Yesica Tolentino Benitez
Expediente 802/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yesica Tolentino Benitez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ...Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza, en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, en razón de que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia en el Estado, el treinta de enero de dos mil diecinueve en el expediente Número TJA/3º/2018. Respecto al tema que se trata, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), estableció de manera genérica que el incumplimiento a una determinación pronunciada en un juicio en el que las autoridades responsables figuraron como partes demandadas, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en aquellos casos en que existen mecanismos en las leyes que los rigen, para lograr su ejecución, como la facultad de imponer multas, requerir al superior jerárquico, suspender a las responsables u otras medidas, así como la facultad de hacerlas efectivas en caso de que el fallo no se cumpla. Destacó el órgano máximo de justicia, que en estos casos existe entre las partes una relación de coordinación, ya que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, cuentan con esos procedimientos jurisdiccionales, en los que, en caso de ser necesario, se pueden imponer coactivamente las sanciones que genere el incumplimiento de ellos por alguna de las partes, de tal suerte que el órgano jurisdiccional instructor cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer cumplir sus sentencias, atendiendo al procedimiento instaurado para ese efecto en la legislación respectiva. De dicha ejecutoria se dio origen la Jurisprudencia número 2a./J. 34/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Por lo anterior, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de "acto de autoridad", debe ante todo constatarse si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre su voluntad; por lo que hay que considerar que no pueda exigirse su cumplimiento directamente mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades que dispongan de ella, pues de lo contrario, de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquél, porque lo que el particular impugna no es propiamente un "acto de autoridad". Conforme a lo anterior, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en su artículo 36, fracción I, le da competencia al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para conocer de los conflictos de carácter administrativo o fiscal que se susciten entre cualquier órgano de gobierno estatal o municipal, en perjuicio de los particulares. En tanto que los artículos 90 y 91 de la ley en cita, contienen el procedimiento que debe seguirse para dar cumplimiento a la sentencia que en su momento se dicte, de los cuales se puede advertir que para lograr el cumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, una vez que la sentencia se encuentra notificada a la autoridad demandada y otorgado el término no mayor de diez días para el cumplimiento voluntario de la misma, sin que se hubiere hecho, la sala debe requerir a la autoridad para que dentro de veinticuatro horas dé cumplimiento a la sentencia, apercibiéndole con imponerle las medidas de apremio contenidas en la ley. Si a pesar del requerimiento la autoridad continúa con la actitud omisa y no da cumplimiento a la sentencia, debe seguirse el siguiente procedimiento: - Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, la Sala instructora puede realizarlo en rebeldía de la de la demandada. - Si el acto solo puede ejecutarlo la demanda procederá requerir al superior jerárquico, en caso de existir. - Si con todo lo anterior no se logra el cumplimiento se podrá imponer al rebelde una medida de apremio de aquellas que marca la Ley que rige el acto. - Entre esas medidas se encuentra incluso el auxilio de la fuerza pública, destitución e inhabilitación hasta por seis años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. Así, si se presenta la situación de inconformidad por parte de la actora en el juicio de origen, en el sentido de la falta de cumplimiento a la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el órgano jurisdiccional competente para proveer respecto a dicha falta de cumplimiento, es el mismo Tribunal, quien como ya se vio, cuenta con un procedimiento contenido en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para hacer cumplir sus fallos y no corresponde a las partes demandadas atribuirles en su carácter de autoridad dicho incumplimiento. De allí que se actualice la causa de improcedencia de estudio, ya que la omisión que reclama el quejoso, respecto a que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la sentencia de treinta de enero de dos mil diecinueve que concluyó el procedimiento administrativo número TJA/392018, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia en el Estado, no se trata de un acto de autoridad, puesto que como ya se explicó, la referida sala cuenta con las facultades para hacer cumplir ese fallo, lo que origina que la relación que cuenta el aquí quejoso, con las autoridades que señala como responsables sea de coordinación, y por tanto, que no se trate de un acto de autoridad. Sin que se inadvierta que algunas de las autoridades señaladas por el quejoso, no son demandadas en el juicio de origen, sin embargo, el quejoso sustenta el acto que les reclama en el hecho de que a su parecer se tratan de autoridades que están vinculadas a asegurar el cumplimiento de la referida sentencia, así que el acto que les atribuye también lo hace depender de la falta de acatamiento a la sentencia referida, por lo que de la misma forma, tal actuación no puede ser considerada un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que no se trata de un acto de autoridad el reclamado, es decir, no es necesario sustanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda, concretamente del acto reclamado y de los antecedentes narrados se aprecia que no es un acto de autoridad. 4).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a la parte quejosa, siempre y cuando se realice con el usuario que refiere en su escrito de cuenta, y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 5).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. Por lo que hace a la expedición de copias, se hace de su conocimiento que dada la contingencia por el virus COVID-19 el centro de copiado permanece cerrado, sin embargo, los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, y está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, el artículo 261 de la Ley de Amparo tipifica como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. 8).- Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.
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