S.A. DE C.V." para que en sustitución de aquella orden realice el descuento de la cantidad de $750.00 setecientos cincuenta pesos de manera semanal por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijas NEIDA PAOLA, FARIDA LIZETH e INNA KARELY de apellidos MEJIA GAVIRIO representadas legalmente por su madre la ciudadana YOANA LIZETH GAVIRIO GARCIA, en el entendido de que subsiste el apercibimiento la citada empresa para que informe el cumplimiento a lo ordenado. NOTIFÍQUESE.- Así lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado VICTO HUGO QUIROZ ZAPATA, Juez de Primera instancia de lo Familiar en el Distrito Judicial de Acuña, ante el Licenciado FILIBERTO RUIZ ZAPATA, Secretario de Acuerdo y Trámite que autoriza.- Doy fe." Por tanto, se desprende que el acto reclamado en esta instancia consiste en el acuerdo de siete de julio de dos mil diecisiete, emitido por el Juez de Primera Instancia de lo Familiar en el Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, dentro del procedimiento especial familiar de alimentos 590/2017, promovido por ***, en el que se tuvo al demandado contestando la demanda instaurada en su contra y el Juez natural decretó cancelar el descuento del cuarenta por ciento de las percepciones del mismo, establecido de manera provisional en proveído de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, y ordenó girar nuevo oficio a la fuente de trabajo de ***, para que en sustitución del porcentaje señalado, se realizara el descuento de la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), de manera semanal por concepto de pensión alimenticia. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: *** Igualmente la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 181810, que establece: *** IV. Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, quien resuelve el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia I.13o.A.J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: *** Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los Órganos Jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". De lo transcrito, se advierte que para que proceda la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea alguna resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativa o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1.4o.C. J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, visible en la página trescientos sesenta y uno, que dice: *** Ahora bien, es primordial destacar que el artículo 107 de la Constitución Federal establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b), el principio de definitividad, el cual estriba en que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada, consistiendo su principal objetivo el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. De modo que aquellas resoluciones o determinaciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios ordinarios de defensa. La causa de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar y nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Por otro lado, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. La determinación en comento, que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo invocada, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos; con ello, se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado que se aduce agraviado. Uno de los axiomas que rigen la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el reglamentado por el artículo antes trascrito, que es el que se denomina de definitividad; esto es, el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establece, y que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que quiere decir, que el acto reclamado debe ser definitivo, en el sentido de que mediante el sistema ordinario ya no se pueda anular. Así lo estableció la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, página dos mil seiscientos setenta y cinco, de la Quinta Época, Materia Común, Civil, Registro número 345720, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no agotar los procedentes contra el acto que se requiere en el amparo, hace improcedente éste". En el asunto particular, la razón por la que se actualiza la causal de improcedencia en comento, radica en que en contra del acto reclamado procede como medio de impugnación, el recurso de apelación contemplado en el artículo 849 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual no agotó la promovente a pesar de que tenía la obligación de hacerlo, con anterioridad a solicitar la protección de la Justicia Federal. Efectivamente, para sustentar lo anterior, se considera necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 54, 56, 57, 58, 59 y 63, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 849 y 866, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila de Zaragoza, que rigen y son aplicables al procedimiento del cual deriva el presente juicio de amparo, que en lo que interesa establecen lo siguiente: "Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza CAPÍTULO TERCERO MEDIDAS PREPARATORIAS, CAUTELARES Y PROVISIONALES Artículo 54. Medidas preparatorias, cautelares y provisionales en general Tendrán aplicación a los juicios en materia familiar, en lo conducente, las medidas preparatorias, cautelares y provisionales que regulan este código y el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. La o el juez deberá pronunciarse, a petición de parte interesada o de oficio, sobre las medidas que procedan. La autoridad judicial, en cualquier tiempo y antes que provea en definitiva, podrá prudentemente modificar sus determinaciones, estableciendo las modalidades y medidas que estime necesarias en beneficio de niños, niñas y de sus bienes. Artículo 56. Alimentos provisionales La o el juez