Yessica Mendoza Guzmán

Expediente 189/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
189/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Yessica Mendoza Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de noventa días otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, a efecto de que se presentara ante este juzgado a recoger el documento que exhibió junto a su escrito inicial de demanda, consistente en el acta de nacimiento original número xx del menor de iniciales xxx sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto, por lo que dicho documento podrá ser destruido en su oportunidad, con el presente expediente. En virtud de lo anterior y como está ordenado en el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, remítase al archivo de este juzgado el presente expediente (fojas 70 y 71). Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Luis Batres Antonio, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, encargado del despacho por licencia de la titular, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el diverso 175 de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, asistido de Luis Alberto González Villa, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés (fojas 58 a 64), mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio inicio a este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el precitado proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en razón de que no es de relevancia documental. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2, de la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa, la documental que aportó en su escrito inicial de demanda, consistente en acta de nacimiento original número 3948, del menor de iniciales C.A.H.M, asimismo, se le previene para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este recinto jurisdiccional con identificación oficial vigente a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, será destruido con el presente expediente, como se dispone en el Acuerdo General mencionado en el párrafo que antecede. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Promoción Vista la demanda de amparo promovida por Yessica Mendoza Guzmán, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales C.A.H.M. (cuya identidad se protege), contra actos de los Magistrados integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, y de otra autoridad. Formación de expediente y registro Fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el libro uno de este juzgado, correspondiente a los juicios de amparo con el número 189/2023. Actos reclamados De la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama los siguientes actos: I. De los Magistrados integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, la omisión de dar trámite a la demanda de amparo directo presentada el uno de abril de dos mil veintidós, en contra de la sentencia de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca 341/2021; y, II. Del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta población, el auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, dentro del expediente 517/2015, en el que en cumplimiento a la ejecutoria de segunda instancia emitida el uno de diciembre de dos mil veintiuno, ordenó a la quejosa Yessica Mendoza Guzmán, la entrega del menor de iniciales C.A.H.M. (cuya identidad se protege), con apercibimiento que en caso de no hacerlo se aplicarían en su contra las reglas de la ejecución forzosa. DESECHAMIENTO Ahora, previamente a la admisión de la demanda de amparo, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto de desechamiento de demanda. Al respecto, cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Luego, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, de manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Se cita al caso, la tesis de la Octava Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En el caso, respecto al primer acto reclamado, consistente en la omisión de dar trámite a la demanda de amparo directo presentada el uno de abril de dos mil veintidós, en contra de la sentencia de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca 341/2021, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 97, fracción II, inciso a), y 178 de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 97. El recurso de queja procede: II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente; [.]" "Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá: I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente; II. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión. [.]" En ese tenor se aprecia del contenido de los artículos en cita, que la demanda de amparo indirecto presentada por el quejoso es improcedente, pues de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros interesados. Lo anterior, ya que, como se dijo, la solicitante del amparo, manifestó en su escrito inicial de demanda que reclama de los Magistrados integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, la omisión de dar trámite a la demanda de amparo directo presentada el uno de abril de dos mil veintidós, en contra de la sentencia de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca 341/2021, acto que se sitúa indudablemente en la hipótesis normativa que contiene el inciso a) de la fracción II, del artículo 97 de la ley de la materia. De ahí que, se reitera, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de dar trámite a la demanda de derechos fundamentales en la vía directa presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de amparo, pues de la literalidad del numeral 97, fracción II, inciso a), se prevé la procedencia de dicho recurso en contra de la conducta que le imputa a la autoridad hoy señalada como responsable, de ahí que el juicio de amparo que se promueve es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." En otro orden, respecto del diverso acto reclamado consistente en el auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, dentro del expediente 517/2015, en el que se ordenó a la quejosa Yessica Mendoza Guzmán, la entrega del menor de iniciales C.A.H.M. (cuya identidad se protege), con apercibimiento que en caso de no hacerlo se aplicarían en su contra las reglas de la ejecución forzosa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107, atento a las siguientes consideraciones. Cabe precisar que los preceptos antes señalados son del literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [...]