Yoali Mariela Padilla Cruz

Expediente 738/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
738/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Yoali Mariela Padilla Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Estado de autos Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de diciembre de dos mil veinte, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra, se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II y III de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que por una parte se decretó el sobreseimiento y, por otra se negó el amparo a la parte quejos, debido a ello, es susceptible de depuración dado que se concedió la suspensión de plano, en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser destruido. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros y no se aperturó el incidente de suspensión respectivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión del presente auto y agregarse en el expediente físico.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las quince horas con cincuenta minutos del quince de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-738/2020, promovido por Yoali Mariela Padilla Cruz, por propio derecho; contra actos de: AUTORIDADESACTO RECLAMADOCoordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán. Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" en Charo Michoacán. Dirección de Ejecución Penal de Michoacán. Dirección de Reinserción Social de Michoacán. Dirección de Policía Procesal de Michoacán. Dirección Jurídica de Michoacán Direcciones de los Centros Penitenciarios de Michoacán. Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez. Comandante y/o Jefe y/o Encargado de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez". Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez". Departamento Técnico y Tratamiento del Centro de Reinserción Social "Licenciado David Franco Rodríguez" La orden de Traslado que pudieran emitir las responsables del Centro de Reinserción Social "Licenciado David Franco Rodríguez" del área femenil a otro diverso Centro Federal de Reinserción Social. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública , con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la presencia de las partes, en términos de la circular SECNO/12/2020 - respuesta a pregunta catorce-, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: Auto de once de noviembre de dos mil veinte en el que se asumió el conocimiento del presente juicio de amparo, tramitado en un inicio ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán y del que resultan relevantes las siguientes constancias; Pedimento de la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán; Auto de cinco de agosto del año en curso, en el que se tuvieron por inexistentes las autoridades señaladas como Dirección Jurídica de Michoacán y Direcciones de los Centros Penitenciarios de Michoacán. Acuerdo de dieciocho de septiembre en el que el licenciado Gerardo López Mateos aceptó el cargo de defensor de la quejosa. Por otra parte, en cuanto a los informes justificados que obran en autos, el secretario hace relación de los mismos mediante la tabla siguiente: N° Autoridad Sentido Acto reclamado 1 Director de Reinserción Social de Michoacán. Niega La orden de Traslado que pudieran emitir las responsables del Centro de Reinserción Social "Licenciado David Franco Rodríguez" del área femenil a otro diverso Centro Federal de Reinserción Social. 2 Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. Niega 3 Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez". Niega 4 Presidente del Comité Técnico del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez". Niega 5 Subdirectora Jurídica del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez". Niega 6 Encargado del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez". Niega 7 Encargada del Departamento Técnico y Tratamiento del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez". Niega Así como los autos que los tuvieron por recibido. Asimismo, se hace constar que las autoridades siguientes no rindieron informe pese a estar debidamente notificadas para tal efecto: Dirección de Ejecución Penal de Michoacán. Dirección de Policía Procesal de Michoacán. Asimismo, el secretario hace constar: Que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado formuló alegatos. Al respecto el juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede, por reiterados los proveídos mediante los cuales se tuvieron a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado. Por lo que ve a las autoridades señaladas por el quejoso como Dirección Jurídica de Michoacán y Direcciones de los Centros Penitenciarios de Michoacán, al tenor del proveído de cinco de agosto del año en curso, se tienen por inexistentes. En otro aspecto, no procede decretar el sobreseimiento respecto de las autoridades inexistentes y por los actos que se les atribuyen, al haber quedado fuera de la contienda que nos ocupa. Cabe invocar la jurisprudencia número 1º./J.111/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, tomo XXIX, marzo de 2009, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". Acto continuo, el Juez, declara abierto el periodo de PRUEBAS, en el que el secretario hace constar que no se ofrecieron medios de convicción por las partes. El Juez acuerda: Téngase a las partes por perdido su derecho a exhibir medios de convicción, y como no se ofrecieron pruebas que deban relacionarse ni desahogarse, se cierra dicha etapa. Enseguida, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar que la Agente del Misterio Púbico adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, sin que las demás partes lo hicieran. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase a la representante social adscrita haciendo sus alegatos y a las demás partes por perdido su derecho a formularlos, por tanto, se cierra este período. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la sentencia correspondiente. Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto II-738/2020, promovido por Yoali Mariela Padilla Cruz; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Yoali Mariela Padilla Cruz demandó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta determinación. Por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 4°, 8, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número 280/2020, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte, el similar consideró que este órgano jurisdiccional debía conocer del asunto por conocimiento previo, toda vez que este juzgado conoció de diverso juicio promovido por la quejosa, por lo que en proveído de once de noviembre del año en curso, este juzgado asumió el conocimiento del asunto y se ordenó notificar a las partes de dicha determinación, asimismo se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Inexistencia de Autoridades. Las autoridades señaladas por la quejosa como Dirección Jurídica de Michoacán y Direcciones de los Centros Penitenciarios de Michoacán, se tuvieron por inexistentes tal como se advierte de la audiencia que antecede; por tanto, no procede decretar el sobreseimiento respecto de dicha autoridad por el acto que se le atribuye, al haber quedado fuera de la contienda que nos ocupa. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número, 1a. /J. 111/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 52, tomo XXIX, marzo de 2009, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". CONSIDERANDO: PRIMERO (competencia). Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO (precisión del acto reclamado). En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La orden de Traslado que pudieran emitir las responsables del Centro de Reinserción Social "Licenciado David Franco Rodríguez" del área femenil a otro diverso Centro Federal de Reinserción Social. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades que a continuación se precisan, negaron la existencia del acto reclamado que se les atribuye: N° Autoridad Sentido Acto reclamado 1 Director de Reinserción Social de Michoacán. Niega La orden de Traslado que pudieran emitir las responsables del Centro de Reinserción Social "Licenciado David Franco Rodríguez" del área femenil a otro diverso Centro Federal de Reinserción Social. 2 Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. Niega 3 Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez". Niega 4 Presidente del Comité Técnico del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez". Niega 5 Subdirectora Jurídica del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez". Niega 6 Encargado del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez". Niega 7 Encargada del Departamento Técnico y Tratamiento del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez". Niega Sin que la solicitante del amparo haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto, por lo que ve a las autoridades antes precisadas. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, las autoridades siguientes fueron omisas en rendir informe justificado: Dirección de Ejecución Penal de Michoacán. Dirección de Policía Procesal de Michoacán. Pese a estar debidamente notificadas para ello, tal y como se advierte de los acuses que obran en autos. Motivo por el cual, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos que a dichas autoridades se les atribuye. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, ninguna de las partes manifestó la existencia de causales de improcedencia, ni se advierte, de oficio, que se actualice alguna de ellas. Por tal motivo, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se concreta alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento". SEXTO. Estudio de fondo. En el caso concreto, tenemos que la parte quejosa aduce que las autoridades responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los dispositivos 1°, 4°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, como ya se dejó asentado en el considerando cuarto de esta sentencia la Dirección de Ejecución Penal de Michoacán y Dirección de Policía Procesal de Michoacán, fueron omisas en rendir el informe justificado; por cuyo motivo se tuvieron por presuntivamente ciertos los actos que a ellos se atribuyó. No obstante lo anterior, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por la quejosa Yoali Mariela Padilla Cruz, dado que, de una correcta interpretación de la segunda parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe estimarse que la presunción de certeza del acto reclamado, no implica la inconstitucionalidad del mismo y, por lo tanto, corresponde a la parte quejosa la demostración de este último aspecto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación que impone el artículo 75 de la Ley de Amparo pugne con lo dispuesto por el referido numeral 117, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando las autoridades en su informe justificado reconocen la existencia del acto sosteniendo su legalidad, que es una hipótesis diversa a la presunción de certeza que cobra vigencia ante la falta de informe, en cuyo caso corresponde al agraviado la carga de la prueba cuando el acto reclamado no es violatorio de los derechos humanos en sí mismo, como acontece en el presente asunto. Por lo que en la especie no se aportaron por parte de la quejosa prueba alguna tendiente a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados a las referidas autoridades; sin que este órgano jurisdiccional esté obligado, por las razones apuntadas, a recabar oficiosamente constancias para analizar la constitucionalidad de los mismos, sino que es a la parte quejosa a quien corresponde la carga probatoria de ese hecho, pues, como se ha dicho, el numeral 75 de la ley de la materia establece esa exigencia siempre y cuando se encuentre en el supuesto de que la autoridad responsable hubiera manifestado expresamente la certeza del acto reclamado, pero que hubiese omitido adjuntar las constancias que deben ser materia de análisis de la resolución que se pronuncie en el juicio de amparo. Por ello, se insiste, no se está en el supuesto de que este órgano de control constitucional requiera las constancias necesarias para resolver el asunto que se falla, dado que las autoridades omisas no reconocieron expresamente la existencia de los actos, de ahí que la presunción de certeza obliga a la quejosa a demostrar la ilegalidad de éstos, ya que los mismos no son inconstitucionales en sí mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". De ahí que ante la falta de pruebas, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Yoali Mariela Padilla Cruz, al no estar este órgano jurisdiccional en condiciones de establecer que los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables sea inconstitucionales en sí mismos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Yoali Mariela Padilla Cruz, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, conforme a los razonamientos ahí expuestos. PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Yoali Mariela Padilla Cruz, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto y conforme a los razonamientos expuestos en el diverso sexto de esta sentencia.

