Yesica Belem Aguilar Velasco
Expediente 373/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Yesica Belem Aguilar Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 373/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las responsables rindieron su informe justificado; C) Apersonamiento del tercero interesado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el tercero interesado ofreció la documental. Al efecto se acuerda: Se admite y desahoga la probanza aludida atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que el tercero interesado los formuló e invocó la improcedencia del juicio y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita tampoco intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 373/2022 promovido por ... en representación del menor de identidad protegida identificado con las iniciales ..., contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Noveno, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veinte de abril de dos mil veintidós, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El veintidós de abril siguiente, se admitió la acción de amparo, se dio intervención a la Fiscal federal adscrita, se requirieron informes justificados; y se ordenó emplazar al tercero interesado. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; se emplazó a la parte tercera interesada; la representante social adscrita no intervino y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103 fracción I, 107 fracción III inciso a), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto, promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el toca ..., por la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó el auto emitido el uno de diciembre de dos mil veintiuno, por el Juez Décimo Noveno de la propia especialidad y residencia, en la controversia del orden familiar, alimentos ..., que en la materia de agravio, fijó como alimentos provisionales mensuales para el hijo de las partes $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional). La ejecución. Tercero. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con los informes justificados rendidos en sentido afirmativo; como se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, visible en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se informa de las actuaciones que precedieron los actos reclamados: 1. El diez de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la acción donde el tercero interesado demandó de la quejosa una pensión alimenticia para el menor hijo de las partes, los gastos y costas del proceso. Determinación que requirió de la actora formular una propuesta de pensión alimenticia, y de las partes el monto de los gastos reales por diversos conceptos. 2. Previo desahogo de los colitigantes y señalamiento de las propias planillas de gastos, el juzgador dictó la siguiente determinación: "(.) Ciudad de México, a primero de diciembre de dos mil veintiuno. A sus autos el escrito de cuenta de la demandada .... Por desahogada la prevención ordenada en auto de diecinueve de noviembre del año en curso, por consiguiente, gírese oficio a la Unidad de Trabajo Social de este Tribunal a través del sistema ..., para que proceda a practicar a la demandada un estudio socioeconómico. Por desahogada la vista ordenada en auto de diecinueve de noviembre del año en curso en relación a la propuesta de régimen de visitas y convivencias efectuada por el actor en los términos que se indican, con las mismas dese vista al actor para que dentro del término de TRES DÍAS, manifieste lo que a su derecho convenga. Por otra parte, en atención a lo manifestado por la demandada, al estar involucrados derechos de un menor y a efecto de que la suscrita cuente con mayores elementos al momento de resolver la presente controversia, con fundamento en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena la práctica de estudios toxicológicos a la parte actora el C. ... y con fundamento en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-SSA 2-2009 PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES que en su parte conducente dice: (.) se ordena girar oficio al DIRECTOR DE LA CLÍNICA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TOXICOLÓGICAS "..." ubicada en (.) a efecto de que realice un estudio de farmacodependencia (alcohol y drogas) a la parte actora, debiendo señalar tiempo, modo y lugar de como deberá llevarse a cabo dicho dictamen, lo que deberá informar a la suscrita en el término de OCHO DÍAS; y para el caso de que considere que está dentro del rubro de adicciones se le pondrá a disposición el oficio dirigido al INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO (IAPA) con domicilio en (.). Como se solicita, toda vez que la demandada desahogó la vista en relación a la propuesta de pensión alimenticia efectuada por el actor, por consiguiente al ser los alimentos de orden público y urgente su cumplimiento, sin que a la fecha se conozca con certeza la capacidad económica del actor, ya que solo se tiene manifestación hecha por el mismo acerca de sus ingresos, sin que se haya acreditado con documento idóneo, por lo que tomando en cuenta la edad del menor, los gastos manifestados por la demandada, la situación económica del país, se fija como PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL a favor de su menor hijo (.) la cantidad que corresponda a UN SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en forma mensual, por lo que mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, requiérase al actor para que la cantidad que corresponda al salario mínimo decretado la deposite los primeros CINCO DÍAS, de cada mes en la cuenta número (.), clabe (.), número de tarjeta (.) de la institución denominada BANCO ... a nombre de la demandada, apercibido que de no dar cumplimiento a lo antes ordenado, se le impondrá una medida de apremio." 