Yesica Roxana Hinojosa Peña
Expediente 167/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 22 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 20/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Yesica Roxana Hinojosa Peña
- Notaría Pública número 20, Saltillo, Coahuila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
El día de hoy queda debidamente notificada la tercera interesada por medio de lista de acuerdos, del auto de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del juicio de amparo 167/2015.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de diez de octubre del año en curso (foja 331), para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la responsable a la sentencia de amparo, sin que se haya manifestado al respecto. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, pues la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este juzgado de Distrito, por sentencia terminada de engrosar el diecisiete de agosto de dos mil quince, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "Para que dentro de los autos del recurso de inconformidad R/SABINAS/21/2014: 1) Deje insubsistente la resolución de dieciséis de enero de dos mil quince, mediante la cual confirmó el acuerdo emitido por el Director Registrador del Registro Público de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, el trece de noviembre de dos mil catorce, correspondiente a la calificación positiva y consecuente inscripción del documento ingresado mediante fecha de entrada libro 488, foja 382, que contiene la escritura pública número 96 celebrada ante la fe de la licenciada Claudia Valdés Cabello, Notaria Pública número 20 del Distrito Notarial de Saltillo, referente a la adjudicación directa celebrada entre el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en rebeldía de Súper Gas y Combustibles del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Pedro Alcalá González y como adjudicatario la institución de crédito HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; y, 2) Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en el cual subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, a partir de las consideraciones expuestas en la presente resolución constitucional". Resolución que fue recurrida por el autorizado legal de la tercero interesada HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, motivo por el cual, se remitió el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para la substanciación del medio de impugnación mencionado, mismo que fue radicado bajo el amparo en revisión 696/2015 y posteriormente, confirmó la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional. Razón por la cual, mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 312 a 314), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Director General del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en la ciudad de Saltillo, a través del oficio número 22434/2016-ZU (fojas 316 y 317). Por auto de cinco de octubre del año en curso (foja 321), se tuvo por recibido el oficio DGRP/927/2016, signado por el Director General de la Dirección del Registro Público, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a través del cual comunicó que mediante auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis (foja 319), dejó insubsistente la resolución R/SABINAS/21/2014 de dieciséis de enero de dos mil quince, emitida con motivo del recurso de inconformidad promovida por Yesica Roxana Hinojosa Peña, contra actos de la titular de la Oficina registral de Sabinas; por lo que se dio vista a la parte quejosa, misma que fue notificada el seis de octubre de este año (foja 323), sin que haya hecho manifestación alguna. Asimismo, en esa misma data, se requirió al Director General del Registro Público de la Secretaría de Gobernación, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que dentro del término de tres días, remitiera la resolución en cumplimiento al fallo protector. Por lo que, en diverso auto de diez de octubre del año en curso (foja 331), se tuvo por recibida la resolución dictada por el Director responsable de referencia, entre lo que se destaca, lo siguiente: "...que una vez analizadas las constancias que integran el presente curso de inconformidad se desprende que lo que solicita la quejosa es que se realice la cancelación de las partidas 4016, libro 41, sección I de tres de mayo de dos mil cuatro, y partida 5220, libro 53, sección I, de once de octubre de dos mil cuatro, obraban inscritas a favor de Pedro Alcalá Goznález, por lo que de conformidad con el artículo 3659 del Código Civil en el Estado, las mismas solamente pueden cancelarse por consentimiento de las personas a cuyo favor estén hechas o por orden judicial. [.] De la interpretación de la normativa antes transcrita se deduce que las inscripciones y las anotaciones que se realicen en el Registro Público únicamente se pueden cancelar por los dos motivos antes descritos, en el caso concreto que nos ocupa, no se actualiza ninguno, ya que la parte impetrante no es la persona a cuyo favor esté inscrito el derecho que la parte impetrante no es la persona a cuyo favor esté inscrito el derecho que se pretende cancelar, y dentro de las documentales que se analizaron en el presente recurso no se cuenta con alguna orden judicial que ordene la cancelación en comento. [.]" Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; acuerdo que se le notificó el once de octubre del presente año (foja 332), sin que manifestara nada al respecto dentro del plazo otorgado. Así las cosas, de la confrontación de lo anterior, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo están cumplidos, ya que el Director General de la Dirección del Registro Público, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dejó insubsistente la determinación reclamada y dictó otra, acatando con ello los lineamientos del fallo protector. Pues fundó su resolución con el artículo 3659 del Código Civil del Estado y dos tesis jurisprudenciales, también motivó la misma, pues después de que realizó una interpretación de dicho precepto, determinó que las inscripciones y las anotaciones que se realicen en el Registro Público, sólo se pueden cancelar por dos supuestos: por consentimiento de las personas a cuyo favor estén hechas y por orden judicial, motivo por el cual, estimó que en el caso concreto, no se actualizaban esos supuestos, por lo que, al carecer de facultades no puede ordenar la cancelación de inscripciones registrales. Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional violada, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 196 de la citada ley, se declara cumplida la ejecutoria de amparo; archívese este juicio de amparo, y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno. Por tanto, se estima que se cumplió con los efectos de la concesión del amparo; sin que sea técnico que este Juzgado de Distrito se ocupe de prejuzgar sobre la legalidad del fondo del acto autoritario que acata la sentencia protectora. (. . .) Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, glósese a los autos el oficio DGRP/999/2016, que remite el Director General del Registro Público, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y anexo que acompaña; sin que haya lugar hacer especial pronunciamiento, toda vez que el diez de octubre de este año (foja 331), se proveyó al respecto.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio CJ/3114/2016, firmado por la Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en la ciudad de Saltillo, y anexo que acompaña, a través de los cuales informa que giró oficio al Director General del Registro Público en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de diera cumplimiento al fallo protector; de lo que este juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio número DGRP/946/2016, signado por la autoridad responsable Director General de la Dirección del Registro Público de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y anexo que acompaña, por medio del cual remite copia certificada de la resolución número R/SABINAS/01/2016, en cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, póngase a la vista de la parte quejosa la constancia allegada, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga; en la inteligencia que una vez transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará la resolución fundada y motivada en que se declare si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo .
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