Yessica Rosa Romero Zamora

Expediente 1219/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1219/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Yessica Rosa Romero Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. P

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE CITA téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1219/2020-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. De igual forma, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la Ley de la Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo, la promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Así las cosas, se pone de manifiesto que, el plazo con el cual contaba la promovente para interponer su demanda de amparo es de quince días, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a la IV, del artículo transcrito, de ahí que, le sea aplicable el citado plazo genérico. Se afirma lo anterior, ya que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclama, entre otros actos, las condiciones generales de contratación que ofrece el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a sus derechohabientes para el otorgamiento de créditos destinados al pago de adeudos contraídos para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda, actos de los cuales manifestó bajo protesta de decir verdad haber tenido conocimiento el dieciocho de julio de dos mil catorce. En ese sentido, resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento del acto que dice le agravia, prepondera sobre cualquier otra fórmula empleada en la Ley de Amparo, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, con la cual se permite arribar a la convicción de que la peticionaria de amparo tuvo pleno conocimiento de los actos que pretende combatir desde el dieciocho de julio de dos mil catorce. De ahí que la quejosa estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo desde la data referida, lo cual no hizo, lo que se corrobora con la fecha que aparece en la boleta de turno y sello fechador que obra en la demanda de amparo que nos ocupa, de los que se desprende que se presentó el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por lo que resulta evidente que el plazo de quince días a que alude el numeral 17 de la Ley de Amparo transcurrió en exceso, tomando en consideración la fecha que la quejosa expresó bajo protesta de decir verdad, por lo que es inconcuso que su presentación resulta extemporánea. Se afirma lo anterior, porque dicha manifestación formulada por la promovente constituye una confesión expresa, la cual hace prueba plena en términos de lo dispuesto por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2°, de la Ley de Amparo, la cual se advierte que fue realizada bajo protesta de decir verdad por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, por lo que no puede negarse o variarse y, mucho menos, constituir una excepción o defensa sujeta a prueba (al haberse confesado de manera espontánea, lisa, llana y sin reservas por la parte quejosa). Lo que hace que se ponga de manifiesto que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en estudio, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede desechar la demanda de amparo por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala, y por autorizados para los mismos efectos a las personas propuestas para tal fin. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, con todas las facultades que el mismo confiere, al profesionista propuesto, lo anterior por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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