Yesica Manzanares Navarro

Expediente 969/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
969/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Yesica Manzanares Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese el oficio 7544/2023, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del XI Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, como se advierte de la certificación de cuenta, el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el citado Tribunal de Alzada resolvió el Conflicto de Competencia Administrativo 27/2023, de su índice; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, en cuyos puntos resolutivos se determinó:****************************************"PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. ****************************************SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, es el legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por ********************; por tanto, envíesele el expediente ********************/2023, de su índice, a fin de que continúe con su conocimiento. ****************************************TERCERO. Con testimonio de esta ejecutoria, hágase del conocimiento de la presente determinación al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar."****************************************Por lo anterior y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido.****************************************Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, el Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción X, del Acuerdo en mención.****************************************Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), suscrito por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta capital, por el cual acusa recibo del diverso oficio 17557/2023, con el cual se remitieron los autos del juicio de amparo número ********************, en virtud de que existe conflicto competencial entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, asimismo comunica que admitió dicho conflicto, mismo que se registró con el número ********************; lo anterior para los efectos legales procedentes Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 13690/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 969/2023 de este índice; en atención a que no aceptó la competencia declinada en su favor por este órgano jurisdiccional, respecto de la demanda de amparo promovida por ***********, en cuanto apoderado de la quejosa ***********, contra actos de la Presidenta e integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades. Ello en atención a que el citado órgano constitucional considera que este Juzgado Federal es quien debe conocer del juicio de amparo en que se actúa, pues estima en esencia que es un hecho notorio que el decreto impugnado tiene carácter de norma general y por tanto, la concesión otorgada a la parte quejosa, no solamente es útil para demostrar el lugar donde la norma irradiará sus efectos por razón de la ruta, donde se permite a la quejosa, prestar el servicio público de transporte de pasajeros, en este caso en el Municipio de Lázaro Cárdenas; sino que también, el impacto de la norma, se verifica en la competencia encargada precisamente de permitir, verificar, renovar, suspender, cancelar o revocar la concesión de la parte quejosa, de manera que, los efectos de la norma pueden ejecutarse materialmente en dos ámbitos territoriales, porque la norma controvertida, no tiene un lugar específico de ejecución dentro del territorio del Estado de Michoacán, por lo que el juzgado de amparo competencia es aquél ante quien se presentó la demanda de amparo, esto es, este órgano jurisdiccional, Toda vez que, afirma que si en el presente sumario, la quejosa Yesica Manzanares Navarro, por conducto de quien se ostenta como su representante legal Valente Álvarez Reyes, reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, relacionada directamente con la concesión del servicio de autotransporte, que le fue expedida el veinte de mayo de dos mil cinco, por el Gobierno del Estado de Michoacán, con número de folio FZTX00001, para que sea explotada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, señaló que resulta indiscutible que este órgano de control constitucional es quien debe conocer del presente juicio de amparo, ya que la Ley impugnada no esclarece en qué Municipio o localidad en específico debe irradiar todos sus efectos, lo que implica que tiene ejecución en todo el Estado de Michoacán; así como que la ruta de la concesión, no es el único factor determinante para fijar la competencia territorial. Sin embargo, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este Juzgador respetuosamente insiste en declinar la competencia, sosteniendo desde luego los argumentos y consideraciones del auto de doce de julio de dos mil veintitrés, pues se estima que si la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia Constitucional conlleva a un principio de ejecución, en la medida que se combate la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, con motivo de su expedición y promulgación, resulta competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio en que el quejoso deba acatar las disposiciones plasmadas en dicha ley. De ahí que sí de los anexos que la quejosa adjuntó a la demanda de amparo se advierte que cuenta con una concesión del servicio de autotransporte, que le fue expedida el veinte de mayo de dos mil cinco, por el Gobierno del Estado de Michoacán, con número de folio FZTX00001, para que sea explotada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, resulta inconcuso que ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, derivado de las disposiciones normativas reclamadas, toda vez que como se advierte en párrafos que anteceden, la citada quejosa tiene la concesión del Servicio de Autotransporte en Lázaro Cárdenas, Michoacán, esto es, fuera de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce Jurisdicción. En consecuencia, resulta que los actos reclamados por esta vía Constitucional tienen como consecuencia, un principio de ejecución, es decir, la norma autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que amerita una ejecución material precisamente en el lugar en que el gobernado deba dar cumplimiento a sus prescripciones; por tanto, se deberá analizar una actuación realizada por las autoridades responsables en el lugar en que deba tener ejecución la misma, lo cual sucederá en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone la jurisprudencia la tesis 2a. 11, sustentada por la Segunda Sala, publicada en la página 193, Tomo IV, primera parte, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con número de registro 206498, que establece: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Es aplicable la tesis: I.15o.A.41 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2288, cuyo rubro y texto es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Y la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, agosto de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Se explica. Resulta necesario hacer referencia al artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del invocado precepto legal, se desprenden tres reglas de competencia de los Jueces de Distrito en función de la posible ejecución del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; y, 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de los supuestos indicados. En ese orden de ideas, es oportuno tener en cuenta como se estableció, que el acto reclamado consiste en