Yessica Jasmin Perez Garcia
Expediente 1549/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1549/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Yessica Jasmin Perez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Visto lo de cuenta, como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copias simples de la demanda y con fundamento en los artículos 115, 125, 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se provee en el presente incidente de suspensión en relación a la demanda relativa al juicio de amparo 1549/2023, promovido por ..., contra el acto que reclama de la Director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y otras. En la inteligencia que la formación del cuaderno duplicado de carácter físico, es sustituido por una versión electrónica del presente incidente, de conformidad con lo previsto en los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Audiencia interlocutoria. Se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental.- Intervención a las partes del incidente de suspensión. 1. Quejosa. a) Domicilio y autorizados. Téngasele designando como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda; además, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eduardo Ramírez Zambrano, Enrique Ramírez Serrano y Gabriela Rivera Rodríguez, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y, en términos restringidos del precepto legal en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las diversas personas que señala expresamente con dichas facultades. b) Pruebas. De conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales allegadas por la parte quejosa, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia incidental respectiva. 2. Autoridad responsable. a) Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, el que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual remítasele copia simple de la demanda de amparo, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. b) Consideraciones respecto a las notificaciones a las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, incidente de suspensión o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). 3. Tercero interesado. Por el momento no se advierte que le revista el carácter de tercera interesada a persona alguna, de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia. 4. Representación social. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Fijación del acto reclamado y efectos de la suspensión. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuál es el acto reclamado cuya suspensión solicita, por lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo y ocurso que la aclara, se aprecia que señala como tal: (.) Se reclama la determinación del dictamen de invalidez folio 007419, resolviendo la no invalidez física o mentalmente en forma total o permanente. Se reclama la pensión por invalidez como afiliado del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Se reclama no se me suspenda la atención de media que vengo recibiendo por el problema de salud que padezco. Se reclama no se me separe del cargo que desempeño dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. (.)" Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que: ".se me conceda una pensión por invalidez temporal manteniendo las cosas en el estado que guardan, sin que se me suspendan las atenciones médicas como se ha hecho a la fecha y poder justificar las inasistencias en mi trabajo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por lo que al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se me reconozco el derecho como afiliada, pues corro el riesgo de que se me vulneren mis derechos. No se me prive del seguro social, las incapacidades.". V. Pronunciamiento sobre la suspensión provisional. En principio, cabe puntualizar que de conformidad con el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y los numerales 125 a 158 de la Ley de Amparo, la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia y evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado, o bien, de tutela anticipada, esto es, con efectos restitutorios de las condiciones necesarias para garantizar el goce del derecho fundamental que se estima violado. Para su otorgamiento, es necesario que se acrediten en su conjunto, las siguientes condiciones normativas: Que los actos reclamados sean ciertos. Para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender. En su fase provisional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado que las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo sobre la existencia de los actos generan una presunción sobre su certeza, al ser los únicos elementos con que se cuenta para resolver. Que el solicitante de la medida acredite su interés suspensional. Dependiendo de la naturaleza del acto reclamado y el derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Para el otorgamiento de la suspensión provisional, el máximo tribunal del país ha establecido que basta que el interés suspensional se pruebe de forma indiciaria. Que los efectos del acto reclamado sean susceptibles de paralizarse. En términos de los artículos 131 y 147 de la Ley de Amparo, no es factible otorgar la suspensión, cuando su concesión implique: La modificación o restricción de derechos. La constitución de derechos que no se tenían antes de la presentación de la demanda. Que se agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, cuando la suspensión se solicita con efectos restitutorios. 4) Ponderación de la apariencia de buen derecho frente al perjuicio que la concesión puede causar sobre el interés social o la contravención a normas de orden público. Para otorgar la suspensión, es necesario realizar de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, no es factible conceder la suspensión si se concluye que el perjuicio al interés social o al orden público es de mayor entidad que los daños y perjuicios que puede sufrir el quejoso con los efectos del acto reclamado. En ese sentido, respecto a los actos reclamados en concreto como el pago de la pensión por invalidez como afiliado del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y que no se le separe del cargo que desempeña dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, esta Juzgadora Federal arriba a la convicción de que no se encuentran reunidas todas las condiciones necesarias para la concesión de la suspensión provisional. Lo anterior en virtud de que, lo reclamado descrito en párrafos que anteceden, no es susceptible de paralizarse, al no ser jurídicamente posible atribuirle efectos restitutorios, de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo. Al respecto, si bien en términos del segundo párrafo del citado numeral, cuando sea jurídica y materialmente posible, a la medida cautelar de mérito pueden dársele efectos restaurativos, esto es, restablecer a su peticionario en el goce del derecho humano que se estima