Yizbeth Pantle Mendoza
Expediente 64/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yizbeth Pantle Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA X.- Agréguese a los autos el oficio de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado por auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, remite copia de certificada de diversas constancias entre las que se destaca el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. En ese sentido, se reitera que en la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veinte, en el juicio de amparo en que se actúa, se determinó amparar y proteger a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad responsable, cumpla la misma que la obliga a: [...] En mérito de lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento; no obstante, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, remítase a la responsable Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos copia del oficio registrado con el número de folio ****, y requiérase para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente auto, remita copia debidamente certificada del proveído que recaiga a las constancias remitidas por la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, o bien, manifiesta el impedimento legal que tenga para ello. JRL
- Principal
MESA IV.- Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el informe justificado rendido por: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. A lo anterior se provee lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda. En relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Igualmente, respecto a las personas que se señala como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en las documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora, del estado procesal de los autos se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado en esencia la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********************. En esa tesitura, y toda vez que de las constancias que allegó la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, se aprecia que el siete de febrero de dos mil veintitrés, dictó el laudo correspondiente dentro de los autos del expediente laboral ********************, mismo que notificó a la parte actora el nueve de febrero actual, y a la parte demandada por medio de boletín laboral publicado el catorce de febrero del año en curso. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza una causal de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En efecto, en el presente juicio se advierte que opera el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. En el caso, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable, la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********************. No obstante lo anterior, se encuentra acreditado que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, el siete de febrero de dos mil veintitrés, dictó el laudo correspondiente dentro de los autos del expediente laboral ********************, mismo que notificó a la parte actora el nueve de febrero actual, y a la parte demandada por medio de boletín laboral publicado el catorce de febrero del año en curso; por tanto, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la omisión ha desaparecido. [...] Criterio que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basan en la interpretación del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Así las cosas, al haber quedado insubsistente el acto reclamado, tornando improcedente el juicio de amparo, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. JRL.
- Principal
AVISO. MESA IV.- Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el informe justificado rendido por: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. A lo anterior se provee lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda. En relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Igualmente, respecto a las personas que se señala como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en las documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora, del estado procesal de los autos se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado en esencia la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********************. En esa tesitura, y toda vez que de las constancias que allegó la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, se aprecia que el siete de febrero de dos mil veintitrés, dictó el laudo correspondiente dentro de los autos del expediente laboral ********************, mismo que notificó a la parte actora el nueve de febrero actual, y a la parte demandada por medio de boletín laboral publicado el catorce de febrero del año en curso. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza una causal de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En efecto, en el presente juicio se advierte que opera el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. En el caso, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable, la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********************. No obstante lo anterior, se encuentra acreditado que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, el siete de febrero de dos mil veintitrés, dictó el laudo correspondiente dentro de los autos del expediente laboral ********************, mismo que notificó a la parte actora el nueve de febrero actual, y a la parte demandada por medio de boletín laboral publicado el catorce de febrero del año en curso; por tanto, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la omisión ha desaparecido. [...] Criterio que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basan en la interpretación del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Así las cosas, al haber quedado insubsistente el acto reclamado, tornando improcedente el juicio de amparo, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA III. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Sindica Municipal y representante de la autoridad responsable Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por medio del cual, remite copia certificada del acuse del oficio SM-008 dirigido al Secretario de Gobierno, para la publicación del solicitado acuerdo pensionatorio en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". En ese tenor, para lograr un eficaz y pronto cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se hace necesario vincular al Secretario de Gobierno y por Ministerio de Ley Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", toda vez que es quien deberá publicar el acuerdo correspondiente; lo anterior para estar en cumplimiento, en los términos precisados en la ejecutoria de siete de octubre de dos mil veintidós emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito. Lo que implica que el Secretario de Gobierno y por Ministerio de Ley Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", tiene injerencia sobre dichos efectos, por lo que, también está obligada a realizar dentro del ámbito de su competencia todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro de la sentencia de amparo. Lo anterior, sin que contradiga el hecho de que no haya sido autoridad responsable en el presente juicio de amparo, pues lo cierto es que en el presente acuerdo se le requiere por el simple hecho de ser autoridad que puede coadyuvar en el cumplimiento de una sentencia de amparo, la cual es de interés y orden público, por lo que se insiste, tiene la obligación de actuar dentro de sus facultades para atender al pleno cumplimiento de la misma, justificando de manera fundada y motivada su proceder. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Gobierno y por Ministerio de Ley Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite la publicación del acuerdo remitido mediante oficio SM-008, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", o bien, informe la imposibilidad que le asista para ello. En ese sentido, se reitera a las autoridades responsables, que el incumplimiento a un mandato federal derivado de una ejecutoria de amparo, sin causa justificada, llevará consigo la imposición de las sanciones previstas por el artículo 192 de la Ley de Amparo, esto es, se le impondrá una multa con la que ha sido apercibido, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Conforme a lo anterior, se apercibe al Secretario de Gobierno y por Ministerio de Ley Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de ... Notifíquese. EDC
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