Yesmi Consuelo Juárez Sánchez

Expediente 405/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
405/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
29/08/2016

Partes del expediente

  • Yesmi Consuelo Juárez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Incidental

    Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de veinte días que concede la Ley de Amparo en vigor, en su artículo 27, fracción III, inciso b), para que la parte quejosa acreditara haber entregado para su publicación los edictos a efecto de emplazar al tercero interesado, sin que haya dado cumplimiento. Con base en lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de julio de dos mil dieciséis, por lo que procede el sobreseimiento del juicio en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y 63, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que respectivamente establecen: Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." El primero de los preceptos transcritos establece las reglas para la práctica de las notificaciones personales en el juicio de amparo y, en lo de interés, estipula que cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones o el señalado resulte inexacto, tratándose de la primera notificación al tercero interesado, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Asimismo, dispone que si a pesar de las anteriores medidas no es posible efectuar la notificación -emplazamiento al tercero interesado-, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En relación con lo cual, destaca que en el supuesto de que el impetrante ".no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el amparo.". Por su parte, el artículo 63, fracción II, de la propia Ley de Amparo, estatuye que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando el quejoso ".no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27. una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó.". Como se advierte de lo expuesto, ambos preceptos establecen como causa de sobreseimiento en el juicio de amparo que el quejoso no acredite haber entregado los edictos a fin de emplazar a los terceros interesados para su publicación, esto es, aluden a la sanción prevista por el legislador para el caso de que el impetrante incumpla con dicha carga procesal; sin embargo, el primero de tales dispositivos prevé que dicha consecuencia se actualiza si no acredita la entrega dentro de los veinte días siguientes al en que los edictos hayan sido puestos a su disposición, mientras que el segundo, remitiendo al propio artículo 27 de la Ley de Amparo -que establece el referido plazo de veinte días- previene que el sobreseimiento se materializa una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Así, de las normas en examen se advierte que ambas aluden a un plazo de veinte días a fin de que se acredite la entrega de los edictos para su publicación, difiriendo solamente en el momento a partir del cual debe computarse: a partir de que los edictos son puestos a disposición del quejoso, o bien, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, supuesto en el cual, el transcurso del plazo y la actualización de la causa de sobreseimiento quedarían condicionados a que el peticionario comparezca ante el órgano jurisdiccional a solicitar la entrega de los edictos. Ahora bien, para discernir la interpretación y aplicación válida del supuesto de sobreseimiento que se analiza, es menester ponderar que la integración de la relación procesal con el emplazamiento del tercero interesado no puede quedar al arbitrio de la parte quejosa, pues ello implicaría soslayar que el procedimiento y forma previstos para la tramitación del amparo tienden a garantizar la seguridad jurídica de los implicados en el juicio respectivo. Por lo cual, pretender que el transcurso del plazo de veinte días previsto a efecto de acreditar la entrega de los edictos para su publicación quede al arbitrio del solicitante de la protección constitucional, esto es, supeditado a que decida o no comparecer ante el órgano jurisdiccional a solicitar la entrega de los edictos, generaría una situación de incertidumbre e implicaría pasar por alto que la preservación de la acción constitucional no significa que el trámite del juicio de amparo quede a merced del particular, en detrimento de la legalidad y certeza del propio procedimiento. En ese sentido, la interpretación de las normas analizadas conduce a estimar que si a pesar de las medidas adoptadas para efectuar el emplazamiento de los terceros interesados, no es posible lograr su llamamiento al juicio, deberá ordenarse por medio de edictos a costa del quejoso, en la inteligencia que si no acredita, sin causa razonable, haberlos entregado para su publicación dentro del término de veinte días siguientes al en que hubieren sido puestos a su disposición, procederá el sobreseimiento del juicio, sin demérito