Yhodivan Moran Mosso

Expediente 1251/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1251/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Yhodivan Moran Mosso

Actuaciones

  1. Incidental

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia incidental, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, toda vez que no se cuenta con las constancias de notificación de las que se aprecie que las autoridades responsables 1) Jueces de Control y Enjuiciamiento Penal con adscripción, Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, con residencia en Ometepec, Guerrero; 2) Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común, de la Ciudad de Marquelia, Guerrero; 3) Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común de Ometepec, Guerrero, 4) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado. Marquelia, Guerrero; 5) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, 6) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, adscrito a la Unidad de Investigación Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Ometepec, Guerrero, hayan sido notificadas de los oficios 27210/2023, 27212/2023, 27213/2023, 27217/2023, 27218/2023 y 27219/2023, mediante el cual se les solicitó su informe previo. Ahora bien, sin que por el momento se requiera a la oficina de Correos de México, para que informe el destino que guarda la pieza postal aludida, toda vez que no ha transcurrido un tiempo prudente para ello. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. No pasa desapercibido que el artículo 138, de la Ley de Amparo indica que dentro de los cinco días se llevará a cabo la audiencia incidental; sin embargo, se señala dicha fecha atendiendo al plazo concedido a las autoridades responsables para que rindan su informe previo atendiendo a que su residencia se encuentra fuera de la de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 327 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de un caso análogo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 137/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 20 de octubre de 2017 10:30 h, Materia Común, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015318; cuyo rubro y texto señalan: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS." Por último, se ordena la notificación del presente proveído por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que constituye una determinación de mero trámite.

  2. Incidental

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia incidental, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, toda vez que no se cuenta con las constancias de notificación de las que se aprecie que las autoridades responsables 1) Jueces de Control y Enjuiciamiento Penal con adscripción, Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, con residencia en Ometepec, Guerrero; 2) Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común, de la Ciudad de Marquelia, Guerrero; 3) Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común de Ometepec, Guerrero, 4) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado. Marquelia, Guerrero; 5) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, 6) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, adscrito a la Unidad de Investigación Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Ometepec, Guerrero, hayan sido notificadas de los oficios 27210/2023, 27212/2023, 27213/2023, 27217/2023, 27218/2023 y 27219/2023, mediante el cual se les solicitó su informe previo. Ahora bien, sin que por el momento se requiera a la oficina de Correos de México, para que informe el destino que guarda la pieza postal aludida, toda vez que no ha transcurrido un tiempo prudente para ello. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. No pasa desapercibido que el artículo 138, de la Ley de Amparo indica que dentro de los cinco días se llevará a cabo la audiencia incidental; sin embargo, se señala dicha fecha atendiendo al plazo concedido a las autoridades responsables para que rindan su informe previo atendiendo a que su residencia se encuentra fuera de la de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 327 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de un caso análogo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 137/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 20 de octubre de 2017 10:30 h, Materia Común, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015318; cuyo rubro y texto señalan: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS." Por último, se ordena la notificación del presente proveído por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que constituye una determinación de mero trámite.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda de amparo, promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de los Jueces de Control y Enjuiciamiento Penal con adscripción, Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Álvarez, Guerrero y Bravos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades responsables. ADMISIÓN DE DEMANDA. Ahora bien, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del juicio; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y V de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente; SE ADMITE a trámite la demanda de amparo. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", como juicio de amparo indirecto 1251/2023-IV fórmese expediente impreso y electrónico. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con apoyo en el artículo 128 de la ley de la materia tramítese en la vía incidental, por cuerda separada y duplicado, la suspensión que se solicita. No pasa inadvertido que el quejoso en el capítulo de acto reclamado refiere que, tiene el temor fundado de que se le lleguen a aplicar actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Federal de la República; sin embargo, no es el caso de conceder la suspensión de plano habida cuenta que por disposición del artículo 126, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el efecto de dicha medida es ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el citado numeral; efecto éste, que la lógica impone entender que sólo opera cuando están siendo ejecutados, no cuando se trate de aquéllos actos futuros e inciertos y ni aun tratándose de inminentes, puesto que la acción presente excluye la futura, aún la futura inmediata; por lo que, si bien el quejoso manifiesta su temor de que sea privado de su libertad y pueda ser incomunicado al exponer: "(.) 4. Por lo tanto, temo de que se me prive de mi libertad personal, toda vez que como lo he señalado de que en estos últimos días han acudido a mi domicilio particular un grupo de personas que dicen ser policías ministeriales del estado, es por ello que acudo a usted, C. Juez de Distrito en el estado en vía de demanda de amparo para poder obtener la protección de la justicia federal." Lo cierto es que, como se advierte de lo expresado por el propio quejoso en la demanda de amparo, no se encuentra detenido, por lo que, no hay razón jurídica para ordenar el cese de actos que no están siendo ejecutados. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en la inteligencia que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 del citado cuerpo de leyes, se pide informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlos dentro del plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación. Dichos informes deberán ser rendidos con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafos primero y cuarto, 63 fracciones IV y V, 64 y 75, todos de la Ley de Amparo vigente, remitiendo a este juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo. - En orden. - Completas y legibles. Asimismo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para el efecto de que informen a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama el quejoso, se han promovido diversos juicios de amparo, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de que no rindan su informe justificado o lo hagan sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se les hace saber que, si omiten manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, solicítese a las autoridades responsables que al momento de rendir su informe justificado, precisen si por virtud del delito por el cual se le instruye la causa penal de origen existe alguna persona a quien le recaiga el carácter de víctima u ofendido, que pueda llegar a tener derecho a la reparación del daño o de reclamar la responsabilidad civil, y de ser así proporcione el nombre y domicilio de la misma, si es que de autos se desprenden dichos datos, o en su defecto, diga si no le recae a persona alguna dicho carácter; ello a efecto de proveer sobre la existencia o no de tercero interesado en el presente asunto, conforme a lo expuesto en el citado ordinal 5°, fracción III de la Ley de Amparo en vigor.