  3. Principal

    Oficio de cuenta. Con el oficio de cuenta téngase a Yoali Mariela Padilla Cruz, por propio derecho, solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán. Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" en Charo Michoacán. Dirección de Ejecución Penal de Michoacán. Dirección de Reinserción Social de Michoacán. Dirección de Policía Procesal de Michoacán. Direcciones de los Centros Penitenciarios de Michoacán. Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez. Comandante o Jefe o Encargado de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez". Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez". En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número II-738/2020. Returno. Del contenido del oficio con el que se da cuenta, se advierte que la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, consideró que en el caso se actualiza uno de los criterios generales de relación a que alude el artículo 46 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, específicamente el previsto en la fracción II que establece: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos". Para justificar la aplicación del criterio general de relación adujo lo siguiente: "Además, que es un criterio general de relación, por el cual el asunto de nuevo ingresos deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, el hecho de que exista en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, específicamente, el registro de un amparo promovido contra actos que deriven de un mismo expediente administrativo o jurisdiccional, supuesto en el cual se turnará al órgano jurisdiccional que haya concedido de ese otro amparo, promovido contra actos derivados del mismo asunto. En el caso, el acto que en esta instancia reclama la quejosa consiste en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social 'Licenciado David Franco Rodríguez' en el que actualmente se encuentra recluida, a otro diverso, así como el reclamado en el diverso juicio de amparo II-132/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad -que son los mismos- derivan del mismo proceso penal, tal y como se advierte de lo narrado por la quejosa, específicamente en el apartado de antecedentes del acto reclamado, de las demanda de amparo que presentó, en las que textualmente refiere: '.Me encuentro actualmente en calidad de procesada e interna sin existir sentencia, en el área femenil del Centro de Reinserción Social ´Licenciado David Franco Rodriguez´, tal y como consta en el proceso penal 145/2015-II del Juzgado Cuarto del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán'. Luego precisó que la información se corrobora con las constancias que remitió este órgano jurisdiccional, entre las que destaca la demanda que dio origen al juicio de amparo II-132/202 y el acta de audiencia constitucional de seis de octubre de dos mil veinte. En seguida, sostuvo que la finalidad del referido supuesto de relación consiste en: "Aprovechar el conocimiento previo de un asunto contra actos reclamados que deriven del mismo juicio [.]". En este contexto se comparte el criterio sustentado por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia; por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto, elabórese la caratula para identificar el expediente respectivo con el número estadístico que le corresponde en este órgano. Continuación del proceso. Tomado en consideración que el Juzgado oficiante remitió el expediente relativo al juicio de amparo 280/2020, y de sus actuaciones se advierte que se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa en el lugar en donde guarda reclusión el presente proveído; por oficio a las autoridades responsables. Ratificación de la suspensión otorgada de plano. En virtud de que en el proveído de veintiuno de marzo de dos mil veinte, la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, otorgó de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la orden de traslado de la quejosa del lugar en el que se encuentra recluida a uno diverso, se ratifica la medida cautelar por lo que sigue surtiendo sus efectos. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables. Audiencia constitucional. A fin de que tenga verificativo la audiencia constitucional se señalan las quince horas con cincuenta minutos del quince de diciembre de dos mil veinte. Forma en que se verificará la audiencia Con fundamento en el artículo 6, fracciones II, del Acuerdo General en aplicación, la audiencia será celebrada de manera física en el local del juzgado en la hora y fecha señalada para tal efecto, a la cual podrá comparecer la parte quejosa si así lo desea; para ello deberá generar -por su cuenta- una cita a través del sistema "Agenda OJ", en virtud que su comparecencia no es necesaria. Lo anterior, porque para la celebración de la audiencia constitucional no se requiere la presencia de las partes, puesto que su intervención no es de manera oral, de conformidad con el artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, debido a que no se ubica en el supuesto del artículo 124, párrafo segundo, de la Ley de Amparo -actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales-, y los alegatos que considere pertinente presentar deberán ser por escrito, de no formularlo de esa forma, en la audiencia se tendrá por perdido el derecho a hacerlo. Apercibimientos. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en lo establecido por los normativos 64 y 251 de la ley en la materia en aplicación, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se impondrá multa al omiso por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, así como autorizando en términos amplios al licenciado Gerardo López Mateos, dado que su cédula se encuentra inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Notificación Se exhorta a los actuarios de la adscripción para que tomen las medidas sanitarias necesarias, debido al fenómeno de salud COVID 19, y previo a trasladarse a realizar las notificaciones que se dicten en este expediente, agoten los medios electrónicos, como pueden ser, correos electrónicos o fax, debiendo recabar el acuse de recibo ya sea electrónico o bien vía telefónica. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Anotaciones e integración de expediente electrónico Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para que sea agregado al expediente físico.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no ha informado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, requiérase a la citada autoridad, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que reciba el oficio que contenga la notificación del presente acuerdo, remita las constancias que acrediten el cumplimiento de la sentencia de amparo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de acuerdo con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, de cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado el diez de enero de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. En el entendido que, de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. De igual manera, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta. Digitalización expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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