de que haya requerido o no su entrega al órgano de amparo. En otros términos, conforme a lo previsto en los artículos 27, fracción III, inciso b) y 63, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso deberá acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición y, si no lo hace sin causa justificada, se sobreseerá en el amparo. Debiendo destacar que el legislador no estableció plazos perentorios sucesivos para que el impetrante recoja los edictos, los entregue para su publicación y acredite esa entrega, o bien, para que exponga las razones que le impidan efectuar la publicación, sino que, como se ha visto, estableció un único plazo general para ejecutar tales acciones -veinte días-. En congruencia con lo cual, en cuanto a la actuación del juzgador, el creador de la norma tampoco estableció que deba hacer un ulterior requerimiento u otorgar un plazo adicional al quejoso, una vez fenecidos los veinte días, pues en dicho periodo bien puede acreditar su imposibilidad para realizar la publicación respectiva. De modo que corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acudir a recoger los edictos a partir de que son puestos a su disposición y acreditar que los entregó para su publicación, a efecto de evidenciar su interés en la prosecución del juicio de amparo o, cuando menos, dentro del referido y único plazo de veinte días, comparecer a manifestar la imposibilidad de sufragar los gastos de publicación, pues si no ocurre ninguna de esas cuestiones, debe sobreseerse en el juicio. No se soslaya que entregar los edictos para su publicación y acreditar esa entrega constituye actos distintos; sin embargo, aunque la entrega -que implica el pago respectivo- fuere realizada el último día del plazo, es factible que la acredite ante el órgano jurisdiccional, ya que el día de término se compone de veinticuatro horas, de modo que no se restringe o limita en modo alguno el plazo conferido en favor del peticionario. Es aplicable al caso la siguiente sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia civil del Tercer Circuito, que versa: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo . En el caso, consta en autos que mediante acuerdo de cuatro de julio del año en curso se declaró agotado el procedimiento previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente (artículo 30, fracción II, de la abrogada Ley) para investigar el domicilio del tercero interesado, y poder llamarlo a juicio, sin que se hubiese logrado tener éxito. Por ello, se ordenó el emplazamiento del mismo por medio de edictos y se dejaron a disposición de la parte quejosa para que dentro del plazo de veinte días contado a partir de la notificación de dicho proveído, acreditara haberlos entregado para su publicación, con el apercibimiento que de no hacerlo, se sobreseería en el juicio en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Atendiendo a que el auto en mención contiene un requerimiento y una prevención se ordenó la notificación de manera personal, el cual fue notificado el cinco de julio del año en curso. Ahora bien, tomando como base la notificación de tal requerimiento -cinco de julio del año en curso-, el plazo para acreditar la entrega de los edictos para su publicación feneció el tres de agosto de dos mil dieciséis sin que la parte quejosa manifestara su imposibilidad económica para sufragar los gastos correspondientes. Cabe reiterar que en lo relativo a la carga procesal de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, el legislador no previó plazos perentorios sucesivos, sino un plazo único general de veinte días. De modo que no existe en la Ley de Amparo artículo alguno que señale que fenecidos los veinte días para que la parte quejosa acredite la entrega de los edictos para su publicación deba prevenirse nuevamente al impetrante para que manifieste el por qué no ha comparecido a recoger los edictos o no ha hecho la solicitud correspondiente. Con base en lo anterior, desde el cinco de julio de dos mil dieciséis-fecha de la notificación-, la parte quejosa tuvo conocimiento de la consecuencia que tendría no recoger los edictos y acreditar haberlos entregado para su publicación, de ahí que desde el momento de la notificación y hasta antes del cuatro del presente mes y año, la parte quejosa pudo haber realizado las gestiones pertinentes para su publicación, por lo que es válido decretar el sobreseimiento en el juicio. En apoyo a lo anterior, es aplicable la tesis que dice: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad . En tales condiciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, en relación con los dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, se SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las consideraciones expuestas, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y dos minutos del ocho de agosto de dos mil dieciséis

