Yoadis Romo García

Expediente 2366/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2366/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Yoadis Romo García

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa 7. archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; agréguese a los autos la demanda de amparo signada autógrafamente por ****, de nacionalidad cubana, la cual fue recibida a las diecisiete horas con diez minutos de ésta misma data por el Secretario de Guardia de este Juzgado Federal, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y/o quien legalmente lo represente y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 11, 17, 22, 23 primer párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 2366/2023-7. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. Así pues, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ? La posible detención y deportación por autoridades migratorias. Al respecto, aduce que: ? Es originaria de la República de Cuba, y que actualmente se encuentra transitando en la República Mexicana, debido a los problemas políticos, económicos, sociales y por causas de mejoría económica. ? El veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba transitando en el municipio de Tenosique, Tabasco, cuando fue detenida por elementos del Instituto Nacional de Migración de esa ciudad, amedrentándola de que la deportarían sino los incentivaba, despojándola de sus documentos, entre ellos su pasaporte y su carnet de identificación. ? Actualmente se encuentra en libertad, pero tiene temor a ser detenida y deportada. En ese tenor, esta juzgadora considera que el acto reclamado no puede producir una afectación real y actual a su esfera jurídica, por lo que se considera de realización incierta. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.": En el caso, es importante distinguir entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio de garantías. En el primer supuesto, es decir, tratándose de actos futuros inminentes, su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional, por ejemplo, que se afecte la libertad de quien reclama la emisión de un mandato de captura. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la página doscientos dos, del Tomo XI, de marzo de mil novecientos noventa tres, del Semanario Judicial de la Federación, en la que se establece: "ACTOS FUTUROS INMINENTES, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Por actos futuros inminentes debe entenderse, los que comprenden no sólo aquellos actos que tendrán que dictarse forzosamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos aquéllos que puedan estimarse como consecuencia lógica del ya existente, si esos actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las cosas al estado que antes guardaban o a causar perjuicios de difícil reparación". En cambio, tratándose de actos futuros probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que, al no producir ningún efecto de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular. Así, el juicio de garantías solo procede contra actos reales y concretos de aplicación, los cuales además de incidir en la esfera jurídica del gobernado, deben generar una afectación presente y no futura, ya que en el juicio constitucional el perjuicio debe ser actual y directo; esto es, previo a la presentación de la demanda pero no futuro. Por las razones jurídicas que la informan, se cita la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos setenta y tres, cuya literalidad es: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Lo anterior es así, en virtud que la finalidad del juicio de amparo es evitar que las autoridades del Estado afecten derechos de los gobernados, protegiendo el propio orden constitucional, pretendiendo que ese medio de impugnación sea eficaz para que los órganos públicos apeguen sus actos a los límites previstos en la Norma Suprema, o bien, de lo contrario, sean obligados a ello. Conforme a los razonamientos esgrimidos, la promoción del juicio de garantías se justifica cuando tenga por objeto remediar ese exceso posible de parte de las autoridades en su intento por ejercer sus funciones públicas, lo que implica además que la sentencia de amparo no puede tener por efecto paralizar la actividad del Estado con base en alguna creencia poco objetiva del gobernado de que las autoridades responsables afectarán su esfera jurídica, en uno u otro sentido, porque el medio extraordinario de defensa del que se habla, no puede otorgar inmunidad general o algún tipo de fuero con alcances universales, pues su función no es escudar a los particulares para que desarrollen en forma ilimitada las actividades reguladas por el orden jurídico, al tener en cuenta que esa pretensión permitiría la posibilidad de que a través de la decisión de un Juez Federal se aísle al particular del sistema jurídico, de tal manera que resultara inmune, aunque por cierto tiempo, a las acciones del sector de autoridades respectivo, lo cual distorsionaría el objetivo de ese medio de impugnación, afectando la actividad del Estado e incluso, el orden público. Además, si bien se tuvo por recibida la demanda de garantías como si fuera de las que reclaman actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, de los considerados de carácter urgente, esta Juzgadora considera que los actos señalados por la parte quejosa no tienen dicha calidad, en virtud que bajo protesta de decir verdad manifiesta que al momento de la presentación de dicha demanda se encontraba en libertad. Por ello, se concluye que el acto reclamado no produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, tampoco deriva de la certeza de algún otro que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis I.7o.A.24 K (10a.), formulada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, página 1780, con número de registro 2014131, del siguiente rubro y texto: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA. La referida presunción, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, no opera tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que, en primer lugar, si se presume cierto el acto por falta del informe justificado, aquél se desnaturalizaría (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente un juicio que, dada la naturaleza del acto reclamado, es improcedente y, en segundo lugar, porque esa misma naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. Así, para determinar lo conducente, el juzgador de amparo debe realizar el siguiente ejercicio: cerciorarse de que no exista informe justificado; ante su inexistencia, no debe, ipso facto, declarar la presunción indicada, pues antes debe analizar si está o no destruida por prueba en contrario. Para este efecto, debe estudiar integralmente la demanda, sus anexos y demás constancias de autos y, si de ese estudio advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces concluirá, y así deberá plasmarlo en la sentencia, que la presunción de certeza está desvirtuada por confesión del propio particular, pues sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea y luego analizar si es o no inconstitucional en sí mismo". Por lo anterior, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, resulta improcedente en forma manifiesta e indudable y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."

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