  4. Incidental

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1251/2023, promovido por ********************, contra actos de los Jueces de Control y Enjuiciamiento Penal con adscripción, Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Álvarez, Guerrero y Bravos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. INFORME PREVIO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo y requiriéndoles que en el mismo se precise la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa al quejoso, los preceptos legales que lo tipifiquen y la fecha en que fue emitida la conducta reclamada. Se hace saber a las autoridades responsables que la falta de la rendición oportuna de su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se les impondrá una multa de cien unidades de medidas y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción II de Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental en este asunto. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Antes de determinar si es procedente conceder o no la suspensión provisional que se solicita, es menester señalar de manera específica los actos que en la especie se reclaman, ello, con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa. En congruencia con lo anterior, se advierte que la medida cautelar se solicita contra los actos que a continuación se transcriben: "De las autoridades ordenadoras, reclamo el libramiento de la ilegal orden de investigación, búsqueda, citación, detención, comparecencia y aprehensión, por algún hecho delictivo que jamás ha cometido o que se le pretenda fabricar, así como las consecuencias de las mismas que pudieran tener, en flagrante violación a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucional. De las autoridades responsables ejecutoras: Reclamó la ejecución y cumplimiento de las mismas, teniendo el temor fundado de que si llegasen a ejecutarlas, me sean aplicados actos de torturas de todo tipo que se señalan en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues devienen de un acto inconstitucional e ilegal y por ende su cumplimiento resulta ser contrario a derecho." Asimismo, es de precisarse que la parte quejosa solicita la medida cautelar, para el efecto siguiente: "para el efecto de que no se me prive de la libertad personal." Precisado lo anterior, este juzgado se pronunciará únicamente respecto del efecto para el que fue solicitada la suspensión, ello en estricta relación con los actos reclamados en esta instancia. Es aplicable a la anterior determinación, por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia 2ª./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Expuesto lo anterior, es momento de verificar la procedencia de la medida cautelar que se solicita, y con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional considera que, lo procedente es negar la suspensión provisional que se solicita respecto del actos reclamado que señala como orden de investigación, toda vez que la investigación de los delitos, es de orden público y por tanto, insuspendible de conformidad en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo. Además, no debe perderse de vista que dicho acto está vinculado a la función ministerial que tienen encomendada las autoridades señaladas como responsables, la cual se vería entorpecida en el caso de otorgase la suspensión solicitada por el quejoso, y contravendría disposiciones de orden público y el interés de la sociedad. Así, de conceder tal medida provocaría como efecto que la representación social incumpliera con lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional, pues se paralizaría el trámite que constitucionalmente corresponde a las autoridades señaladas responsables, lo cual sería contrario al interés público, pues la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito, por lo que la averiguación penal no puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso y en cambio, sí se le causaría a la sociedad, si no se lleva a cabo a su debido término dicha averiguación, la cual se estima es de orden público. Tiene aplicación al caso concreto la tesis IV.3o 21P, publicada en la página 1214, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, Fuente, Semanario Judicial de la Federación, de la Instancia, Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La sola integración de la averiguación previa no necesariamente implica que se vaya a ejecutar la acción penal que le compete al Ministerio Público, además que de conceder la suspensión provisional contra la averiguación previa provocaría como efecto que la representación social incumpliera con lo dispuesto por el artículo 102 constitucional en cuanto a la persecución de los delitos, pues se paralizaría el trámite que a él como investigador le corresponde constitucionalmente, lo cual sería contrario al interés público, pues la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito, por lo que la averiguación penal no puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso y en cambio, sí se le causaría a la sociedad, si no se lleva a cabo a su debido término dicha averiguación, la cual se estima es de orden público.", además la