Yoana Edith Urbina Tellez
Expediente 1119/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yoana Edith Urbina Tellez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA QUEDADO FIRME. Cabe precisar que aun cuando no obra la constancia de notificación a la autoridad responsable de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a la autoridad responsable para su conocimiento y efectos legales. Del incidente de suspensión. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del precepto 18, del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Yoana Edith Urbina Téllez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".la denegación de justicia al omitir expedir el acuerdo de requerimiento de pago y/o embargo correspondiente al juicio que nos ocupa en tiempo y forma y en los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, en el expediente principal 01/847/2016.". SEGUNDO. El uno de junio de dos mil veintiuno, este juzgado federal admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1119/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito que le presentó el diez de diciembre de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 01/847/16, por el cual le solicitó que en cumplimiento a la ejecución del laudo derivado de dicho expediente laboral, se requiriera el pago y/o embargo con el apercibimiento contemplado en el artículo 124, de la Ley del Servicio Civil. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dentro del expediente laboral 01/847/16, proveyó respecto del escrito que le presentó el diez de diciembre de dos mil veinte, notificándole dicho acuerdo el once de junio de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al emitir el acuerdo respectivo y notificarlo, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, (veintiocho de mayo de dos mil veintiuno), la autoridad responsable, si bien es cierto, ya había dictado el referido acuerdo, también lo es, que a la fecha de la presentación de la demanda no lo había notificado. Por tanto, si de manera posterior se realizó dicha actuación, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo los plazos concedidos en autos de veintinueve y treinta de junio de dos mil veintiuno, por el que se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por la autoridad responsable. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las diez horas con quince minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de junio de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de quince de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Deje insubsistente el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve dictado en el expediente ******************** de su índice; y, emita otro en el que, siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, fundando y motivando debidamente su determinación, con libertad de jurisdicción, determine lo que en derecho corresponda.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al remitir mediante oficio ********************de seis de abril de dos mil veintiuno, copia debidamente certificada de la determinación de seis de abril de dos mil veintiuno, por el cual dejó sin efectos la interlocutoria reclamada de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, y procedió a resolver con libertad de jurisdicción sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria del expediente ********************, de su índice, y procedió a requerir a la demandada a cumplir la sentencia definitiva dictada en el citado juicio; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar mediante determinación de seis de abril de dos mil veintiuno, haber dejado sin efectos el acuerdo por la de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, por el cual tuvo por cumplida la ejecutoria del juicio ********************, determinando con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada procedente requerir a la demandada a cumplir la sentencia definitiva dictada en dicho juicio, exponiendo las razones de su requerimiento, en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejara insubsistente el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ******************** de su índice; y, emita otro en el que, siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, fundando y motivando debidamente su determinación, con libertad de jurisdicción, determine lo que en derecho corresponda En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que mediante determinación de seis de abril de dos mil veintiuno, dejó sin efectos el acuerdo por la de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, por el cual tuvo por cumplida la ejecutoria del juicio ********************, determinando con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada procedente requerir a la demandada a cumplir la sentencia definitiva dictada en dicho juicio, exponiendo las razones de su requerimiento, en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Sin que pase desapercibido para quien resuelve las manifestaciones que vierte la parte quejosa en su escrito de veintidós de abril de dos mil veintiuno, por la cual considera que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo y que se analice debidamente la nueva determinación en atención que la responsable no valora bien las pruebas ni cantidades que se señalan, y en segundo término solicita se apertura un incidente innominado que señala el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, para cuantificar debidamente y determinar las cantidades correctas que le corresponde a la quejosa y así tener por debidamente cumplida la ejecutoria del juicio ********************. Al respecto, dígase a la parte quejosa que contrario a sus manifestaciones, y a criterio de quien resuelve considera que el núcleo de la ejecutoria de amparo, fue cumplido en sus término tal como ya quedó señalado en párrafos que anteceden, sin embargo las cuestiones que ahora reclama son de fondo las cuales no pueden ser abordadas por no ser materia de la ejecutoria de amparo, es decir, únicamente que procediera a valorar las manifestaciones de la parte quejosa en el juicio natural ********************, esto en atención que en el acuerdo por el cual tuvo por cumplida la ejecutoria de dicho juicio, no se analizó las manifestaciones y pruebas dadas en su oportunidad por la quejosa en dicho juicio; de valorar su dicho se sale del alcance de la ejecutoria ya que no fue justipreciado en la ejecutoria ya que en todo caso dichas manifestaciones dado el estado del juicio natural puede objetar e incluso a ser valer los incidentes innominados conducentes para aclarar todo ello, por ser la autoridad responsable la rectora del juicio natural, por todo lo anterior, se dejan a salvo sus derecho de la parte quejosa para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. Por lo que hace a la apertura del incidente innominado que solicita, para cuantificar debidamente el monto que le corresponde a la quejosa en atención a su nueva determinación de la responsable donde ahora requiere a su vez a la autoridad demandada en el juicio natural, las diferencias que se han generado como sus actualizaciones, en términos de las probanzas que han sido exhibidas y anunciadas. Al respecto, dígasele que en términos de los dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, no ha lugar a dar trámite a dicha incidencia, en atención que esté juzgado considera que su incidente no encuentra en lo supuesto de dicho numeral, en primera lugar se dice así, toda vez que en la ejecutoria de amparo que se analiza no se determinó los efectos en que debió cumplir la demanda la sentencia del juicio administrativo, sino únicamente el nucleó del amparo lo fue para que la responsable analizar las pruebas y probanzas que dejó de analizar en el acuerdo reclamado de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, por el que tuvo por cumplida la sentencia y ordenó el archivo del juicio natural, lo cual cómo se desprende de autos ya aconteció mediante la determinación de seis de abril de dos mil veintiuno, donde ahora requiere a la responsable diversas cuestiones para cumplir debidamente la sentencia en el expediente ********************. Además, de admitir o valorar otras cuestiones cómo pretende la parte quejosa en sus manifestaciones e incidencia que propone, se estaría valorando como ya se mencionó cuestionas ajenas a la señalada en la ejecutoria de amparo, además tiene a salvo sus derechos para que los haga valer ante la responsable rectora del juicio natural, ya que se encuentra en oportunidad para combatir esos nuevos actos para tener debidamente cumplida la sentencia del juicio tantas veces mencionado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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