Yessenia Sugey Mendoza Morales

Expediente 479/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
479/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Yessenia Sugey Mendoza Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, once de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Yessenia Sugey Mendoza Morales en representación de la menor de iniciales reservadas A.A.M, contra actos de la Preparatoria Universidad del Valle de México (UVM), campus Villahermosa y la Comisión de Honor y Justicia de la citada preparatoria.; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Se pone a disposición documento. Finalmente, tomando en cuenta que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda una prueba documental en original; REQUIÉRASELE, para que por sí o por conducto de quien legalmente lo represente, comparezca ante este juzgado en un plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al que surta efectos legales la notificación de este proveído, a recoger dicha probanza. Apercibida que de no hacerlo, una vez fenecido dicho plazo, de conformidad con el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, podrá ser destruida.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Yessenia Sugey Mendoza Morales en representación de la menor de iniciales reservadas A.A.M, mediante el cual, desahoga la prevención realizada en auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, y al efecto, anexa copias de las constancias con las cuales acredita su dicho Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Precisión del acto reclamado. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda, así como del escrito aclaratorio, se obtiene que la parte quejosa en esencia reclama el acto consistente en: Causa de improcedencia. En ese contexto, el juicio de amparo indirecto en contra del citado acto es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; a su vez, el numeral 5, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta, trata de ejecutar u omita el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, asimismo, establece que para los efectos de esa Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En tanto que la fracción I del numeral 1° de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación sistemática de los anteriores preceptos se obtiene que el juicio de amparo es un procedimiento que parte de la base que el proceder de una entidad de poder público, será sometido al escrutinio constitucional para efectos de establecer si con su actuar ha vulnerado los derechos fundamentales del gobernado. De donde se sigue que es presupuesto indispensable que ese proceder violatorio de amparo, sea unilateral, esto es, que la "autoridad" que dicte, ordene, ejecute, trate de ejecutar u omita el acto reclamado, extinguiendo, modificando o creando situaciones jurídicas concretas, sin el consenso popular y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para conseguir tal afectación, en tanto que despliega su imperio erigido en una relación de supra a subordinación, donde el gobernado se ve sometido a la decisión tomada. Es importante notar ese extremo, porque es reconocido que un ente "particular" (desde el punto de vista formal) puede actuar también como ente de derecho público, pero es justamente este carácter lo que denota la improcedencia del juicio constitucional. Cuando un ente particular procede como ente público, en ejercicio de las facultades administrativas tendentes al cumplimiento de fines públicos, afectando, por ejemplo, un interés privado por un interés colectivo, la situación se caracteriza por radicar en la esfera del poder, basado en relaciones de supra a subordinación. Ahora, en los casos en que el ente privado procede como persona de derecho privado; es decir, en un plano de igualdad o coordinación frente a otros miembros de la colectividad, como podría cualquier individuo actuar, sus relaciones están sujetas a las reglas del derecho común, establecidas para los particulares y por consiguiente, deberán ser sometidas a la jurisdicción común (derecho privado). Entonces, cuando el ente privado se vincula con el gobernado mediante un contrato o convenio regulado por el derecho común, en realidad no actúa como ente público, pues se coloca en un plano de igualdad o coordinación frente al particular, por tanto ingresa en una relación "bilateral" de correspondientes "derechos" y "obligaciones"; de modo que será el derecho privado quien preservará esa relación jurídica y declarará el derecho y no el orden público que busca servir al interés colectivo o general. En síntesis, se pone de manifiesto que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales y que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; por lo tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiéndose por tal, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Es decir, la autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. El concepto de autoridad para efectos del amparo excluye a los actos de particulares. La naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente contra actos propiamente de particulares; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación, supraordinación y supra a subordinación. Las primeras (coordinación y subordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas se han establecido en la legislación los procedimientos ordinarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben de acudir ante los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas en ellas o contempladas en la ley, estando las partes en el mismo nivel y en las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el Contencioso Administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si en vez de aquella vinculación se trata de una relación de coordinación, en la que excluye la idea de autoridad, ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, o bien, puede suceder que las normas constitucionales coloquen al Estado en situación jurídica parecida a la de un particular, como en la relación asimilada a la laboral que guarda con sus servidores públicos. En consecuencia, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto reclamado, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, tal como lo señala el ordinal 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso, el acto reclamado es imputable a una universidad privada; por tanto, para considerar que el acto aquí reclamado, es de autoridad; esto es, que dicta, ordena, ejecuta, trata de ejecutar u omita el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, primero debe advertirse que no exista una relación de coordinación, tomando en consideración que sólo en ese supuesto, puede considerarse que existe un acto de autoridad. En ese sentido, es menester precisar que dicha temática -actos de coordinación de universidades privadas- ya ha sido analizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 65/2018, del rubro: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; la cual, como puntos destacados podemos señalar que indica: 1) Que el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 2) El hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos); y, 3) Lo anterior, tomando en consideración que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior, actuando con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes; y, por ende, no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. De