Yoan Esvit Badillo Ferretiz
Expediente 1751/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1751/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Yoan Esvit Badillo Ferretiz
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja, contra el proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obren documentos presentados por las partes que por sus características deban ser devueltos. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda promovida por ****, contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral con sede en la Ciudad de Rioverde, San Luis Potosí y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 1751/2022-VII. Desechamiento de la demanda Examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma ya que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 6, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: (...) Del primer artículo trascrito se observa que, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, conforme al precepto citado en segundo lugar, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley, asimismo, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Del análisis conjunto de tales normas, se advierte que, cuando no existe manifestación de voluntad (firma) por parte del quejoso para instar el juicio de amparo, ello conlleva a que no existe instancia de parte agraviada, de ahí que ante la falta de ésta, resulta la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 156, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: (...) Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos quince, del volumen X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que indica: (...) Sobre el tema, específicamente respecto a que si se presenta una demanda de amparo vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y esta no es firmada electrónicamente (firel) por la parte quejosa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, determinó que no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito debe desechar de plano la demanda intentada. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, que dispone: (...) Sobre tales bases, toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación sin firma electrónica del quejoso ****, es patente que no se ha ejercido la acción constitucional, pues la ausencia de firma equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. Es decir, no hay instancia de parte, pues sin firma electrónica no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser aquélla una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses. Por ende, en el presente caso no se actualizan los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, para que sea motivo de excepción la firma electrónica. Tampoco se soslaya que el escrito de cuenta en realidad se trata de un documento digitalizado en cuyo calce aparece una rúbrica seguida del nombre *** , el cual no es apto para considerarla firmada en términos de ley, ya que en conformidad con el precepto 3 de la Ley de Amparo, las promociones deberán hacerse por escrito; siendo optativo para la promovente presentar su escrito en forma (i) impresa o (ii) electrónicamente y en este último caso: (...) Respecto a lo cual, el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Dicho arábigo también dispone que la FIREL se comprende por la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Por su parte, el artículo 10 del referido Acuerdo General, establece que las disposiciones contenidas en este Capítulo Tercero, denominado "De los servicios electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal", son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, y en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Los artículos 14 y 16 del Acuerdo General citado, disponen que el Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en dicho Acuerdo General. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, para lo cual tendrán que acceder al referido Portal en el cual se establecen los vínculos necesarios para su tramitación. Y, el artículo 45 de dicho cuerpo administrativo, prevé que para la presentación de demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 de dicho Acuerdo, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, eligiendo el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Luego, como la demanda que originó este asunto no se presentó con la firma electrónica vigente, no existe la voluntad de quien aparece como promovente, y por tanto es inconcuso que tampoco hay instancia de parte. Todo lo expuesto actualiza la causal de improcedencia analizada; ante lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Aunado a que del escrito de demanda, no se advierte que el promovente se encuentre privado de su libertad; lo anterior, toda vez que de los hechos que narra bajo protesta de decir verdad, se duele de un embargo en contra de un bien inmueble de su propiedad. Esto es, no pasa desapercibido que en el caso a estudio, el quejoso reclama la orden de aprehensión fuera de procedimiento; sin embargo, en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, no se advierte que se encuentre privado de su libertad, ya que solo hace mención a la compraventa y embargo de un bien que señala es de su propiedad, sin establecer acto alguno tendente a privarle de la libertad.
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