integración de la averiguación previa no necesariamente implica que se vaya a ejecutar la acción penal que le compete al Ministerio Público." En otro orden, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de búsqueda, citación, detención, comparecencia y/o aprehensión, libradas en contra de la parte quejosa -aquí incidentista-, y con apoyo en los artículos 124, 128, 130, 136 y 166 de la Ley de Amparo, se otorga la suspensión provisional a ********************, solicitada para el efecto de que, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir que el quejoso no sea detenido y/o privado de la libertad personal, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, quedando la parte quejosa a disposición de este juzgado por lo que respecta a su libertad personal, y a disposición de la autoridad ordenadora por lo que se refiere a la continuación del procedimiento que en caso se instruya. Bajo esas condiciones, la suspensión que se concede contra orden de búsqueda, citación, detención, comparecencia y/o aprehensión, y surte sus efectos desde luego, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos, si el quejoso dentro del plazo de cinco días contados a partir de la legal notificación de este proveído como lo establece el artículo 136 de la ley en comento, no otorga garantía por la cantidad de ******************** (********************), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, y a entera satisfacción de este Juzgado, suma que se fija como medida de aseguramiento con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 168, de la ley de la materia y se determina de manera discrecional acorde con lo dispuesto por el numeral 132 del citado cuerpo normativo, en atención a que en este momento procesal no se cuenta con mayores datos para determinar la naturaleza, modalidad y característica del delito imputado al aquí quejoso, ni su situación económica y la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia; sin embargo, se estima que es económicamente activo al no hacer manifestación en contrario. Significando a las autoridades responsables que la medida cautelar concedida, de modo alguno tiene el alcance de suspender el procedimiento que en su caso, se le instruya al aquí quejoso incidentista, pues la autoridad investigadora está facultada para realizar todas las diligencias para la integración de la carpeta de investigación o averiguación previa que corresponda, de ahí que, este debe continuarse por ser de orden público, quedando la parte quejosa -incidentista- a disposición de este juzgado, por lo que respecta a su libertad personal y a disposición de la ordenadora por lo que se refiere a la continuación del procedimiento. Apoya lo anterior por razón de contenido jurídico la tesis I.7o.P.99 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, página 2071, Décima Época, con registro 2015888, de la siguiente literalidad: "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A DECLARAR EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI YA TRANSCURRIÓ LA FECHA DE LA COMPARECENCIA, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA. De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 33/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 622, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y subtítulo: "ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DE UN TESTIGO DE CARGO. NO OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SI DURANTE LA INSTRUCCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE ACTUALIZA EL DÍA SEÑALADO PARA EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE INTERROGATORIOS.", el hecho de que haya transcurrido la fecha de la citación con el objeto de que el inculpado se apersone ante la autoridad ministerial para conocer la imputación que obra en su contra y, de ser el caso, rendir su declaración respecto a los hechos, no debe considerarse como un acto consumado, pues no implica que el acto reclamado dejara de existir o el objeto de éste, ya que si fuera así, la sola llegada de la fecha daría por extinguida la facultad de la autoridad ministerial de citar al gobernado en una averiguación previa, pues el verdadero objeto de la citación no consiste en que tenga lugar una diligencia en fecha y hora determinadas, sino en obtener la comparecencia de la persona ante la autoridad ministerial para que conozca los hechos que se investigan y, de ser el caso, rinda su declaración. En este orden, procede conceder la suspensión definitiva respecto del citatorio emitido por la autoridad investigadora, a efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan, esto es, no se ejecuten los actos de molestia reclamados y, por tanto, no sea presentado por conducto de la fuerza pública ante la autoridad ministerial responsable, hasta en tanto cause ejecutoria la determinación que se dicte en el juicio de amparo." También apoya lo resuelto, el criterio de jurisprudencia 1a./J. 86/2010, de la Primera Sala, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Materia(s): Común, página: 573, de la Novena Época, con registro 162694, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador." [Énfasis añadido] Apoya