Yezaim Aquino Alvarez

Expediente 1694/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1694/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Yezaim Aquino Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en los autos del juicio de amparo indirecto 1694/2023-II; .................. VII. DECISIÓN. 69. Al resultar inexistente el acto reclamado que se atribuyen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), lo que procede en la especie es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 70. Por su parte, al advertirse que al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), Delegación Puebla, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo respecto del acto consistente en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria otorgada a la parte quejosa, derivado de la falta de inclusión del concepto de compensación mensual complementaria, se impone sobreseer en el juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V20, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la misma legislación. 71. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, VIII. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ..., por su propio derecho, respecto del acto y autoridades precisados en el punto III y conforme a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos IV y VI de esta sentencia. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Se apertura incidente de liquidación de sentencia para actualización. ********************?autorizada del quejoso, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Ampao ?, en atención a lo requerido en auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, informa que su autorizante se constituyó en las instalaciones de la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla, a recoger el cheque emitido a su favor, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, menos las obligaciones tributarias a retener. Asimismo, solicita la apertura del incidente de liquidación de sentencia para actualizar el pago de las prestaciones revistas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución. Al respecto, el artículo 66 de la Ley de Amparo, refiere que se substanciarán en la vía incidental: 1. Las cuestiones que se refiere la ley, que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y que surjan durante el procedimiento. 2. Que podrán ser a petición de parte o de oficio. 3. Sobre las cuales, el órgano jurisdiccional determinará atendiendo las circunstancias del caso, si resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o se reserva para resolverlo en sentencia. Por otro lado, el artículo 67 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento que llevarán las cuestiones que se substanciarán en la vía incidental, conforme a lo siguiente: 1. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde; 2. Se dará vista a las partes por el plazo de 3 días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes; 3. Atendiendo la naturaleza del acto, el órgano jurisdiccional determinara si se requiere un plazo probatorio mayor y si suspende o no el procedimiento; y 4. Transcurrido el plazo anterior, dentro de los 3 días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán alegatos de las partes y se dictará la resolución correspondiente. Por otra parte, el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar de oficio o a petición de parte, que se aperture un incidente para tal efecto. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el pago de las prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe realizarse cuantificando las que se generen desde que se concretó la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de miembros de instituciones policiales y hasta que se realice el pago de la indemnización. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado." Por ende, con fundamento en los artículos 66, 67 y 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de liquidación de sentencia para cuantificar la actualización de las prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO REQUIERE EL PAGO DE UNA CANTIDAD CUYO MONTO NO FUE DETERMINADO EN ELLAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ABRIR UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PARA CUANTIFICARLO. Hay casos en que para el cumplimiento del fallo constitucional se tiene que pagar al accionante del amparo una cantidad cuyo monto no se determinó en la sentencia respectiva, como acontece, entre otros casos, cuando el peticionario del juicio de garantías deba ser indemnizado por la afectación que sufrió el predio de su propiedad en virtud del acto reclamado; cuando el Tribunal Fiscal de la Federación ordena incrementar la pensión jubilatoria del quejoso; cuando se declara inconstitucional una ley tributaria y, como consecuencia de ello, se ordena a la autoridad responsable devolver los pagos realizados por la contribución respectiva, durante el lapso que estuvo en vigor la ley reclamada, y cuando en acatamiento de la protección constitucional se deba reinstalar al servidor público en su empleo y pagarle las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo separado de él. En estos casos puede suceder que exista controversia sobre el monto que debe pagarse al accionante del amparo y que el Juez de Distrito carezca de elementos para determinar con certeza, cuál es el correcto. En tales circunstancias, dicho juzgador, ciñéndose a los lineamientos señalados por los artículos 358 al 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2o., debe abrir un incidente de liquidación, en el que las partes interesadas estén en aptitud de probar sus pretensiones respecto al monto de las cantidades que se deban pagar al quejoso en acatamiento del fallo protector y, una vez que se desahoguen las pruebas ofrecidas por aquéllas y además aleguen lo que a sus intereses convenga, el Juez precitado debe dictar la resolución correspondiente, en la que determine la cantidad líquida que se deba entregar al quejoso, para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo." Así como, la jurisprudencia: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO EL EFECTO DE LA EJECUTORIA CONSISTE EN EL PAGO DE CANTIDAD LÍQUIDA POR CONCEPTO DE SALARIOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE, ANTES DE TRAMITAR EL INCIDENTE RELATIVO, DETERMINAR LA CANTIDAD EXACTA QUE HA DE PAGARSE CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Tratándose de ejecutorias de amparo cuyo efecto sea el pago de una cantidad líquida por concepto de salarios, es necesario que antes de tramitar el incidente de inejecución de sentencia relativo, el juez de distrito determine la cantidad exacta que ha de pagarse, para lo cual debe solicitar a las partes -quejosa y autoridad responsable- toda la documentación que requiera para hacerlo. Lo anterior, toda vez que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda valorar si se actualiza o no la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe verificar que las autoridades obligadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo hayan contado con los elementos suficientes para ello y, en consecuencia, no puedan alegar algún pretexto para evadir su observancia." Vista para ofrecer pruebas. En tales condiciones, se otorga a las partes el plazo de tres días, para que ofrezca las pruebas que estimen pertinentes y manifiesten lo que a su derecho e interés convenga en esta incidencia. Ahora, una vez transcurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se tendrá por precluido su derecho y señalará fecha para la celebración de la audiencia. Finalmente, por cuanto hace a las pruebas que ofrece la parte quejosa, se reserva proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto fenezca el plazo de tres días otorgado a las partes mediante este proveído. Notifíquese; y vía electrónica a la Agente del Ministerio Público adscrita.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por conducto de su representación; rinde informe justificado, señala domicilio, designa delegados, señala usuarios, ofrece pruebas y solicita uso de medios electrónicos. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista con informe. Con el contenido de lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados. Téngase como delegados a las personas que señala, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Domicilio. En términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Amparo, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Consulta de expediente electrónico. Por otra parte, respecto a la solicitud de que se le permita el acceso al expediente electrónico, dado que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizaron los nombres de usuarios********************y********************, correspondiente a ********************; con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y según lo establecido en el numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se autoriza lo siguiente: A) Consultar el expediente electrónico vía internet; Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, tal como lo prevé el artículo 253, párrafo tercero , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, concedido a las partes, para desahogar la vista con los informes justificados recibidos en esta fecha y el veintiséis de octubre pasado. En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgado. Finalmente, se fijan para su celebración las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, en términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario ********************, que pertenece a ********************, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. La Jefa de Servicios de lo Contencioso, adscrita a la Subdirección Jurídica del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); rinde informe justificado, señala domicilio y designa delegados. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista con informe. Con el contenido de lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados. Téngase como delegados a las personas que señala, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Domicilio. En términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Amparo, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica. Notifíquese.

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