Yetzabell Rivera Santana

Expediente 1190/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1190/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Yetzabell Rivera Santana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el informe de la autoridad responsable y las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo. Las partes no realizaron manifestaciones al respecto, además ya trascurrió el plazo otorgado para tal efecto, como se advierte de la certificación de cuenta; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Así, por sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 123 a 132), para los efectos siguientes: ".la Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: Deje insubsistente la interlocutoria de treinta de junio del dos mil veintidós, mediante la cual se resolvió el recurso de revocación hecho valer en contra del auto de nueve de junio del presente año, dictado en la Sección Segunda del Juicio Intestamentario a bienes de la de cujus Leticia Elena Torres Santana, por la Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, bajo el número de expediente 1431/2018. Y en su lugar, con libertad de jurisdicción, pero en estricto ceñimiento a los lineamientos establecidos en la presente sentencia, resuelva lo que en derecho corresponda." Este fallo amparador se basó sustancialmente en las consideraciones siguientes: "De donde se desprende que los argumentos expuestos por la parte quejosa no fueron atendidos por la responsable ya que no hizo precisión alguna al respecto, pues no se pronunció en relación a la totalidad de lo solicitado en virtud de que no contestó lo referente a que: NO TODOS LOS BIENES INMUEBLES REFERIDOS EN EL AJUSTE DE INVENTARIO ESTÁN ESCRITURADOS, DE TAL SUERTE QUE, RESPECTO DE LOS MISMOS ES IMPOSIBLE OBTENER UN CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVÁMENES, POR NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL, ni tampoco le respondió lo relativo a que el artículo 4.83 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, referente a la tramitación especial de las sucesiones, sólo exige la exhibición del inventario, ni siquiera de los avalúos, de tal suerte que no existe razón, motivo ni fundamento legal alguno para que su Señoría exija a la Albacea la exhibición de certificados de libertad de gravámenes de los bienes inmuebles inventariados; asimismo, lo atinente a que todas las partes con interés en el presente juicio sucesorio, están conformes con el inventario formulado por la Albacea; luego, no se pronunció respecto de que aún y cuando los bienes inmuebles inventariados tuvieran a su cargo algún gravamen, sin consentir de forma alguna que así sea, ELLO NO SERÍA IMPEDIMENTO ALGUNO PARA QUE FORMARAN PARTE DEL INVENTARIO, ni tampoco para que fueran adjudicados a los coherederos de la presente sucesión, al tratarse los gravámenes de obligaciones doctrinalmente conocidas como "ambulatorias" que siguen a la cosa, por lo que SÍ, EN SU CASO, NO FUERON PAGADOS LOS CRÉDITOS POR LA AUTORA DE LA SUCESIÓN, INEVITABLEMENTE TENDRÍAN QUE SER PAGADOS POR LOS ADJUDICATARIOS DE LOS BIENES, sin que se pongan en riesgo de forma alguna derechos de terceros; no le precisó el por qué el REQUERIR UN CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVÁMENES RESPECTO DE LOS INMUEBLES DESCRITOS EN LOS PÁRRAFOS QUE PRECEDEN, TAL Y COMO LO HIZO SU SEÑORÍA, CONSTITUYE, A TODAS LUCES, UN OBSTÁCULO INSUPERABLE E INNECESARIO. De ahí que, se evidencie la falta de exhaustividad en la resolución reclamada ya que la responsable dejó de atender todos y cada uno de los argumentos expuestos por el demandado incidental, con lo que se violentó en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional." Por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia había causado ejecutoria, por lo cual se requirió su cumplimiento (foja 144). Ahora bien, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable exhibió copias certificadas del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós y la resolución del dieciocho siguiente, dictados en el expediente 1431/2018 (fojas 150 a 162), de las cuales se advierte que la autoridad responsable: Dejó insubsistente la interlocutoria de treinta de junio del dos mil veintidós, mediante la cual se resolvió el recurso de revocación hecho valer en contra del auto de nueve de junio del presente año, dictado en la sección segunda del juicio intestamentario a bienes de la de cujus Leticia Elena Torres Santana. Con libertad de jurisdicción resolvió nuevamente, en el sentido de declarar parcialmente fundado el recurso de revocación de origen, por lo cual se modificó el auto impugnado, en cuyas consideraciones analizó y dio respuesta integra a las consideraciones de la quejosa respecto de que: No todos los bienes inmuebles referidos en el ajuste de inventario están escriturados, por lo cual es imposible obtener un certificado de libertad de gravámenes, por no encontrarse debidamente inscritos en el Instituto de la Función Registral. El artículo 4.83 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, referente a la tramitación especial de las sucesiones, sólo exige la exhibición del inventario, ni siquiera de los avalúos, de tal suerte que no existe razón, motivo ni fundamento legal alguno para que se exija a la albacea la exhibición de certificados de libertad de gravámenes de los bienes inmuebles inventariados. Todas las partes con interés en el presente juicio sucesorio, están conformes con el inventario formulado por la albacea. Aún y cuando los bienes inmuebles inventariados tuvieran a su cargo algún gravamen, sin consentir de forma alguna que así sea, ello no sería impedimento alguno para que formaran parte del inventario, ni tampoco para que fueran adjudicados a los coherederos de la presente sucesión, al tratarse los gravámenes de obligaciones doctrinalmente conocidas como "ambulatorias" que siguen a la cosa; por lo que si no fueron pagados los créditos por la autora de la sucesión, inevitablemente tendrían que ser pagados por los adjudicatarios de los bienes, sin que se pongan en riesgo de forma alguna derechos de terceros. Requerir un certificado de libertad de gravámenes respecto de los inmuebles descritos en los párrafos que preceden, tal y como lo hizo su señoría, constituye, a todas luces, un obstáculo insuperable e innecesario. En ese contexto, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, pues se cumplieron los efectos de la sentencia de amparo en sus términos, sin excesos ni defectos. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DESTINO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se declara que el presente expediente carece de relevancia documental; por tanto, en acatamiento del artículo 18, fracción I, inciso b), del invocado acuerdo general, así como el diverso 7.1.1, ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de depuración, al haberse concedido la protección constitucional. DEVOLUCIÓN ANEXOS Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, se advierte que la autoridad responsable exhibió diversas constancias que obran en anexo aparte, y dado el sentido de la presente determinación ya resultan innecesarias; por ende, se ordena la devolución a su lugar de origen. Sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues bastará con que conste su recepción en la constancia de entrega correspondiente; por tanto, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción para que se cerciore de que se anote esa circunstancia. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. RESPONSABLE INFORMA GESTIONES Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, a través del cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia emitida en autos. VISTA CUMPLIMIENTO Por tanto, en términos del precepto legal 196 de la Ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de noviembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia emitida por este juzgado federal el trece de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable (conforme a sus atribuciones legales y competenciales) dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente resolución, realice lo siguiente: " Deje insubsistente la interlocutoria de treinta de junio del dos mil veintidós, mediante la cual se resolvió el recurso de revocación hecho valer en contra del auto de nueve de junio del presente año, dictado en la Sección Segunda del Juicio Intestamentario a bienes de la de cujus Leticia Elena Torres Santana, por la Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, bajo el número de expediente 1431/2018. Y en su lugar, con libertad de jurisdicción, pero en estricto ceñimiento a los lineamientos establecidos en la presente sentencia, resuelva lo que en derecho corresponda." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En el entendido, que en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Finalmente, devuélvase a la responsable las constancias remitidas al rendir informe justificado, teniendo como acuse la constancia de recepción de los anexos respectivos. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SENTENCIA: La justicia de la unión ampara y protege a la parte quejosa

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