3. Inconforme, el actor interpuso recurso de apelación que fue fallado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós en el toca ..., en cuyos puntos resolutivos se lee: "R E S U E L V E : (.) SEGUNDO.- Se modifica el auto apelado, para quedar en los siguientes términos: (.) Como se solicita, toda vez que la demandada desahogó la vista en relación a la propuesta de pensión alimenticia efectuada por el actor, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 941 y 943 del Código de Procedimientos Civiles y tomando en consideración los elementos que hasta este momento procesal se tienen a la vista, se fija como PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL a favor del menor hijo de las partes (.) la cantidad de $1,800.00 (un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), ya que dicho monto es la que el deudor alimentario propuso otorgar por concepto de alimentos, toda vez que éstos, son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazables, porque tienden a asegurar su subsistencia mientras se resuelve en definitiva el presente juicio, cuyo interés del menor es el que prevalece en el presente asunto por encima de cualquier otro interés procesal o particular de las partes, misma que el actor ..., deberá depositar los primeros CINCO DÍAS de cada mes." Esta última resolución y su ejecución integran la materia del acto reclamado. Quinto. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia, y la jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El tercero interesado invocó como causal de improcedencia la prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en su concepto, la quejosa consintió el acto reclamado porque ha comparecido a recoger cantidades pagadas como consecuencia el acto reclamado. Es inviable la causal invocada, la cual se actualiza cuando respecto del acto reclamado, el interesado expresa su allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar que se ha conformado con la decisión y consecuencias. Empero, el hecho de que la contraparte en el proceso participe de alguna o algunas de las condenas del acto reclamado, como lo es recibir la pensión alimentaria para el menor involucrado, no conlleva el consentimiento, pues el acogimiento sólo se vincula con la decisión que al respecto y de manera destacada haya emitido la autoridad jurisdiccional, que en su caso corresponde al condenado, pero no puede relacionarse con el resto de las prestaciones resueltas, por lo que esa conducta no debe calificarse como una manifestación clara e inequívoca de que haya consentido la sentencia reclamada. Aunado a que tampoco consta en el expediente expresión o manifestación de la colitigante donde indique su anuencia con el acto reclamado, que sea inequívoca, indudable y completa, dando cuenta de que su verdadera voluntad es efectivamente conformarse con ese acto de autoridad y donde indique estar aceptar sus consecuencias jurídicas. En tal orden de ideas es inviable la causal alegada. Al no existir más causales de improcedencia que analizar, y el suscrito Juzgador tampoco advertir otra, procede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Sexto. Conceptos de violación donde la parte quejosa sostiene: El acto reclamado contraviene en perjuicio del menor involucrado, las garantías de congruencia y exhaustividad previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación al diverso 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. La autoridad omitió revisar las necesidades del menor, pues sólo consideró las posibilidades del deudor. Tampoco valoró los escritos y constancias aportadas por la inconforme. La alzada no priorizó las necesidades alimentarias, ni el derecho a la vida del infante, supervivencia y desarrollo. Los conceptos de violación son infundados los cuales serán analizados como fueron agrupados por implicar temas afines, aunque no necesariamente corresponda al planteamiento de la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. No asiste razón a la inconforme en los conceptos de violación porque el acto reclamado sí está fundado y motivado, puesto que la sala responsable se refirió a los hechos que integraron la medida provisional solicitada, y a las circunstancias que concurrieron en el entorno familiar que originaron la controversia. Además, la Ad Quem expuso premisas, razones y argumentaciones para sustentar sus conclusiones en cuanto al tema alimentario, pues indicó: - Los artículos 941 y 943 del Código de Procedimientos Civiles local, permiten otorgar alimentos con la presentación de la demanda, previa justificación del derecho, sin perjuicio de su posterior modificación, como medida para proteger a la familia y garantizar su sobrevivencia hasta resolver definitivamente. - El deudor manifestó bajo protesta de decir verdad la fuente y monto de sus ingresos y propuso el pago de los alimentos para su hijo. - Con esa información se debió considerar el monto máximo de los ingresos equivalente a $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), para determinar la pensión provisional, al amparo de la facultad oficiosa del juzgador, y atender la necesidad apremiante del infante. - Sobre esos elementos debe fijarse $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), como pensión provisional, que corresponde aproximadamente al cuarenta por ciento de los ingresos mensuales y que el inconforme propuso. - El carácter provisorio de la pensión asegura la subsistencia del menor, mientras se dicta la sentencia definitiva, que es cuanto se analizara todo lo actuado, las pruebas que las partes ofrezcan, la capacidad económica y el estudio socioeconómico ordenado. Adicionalmente, consta en el acto reclamado que la sala responsable invocó las normas y principios constitucionales que consideró aplicables, el respaldo legal adjetivo y sustantivo que en su concepto garantizaban las conclusiones. Con ese ejercicio judicial se satisface la garantía de legalidad y el principio de seguridad jurídica, porque se acata el deber de fundamentación y motivación. Esto es, por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. En ese sentido es infundado el concepto de violación donde se alega falta de fundamentación y motivación. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Tampoco asiste razón a la inconforme al señalar que la sala responsable dejó de lado las necesidades del menor involucrado y su derecho a recibir alimentos, al fijar la pensión alimentaria provisional, porque la medida concedida tiene una naturaleza jurídica provisoria de carácter urgente, que válidamente se puede fundar en las constancias exhibidas en el expediente hasta ese momento y decretarse preponderantemente con las constancias presentadas por el deudor. En efecto, como se informa en los antecedentes de esta sentencia, el acto reclamado fue emitido como una medida de carácter urgente, para regir en un periodo transitorio, atender a una necesidad perentoria, amainar una situación de alta entidad, en compatibilidad con obligaciones deducidas de un núcleo familiar determinado por la regla que reconoce la fuente de derechos y obligaciones alimentarias en la familia. Por esa causa, por regla general, los alimentos de carácter provisional se sujetan a un régimen de valoración que otorga al juzgador familiar un margen de discrecionalidad, acotado por las circunstancias que a su vez, las propias partes involucradas deben moderar, alinear o componer; de ese modo se atribuye objetividad a la determinación judicial mediante la incorporación al expediente de la información correspondiente, para que sean objeto de valoración. Aun en tratándose de una determinación cautelar de carácter provisorio, los alimentos deben responder a la fórmula de la proporcionalidad considerando la necesidad (acreedor) y posibilidades (deudor); sin que esa ponderación pueda realizarse con una puntualidad exhaustiva o intensa, sino básica, porque así lo amerita la urgencia con la cual se pide. Los alimentos provisionales tiene como condición requisitos mínimos que den cuenta indiciaria de las variables de hecho, porque en su fijación definitiva es donde habrán de concurrir un estudio profundo, donde se deberá asumir una actividad probatoria cabal, para que la autoridad familiar en su caso pueda regular y particularizar con mayor rigor objetivo las obligaciones concurrentes. Tiene relación la jurisprudencia PC.I.C. J/13 C (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2009944, de la Décima Época, que dice: "ALIMENTOS. FUNDAMENTO U ORIGEN DEL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES DE PROPORCIONARLOS. De los artículos 301 a 307 del Código Civil para el Distrito Federal se advierte que para que exista el derecho a recibir alimentos, así como la correspondiente obligación de otorgarlos, debe existir un vínculo o una relación jurídica como el matrimonio, el concubinato, el parentesco (consanguíneo y civil), etcétera y, por tanto, si éste no existe, el derecho y la obligación tampoco existirán. En ese orden de ideas, el derecho y la obligación entre los cónyuges de proporcionarse alimentos tienen su fundamento u origen en el matrimonio, que es la relación jurídica que la ley prevé como generadora, en atención al artículo 302 del Código citado, del que deriva que durante el matrimonio, los cónyuges tendrán la obligación recíproca de proporcionarse alimentos, lo que atiende a que uno de sus fines es la ayuda mutua entre ellos. De igual forma se advierte que, por regla general, si se disuelve el matrimonio desaparecerá la obligación mencionada; sin embargo, excepcionalmente podrá subsistir cuando la ley expresamente lo establezca y para determinarlo deberá atenderse a lo que al respecto señalan las disposiciones relativas al divorcio. Luego, el hecho de que excepcionalmente puedan subsistir tanto el derecho como la obligación de proporcionar alimentos, entre otros supuestos, en el caso de divorcio, no puede conducir a pensar que éste es la relación jurídica que origina la obligación de pagarlos. De ahí que el fundamento u origen del derecho y la obligación existente entre los cónyuges de proporcionarse alimentos durante la vigencia del matrimonio y una vez disuelto éste, de ser jurídicamente procedente su subsistencia (lo que se determinará conforme a lo previsto en la ley), será dicha relación o vínculo jurídico, es decir, el matrimonio." Sobre esa base se contesta que la determinación de la sala responsable demuestra que analizó, valoró y consideró los elementos aportados por las partes y los rubros solicitados que se relacionaron con la información proporcionada, lo cual cumple con los rubros del concepto alimentos. En cuanto a las posibilidades de uno de los progenitores identificado como el único deudor alimentario, consta en el acto reclamado que la sala responsable valoró la información aportada sobre la ocupación, fuente de trabajo, estatus de seguridad social, variables de ingresos y circunstancias contextuales en que se desarrollan las labores que los generan. De donde concluyó