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de veinte días que concede la Ley de Amparo en vigor, en su artículo 27, fracción III, inciso b), para que la parte quejosa acreditara haber entregado para su publicación los edictos a efecto de emplazar al tercero interesado, sin que haya dado cumplimiento. Con base en lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de julio de dos mil dieciséis, por lo que procede el sobreseimiento del juicio en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y 63, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que respectivamente establecen: Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." El primero de los preceptos transcritos establece las reglas para la práctica de las notificaciones personales en el juicio de amparo y, en lo de interés, estipula que cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones o el señalado resulte inexacto, tratándose de la primera notificación al tercero interesado, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Asimismo, dispone que si a pesar de las anteriores medidas no es posible efectuar la notificación -emplazamiento al tercero interesado-, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En relación con lo cual, destaca que en el supuesto de que el impetrante ".no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el amparo.". Por su parte, el artículo 63, fracción II, de la propia Ley de Amparo, estatuye que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando el quejoso ".no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27. una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó.". Como se advierte de lo expuesto, ambos preceptos establecen como causa de sobreseimiento en el juicio de amparo que el quejoso no acredite haber entregado los edictos a fin de emplazar a los terceros interesados para su publicación, esto es, aluden a la sanción prevista por el legislador para el caso de que el impetrante incumpla con dicha carga procesal; sin embargo, el primero de tales dispositivos prevé que dicha consecuencia se actualiza si no acredita la entrega dentro de los veinte días siguientes al en que los edictos hayan sido puestos a su disposición, mientras que el segundo, remitiendo al propio artículo 27 de la Ley de Amparo -que establece el referido plazo de veinte días- previene que el sobreseimiento se materializa una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Así, de las normas en examen se advierte que ambas aluden a un plazo de veinte días a fin de que se acredite la entrega de los edictos para su publicación, difiriendo solamente en el momento a partir del cual debe computarse: a partir de que los edictos son puestos a disposición del quejoso, o bien, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, supuesto en el cual, el transcurso del plazo y la actualización de la causa de sobreseimiento quedarían condicionados a que el peticionario comparezca ante el órgano jurisdiccional a solicitar la entrega de los edictos. Ahora bien, para discernir la interpretación y aplicación válida del supuesto de sobreseimiento que se analiza, es menester ponderar que la integración de la relación procesal con el emplazamiento del tercero interesado no puede quedar al arbitrio de la parte quejosa, pues ello implicaría soslayar que el procedimiento y forma previstos para la tramitación del amparo tienden a garantizar la seguridad jurídica de los implicados en el juicio respectivo. Por lo cual, pretender que el transcurso del plazo de veinte días previsto a efecto de acreditar la entrega de los edictos para su publicación quede al arbitrio del solicitante de la protección constitucional, esto es, supeditado a que decida o no comparecer ante el órgano jurisdiccional a solicitar la entrega de los edictos, generaría una situación de incertidumbre e implicaría pasar por alto que la preservación de la acción constitucional no significa que el trámite del juicio de amparo quede a merced del particular, en detrimento de la legalidad y certeza del propio procedimiento. En ese sentido, la interpretación de las normas analizadas conduce a estimar que si a pesar de las medidas adoptadas para efectuar el emplazamiento de los terceros interesados, no es posible lograr su llamamiento al juicio, deberá ordenarse por medio de edictos a costa del quejoso, en la inteligencia que si no acredita, sin causa razonable, haberlos entregado para su publicación dentro del término de veinte días siguientes al en que hubieren sido puestos a su disposición, procederá el sobreseimiento del juicio, sin demérito de que haya requerido o no su entrega al órgano de amparo. En otros términos, conforme a lo previsto en los artículos 27, fracción III, inciso b) y 63, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso deberá acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición y, si no lo hace sin causa justificada, se sobreseerá en el amparo. Debiendo destacar que el legislador no estableció plazos perentorios sucesivos para que el impetrante recoja los edictos, los entregue para su publicación y acredite esa entrega, o bien, para que exponga las razones que le impidan efectuar la publicación, sino que, como se ha visto, estableció un único plazo general para ejecutar tales acciones -veinte días-. En congruencia con lo cual, en cuanto a la actuación del juzgador, el creador de la norma tampoco estableció que deba hacer un ulterior requerimiento u otorgar un plazo adicional al quejoso, una vez fenecidos los veinte días, pues en dicho periodo bien puede acreditar su imposibilidad para realizar la publicación respectiva. De modo que corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acudir a recoger los edictos a partir de que son puestos a su disposición y acreditar que los entregó para su publicación, a efecto de evidenciar su interés en la prosecución del juicio de amparo o, cuando menos, dentro del referido y único plazo de veinte días, comparecer a manifestar la imposibilidad de sufragar los gastos de publicación, pues si no ocurre ninguna de esas cuestiones, debe sobreseerse en el juicio. No se soslaya que entregar los edictos para su publicación y acreditar esa entrega constituye actos distintos; sin embargo, aunque la entrega -que implica el pago respectivo- fuere realizada el último día del plazo, es factible que la acredite ante el órgano jurisdiccional, ya que el día de término se compone de veinticuatro horas, de modo que no se restringe o limita en modo alguno el plazo conferido en favor del peticionario. Es aplicable al caso la siguiente sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia civil del Tercer Circuito, que versa: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo . En el caso, consta en autos que mediante acuerdo de cuatro de julio del año en curso se declaró agotado el procedimiento previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente (artículo 30, fracción II, de la abrogada Ley) para investigar el domicilio del tercero interesado, y poder llamarlo a juicio, sin que se hubiese logrado tener éxito. Por ello, se ordenó el emplazamiento del mismo por medio de edictos y se dejaron a disposición de la parte quejosa para que dentro del plazo de veinte días contado a partir de la notificación de dicho proveído, acreditara haberlos entregado para su publicación, con el apercibimiento que de no hacerlo, se sobreseería en el juicio en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Atendiendo a que el auto en mención contiene un requerimiento y una prevención se ordenó la notificación de manera personal, el cual fue notificado el cinco de julio del año en curso. Ahora bien, tomando como base la notificación de tal requerimiento -cinco de julio del año en curso-, el plazo para acreditar la entrega de los edictos para su publicación feneció el tres de agosto de dos mil dieciséis sin que la parte quejosa manifestara su imposibilidad económica para sufragar los gastos correspondientes. Cabe reiterar que en lo relativo a la carga procesal de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, el legislador no previó plazos perentorios sucesivos, sino un plazo único general de veinte días. De modo que no existe en la Ley de Amparo artículo alguno que señale que fenecidos los veinte días para que la parte quejosa acredite la entrega de los edictos para su publicación deba prevenirse nuevamente al impetrante para que manifieste el por qué no ha comparecido a recoger los edictos o no ha hecho la solicitud correspondiente. Con base en lo anterior, desde el cinco de julio de dos mil dieciséis-fecha de la notificación-, la parte quejosa tuvo conocimiento de la consecuencia que tendría no recoger los edictos y acreditar haberlos entregado para su publicación, de ahí que desde el momento de la notificación y hasta antes del cuatro del presente mes y año, la parte quejosa pudo haber realizado las gestiones pertinentes para su publicación, por lo que es válido decretar el sobreseimiento en el juicio. En apoyo a lo anterior, es aplicable la tesis que dice: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad . En tales condiciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, en relación con los dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, se SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las consideraciones expuestas, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y dos minutos del ocho de agosto de dos mil dieciséis."

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