Yitzatil Cruz Escobar

Expediente 904/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
904/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Yitzatil Cruz Escobar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, a cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO...de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido...NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos la comparecencia de la quejosa********************, por medio de la cual desahoga la prevención que se le hizo el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. A lo anterior, se provee: Desechamiento Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente, respecto de los actos consistentes en: "La FALTA DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN, CONGRUENCIA, Y EXHAUSTIVIDAD en el contenido del oficio SMP/118/075/2023 de fecha 27 de Junio de 2023, signado por el Licenciado José Alejandro Álvarez Alva, Director de Catastro de Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides, ya que en este la responsable intenta dar respuesta a mi escrito de petición de fecha de acuse de recibo 16 de Junio de 2023, con ello vulnerando el derecho humano de petición, a que alude el derecho objetivo señalado en líneas posteriores." Ahora bien, en el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así, para acreditar la eficacia jurídica de la causa de improcedencia propuesta, es conveniente analizar, el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;...". En ese contexto que, la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción anteriormente transcritos, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades administrativas, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan. Siempre y cuando, no se encuentre en algún supuesto de excepción establecido por la propia fracción. Es decir, el amparo en materia administrativa, únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio biinstancial. En este sentido, conforme a lo antes analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso previsto por la ley que regula el procedimiento del cual emanan los actos aquí reclamados. Al respecto, debe precisarse lo establecido en los artículos 229, fracción II, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que dicen: "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: . II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; ." Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada. Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. Artículo 260. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda." De lo transcrito, se advierte que dichos actos debieron haber sido impugnado a través del juicio contencioso administrativo, por lo que se concluye que la promovente no agotó el medio de impugnación previsto en el Código de Procedimientos Administrativo del Estado de México; y por ello, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. De ahí que la parte quejosa, debió interponer promover juicio contencioso administrativo, el cual debió agotar previo a la promoción del juicio bi-instancial. "RECURSOS ORDINARIOS (AMPARO IMPROCEDENTE). La improcedencia es manifiesta cuando se trata de un acto que admite un recurso por virtud del cual puede ser confirmado, modificado o revocado, independientemente de la circunstancia de que tal recurso no esté pendiente sino que ya exista la resolución recaída en él, porque en este caso es notorio que el agravio lo causaría la resolución pronunciada en ese recurso y no la recurrida." De igual manera cobra aplicación, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo ese orden de ideas, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por********************, respecto de los actos reclamados precitados. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firman de manera electrónica, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl José López Martínez, ante la Secretaria Yeny Prado Rico, quien autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las promociones y constancias que lo originaron, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. *oded* Juez Secretaria

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito presuntamente firmado por**********por virtud del cual pretende desahogar la prevención de veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Al respecto, sin requerir mayores conocimientos técnicos o especiales, se aprecia a simple vista que la firma que calza el escrito de referencia difiere notablemente de la firma estampada en la comparecencia registrada con el folio 10613. En esas condiciones, requiérase al ocursante para que en el término de tres días, legalmente computados, comparezca ante este juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente y una copia a reconocer la firma que calza el escrito de cuenta. Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentado dicho escrito. La anterior medida se toma por seguridad jurídica de las partes, pues la firma constituye el signo gráfico con el que las personas reflejan o exteriorizan su voluntad de todos los actos jurídicos en los que se requiera la firma escrita, como ahora acontece, por lo que en caso de que llegare a demostrarse que la firma que aparece en el escrito de referencia no hubiera sido estampada por la misma persona, sería claro, en consecuencia, que no existió la exteriorización de la voluntad del promovente al momento de presentar el escrito de cuenta, por ende, dicho escrito no tendría validez. Infórmese a la parte promovente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad en los juicios de amparo, en términos de la fracción I del artículo 261 de la ley de la materia. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que la firma plasmada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda o cualquier otro son susceptibles jurídicamente de ser objetados de falsos en cuanto a su autenticidad y ello debe ser materia del incidente previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, promovido por las partes, en el cual se dé oportunidad de ofrecer pruebas

  4. Principal

    Vista el acta de comparecencia de cuenta, se advierte que en atención al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, a ******************++, éste acudió a ratificar el escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintiocho de julio de dos mil veintitrés y registrado con el folio 10175; consecuentemente, se tiene por desahogado el citado requerimiento. Consecuentemente, agréguese, a los presentes autos el escrito signado por el quejoso ******************, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que se le realizó en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, visto el escrito en mención, se advierte que el quejoso manifiesta lo siguiente: De lo anterior, se desprende que el quejoso no ha precisado el acto reclamado que en concreto atribuye a cada una de las autoridades responsables, pues se limita a manifestar que estaban facultadas para emitir la información solicitada; empero, no se advierte el acto que les en específico les atribuye ni la participación de las mismas en la emisión o ejecución del acto reclamado. Asimismo, omitió dar cumplimiento a la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es, narrar bajo protesta de decir verdad, todos y cada uno de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, Por lo tanto, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo es necesario que indique de forma precisa el acto de autoridad que reclama de forma destacada y no se limite formular manifestaciones genéricas y ambiguas, en virtud de que tal información es necesaria para fijar la Litis constitucional y, en ese orden, solicitar a las autoridades responsables su respectivo informe justificado. Por tanto, requiérase de nueva cuenta al quejoso a efecto de que cumpla a cabalidad en sus términos las prevenciones formuladas en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Ahora, toda vez que el escrito por el que pretendió desahogar la prevención, fue presentado el día en que se encontraba en el día tres respecto al término que se concediera a la parte quejosa en proveído de veintiuno de julio del año en curso, dígasele que deberá desahogar en los términos que se le requirió en la presente determinación, dentro de dos días hábiles contado a partir de la legal notificación de este proveído, quedando subsistente el apercibimiento decretado en el citado auto de quince del mes y año que transcurren.

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