Yessica Ramos Morelos
Expediente 456/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 29 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yessica Ramos Morelos
- Juez Primero En Materia Penal En el Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución, que en su primer punto resolutivo sobreseyó y en su segundo punto resolutivo negó el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente asunto es susceptible de conservación, el cual será transferido una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es conservable. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de conservación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintiún minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo II-456/2023, promovido por ********************, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria hace relación de las constancias de autos y da cuenta con la demanda, auto admisorio de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, constancia de notificación a las autoridades responsables, así como sus informes justificados y la notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Asimismo, se da cuenta que las autoridades Juez Decimotercero de Control y Juicio Oral y Juez Decimocuarto de Control y Juicio Oral, ambas del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, omitieron rendir su informe justificado, no obstante rindieron el informe previo en el incidente de suspensión derivado de este expediente, por lo que se invocan dichos informes como hechos notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y se da cuenta con su contenido. A su vez, se hace constar que la autoridad responsable Juez Segundo de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, no rindió su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificada de dicho requerimiento desde el veinticuatro de marzo de este año, tal y como se advierte del acuse de recibo del oficio 6936/2023 que obra agregado en autos. Seguidamente, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias y ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. De igual forma, se tiene por omisa a la autoridad en comento. Abierto el período de pruebas y alegatos, se da cuenta a la Jueza que las partes no hicieron uso de ese derecho, por lo que cierran dichas etapas. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar se declara visto el expediente para dictada la sentencia siguiente. VISTO, para resolver, el presente juicio de amparo indirecto 456/2023-II, promovido por ********************, contra actos de Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se presentó la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que atribuyó al Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veintidós de marzo de esa propia anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 456/2023-II; se solicitó a las responsables sus informes con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se verificó al tenor del acta que antecede a la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclaman actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial donde este juzgador federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo. De manera que la quejosa reclama la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado; el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado; el Juez Cuarto Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco; el Juez Noveno de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco; el Juez del Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Tekax, Yucatán; el Juez Décimo Octavo de Control Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Tonalá; el Juez Décimo Noveno Especializado en Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio Adversarial del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Tonalá; el Director General Jurídico de la Fiscalía del Estado de Jalisco; la Encargada de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía Estatal de Jalisco, con sede en Guadalajara; el Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Amparos de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara; el Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Cumplimiento a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara; el Encargado de la Comandancia de Policía de Investigación de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara; el Juez Quinto de Control Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito, con sede en Tonalá, Jalisco; el Juez Sexto Penal de Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco; la Jueza Séptimo Especializada en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrita al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Tonalá; el Juez Octavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrita al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco; el Juez Décimo Primero de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrita al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco; el Juez Vigésimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrita al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Tonalá; el Juez Décimo Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial; el Juez Tercero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco; el Juez Décimo Noveno Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, en ausencia de la Titular del Juzgado Décimo Séptimo, con sede en Tonalá, Jalisco; el Juez Primero de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá; el Juez Décimo de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá; Juez Décimo Segundo de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá; el Juez Décimo Tercero de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá; el Juez Décimo Cuarto de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá; el Juez Décimo Quinto de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá y el Juez Vigésimo Primero Especializada en Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Tonalá, NEGARON la existencia de los actos que se les reclama, consistentes en la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa y su ejecución. Ahora bien, atendiendo al contenido de los artículos 63, fracción IV, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se desprende que la negativa de la autoridad responsable no es determinante para declarar la inexistencia del acto reclamado, toda vez que ese extremo puede ser acreditado por las partes a través de los medios de prueba reconocidos por la ley o, incluso, puede ser apreciado directamente por el juzgador si así se desprendiera de las constancias procesales. Por tal motivo, con el propósito de verificar la certeza o falsedad de dicha negativa, se analizan íntegramente las constancias procesales, sin que se advierta prueba en contrario. En consecuencia, al no desvirtuarse la negativa formulada por las autoridades responsables, se impone sobreseer en el presente juicio constitucional, respecto de dichas autoridades, en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sirviendo también como apoyo la jurisprudencia siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificada de dicho requerimiento desde el veinticuatro de marzo de este año, tal y como se advierte del acuse de recibo del oficio 6936/2023 que obra agregado en autos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Causales de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia, procede el análisis de los conceptos de violación formulados por la quejosa, sin que sea necesaria su transcripción, en virtud de que no existe disposición legal que obligue a ello. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por las consideraciones siguientes. De inicio debe señalarse que en el presente caso, el acto consistente en la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa y su ejecución, el cual se tuvo por presuntivamente cierto ante la omisión del Juez Segundo de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco de rendir su informe de ley, sin embargo, dicho acto no es inconstitucional en sí mismo, por lo que corresponde a la parte quejosa aportar medios de prueba que evidencien su inconstitucionalidad, en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 117. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. (.) Del precepto transcrito, se advierte que la falta de informe justificado únicamente hace presumir la certeza del acto reclamado, no así su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues dicha circunstancia es carga probatoria del quejoso, siempre que dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de la Ley de Amparo. Así, un acto es en sí mismo violatorio de los derechos humanos reconocidos y de las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuando la autoridad no pueda demostrar, ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna o por los tratados internacionales. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio de dichos derechos humanos. En apoyo a lo expresado, se cita la tesis jurisprudencial 554, que integró el Segundo Tribunal del Quinto Circuito, publicada en el Apéndice de 1995 a Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo Vi, Parte TCC, Materia Común, página 368, con registro 394510, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SI NO ES INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO, SU EXISTENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. El acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial está facultada para librar la orden de aprehensión reclamada; por ende, la existencia de la misma es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, el juez de amparo estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión. Consiguientemente, al negar el amparo por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no infringe precepto legal alguno en perjuicio del hoy inconforme." De igual manera orienta lo expuesto, la diversa jurisprudencia II.2o.J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 70, Octubre de 1993, página 53, con registro 214589, que establece: "ACTO RECLAMADO INCONSTITUCIONALIDAD DEL. QUIEN DEBE PROBARLA. Cuando se reclama en juicio de amparo un acto de autoridad en sí mismo violatorio de garantías, estando acreditada la existencia del acto, también lo está su inconstitucionalidad, y en estos casos la carga probatoria para demostrar su constitucionalidad corre a cargo de la autoridad responsable. En cambio, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, entonces la demostración de su existencia es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y la carga probatoria corresponde al quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo." Sin embargo, en el particular ninguna prueba aportó la parte quejosa para demostrar la existencia de la inconstitucionalidad del acto que reclama; por tanto, resultan infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, toda vez que por sí mismos resultan insuficientes para acreditar la inconstitucionalidad alegada. Sin que este órgano jurisdiccional, se encontrara obligado para exigir a la autoridad responsable rindiera su informe justificado o remitiera constancia alguna, pues en términos de la jurisprudencia invocada, no es aplicable al caso particular lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 75, de la Ley de Amparo, que establece la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."; la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, y en el particular, como se estableció, ante la falta de informe justificado, se presumió cierto el acto. Lo anterior, al margen de que se requirió a dicha autoridad omisa las constancias relativas, sin que se obtuviera respuesta alguna. En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación de la parte quejosa, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADOS. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en este juicio de amparo promovido por ********************, contra actos que reclama del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a ******************** contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución, por los motivos precisados en el considerando último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término de cinco días fijado a la parte quejosa, a fin de que exhibiera la garantía que se le impuso para que siguiera surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida en la resolución interlocutoria de veinticinco de mayo del año en curso; sin que haya colmado tal condición. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, se declara que ha dejado de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, quedando expedita la jurisdicción del Juez Segundo de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, autoridad señalada como responsable para la ejecución del acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute el acto reclamado, la parte quejosa podrá exhibir la garantía, con la cual, de inmediato, volverá a surtir efectos la citada medida suspensional. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de los mismos se advierte que se encuentra transcurriendo el término, concedido a la autoridad responsable Juez Segundo de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, mediante proveído de veinticinco de mayo del año en curso, a efecto de que remita las constancias que acrediten el acto reclamado o en su caso informe que se encuentra impedido para remitir las mismas. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su desahogo las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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