la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, relacionada directamente con la concesión del servicio de autotransporte, que le fue expedida el veinte de mayo de dos mil cinco, por el Gobierno del Estado de Michoacán, con número de folio FZTX00001, para que sea explotada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán En ese orden de ideas, no puede perderse de vista que el señalamiento de tal acto reclamado constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por territorio del Juez de Distrito que habrá de conocer de la demanda de amparo, ya que la ejecución material para que sea explotada la tendrá en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, esto es, fuera de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce Jurisdicción. Lo que evidencia la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, que resultan ser los dos primeros supuestos de la regla establecida en el citado numeral 37 de la ley de la materia, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad. El anterior criterio dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 916, Libro 19, Tomo I, Junio de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Es aplicable la tesis: I.15o.A.41 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2288, cuyo rubro y texto es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Y la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, agosto de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo tanto, se considera que el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con jurisdicción en Uruapan, en términos del artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, es él quien debe conocer y, en su caso, resolver el presente juicio de amparo, ya que el acto reclamado consiste en la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, relacionada directamente con la concesión del servicio de autotransporte, que le fue expedida a la quejosa el veinte de mayo de dos mil cinco, por el Gobierno del Estado de Michoacán, con número de folio FZTX00001, para que sea explotada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Michoacán, municipio correspondiente a la jurisdicción de Uruapan, Michoacán. En ese orden de ideas, este Órgano de Control Constitucional, respetuosamente no comparte las consideraciones vertidas por el similar Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, ello en atención a que mediante auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio de amparo 969/2023, del índice de este Juzgado, le fue planteada una incompetencia por razón de territorio de conformidad con las consideraciones vertidas en el mismo y con fundamento en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, sin embargo, el juzgado homologo federal mediante auto emitido el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo 519/2023, de su índice, consideró que este Juzgado Federal es quien debe conocer del juicio de amparo en que se actúa, en razón de que el acto reclamado no sólo tiene impacto en el lugar donde al quejoso, como persona concesionaria del Gobierno del Estado de Michoacán, en Morelia, a través de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, le permite prestar el servicio de transporte público, sino también, en el lugar donde el quejoso, debe cumplir con la comprobación del cumplimiento de dicha concesión, máxima que todo trámite concerniente a dicha concesión como es su renovación, suspensión, modificación, revocación o cancelación no se verificará en el municipio de Lázaro Cárdenas, sino en Morelia, Michoacán. Entonces, a criterio de este órgano jurisdiccional, la competencia territorial para conocer de la demanda de amparo de la parte quejosa, se rige por el lugar en donde éste deba cumplir las obligaciones que le imponen las normas que impugnó como autoaplicativas; esto es, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia Constitucional conlleva a un principio de ejecución en el municipio de Lázaro Cádenas, Michoacán, en la medida que se combate la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, con motivo de su expedición y promulgación, es que, resulta competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio en que la quejosa deba acatar las disposiciones plasmadas en dicha ley. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la siguiente jurisprudencia: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE IMPONEN AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS LA OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, CUANDO SE RECLAMAN EN SU CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVAS. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN ALGUNO DE LOS LUGARES EN LOS QUE PUEDA TENER EJECUCIÓN EL ACTO RECLAMADO. De acuerdo con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer de los asuntos en los que se reclaman como autoaplicativos el Acuerdo por el que se emite el catálogo de los diferentes servicios turísticos cuyos prestadores de servicios turísticos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, el Acuerdo por el que se emite la Convocatoria Nacional de Inscripción al Registro Nacional de Turismo dirigida a los prestadores de servicios turísticos, así como el Acuerdo por el que se establece el formato único para los trámites del Registro Nacional de Turismo, todos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2016, que imponen una ejecución material, al obligar al prestador de servicios turísticos a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, siempre y cuando ejerza jurisdicción en alguno de los lugares en que pudieran tener ejecución los actos reclamados a saber, en la oficina estatal respectiva (donde la quejosa presta sus servicios turísticos), o bien, donde radica la ventanilla de registro central de la Secretaría de Turismo, esto es, en la Ciudad de México. Lo anterior es así, toda vez que el lugar o los lugares en que pueda efectuarse el registro de inscripción o el trámite correspondiente debe estimarse como el factor determinante para tal efecto, pues al tratarse de disposiciones autoaplicativas, existe el desconocimiento del lugar donde se va a realizar el trámite respectivo en el Registro Nacional de Turismo, de manera que lo relevante es que el quejoso tiene la posibilidad de efectuar la inscripción ante la oficina de turismo estatal, o bien, en la oficina central." Incluso, para los efectos de las consideraciones aquí precisadas, al igual que la autoridad declinante, se cita para robustecerlas, la jurisprudencia de rubro y texto: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN Que LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de oh acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiera el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal auto aplicativa constituye un acto de sentido amplio que si amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para que a bien tenga resolver, sobre el conflicto competencial planteado; asimismo, comuníquese esta determinación al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para los efectos legales procedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese el oficio el escrito signado por *********, perito en materia de Ingeniera Civil, designado por este Juzgado, atento al contenido, téngase al referido experto efectuando su cotización de gastos y honorarios, misma que se ajustó a los parámetros legales aplicables; por tanto, remítase oficio a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México[...] Notifíquese.

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