fijará el importe de los alimentos provisionales, sin audiencia del deudor y mediante la información y prueba que estime necesarias. Artículo 57. Procedencia y requisitos de la pensión provisional de alimentos. La o el juez podrá decretar el pago de una pensión provisional de alimentos en favor de quien acredite tener derecho de exigirlos y contra quien tenga la obligación de pagarlos. En este caso, deberá justificarse el título o causa jurídica en cuya virtud se pide la pensión provisional y las posibilidades de quien deba darla. Cuando la pensión provisional se pida por razón de parentesco, deberá demostrarse éste. Si se funda en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que conste. Artículo 58. Resolución sobre pensión provisional de alimentos Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, la o el juez fijará el porcentaje o la suma en que deba consistir la pensión provisional de alimentos, ordenando que se entregue directamente al beneficiario o, en su caso a quien lo represente, por semanas, quincenas o meses anticipados, según sea el caso. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. Artículo 59. Improcedencia de la reclamación sobre el derecho a percibir alimentos provisionales En la providencia no se permitirá ninguna discusión sobre el derecho de percibir alimentos. Cualquier reclamación sobre este derecho deberá ser materia del proceso principal y, entre tanto, se seguirá abonando la suma señalada. Las cuestiones que se susciten sobre el monto de la pensión provisional de alimentos se substanciarán en vía incidental. Artículo 63. Recurso contra las medidas preparatorias, cautelares y provisionales en general. Las resoluciones dictadas por las medidas referidas en este capítulo, sean que las concedan o las nieguen, pueden ser impugnadas mediante el recurso de apelación en el efecto devolutivo. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila de Zaragoza ARTÍCULO 849. Recursos. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración. II. Apelación. III. Queja. ARTÍCULO 866. Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias definitivas e interlocutorias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare señaladamente que no son apelables. II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este código. III. Las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 359. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en los juicios de la competencia de los Juzgados de Conciliación. Como puede observarse, de la interpretación sistemática de los anteriores dispositivos legales se desprende que las medidas provisionales dictadas dentro de los juicios familiares, ya sean que se concedan o se nieguen, pueden ser impugnadas mediante el recurso de apelación en el efecto devolutivo, asimismo, el recurso de apelación es procedente contra los acuerdos cuando expresamente lo disponga el código adjetivo. Por tanto, claro es que el acto que se reclama es impugnable a través del recurso de apelación, consecuentemente, previo a la demanda de amparo, la parte promovente debió agotar dicho recurso previsto en la ley ordinaria y al no haberlo hecho así, el presente juicio de amparo es improcedente de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos cincuenta, de la Décima Época, con registro electrónico 2005039, que establece: *** Así como la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos veintinueve, julio de dos mil doce, tomo I, de la Décima Época, con registro electrónico 2001155, que dispone: *** Sobre el tema, por las razones que invoca cobra aplicación, la jurisprudencia I.3o.C. J/39, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página mil doscientos catorce, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, Novena Época, con registro electrónico 171803, que estipula: *** Acorde a las directrices trazadas, en la parte quejosa recaía la obligación de respetar el principio de definitividad de que se ha venido hablando, antes de acudir a la presente vía constitucional, puesto que para la procedencia de los recursos o medios ordinarios de defensa, es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que, si bien es cierto que el principio apuntado admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación y el deber jurídico de agotarlos y sustanciarlos antes de acudir al juicio de amparo, por lo que no es a discreción del afectado cumplir o no con el mismo para la procedencia de dicha contienda, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino de carácter obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los diversos numerales 103 y 107 de la Carta Magna, es terminante en que se agoten los medios de defensa legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, con el propósito manifiesto de que no se soslaye el citado postulado; de ahí que, al haberse inobservado lo anterior por parte del promovente, lo procedente es desechar la demanda de amparo que se analiza. Máxime que en la especie no se actualiza otros de los casos de excepción establecidos en la ley, a efecto de dispensar el mencionado principio que rige en el juicio de amparo, pues no se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el acto reclamado carece de fundamentación, por lo cual, se insiste, el promovente está obligado a instar el recurso correspondiente antes de intentar la vía constitucional. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. V. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***de esta ciudad, y autorizando para tales efectos a los licenciados *** VI. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. VIII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. IX. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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