lo antes expuesto, podemos concluir que los actos de una universidad privada relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; pues, la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado; y, por tanto, no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior, actuando con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos. Ahora, del análisis del escrito inicial de demanda, se aprecia que el acto reclamado consiste en la resolución de ocho de febrero del año en curso, emitida por la Comisión de Honor y Justicia de la preparatoria UVM, en el que se determinó la baja definitiva de la aquí quejosa; por tanto, al tratarse de un acto relacionado con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos; el aquí combatido, no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior, actuando con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos. Resulta aplicable, la Jurisprudencia 65/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia a de la Nación, consultable en la página electrónica del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2017394, de rubro y texto, siguientes: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, contrario a la pretensión de la parte quejosa, el acto reclamado, se ubica en una relación de coordinación entre ésta y la Comisión de Honor y Justicia de la preparatoria UVM, ya que como se explicó en párrafos que anteceden, esta deriva de la prestación de los servicios que recibe por parte del ente estudiantil, quien actúa con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos; y, por ende, puede decirse que es una relación entablada entre particulares, pues actúan en un mismo plano de igualdad, y no de supra a subordinación. De lo antes expuesto, se puede concluir que en el caso, la Comisión de Honor y Justicia de la preparatoria UVM, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; y, por ende se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 5° fracción II interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y, por ende, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por otra parte, aun cuando el acto reclamado fuera de autoridad, debe decirse que en el caso, también se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, éstos de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El primero de los artículos en comento, alude a la causa de improcedencia consistente en que si el amparo no se promueve dentro de los plazos legales establecidos en la ley de la materia, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, salvo los casos cuando se reclaman normas de carácter general. El segundo numeral, establece el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo; salvo los supuestos previstos en el propio numeral. En ese contexto, dada la naturaleza del acto reclamado, se tiene que el mismo no encuadra en ninguna de las excepciones a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio; ya que el acto reclamado no corresponde a una norma general autoaplicativa, o al procedimiento de extradición. Asimismo, el acto tampoco corresponde a los últimos supuestos de excepción; pues, como se observa el asunto no corresponde al ámbito penal, ni a la materia agraria, sino a un juicio civil donde la moral quejosa tiene la calidad de parte; y, por ende, en el caso, el lapso para presentar la demanda de amparo es de quince días. Ahora, es importante destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, previene tres hipótesis, a partir de las cuales da inicio el referido plazo. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis, consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, inicia a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, no pasa desapercibido que la parte quejosa, señaló que se le efectuó la notificación el dieciocho de febrero del año en curso; pues, bajo protesta de decir verdad, señaló que se ostentó sabedora del acto reclamado desde el quince de febrero pasado. Además, debe precisarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 115/2010, entre otras cosas, señaló que cuando el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha; pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación. De ahí que, aun cuando la parte quejosa señaló que se le notificó el acto reclamado el dieciocho de febrero pasado, al manifestar bajo protesta de decir verdad que se ostentó sabedora del acto reclamado desde el quince de febrero de dos mil veintitrés, lo que incluso se aprecia de la captura de pantalla que allegó (ya que en dicho texto se aprecia que se le indica que tuvo conocimiento del aquí combatido el quince de febrero de este año); en el caso, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha; pues, conforme a la jurisprudencia antes señalada, sería ilógico permitir la promoción del juicio cuando se afirme que se tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación. Resulta aplicable, la Jurisprudencia 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia a de la Nación, consultable en la página electrónica del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163172, de rubro y texto, siguientes: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Los preceptos legales antes transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, de manera genérica, y salvo las excepciones mencionadas; por tanto, el término empieza a transcurrir desde el día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado, o bien el día siguiente al que haya surtido efectos la notificación, se haya ostentado sabedora del acto que reclama, o bien impuesto de su contenido. Ahora, la aquí quejosa, afirmó que tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de febrero de dos mil veintitrés, en donde se aplica la tercera hipótesis; es decir, el plazo empezará a correr a partir del día siguiente al día en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Lo manifestado por la quejosa de igual forma, se corrobora con la captura de pantalla que anexa (foja 33) en el que se advierte que tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de febrero de dos mil veintitrés, en las instalaciones del Bachillerato. De lo anterior, se advierte que se actualiza el primer supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, en el que el cómputo para presentar la demanda de amparo, comienza a transcurrir desde el día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, el plazo de quince días que tenía la quejosa para promover el juicio de amparo, comenzó a contar a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado; esto es, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, y venció el ocho de marzo del año en curso. Por tanto, si la peticionaria de amparo presentó la demanda que dio origen al presente juicio constitucional hasta el diez de marzo de dos mil veintitrés, según se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco (foja 2), resulta claro que ello se hizo fuera del plazo de que disponía para hacerlo, lo que evidencia la extemporaneidad en la presentación de la referida demanda; y, por ende, el juicio de amparo resulta improcedente respecto al acto reclamado antes precisado. En las narradas circunstancias, debe decirse que aun cuando el acto reclamado fuera de autoridad, en el caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, éstos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.

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