Yessica Marlen Barrera Vergara

Expediente 239/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
239/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Yessica Marlen Barrera Vergara

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del once de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra un acto del gerente de la sucursal y/o apoderado o representante legal, cajeros en turno de la sucursal 2671-Taxco 2 Montes de Oca, de la Institución Bancaria Banco Azteca, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, con residencia en Taxco de Alarcón, Guerrero. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, once de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra un acto del gerente de la sucursal y/o apoderado o representante legal, cajeros en turno de la sucursal 2671-Taxco 2 Montes de Oca, de la Institución Bancaria Banco Azteca, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, con residencia en Taxco de Alarcón, Guerrero; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 239/2021-I. El suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1° y 5° fracción II, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Ante todo, debe señalarse que el primero de los numerales que dan sustento a la causal que aquí se actualiza establece el objeto del juicio de amparo, refiriendo que sólo procede contra actos de autoridad; el segundo precisa quiénes tienen ese carácter y finalmente, el último contempla la improcedencia que se actualiza en el asunto en que se actúa. Conviene indicar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad que sea susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo, para lo cual debe tomarse en cuenta lo considerado en los diversos precedentes que sobre tal tema ha resuelto el Alto Tribunal. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/98, el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, con relación al concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo consideró, en lo conducente, lo siguiente: Que una autoridad para efectos del amparo es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Aunado a lo expuesto, dicha Sala estimó que el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares, salvo lo dispuesto, en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo conducen a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio podría ser procedente; sin perjuicio, desde luego, que de ser el caso y realice actos equivalentes a los de autoridad, pudiera serle reconocido tal carácter. Lo expuesto revela que debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, cuando de autoridades formales se trate, en tanto formen parte de la estructura estadual. Las relaciones jurídicas de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el Derecho Civil, Mercantil y Laboral. En ese contexto, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Así, del criterio invocado se colige que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En ese contexto, las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado, que obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o, de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, y la obligatoriedad. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Ahora, del escrito de demanda se advierte que el acto que reclama la promovente es la falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en su contra para disponer de los recursos de la cuenta ***** de Banco Azteca, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, en relación con la afectación que genera en su esfera de derechos, deriva de actos donde la institución bancaria señalada como responsable no actúa en un plano de supra a subordinación, porque no existe potestad de autoridad, en tanto que su relación deriva de un acuerdo de voluntades, por virtud del cual, ésta administra tal cuenta. Se afirma lo anterior, pues el mismo no constituye un acto de autoridad, sino de una actividad realizada por la institución bancaria como prestador de servicios, el cual no es factible dilucidar en el juicio de amparo, por lo que deberá acudir ante la potestad común a dilucidar tal aspecto. Entonces, dicho acto tiene su origen en disposiciones del orden privado, toda vez que ambas partes celebran el contrato bancario voluntariamente y en un mismo plano, por lo que este juzgado federal sostiene que la institución bancaria señalada como responsable, a efecto de determinar su naturaleza, resulta que no puede considerarse ni equipararse a actos de autoridad, en función de que como se ha dicho, no se integran en éstos, todas la notas distintivas de los actos propios de autoridad, esto es, no se dictaron en un plano de supra a subordinación, apoyado en la norma que le faculte directamente para ello, aunado a que dicho ejercicio de tal atribución no tiene su origen en la fuente pública, sino en el derecho privado; por consecuencia, no es el banco que se señaló como responsable quien crea, modifica o extingue situaciones de derecho, sino en un plano de igualdad como actividad financiera entre el prestador de servicios bancarios y el cliente, es decir, es un acto efectuado en el marco del Derecho Privado. Por lo cual, es suficiente para determinar que no se surten los supuestos acordes con los criterios sostenidos por el Máximo Tribunal del País para establecer que el acto reclamado en esta instancia a la referida institución bancaria sean actos de autoridad. Es aplicable a lo anterior, la tesis (II Región) 1o.5 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, publicada en la página 5188, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020006, de rubro siguiente: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO REALIZAN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN LAS CUENTAS RESPECTIVAS CON BASE EN EL CLAUSULADO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS CELEBRADOS ENTRE AQUÉLLAS Y SUS CLIENTES" En esas condiciones, no es dable otorgar el carácter de autoridad responsable a Banco Azteca, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple, al quedar establecido que a ésta le reviste la naturaleza de particular, careciendo de imperio. De ahí que se estime que, en el caso, quedó acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, último párrafo y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu, y por ende, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica por encontrarse dentro de la jurisdicción de este juzgado, y por autorizadas para tales efectos a las personas que refiere, en el entendido que de ser en amplios términos respecto a *****, deberá proporcionar el número de cédula profesional. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la promovente. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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