Yesika Noemi Rodriguez Garcia

Expediente 117/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
117/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
29/04/2016

Partes del expediente

  • Yesika Noemi Rodriguez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A veintinueve de abril de dos mil dieciséis Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la quejosa YESIKA NOHEMÍ RODRÍGUEZ GARCÍA, recurriera la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, dado que en la sentencia dictada en autos se sobreseyó, y que se observa de la certificación que antecede que no existen documentos originales, y se abrió el incidente de suspensión en el que se negó la suspensión definitiva por lo que hace a todos los actos señalados, además de que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso II y III, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. Según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá de ser destruido, en el plazo de seis meses a que se refiere el acuerdo aludido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR YESIKA NOEMÍ RODRÍGUEZ GARCÍA, CONTRA EL ACTO Y LA AUTORIDAD PRESCISADOS EN EL CONTEXTO DE ESTE FALLO.

  3. Principal

    ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el INFORME JUSTIFICADO de cuenta, que rinde el Subdelegado en la Delegación Regional XV Baja California del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, agréguese a los presentes autos con vista a las partes, con el que deberá hacerse relación en la audiencia constitucional. De igual manera, téngase a la referida responsable señalando delegados en términos del artículo 9 del ordenamiento legal invocado, y como domicilio para recibir notificaciones, el que precisa en su informe de ley. Por último, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida y admitida la prueba consistente en la instrumental de actuaciones, la que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la cuenta que antecede; como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo vigente, con copia del auto admisorio de esta fecha y dos copias simples de la demanda de amparo, formulada por YESIKA NOEMÍ RODRÍGUEZ GARCÍA, por derecho propio, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales; fórmese por duplicado el incidente de suspensión. Pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, para cuyo efecto remítasele copia simple del ocurso de mérito, apercibida que de no hacerlo, en términos del artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo vigente, y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una MULTA de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia incidental. Ahora bien, en atención a la suspensión provisional de los actos reclamados que solicita la parte quejosa procede pronunciarse de la siguiente manera: Se niega la suspensión provisional solicitada por YESIKA NOEMÍ RODRÍGUEZ GARCÍA, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados. Lo anterior por no reunirse los requisitos que establecen los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, en atención a que para la procedencia de la suspensión provisional de los actos reclamados, tratándose de amparos contra actos de desposeimiento de bienes inmuebles que defiende la parte quejosa, deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que la quejosa debe resentir una afectación en su patrimonio o inclusive en su interés legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social del acto reclamado, pues de no estimarse así, la suspensión que, eventualmente se concediera, se tornaría en forma incorrecta, constitutiva de derechos a su favor. En efecto, en la demanda de amparo presentada por YESIKA NOEMÍ RODRÍGUEZ GARCÍA, no fue presentada constancia alguna que acredite el interés que le asiste para que le sea concedida la medida cautelar, respecto del bien inmueble que defiende y se localiza en Paseo Pino Suárez, entre Ignacio López Rayón, número 882, fraccionamiento Villas del Prado II, de esta ciudad; por tanto, se concluye que no se encuentra acreditado, ni aun de manera presuntiva, el interés de la parte quejosa para obtener la suspensión provisional de los actos reclamados. Es de apoyo a los razonamientos apuntados, la tesis XXVII.3o.3 K (10a.), Décima Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, notable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página mil novecientos cincuenta y cuatro, que señala: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 a 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consiste en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." De igual manera, la tesis de Jurisprudencia P./j.96/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 37/97, misma que puede ser consultable en la página 23 y 24 del Tomo VI, del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete, Pleno, Salas y Tribunales Colegidos de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "SUSPENSION PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN, EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTICULO 124, FRACCION I, DE LA LEY DE LA AMPARO, EL QUEJOSO DEBE MOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compra-venta debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo de impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas, que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que en el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." NOTIFÍQUESE.

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