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [...]" Respecto de este último precepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo contra el último acto dictado en ese procedimiento. Así también, que por "última resolución", para los efectos de los actos dictados en ejecución de sentencia, debe tenerse a aquél que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad física o jurídica de cumplirla. Esto se sostiene en la jurisprudencia P./J. 32/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Las excepciones al criterio general antes aludido y que dan posibilidad para atacarlos sin necesidad de esperar a la última resolución, exclusivamente son: a) Cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos (la integridad física, la libertad y los bienes); y, b) Cuando los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; es decir, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Esta última excepción contiene la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse de forma irreparable. Esta consideración se contiene en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del propio Tribunal Pleno, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Establecido lo anterior, es importante destacar algunos antecedentes del acto reclamado que se advierten del capítulo correspondiente de la demanda, a saber, los siguientes: 1. Que el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el expediente 517/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, en la que se declaró procedente la guarda y custodia del menor quejoso con su padre Carlos Hilario Vargas; 2. Que en contra de esa determinación, la ahora quejosa Yessica Mendoza Guzmán, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el uno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del toca 341/2021; en dicha resolución se determinó modificar la sentencia de primer grado, entre otras cuestiones, para establecer lo siguiente: "[.] QUINTO. Se declara que el régimen de visitas y convivencias será compartido, sin embargo, en atención a las circunstancias que concurren en el caso de su madre, como lo es lo reducido del espacio de su vivienda y el gran número de personas que la habitan, una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para el niño, es que el menor viva con su padre durante la semana escolar, de lunes a viernes [.]" 3. Contra esta última resolución, la hoy agraviada promovió demanda de amparo directo ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, la cual aparentemente se encuentra pendiente de remitir al Tribunal Colegiado correspondiente del Decimonoveno Circuito. 4. En cumplimiento a la sentencia de segunda instancia, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta localidad, el veinte de abril de dos mil veintitrés, emitió un auto dentro del expediente 517/2015, en el que ordenó a la quejosa Yessica Mendoza Guzmán, la entrega del menor de iniciales C.A.H.M., con apercibimiento que en caso de no hacerlo se aplicarían en su contra las reglas de la ejecución forzosa. Asentado lo anterior, es necesario destacar que la parte quejosa reclama el auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente 517/2015, en el que se ordenó a la quejosa Yessica Mendoza Guzmán, la entrega del menor de iniciales C.A.H.M., con apercibimiento que en caso de no hacerlo se aplicarían en su contra las reglas de la ejecución forzosa, el cual se colige fue emitido en la etapa de ejecución de sentencia, en cumplimiento a la resolución de segunda instancia emitida en el toca 341/2021. En ese tenor, como el acto reclamado no constituye el último dictado en el juicio de origen, entendido éste como el pronunciamiento respecto a la declaración de que se encuentre enteramente cumplido lo sentenciado o bien, que se reconozca la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento; cuya declaración o situación permite acceder a la vía constitucional. Tampoco se advierte que se esté en alguno de los casos de excepción a que alude la jurisprudencia P./J. 108/2010, pues el acto pudiera afectar derechos sustantivos en la medida en que ordena a la madre la entrega de su menor hijo, no menos cierto lo es que dicha circunstancia obedece a lo juzgado y sentenciado en el juicio de origen -cosa juzgada-. Luego, la resolución que se reclama, deberá impugnarse en el amparo indirecto que en su momento se intente contra la última resolución del juicio en la que se declare su cumplimiento o imposibilidad, o bien, el mismo podría paralizarse en caso que la parte quejosa solicite la suspensión del acto reclamado dentro del amparo directo que presentó en contra de la sentencia de segunda instancia, pues como ella misma lo expresa, la determinación de Segunda Instancia fue reclamada en amparo directo, de modo que las medidas adoptadas por la responsable tocante a la guarda y custodia y régimen de convivencias con el menor será analizado en esa Instancia Constitucional a la luz de lo expuesto en los conceptos de violación que hubiese expresado y al interés superior del menor. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a las anteriores consideraciones, la tesis 2a. VIII/98 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del país, de rubro y contenido: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En mérito de lo expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Yessica Mendoza Guzmán, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales C.A.H.M. (cuya identidad se protege), contra actos de los Magistrados integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, y de otra autoridad. Domicilio y autorizado Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda de amparo, y como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Luis Miranda Niño y Manuel Cruz Maldonado, toda vez que cuentan con cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Empero, al no cumplir Enrique Martínez Muñiz, con el requisito de proporcionar cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior atendiendo a la reforma realizada al precepto antes mencionado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día diecisiete de junio de dos mil dieciséis; por tanto, únicamente téngasele como autorizado de la promovente en términos del artículo 24, párrafo segundo, del referido ordenamiento, para oír y recibir notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Acceso al expediente electrónico Como lo solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo con los nombres de usuarios "jorgemiranda" y "cumm7211099" y además, se le autorice para presentar promociones y recepción de notificaciones electrónicas de aquellos autos que se ordenen personalmente, y visualizar acuerdos en el presente asunto. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, deberán ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. En ese contexto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuarios "jorgemiranda" y "cumm7211099" únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Sin que sea el caso tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, toda vez que se tuvo para tal efecto, los usuarios proporcionados. Expediente electrónico Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de José Luis Batres Antonio, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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