Yie Tin Cruz Martínez

Expediente 571/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
571/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Yie Tin Cruz Martínez
  • Director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como de la certificación que antecede, se advierte que mediante sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se resolvió el presente juicio de amparo; por lo que en esa data se ordenó notificar personalmente a las partes dicha resolución; sin embargo, a la fecha en que se actúa no obran las constancias de notificación correspondientes en el expediente físico, ni en la mesa de trámite; así como tampoco en el expediente electrónico mediante la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para que se notifique de manera inmediata a las partes la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia que al fedatario judicial de la adscripción que corresponda, deberá correr copia íntegra de la resolución citada, así como de la presente determinación a las partes antes señaladas y de inmediato se haga entrega a la mesa de trámite, y las integre al expediente electrónico en la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario Judicial adscrito para que firme el oficio que derive del presente acuerdo. Finalmente, se exhorta tanto al personal encargado del presente asunto (mesa de III de trámite) como al actuario judicial adscrito a ser diligentes en el desempeño de sus funciones a efecto de evitar el retraso en la tramitación de los expedientes de la estadística de este órgano de control constitucional. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 571/2021, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, recibido en este Juzgado Federal al día siguiente, por razón de turno, Yie Tin Cruz Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisa a continuación: ".II.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridades responsables a las siguientes: a).- COMO AUTORIDAD, EN SU DOBLE ASPECTO, ORDENADORA Y EJECUTORA: Al Director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, [.]. IV.- ACTOS RECLAMADOS. A la Autoridad en calidad de ordenadora y ejecutora le reclamo: El acuerdo, decreto, oficio u orden, verbal o escrita, por la cual suspende o retiene el salario que como trabajadora tengo derecho a percibir íntegramente.." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y, manifestó esencialmente como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y admisión de la demanda. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 571/2021, y se consideró que éste órgano jurisdiccional carecía de competencia legal por razón de turno, por lo que se envió al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien determinó no aceptar la misma. Por ello, mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó realizar la consulta respectiva ante la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, quien mediante oficio de trece de agosto del año en curso, informó que el conocimiento del presente asunto corresponde a éste órgano jurisdiccional; y, por ello, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por tratarse de una omisión atribuida a una autoridad cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. De igual manera, se considera que en observancia a la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que la suscrita secretaria en funciones de Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2820/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, pues está facultada para dictar sentencia aún en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 67/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 853, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Atento a lo anterior, del análisis de la demanda y de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: El acuerdo, decreto, oficio u orden, verbal o escrita, por la cual suspende o retiene el salario que como trabajadora de los Servicios de Salud de Oaxaca, tiene derecho a percibir. TERCERO. Existencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan violatorios de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. En este contexto, la autoridad responsable Director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, se debe tener por cierto, pues de las manifestaciones vertidas en el mismo se desprende su certeza. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Esto es así, pues de las manifestaciones que vierte en el mismo, se aprecia que efectivamente a la parte quejosa se le retuvo su salario, virtud de la tarjeta informativa 249, de doce de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, en cumplimiento a lo solicitado en la circular 016, de treinta de abril del año en curso, signada por la propia autoridad responsable. Lo que se corrobora con las documentales remitidas por la autoridad responsable, constancias que tienen valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio el juzgador debe analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. A efecto de evidenciar lo anterior, se estima conveniente citar la aludida norma legal, misma que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Al respecto, se estima dable señalar en primer término el significado de las palabras "cesar" y "efecto", que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Por lo que la frase "cesar los efectos" del acto reclamado, se refiere cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; en tal virtud para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Así, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, para que pueda operar o actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es menester que el acto reclamado en el presente juicio quedara sin efecto. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones siguientes. En efecto, recuérdese que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hizo consistir en el acuerdo, decreto, oficio u orden, verbal o escrita, por la cual suspende o retiene el salario que como trabajadora de los Servicios de Salud de Oaxaca, tiene derecho a percibir. En ese sentido, la autoridad responsable al rendir su informe de ley, señaló que efectivamente a la parte quejosa se le retuvo su salario, virtud de la tarjeta informativa 249, de doce de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, en cumplimiento a lo solicitado en la circular 016, de treinta de abril del año en curso, signada por la propia autoridad responsable. Por tanto, para que opere la causa de improcedencia en comento, resulta necesario demostrar en autos que se ya no se suspende o retiene el salario que debe percibir la parte quejosa en su carácter de trabajadora de los Servicios de Salud de Oaxaca. Lo cual se estima así sucedió, pues de acuerdo a las constancias enviadas por la autoridad responsable, si bien es cierto se advierte que efectivamente a la parte quejosa se le retuvo su salario, virtud de la tarjeta informativa 249, de doce de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, en cumplimiento a lo solicitado en la circular 016, de treinta de abril del año en curso, signada por la propia autoridad responsable. Sin embargo, una vez analizada la situación laboral de la parte quejosa, mediante tarjeta informativa 383, de ocho de junio del año en curso, se determinó girar instrucciones al encargado del Departamento de Operación y Pagos, para que liberara las quincenas que le fueron retenidas a la aquí parte quejosa. Incluso, la autoridad responsable señaló que el nueve de junio del año en curso, se realizó a favor de la trabajadora -aquí parte quejosa- la transferencia a su cuenta de nómina en la institución bancaria que señala, las quincenas que le habían sido retenidas, y quedaron regularizados los depósitos o transferencias de los pagos de su salario en forma subsecuente; sin que pase inadvertido que dicha autoridad fue omisa en remitir constancia alguna que sustente dicha afirmación. Sin embargo, se advierte que mediante proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa dicho informe justificado y constancias, lo cual fue notificado por medio de lista el catorce de julio siguiente; sin que realizara manifestación alguna no obstante encontrarse publicado en la lista de este órgano jurisdiccional, y con ello encontrándose debidamente notificada del aludido proveído. Sumado al hecho, de que las partes también se encuentran constreñidas a darle seguimiento a los juicios que tramitan, como es verificar la lista de acuerdos, para así conocer si la autoridad rindió su informe justificado y el sentido del mismo, ello para estar en facultad de desvirtuar lo manifestado y acreditado en el mismo, incluso para formular alegatos en relación de la violación de los derechos que siente fueron afectados en su esfera de derechos; máxime que incluso, la ley de la materia no establece que la notificación de la vista del informe justificado deba realizarse de manera personal. Atento lo relatado y ante la falta de controversia por la parte quejosa en cuanto a lo señalado por la autoridad responsable, es por lo que se considera, en el caso, que cesaron los efectos de los actos reclamados en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; y siendo esto así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, es claro que al haberse liberado la retención de salarios que le corresponden a la parte quejosa en su carácter de trabajadora de los Servicios de Salud de Oaxaca, situación que durante el presente juicio de constitucional, se hizo del conocimiento de la parte quejosa, y al no haber realizado manifestación alguna, se tiene que han cesado los efectos del acto impugnado. Lo anterior se considera así, pues la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando con motivo de una actuación posterior por parte de la propia autoridad responsable, todos sus efectos desaparecen o son destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Sirve de apoyo a la anterior consideración por su contenido jurídico, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, en materia común, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, correspondiente a la Novena Época y sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro es "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, lo procedente sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación; de acuerdo con la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Además, no representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que la admisión de mérito no constituye un impedimento al actualizarse alguna causa directa de sobreseimiento, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 544, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA". Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven del presente proveído. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Yie Tin Cruz Martínez, respecto del acto reclamado, por los motivos expuestos en el considerando último del presente fallo. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que a este órgano jurisdiccional corresponde continuar con el conocimiento del amparo indirecto 571/2021 promovido por Yie Tin Cruz Martínez, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, lo anterior, toda vez que como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentran señaladas las diez horas con tres minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se desprende que: - Que mediante auto de cinco de julio de este año, se instruyó al actuario judicial adscrito para que para que enviara nuevamente el oficio 5534 y anexo (constancias necesarias del juicio de amparo en que se actúa), a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto que se encuentre en aptitud de resolver la consulta efectuada por acuerdo de catorce de junio de este año, esto es, a fin de que determine qué órgano jurisdiccional debe conocer del presente asunto; y en caso, de que existiera imposibilidad, levantara la razón correspondiente y se remitiera copia certificada de este sumario constitucional. - De la consulta al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como el expediente físico, se desprende que el dieciséis de julio de este año, se remitió el oficio y anexo señalados, vía correo electrónico a la referida autoridad. - Sin que al día de hoy se haya recibido constancia alguna referente a la resolución de la consulta en mención. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Sinn que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Apoyo a lo anterior, las tesis XX. 304 K y VI.1o.P.18 K, sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, y Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Octava y Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XV, Enero de 1995 y XIV, Octubre de 2001, respectivamente, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INEXACTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTE OBLIGADO A ORDENAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL DIFERIMIENTO DE LA." y "NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL AUTO QUE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO SE REQUIERE QUE SE HAGA EN FORMA PERSONAL.". Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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