YIDAM CABRERA SANTOYO y Otros.
Expediente 672/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/06/2018
Partes del expediente
- YIDAM CABRERA SANTOYO y Otros.
- Guillermo González Santiago
Actuaciones
- Principal
REQUIERASE DE NUEVA CUENTA AL JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL CON SEDE EN ESTA CIUDAD A FIN DE QUE REMITA COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS DE LA QEUSE DESPRENDE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA PETICION DEL QEUJOSO ALA QUE ADUCE FUE ENTREGADA AL JUEZ DE CONTROL ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN, CON SEDE EN TECATE, BAJA CALIFORNIA EL QEUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
VISTO, EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO SIN QUE NINGUNA DE LAS PARTES HUBIERA RECURRIDO DEL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE DICHO PROVEIDO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LO EFECTOS LEGALES PROCEDENTES; CONSECUENTEMENTE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO QUE CORRESPONDA Y ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
A catorce de mayo de dos mil dieciocho, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el acuerdo dictado (a) el siete de mayo de dos mil dieciocho, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Visto, el escrito de demanda presentada por la parte quejosa, contra actos del Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción 4, 15, 27, 107, 108, 114, 116, 120, 122 y relativos de la Ley de Amparo, anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo número 672/2018-VIII. Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de garantías promovida por los quejosos, contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali. Asimismo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa impugna: - La resolución de seis de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca civil 1785/2017 del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali, que declaró firme en apelación el proveído de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Quinto de lo Civil de Tijuana, Baja California, dentro del juicio especial hipotecario 5/2015. Ahora bien, respecto del acto citado con antelación, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Atento a lo establecido por el precepto legal que se transcribe, y que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte promovente es la resolución de seis de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca civil 1785/2017 del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali, que declaró firme en apelación el proveído de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Quinto de lo Civil de Tijuana, Baja California, dentro del juicio especial hipotecario 5/2015, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de los aquí promoventes, en el que se tuvo por aprobado el remate de los bienes de la demandada, a favor de la parte actora, no se trata de la última resolución dictada en dicho procedimiento, en virtud de que la referida resolución no es la última actuación realizada en el procedimiento de remate, entendida como aquella que en forma definitiva ordena la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, de tal manera que la resolución de que se duelen los impetrantes no puede considerarse un acto conclusivo de esa etapa ejecutiva, sino un pronunciamiento que está íntimamente ligado con el procedimiento de ejecución del juicio especial hipotecario de origen, pero no que conlleve a establecer que es la última resolución dictada en el procedimiento de remate en el mismo; en esa razón el juicio de amparo que se promueve deviene notoriamente improcedente, al actualizarse en la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, segundo párrafo del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del referido ordenamiento legal. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado respecto a la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos en ejecución de sentencia, misma que se da cuando éstos afectan de manera directa derechos sustantivos de la quejosa, como se advierte de la jurisprudencia P./J. 108/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, materia común, con número de registro 163152, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sin embargo, en el caso no se está en presencia de la hipótesis anterior, ya que el acto que se reclama por esta vía constitucional, como ya se dijo, se hace consistir en la resolución de seis de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca civil 1785/2017 del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali, que declaró firme en apelación el proveído de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Quinto de lo Civil de Tijuana, Baja California, dentro del juicio especial hipotecario 5/2015, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de los aquí promoventes, en el que se tuvo por aprobado el remate de los bienes de la demandada, a favor de la parte actora, por no tratarse de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente produce efectos intraprocesales. En otro aspecto, se tiene a la parte promovente del amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en su escrito de demanda y autorizando en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alberto Anaya Parra y Alberto Erasmo Achutegui López, ya que del contenido de la certificación secretarial se advierte cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ernesto Ceseña Valverde, ya que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado de referencia; así como a Rosaura Cruz Núñez y Aristeo Gallegos Escarcega, por así haberlo solicitado expresamente. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este juzgado, para que realicen las notificaciones inherentes a los acuerdos que se dicten en este juicio de amparo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la resolución que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. En otro aspecto, a fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria.
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