vulnerado, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva la cuestión incidental; para lo cual, es necesario emprender una estimación de mera probabilidad acerca de la apariencia del derecho y un juicio de verosimilitud tendiente a ponderar que, de no suspenderse el acto reclamado, las violaciones aducidas quedarán consumadas, y se tornarán de difícil o imposible reparación, perdiéndose en consecuencia, la materia en torno a la cual gravita la instancia constitucional. Lo cierto es que en el caso, no es procedente conceder la medida cautelar con efectos restitutorios, habida cuenta de que no se actualiza una de las condiciones legales previstas por el numeral 147 de la Ley de Amparo, consistente en que sea jurídicamente posible obrar en esos términos. En efecto, si bien es cierto que la finalidad que persigue la medida de suspensión de los actos reclamados, es que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de proteger el derecho que se estima vulnerado; cierto es también que debe preservarse el estado en que se encontraba ese derecho, con anterioridad al acto de autoridad lesivo de ese interés, por el tiempo que dure la tramitación del juicio de amparo principal que dirima en definitiva las cuestiones de constitucionalidad planteadas por la parte quejosa, cuando de concederse la medida cautelar se materialice de forma definitiva. Es de decir, en tal supuesto, los parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio en lo principal, son los consistentes en que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión; y, de no ser un beneficio transitorio sino definitivo, esto es, cuando ya no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo, debe negarse la suspensión. Lo anterior de conformidad al criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la contradicción de criterios 338/2022, fallada en sesión de doce de abril de dos mil veintitrés. "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." En esa sentido, en el caso concreto, se estima que no es jurídicamente posible atribuirle a la medida cautelar de trato los efectos restitutorios, pues de obrar así, implicaría requerir a la autoridad responsable el pago de la pensión por invalidez como afiliado del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y que no se le separe del cargo que desempeña dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y, en caso de que ésta no obtenga una sentencia favorable en el juicio principal, no se podrá retrotraer el efecto de la suspensión, pues la promovente obtendría derechos no constituidos a su favor durante ese tiempo y que no podrían retrotraerse y si, acarrearía un perjuicio económico a las autoridades responsable y, a final de cuentas, a la sociedad. Aunado a lo anterior, debe decirse que el efecto para el cual solicita la medida cautelar, esto es, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y la autoridad responsable se abstenga de emitir cualquier orden para no realizar el pago por pensión por invalidez y que no se le separe del cargo que desempeña, es ajeno a la materia del acto reclamado, es decir, a la determinación por la cual se determinó que no se encuentra inhabilitada física o mentalmente en forma total o permanente y que no sustenta un estado de invalidez. Orienta lo anterior, el criterio Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, página 1237, Novena Época, registro189561, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. ES AQUELLA QUE SE SOLICITA CONTRA ACTOS QUE NO SON RECLAMADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 122 de la Ley de Amparo establece que la suspensión del acto reclamado puede decretarse de oficio o a petición de parte. Ahora bien, la suspensión tiene como finalidad primordial mantener viva la materia del amparo, así como evitar al agraviado, durante la tramitación del juicio de amparo, los perjuicios que la ejecución del acto pudieran causarle. Al ser ello así, resulta incuestionable que debe existir una clara concatenación entre el acto reclamado y aquel cuya suspensión pide, de manera tal que si se solicita la suspensión de un acto que no es el reclamado, ni tampoco forma parte de sus consecuencias, la suspensión es improcedente, hecha excepción de los casos en que procede la suspensión de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la ley de la materia." En mérito de lo antes expuesto, se niega la suspensión provisional de los actos reclamados. Por otra parte, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, consistente en que no se suspenda la atención médica, con apoyo en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, en razón de que quedan colmados los requisitos exigidos por el artículo 128 del aludido cuerpo normativo, pues la medida suspensional la solicitó la parte agraviada, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social y, en caso de ejecutarse los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían a la parte peticionaria de derechos fundamentales y, además, por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal. Es así, pues el derecho a la salud, reconocido en el 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 4°. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". La disposición normativa antedicha refleja la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Sobre el derecho a la salud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los siguientes criterios. "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA. Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". (Subrayas ajenas a los textos). Bajo esos parámetros legales, se precisa que el interés suspensional de la parte quejosa se encuentra acreditado de manera indiciaria con las constancias anexadas a su escrito inicial de demanda y por sus manifestaciones vertidas bajo protesta de decir la verdad. De igual modo, se puntualiza que la apariencia de buen derecho, que en el presente caso se hace consistir en la existencia en grado aparente del derecho con que cuenta la parte quejosa para recibir atención médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que se le brinde la atención médica que refiere, para el seguimiento y diagnóstico del padecimiento que dice tener, se encuentra probada, de manera indiciaria, tras realiza una ponderación de las constancias reseñadas en el párrafo precedente, de la que se aprecia que es titular del derecho a recibir esa clase de atención en el citado Instituto responsable. Asimismo, es conveniente destacar que existe peligro en demorar la eventual tutela del derecho invocado por la parte quejosa, hasta el pronunciamiento relativo a la suspensión definitiva de los actos reclamados, pues de las manifestaciones rendidas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa refiere que padece un traumatismo por accidente ocasionándole fractura de humero y lesión del supraespinoso izquierdo que se maneja con cirugía artroscópica, lo cual podría comprometer su salud, al no ser atendida, lo cual, indiscutiblemente puede llegar a poner en riesgo la integridad física de la parte quejosa, lo que se estima encuadra dentro del derecho a la salud, el cual es un derecho universal y progresivo, que protege a todo ser humano. Efectos de la medida. Así pues, se otorga a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las autoridades responsables, del Instituto Mexicano del Seguro Social, tomando en consideración los recursos materiales y económicos con los que cuentan, en el ámbito de sus competencias, otorguen la atención médica necesaria que llegue a solicitar la parte quejosa, y por consecuencia, lo que se determine a raíz de dicha atención, en relación con las enfermedades que padece. Habida cuenta que la anterior medida cautelar que se concede no suspende cualquier otro acto diverso al señalado en la demanda; y surtirá sus efectos desde luego, siempre y cuando las cosas hayan ocurrido tal y como lo manifestó bajo protesta de decir verdad la parte quejosa en su demanda de amparo, y hasta en tanto se dicte resolución interlocutoria que resuelva la suspensión definitiva de los actos reclamados. Lo anterior, encuentra apoyo en la Jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 15/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página dieciséis, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.". Cabe precisar que la concesión de la medida cautelar en este rubro, o implica que deban seguir concediendo licencias médicas con motivo de los hechos narrados por la quejosa en el escrito inicial de demanda, sino únicamente a que le sea prestada la atención médica que con motivo de dicho padecimiento resulte necesario conforme los médicos tratantes lo consideren oportuno y bajo su más estricta responsabilidad. La suspensión provisional solicitada se otorga sin exigir garantía alguna, pues en este caso, por el momento no se advierte la existencia de tercero interesado a quien le pudiera causar un daño o perjuicio con su otorgamiento; cabe destacar, que el acto reclamado proviene de una autoridad de naturaleza administrativa, sin embargo, los efectos de la medida cautelar deberán surtir sus efectos en el sitio en donde la quejosa recibe la atención médica. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. VIII. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. X. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese por lista física y electrónica.
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Téngase por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 278/2023, de su índice, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido, emitido el treinta de junio de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo indirecto 1549/2023, del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por las razones precisadas en el último considerando de esta ejecutoria.." Anotaciones y acuse. En consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo. Admisión de la demanda. En razón de lo anterior, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por..., contra el acto que reclama de la siguiente autoridad Director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y otras. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. La intervención de las partes en la audiencia constitucional se realizará por escrito en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, mediante promoción presentada físicamente o preferentemente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previamente a que se le dé inicio. Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Parte quejosa. a) Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documental, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. 2. Autoridades responsables. a) Informe justificado. Con fundamento en el artículo 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que en el plazo de quince días rinda su informe con justificación. Dicho informe puede ser presentado físicamente o través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como los puentes de interconexión entablados con las autoridades; bajo apercibimiento que de no cumplir, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, dicho informe justificado deberá de ser rendido con copias certificadas de las constancias que integran el expediente generador de la omisión reclamada, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo o de no informar las causas legales o materiales que le impidan cumplir con ello, será acreedora de la multa referida en el párrafo que precede. En el entendido de que si no se encontraren materialmente los autos de génesis en el local de su adscripción, está facultada para recabarlos en la instancia correspondiente. b) Requerimiento por informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en caso de que tenga conocimiento o con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este juzgado de Distrito en cualquier estado procesal en que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con ello, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, esto es, $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 251 de la Ley de Amparo. c) Consideraciones respecto de las notificaciones. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber de forma general a toda autoridad que resulte señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245, de la Ley de Amparo. 3. Tercero interesado. Por el momento no se advierte que le revista el carácter de tercera interesada a persona alguna, de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia. 4. Representación social. Notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia de la demanda de amparo y del presente acuerdo; para lo cual, se comisiona al actuario de la adscripción a que haga entrega de los mismos, debiendo asentarse en la notificación correspondiente. Incidente de suspensión. Con copias de la demanda, tramítese por cuerda separada, el incidente de suspensión de los actos reclamados. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese por lista física y electrónica.
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Visto el oficio signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se le tiene informando que dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto en autos. Nota de registro del recurso. Se toma nota que se registró como recurso de queja 278/2023; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista física y electrónica.
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Zapopan, Jalisco, diez de julio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, que obran por separado, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Tribunal Unitario Agrario Distrito Trece, un tomo de cuadernos de pruebas. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista física y electrónica.
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