Yesika Lorena Romero García

Expediente 1171/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1171/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Yesika Lorena Romero García

Actuaciones

  1. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por la tercero interesada **********, con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos hace valer, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Visto el estado de autos, de los que se advierte que el martes diecisiete al viernes veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se declararon inhábiles por causas de fuerza mayor por ende, se difiere la audiencia constitucional señalada para el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, y se programan las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las demás autoridades responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Téngase a **********, interponiendo recurso de queja en contra del proveído del veinte de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, en términos de lo previsto en el artículo 101 de la ley de la materia, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la interposición, para que en el plazo de tres días señale las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano colegiado que tenga que resolver el medio de impugnación. Una vez transcurrido el plazo que se concede, dése nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista el escrito de cuenta por medio de la cual la quejosa **********, da cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, en que cumple con el requerimiento decretado en autos; por lo tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en caso de incumplimiento, en consecuencia, se provee: Vista la demanda de amparo promovida por Yesica Lorena Romero García, por derecho propio, contra actos de del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que el acto reclamado es: A. Del Congreso del Estado de México: La discusión y aprobación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en específico el artículo 1.114. B. Del Gobernador del Estado de México: 2. La promulgación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en específico el artículo 1.114." C. Del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México: 3. como primer acto de aplicación, el auto del diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio 349/2014, en el que se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la quejosa, el cual no suspendió el procedimiento, así como sus actos y consecuencias. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Hecha tal precisión, quien resuelve advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. .". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un asunto, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio 349/2014, emitido por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el que se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la quejosa Yesica Lorena Romero García, el cual no suspendió el procedimiento, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de un aspecto procesal que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, pues por un acto de ejecución de imposible reparación debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales. Con base en lo anterior, se llega a la conclusión de que el acuerdo de auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio 349/2014, emitido por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el que se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la quejosa Yesica Lorena Romero García, el cual no suspendió el procedimiento, no es un acto de los considerados de imposible reparación, ya que dicho auto fue emitido dentro del procedimiento ordinario; circunstancia que tiene efectos meramente procesales, lo que no implica un perjuicio a la solicitante de amparo; de ahí que, dicha resolución afecta únicamente derechos procedimentales y no derechos sustantivos. En ese orden, respecto del diverso acto combatido consistente en: 1. La discusión y aprobación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en específico el artículo 1.114. 2. La promulgación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en específico el artículo 1.114. Este órgano de control constitucional advierte que si el juicio de amparo es improcedente respecto del primer acto concreto de aplicación del citado decreto señalado como acto destacado (auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio 349/2014, emitido por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el que se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la quejosa Yesica Lorena Romero García, el cual no suspendió el procedimiento), resulta inconcuso que sigue la misma regla de improcedencia, dada la íntima vinculación que guardan entre sí, pues uno es consecuencia del otro. Lo anterior es así, dada la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, entonces, la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento, motivo por el cual debe desecharse en el juicio, también respecto de la ley reclamada. En efecto, la improcedencia del juicio de amparo en cuanto al primer acto concreto de aplicación que se reclama, se hace extensiva al decreto que señala de inconstitucional la promovente, teniendo en consideración que tratándose de un juicio de amparo contra leyes con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la quejosa, no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne al primer acto de su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio a la parte quejosa, y no por sí sola la ley, ya que la esencial vinculación entre el ordenamiento legal y el acto concreto de su aplicación, impide examinar uno prescindiendo del otro, circunstancia que no acontecería en el caso de que la sola existencia de la norma causara perjuicio a la impetrante de amparo, como sucede en el amparo contra una ley autoaplicativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Volumen 145-150, Tercera Parte, página 169, con número de registro digital 818791, de rubro y texto siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Agosto de 2000, Primera Parte, página 235, con número de registro digital 191311, de rubro y texto siguiente:, que a la letra señalan: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida **********, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1171/2023-V. Con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, a efecto de proveer sobre la demanda de amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efecto la legal notificación de este auto, desahogue las prevenciones que a continuación se exponen: PRIMERO. Deberá manifestar si es su deseo señalar como autoridad responsable al Gobernador Constitucional del Estado de México, ello en razón de que en su apartado de autoridades responsables solo señala a la Legislatura de dicha entidad federativa y en caso de ser así, señale el acto que le reclama. SEGUNDO. Manifieste si el acto que reclama a la autoridad Congreso del Estado de México, es impugnado por vicios propios. TERCERO. Para estar en condiciones de fijar debidamente la litis, precise los actos que en esta vía reclama a cada una de las autoridades que señaló como responsables, en razón de que los aborda de manera genérica, lo cual genera incertidumbre. CUARTO. Precise si ha promovido algún recurso o medio de defensa en contra de los actos combatidos, o bien, un diverso juicio de amparo, y de ser así, deberá mencionar ante qué autoridad se tramita, el número de expediente con el cuál fue registrado y el estado procesal en el que se encuentre. QUINTO. Toda vez que los datos que se le requieren se estiman como una irregularidad de la demanda de amparo, tendrán que exhibir seis copias del escrito con el que desahogue estas prevenciones, a saber: (tres) para las autoridades que señaló como responsables; (una) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, (una) para la parte tercero interesada y (una) para ser glosada al incidente de suspensión. Lo anterior, en razón de que el escrito aclaratorio integra la demanda de amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con los requerimientos referidos con antelación dentro del lapso que se le concede, se tendrá por no presentado el ocurso de mérito, en términos de lo dispuesto en el numeral 114 de la referida ley y, si el escrito lo presenta vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se proveerá en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Asimismo, se reiteran las penas en que incurren los que declaran con falsedad en los juicios de amparo, en términos de la fracción I, del artículo 261 de la ley de la materia, así como del numeral 247 del Código Penal Federal. Por otra parte, se tienen por autorizado al usuario "dtrigosc", para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro con el registro, asimismo realícense las notificaciones de carácter personal por esa vía, dado que así lo solicita expresamente, en la inteligencia de que las notificaciones restantes se realizaran mediante lista electrónica. Lo anterior, en atención a la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 10 de marzo de 2023, de la Undécima Época, bajo el rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL". Se instruye al oficial judicial "A", a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes y a la actuaria judicial adscrita para que realice vía electrónica las notificaciones que deban ser personales a la parte quejosa. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. De conformidad en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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