Yessica Esthefani Rechy Puga

Expediente 32/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
32/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Yessica Esthefani Rechy Puga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa Yessica Esthefani Rechy Puga interpusiera recurso de revisión contra el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, transcurrió del dieciocho al treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; con exclusión de los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Finalmente, es oportuno mencionar que constituye un hecho notorio que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se abrogó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 30 de noviembre del año 2017 y entró en vigor el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, en el que se estableció en el artículo Sexto Transitorio, que las referencias hechas a la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, se entenderán hechas a la Junta Especial No. 2 de Conciliación y Arbitraje en Carmen, y será la autoridad jurisdiccional competente para continuar con el trámite de los asuntos laborales asignados y desahogar en auxilio de otras autoridades laborales los exhortos que le sean requeridos. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios S.A./2010/2022 y S.A./2011/2022 de la Presidenta y del Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante los cuales, en atención al requerimiento realizado en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, remiten copia certificada de las notificaciones de veintiocho de abril de del año en curso, mediante las cuales, se notificó a las partes actora y demandadas, la resolución en forma de laudo, dictado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el expediente laboral 425/2020. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de las autoridades responsables la copia certificada que remitieron con sus oficios de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado vía electrónica el veintidós de marzo de dos mil veintidós, José Martín Mata Lara, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Yessica Esthefani Rechy Puga, aclarado a través del diverso fechado el veinticuatro de esos mismos mes y año (fojas 1 a 3 y 11), promovió demanda de amparo contra los actos siguientes: I. A la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se le reclama la negativa de proveer lo necesario para el dictado de la resolución en forma de laudo en el expediente laboral 425/2020 y notificarlo a las partes. II. Al Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se le reclama la falta de notificación del laudo que se llegare a emitir en el juicio laboral 425/2020. Por su parte, la Presidenta y el Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante oficios S.A./1795/2022 y S.A./1765/2022, remitieron en original y en copia certificada el laudo de veinte de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 425/2020. De igual forma, la Presidenta y el Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante los comunicados A./2010/2022 y S.A./2011/2022, remitieron copia certificada de las notificaciones de veintiocho de abril de del año en curso, mediante las cuales, se notificó a las partes actora y demandadas, la resolución en forma de laudo, dictado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el expediente laboral 425/2020. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias de autos se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las once horas del veintiséis de mayo de dos mil veintidós. No se soslaya que en auto de veintiocho de marzo dos mil veintidós, este juzgado de distrito reservó el emplazamiento de los terceros interesados "GRUPO FORZA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.," y "REXONIC ULTRASONIC MÉXICO, S.A. DE C.V.", una vez que se recibieran los informes justificados, sin embargo, dado el sobreseimiento decretado en este asunto, resulta innecesario ordenar su emplazamiento a juicio, por no ocasionarles perjuicio alguno esta determinación. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios S.A./2010/2022 y S.A./2011/2022 de la Presidenta y del Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante los cuales, en atención al requerimiento realizado en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, remiten copia certificada de las notificaciones de veintiocho de abril de del año en curso, mediante las cuales, se notificó a las partes actora y demandadas, la resolución en forma de laudo, dictado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el expediente laboral 425/2020. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de las autoridades responsables la copia certificada que remitieron con sus oficios de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado vía electrónica el veintidós de marzo de dos mil veintidós, José Martín Mata Lara, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Yessica Esthefani Rechy Puga, aclarado a través del diverso fechado el veinticuatro de esos mismos mes y año (fojas 1 a 3 y 11), promovió demanda de amparo contra los actos siguientes: I. A la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se le reclama la negativa de proveer lo necesario para el dictado de la resolución en forma de laudo en el expediente laboral 425/2020 y notificarlo a las partes. II. Al Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se le reclama la falta de notificación del laudo que se llegare a emitir en el juicio laboral 425/2020. Por su parte, la Presidenta y el Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante oficios S.A./1795/2022 y S.A./1765/2022, remitieron en original y en copia certificada el laudo de veinte de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 425/2020. De igual forma, la Presidenta y el Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante los comunicados A./2010/2022 y S.A./2011/2022, remitieron copia certificada de las notificaciones de veintiocho de abril de del año en curso, mediante las cuales, se notificó a las partes actora y demandadas, la resolución en forma de laudo, dictado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el expediente laboral 425/2020. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias de autos se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las once horas del veintiséis de mayo de dos mil veintidós. No se soslaya que en auto de veintiocho de marzo dos mil veintidós, este juzgado de distrito reservó el emplazamiento de los terceros interesados "GRUPO FORZA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.," y "REXONIC ULTRASONIC MÉXICO, S.A. DE C.V.", una vez que se recibieran los informes justificados, sin embargo, dado el sobreseimiento decretado en este asunto, resulta innecesario ordenar su emplazamiento a juicio, por no ocasionarles perjuicio alguno esta determinación. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los autos los comunicados siguientes: 1. Los oficios S.A./1594/2022 y S.A./1595/2022, de la Presidenta y el Actuario adscrito a la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, mediante los cuales, rinden su informe justificado en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados por la quejosa Yessica Esthefani Rechy Puga y como justificación a su informe remiten copia certificada del acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 425/2020, de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche. 2. Los oficios S.A./1795/2022 y S.A./1765/2022, de la Presidenta y el Actuario adscrito a la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, mediante los cuales, en alcance a su informe justificado remiten en original y en copia certificada el laudo de veinte de abril de dos mil veintidós, emitido por los integrantes de esa Junta Especial, en el expediente 425/2020. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene por ofrecida como prueba de las responsables las documentales que adjuntaron a su informe rendido, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con los informes justificados rendidos y anexos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora bien, en razón de que el acto reclamado es la negativa de emitir la resolución en forma de laudo en el expediente laboral 425/2020 y la falta de notificación de esa resolución, y como de los informes justificados se advierte que se ha dictado el laudo, sin embargo, no se remitió la constancia de notificación. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada legible de la notificación a las partes del laudo emitido el veinte de abril de dos mil veintidós en el expediente laboral 425/2020. Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. En otro aspecto, del estado que guardan los autos, se advierte que se encuentran programadas las diez horas de este día, para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que en párrafos precedentes se tuvieron por recibidos los informes justificados de las autoridades responsables y se ordenó requerir a la Presidenta de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, para que remita copia certificada legible de la notificación a las partes del laudo emitido el veinte de abril de dos mil veintidós en el expediente laboral 425/2020, toda vez que resultan necesarias para resolver este asunto. En razón de lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las once horas del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese por lista a la partes y por oficio a las autoridades responsables.

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