lo anterior, el criterio de Jurisprudencia emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro: 188725, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001 Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 66/2001, página 434, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." [Énfasis añadido] De igual manera, sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL" De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." (Novena Época, Registro: 198729, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 16/97, Página: 226). REQUISITOS DEL DEPÓSITO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 879 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el dos de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que inserte la leyenda siguiente: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Adicionalmente, en los términos del numeral 883 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que dice: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos.", en el entendido de que las leyendas anteriores deberán insertarse en espacios que no alteren la demás información que deba contener el documento respectivo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 899, fracción II, del aludido Acuerdo General, en caso de que las garantías se constituyan mediante billetes o certificados de depósito, deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijan; asimismo, de ser el caso de la parte quejosa. Además, es necesario precisar que en el documento en que se consigne la garantía requerida en autos, además de proporcionar la información requerida en el mismo, deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo del directo quejoso; el concepto deberá decir: Para garantizar la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo, y precisando como autoridad: Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo de los Bravo, ya que de no estar requisitado el documento valioso de que se trate en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin que se tenga exhibida la garantía requerida con las consecuencias legales que conlleve. Por otro lado, con apoyo en el artículo 166, fracción II, de la ley de la materia, también se impone al impetrante como medida de aseguramiento la prevista en el párrafo primero del numeral 162 de la misma ley, consistente en la obligación de comparecer ante la autoridad responsable de la causa para la continuación del procedimiento o de la indagatoria, según sea el caso, y de no hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión concedida, medida que será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto; lo cual en términos del propio tramite del juicio de amparo en la vía indirecta, ocurre cuando las autoridades señaladas como responsables rindan su informe previo, dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el cual manifiesten, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye. Cobra aplicación el caso concreto la jurisprudencia de la Novena Época, registro 170432 de la Primera Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, materia penal, Tesis: 1a./J. 149/2007, Página: 371, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." En la inteligencia de que la medida decretada no surtirá efectos, si el delito o delitos por los que se haya girado orden de búsqueda, citación, detención, comparecencia y/o aprehensión del directo quejoso -aquí incidentista-, se encuentra comprendida dentro de aquellos que tienen origen en hechos que la ley señale como delitos de los que el artículo 70 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, establece como graves, o de aquellos que el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional, contempla como de prisión preventiva oficiosa o en los casos en que la prisión preventiva (justificada) sea solicitada por el Agente del Ministerio Público, y determinada por el Juez, tratándose de las circunstancias que refiere la primera parte del segundo párrafo del normativo Constitucional en cita, en cuyo caso, este mandamiento no impide que sea privado de su libertad, y la suspensión sólo producirá el efecto que, una vez ejecutada dicha orden, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que el quejoso sea recluido o detenido, en cuanto a su libertad personal; quedando a disposición de la autoridad ordenadora, por lo que hace a la continuación del procedimiento que en su caso, se le instruya sin perjuicio de la facultad de las responsabilidades ordenadoras para decretar su soltura en los casos en que legalmente proceda La medida cautelar que se concede tampoco impedirá que se detenga al quejoso, por órdenes de autoridades distintas de las señaladas como responsables o dictadas con posterioridad a la presentación de la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en ********************, y como su autorizado en términos amplios a que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, no así ********************, por no contar con el requisito anterior y así solicitarlo expresamente. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que desee incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano