Yisel Becerril Acevedo
Expediente 1550/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1550/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Yisel Becerril Acevedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
(3) Notifiquese personalmente
- Principal
(3) Acusa. Téngase por recibido el oficio 7445/2022 signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del recurso de queja interpuesto en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Asimismo, informa que se admitió a trámite y se radicó el recurso de queja penal bajo el número ***********; circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado Federal.
- Principal
(3) Agréguese el escrito signado por **************, asesor jurídico de la quejosa ************; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101 y 103 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, ríndase informe en relación con la materia de la queja interpuesta, teniendo como cierto el acto reclamado, y como justificativa de dicho informe remítase el original del juicio de amparo en el que se actúa al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, así como el escrito del recurso interpuesto y copia del mismo, ello, para los fines pertinentes sobre el trámite y resolución del recurso interpuesto, solicitando el acuse correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
(6) I. Remisión de ejecutoria que resuelve el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Agréguese el oficio signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, y, en atención a su contenido, se le tiene remitiendo fotocopia certificada de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de veintinueve de septiembre del presente año, en el recurso de queja ***************/2022 de su índice, en la que se declaró fundado el mismo, por las consideraciones que ahí se exponen. Acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior para los efectos legales a que haya lugar. II. Audiencia constitucional. Seguidamente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, al tomar en consideración que en proveído de nueve de mayo de la presente anualidad (fojas 499 a 501), se ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto fuera resuelto el citado recurso, lo que ya aconteció; se procede a su reanudación y se fijan las diez horas con tres minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. II. Admisión prueba pericial. Ahora, en estricto cumplimiento a la ejecutoria remitida por el Tribunal Colegiado oficiante, se deja sin efectos el auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, únicamente respecto a la parte conducente, relativa al desechamiento de la prueba pericial en materia socioeconómica ofertada por la parte quejosa, esto es: ".Atento a lo anterior, visto el escrito registrado con número de promoción 12849 signado por ***************, ***************y ***************, en su respectivo carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Ejido ***************a través del cual ofrecen la prueba pericial en materia socioeconómica en los términos y por las consideraciones expuestas en dicho ocurso, al respecto, no ha lugar a admitirla, en atención a las siguientes consideraciones: Si bien es cierto que el juez constitucional está facultado para recabar y desahogar las pruebas conducentes para el conocimiento de la verdad respecto a los derechos controvertidos, sin embargo, se estima que dichos supuestos no se surten en el presente caso. Esto es así, pues de inicio, es pertinente destacar que los actos reclamados en esta instancia constitucional, son los siguientes: 1. El acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el juicio ordinario civil *************** de su índice, promovido por el Ejido quejoso, relativo a la acción de nulidad de juicio concluido respecto del procedimiento de validación *************** de los registros de ese propio órgano jurisdiccional; en la parte que, requirió a la parte actora aquí quejosa, la exhibición de garantía por la cantidad de ***************, a fin de que la medida cautelar concedida en esos autos continúe surtiendo sus efectos. Y, como consecuencia de lo anterior: 2. El levantamiento de la medida cautelar decretada, con motivo de la imposibilidad que aduce el Ejido quejoso para exhibir la garantía requerida. Actos que serán analizados de conformidad a la acción de nulidad de juicio concluido respecto del procedimiento de validación ***************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, y que dicha autoridad responsable remitió en copias certificadas, para robustecer su informe justificado como se advierte del presente auto. Es por ello que atendiendo a que la prueba la pericial en materia socioeconómica que se ofrece, no puede ser considerada como tal en el presente juicio de amparo, pues no fue puesta a consideración, ni fue valorada por la jueza responsable para la emisión del acto aquí reclamado; de ahí que la misma no puede ser tomada en cuenta por este juzgado federal, ya que de conformidad con el artículo 75 de la ley de la materia, el acto reclamado debe apreciarse en la forma como quedó probado ante la autoridad responsable. En efecto, el numeral en mención prevé el principio de limitación de pruebas, el cual tiene como fin primordial evitar que el juzgador de amparo al sustituirse en la competencia exclusiva de la autoridad responsable, llegue al extremo opuesto de justificar o mejorar el contenido del acto reclamado; por ello, se instituyó que el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la responsable, sin tomar en consideración pruebas no rendidas ante ella. Por lo que es inadmisible que ante el juez de amparo se ofrezcan pruebas que aporten mayores datos sobre determinado tópico y no ante la autoridad responsable encargada de la tramitación del expediente, como lo pretende la promovente. Apoya lo anterior, la tesis 134, emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, Tomo II, Materia Penal, visible a página 68, que establece: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL.- De acuerdo con el artículo 78, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de esa índole, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de lo cual resulta que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución reclamada, sólo podrá determinarse atendiendo a los datos que en esa época arrojaba la averiguación previa y no las actuaciones posteriores." En consecuencia, en virtud de que en el presente caso la pericial en materia socioeconómica contempla un objetivo diverso al de arribar a la verdad respecto de los derechos aquí controvertidos, pues tiende a acreditar diversas alegaciones que formula la parte quejosa en el presente sumario constitucional, aunado a que el juez federal no puede sustituirse en la competencia de la autoridad responsable para conocer del acto reclamado; esta juzgadora estima improcedente admitir la prueba pericial que se ofrece. Resulta orientadora, por identidad jurídica, la tesis I.9º.P.2 K (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada el tres de febrero de dos mil catorce, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo III, Materia Constitucional, Décima Época, con número de registro 2005770, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, AL SEÑALAR QUE EN LAS SENTENCIAS QUE SE DICTEN EN LOS JUICIOS, NO SE ADMITIRÁN NI SE TOMARÁN EN CONSIDERACIÓN AQUELLAS QUE NO SE HUBIESEN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 17 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 8 Y 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, al señalar que en las sentencias que se dicten en los juicios no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad responsable, no vulnera los artículos 1o., 14, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 8 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello es así, porque de la citada porción normativa no deriva que el juicio de amparo impida ejercer los derechos de audiencia y acceso a la justicia y, por tanto, que sea un recurso inefectivo o ilusorio, pues no constituye un procedimiento ordinario para acreditar hechos en lo general, sino que su objeto principal es verificar la constitucionalidad o convencionalidad o, en su caso, la legalidad del acto de autoridad frente a la situación y circunstancias que concurrieron en el momento en que se emitió la resolución impugnada; ya que de lo contrario, se llegaría al absurdo de establecer que en el juicio de amparo puede ofrecerse cualquier medio probatorio sin algún control, lo cual traería como consecuencia, su desnaturalización, y se generaría una inestabilidad en relación con los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales; máxime que el párrafo primero del artículo en estudio, no es absoluto, pues su párrafo segundo establece una excepción, al permitir al quejoso ofrecer pruebas siempre y cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable." En ese orden de ideas, visto el escrito registrado con número de promoción 12849 signado por *************** y ***************, en su respectivo carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del ***************, del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, a través del cual ofrecen la prueba pericial en materia socioeconómica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 143 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 119 y 120 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de mérito. Corolario a lo anterior, requiérase a las diversas partes, para que dentro del término de tres días legalmente amplíen por escrito el cuestionario de mérito, y/o en su caso, designen perito de su parte, apercibidas que de no realizar manifestación alguna, se resolverá únicamente con el cuestionario pericial de la parte quejosa y de conformidad con el dictamen que rinda el perito oficial nombrado. A efecto de dar cumplimiento a lo ordenado, desglósense de los presentes autos las fojas 69 a 77 que contienen las fotocopias sin certificar del escrito relativo al citado cuestionario, a fin de que sean distribuidas entre las partes. Por otra parte, se tiene como perito en materia socioeconómica de la parte quejosa a *************** quien deberá comparecer debidamente identificada ante este Juzgado Federal, dentro de los tres días siguientes a que sea notificada del presente proveído, a efecto de aceptar y protestar el cargo conferido, por lo que, con fundamento en los artículos 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y 119 párrafo quinto de la Ley de Amparo deberá hacerse de su conocimiento a través de la parte quejosa, apercibiendo a la experta que de no presentarse en el lapso otorgado, perderá el derecho para presentarse con posterioridad y, por ende, en el presente sumario se desahogará únicamente la prueba pericial a cargo de los expertos designados que sí lleven a cabo lo anteriormente precisado. Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto del escrito de mérito se advierte que dicha procesal informó el domicilio con el que cuenta la experta en comento a efecto de ser notificada personalmente para que ratificara el cargo propuesto, también cierto es que no manifestó consideración alguna tendente a expresar la imposibilidad con la que cuenta para presentar ante este órgano jurisdiccional a la citada experta, ni mucho se advierte de oficio circunstancia alguna que permita determinar tal imposibilidad. Es aplicable al caso por las razones que informa y similitud jurídica, la jurisprudencia 250/2007 que por contradicción de tesis aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "Registro digital: 170471 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 250/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 436 Tipo: Jurisprudencia PERICIAL EN EL AMPARO. ES ILEGAL LA DECLARATORIA DE DESERCIÓN DE LA PRUEBA RELATIVA, EN EL CASO DE QUE EL PERITO DEL OFERENTE NO COMPAREZCA A ACEPTAR EL CARGO. Es ilegal la declaratoria de deserción de la prueba pericial anunciada si no se presenta al perito propuesto por el oferente dentro del plazo de 3 días a fin de que manifieste si acepta o no el cargo conferido y, en su caso, rinda la protesta de ley, en atención a que del tercer párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo se advierte que una vez que se tiene por anunciada la prueba pericial, el órgano de control constitucional debe designar al o los peritos que estime necesarios, independientemente de que el oferente de la prueba o las demás partes nombren sus peritos para que se asocien al designado por aquél, ya que si tal prueba no es colegiada, tampoco es imprescindible que en su desahogo intervengan especialistas diversos al nombrado oficiosamente por el Juez Federal. Es decir, basta con que se desahogue mediante el dictamen que rinda el perito seleccionado por el Juez Federal, aun sin la intervención de los que, en su caso, propongan las partes." Exhortación. Exhortación a que hace alusión el artículo 6 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL BASADA EN CITAS. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. En atención a lo expuesto, mediante oficios que al efecto se giren al 1] Director General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, y al 2] Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Delegación Estatal en Hidalgo de la Fiscalía General de la República, requiérales para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, designen un especialista en materia socioeconómica, para que intervenga en el presente juicio como perito en auxilio de este Juzgado Federal, o bien informen la imposibilidad que tengan para realizar ello. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa consistente en cincuenta días de salario mínimo general vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) , con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, equivalente a ***************. Finalmente, una vez que se tenga conocimiento del perito designado se proveerá lo conducente.
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