Yessenia Mendez Salinas
Expediente 271/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yessenia Mendez Salinas
- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención Y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, Con Sede En Ciudad de México
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que las responsables no han cumplido con el requerimiento efectuado en autos. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a ******, en su carácter de Presidente y Tesorero Municipal de Xochitepec, Morelos, respectivamente, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que sea notificado el presente auto, informen la calidad con la que se ostentó *****, persona que recibió el cheque con terminación 677, expedido a favor de la moral quejosa y remitan constancias para acreditar su dicho; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Se instruye a actuaria. Finalmente, a fin de tener certeza de que la autoridad tenga conocimiento del presente acuerdo, por esta única ocasión se instruye a cualesquiera de los fedatarios adscritos a este juzgado federal, a fin de que previa confección de los oficios que contenga la transcripción del presente acuerdo, haga entrega de ellos, de manera personal. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; siete de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo de la quejosa Yessenia Méndez Salinas, por propio derecho, contra actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, Morelos y otras autoridades, que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en cumplimiento al proveído de dos de marzo del año en curso, dictado en el cuaderno de varios del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Anotaciones en el libro de gobierno. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 271-2022. Causas de improcedencia. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente asunto la parte inconforme acude a reclamar la orden de traslado del Centro de reclusión del Centro de Reinserción Social Femenil Escobedo en Nuevo León en que se encontraba recluida al Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, con sede en Coatlán del Río; sin embargo, no agotó el principio de definitividad antes de acudir a la vía constitucional, pues tal acto es susceptible de resolverse ante el Juez de Ejecución Penal, como se explicará a continuación. Como se aprecia de la demanda de garantías, la quejosa se encuentra recluida actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos. Por lo que en observancia al principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto donde pretendan reclamarse actos relacionados con las condiciones de internamiento, la promovente soporta la carga procesal de agotar los mecanismos de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, por considerar que bajo el actual marco constitucional, corresponde a los jueces especializados en esa materia, el conocimiento primordial de este tipo de cuestiones. Además, que de conformidad con los artículos 51, 52, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el traslado de una persona privada de libertad se considera, en dicha legislación, como una condición de internamiento susceptible de control por parte del juez de ejecución penal. En ese sentido, cuando el acto reclamado se trata del traslado de un centro de reclusión en el que la quejosa se encontraba privada de su libertad a otro donde actualmente ya se encuentra, dicho traslado se debe de considerar como una condición de internamiento susceptible de control por parte del juez de ejecución penal. ... En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS DE QUE SE TRATA. Con lo anterior no se deja de aplicar el principio pro homine ni se dejan de observar disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que recoge el artículo 1 de nuestra Constitución Política, ya que su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de procedencia de las acciones, que el estado implementa para una mejor eficacia de sus medios de impugnación o defensa. Determinación que tampoco es violatoria del derecho humano a la administración de justicia, pues el derecho de acceso a la justicia está limitado a los plazos y condiciones contenidas en la ley, las cuales pueden versar sobre los presupuestos procesales necesarios para el estudio de fondo de algún asunto; por lo tanto, si la propia ley de amparo contiene causales de improcedencia, que tienen su razón de ser en el artículo 17 constitucional, al evitar la saturación de los tribunales con asuntos estériles, en perjuicio de todos los usuarios del sistema, ergo, no es violatorio de derechos fundamentales la vigilancia de su correcta aplicación, como acontece en el caso. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.
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