que al menos de forma provisoria los ingresos que puede obtener el único deudor alimentario objeto de revisión, tienen un tope máximo equivalente a $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Al respecto, obra en el expediente que la ahora quejosa presentó un escrito el tres de noviembre de dos mil veintiuno, donde señaló que su contraparte en realidad es propietario de la fuente de trabajo y que ha realizado actos, por sí y por medio de terceros, para ocultar el monto real de sus ingresos económicos. Por lo que hace a las necesidades del infante beneficiario de la pensión, contrario a lo alegado por la quejosa, consta en el acto reclamado que la AD Quem se valió de la propuesta del deudor, donde señaló como pensión el pago de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), que estableció al describir los gastos ordinarios y apremiantes, que desde su experiencia de convivir con el menor son necesarios, como de ello informa la lista de rubros que motivó la propuesta. De igual modo, en el sumario de origen obra el escrito de tres de noviembre de dos mil veintiuno, donde la quejosa presentó la siguiente planilla de gastos: Periodicidad Descripción Categoría Importe Mensual Despensa y perecederos sólo del menos hijo de las partes Alimentos 4500 Mensual Renta Habitación 2000 Indeterminado Consulta pediatra Atención médica 300 Indeterminado Medicinas (promedio) Atención médica 500 Trimestral Ropa y zapatos Vestido 2300 Mensual Gas Habitación 500 Bimestral Agua Habitación 100 Bimestral Luz Habitación 125 Anual Uniforme Escuela 1600 Anual Útiles Escuela 850 Semestral Vitaminas Atención médica 1850 Indeterminado Material escolar Escuela 300 Mensual Internet Escuela 619 Indeterminado Diversiones/variable Recreación 10 Indeterminado Dentista Atención médica 50 Estos aspectos permiten contestar a la quejosa que es infundado alegar omisión de considerar las necesidades del infante involucrado, ni el derecho a la subsistencia, porque sí fueron incluidos en la decisión reclamada y regulados acorde a las pruebas con que contó la sala responsable y que responden a la ecuación posibilidades-necesidades, como se continua explicando. En efecto, si bien el dictado de una medida cautelar puede actualizarse con el conocimiento de las pruebas y argumentos de sólo una de las partes, no puede soslayarse que esto se debe a un ejercicio de valoración previo y en abstracto por parte del órgano legislativo que reguló esa medida, respecto a la importancia de intervenir en ciertos casos para salvaguardar el objeto de la litis o para evitar daños con dimensiones materialmente irreparables, al menos en un sentido de restitución. Ahora, es verdad que la sala no adminiculó las promociones de la quejosa en cuanto a las aparentes necesidades del infante involucrado, empero, como se advierte de la planilla de gastos sugerida, se plantearon erogaciones respecto de periodos de tiempo diversos, y que dependen de una circunstancia adicional e indeterminada para generarse, que no necesariamente habrá de realizarse. Lo cual conlleva que para salir de la indeterminación en general de los gastos, para obtener una medida promedio en lo particular sobre las necesidades que en concepto de la quejosa, son necesarias y se requiere el desahogo de más pruebas, la valoración de constancias y el análisis del respaldo probatorio al menos indiciario de los conceptos planteados, y la precisión de los rubros indeterminados. De igual modo, para corroborar o desestimar las alegaciones sobre la realidad financiera del deudor alimentario a que se refirió la quejosa, es necesario recurrir a la revisión de los documentos constitutivos de la fuente de trabajo y/o de ingresos, datos fiscales, entre otros, todo lo cual conlleva postergar la decisión sobre los alimentos que se necesitan de forma apremiante, para preparar, desahogar y recabar al menos esos elementos, y permitir a las partes involucradas participar en ese ejercicio judicial. En tal orden de ideas, es infundado alegar falta de exhaustividad en la revisión de las constancias del expediente, para regular las necesidades alimentarias del menor de edad involucrado. En ese orden de ideas, es infundado el planteamiento consistente en la distribución discrecional entre los acreedores alimentarios, del porcentaje porque el acto reclamo recoge las pruebas y elementos demostrativos incorporados a la causa por las partes, que tienen una base objetiva para regular tanto las posibilidades del deudor como las necesidades que le corresponde solventar, así como las propias necesidades. Es así porque se cuenta con una base económica determinada, que facilita a la autoridad identificar el tipo de relación o vínculo que da lugar al surgimiento de la obligación alimentaria, y tutelar las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, manteniendo un estado que armoniza, con las pruebas ofrecidas, el derecho al mínimo vital y el derecho a los alimentos. En suma, al contrastar la planilla propuesta con los términos del acto reclamado y la valoración probatoria y contextual, se evidencia que por una parte la solicitante justificó los rubros que incluyó, y la postura sobre la cantidad disponible que satisface, al menos de forma provisional, la obligación alimentaria que le corresponde. Tal ejercicio judicial visto en esa dimensión, es acorde a los derechos involucrados porque se trata de una medida cautelar que debe dilucidarse con urgencia y resolverse aun ante la ausencia de elementos específicos y/o categóricos, con la posibilidad de acoger medios de convencimiento indiciarios, que justifica tomar la decisión preponderantemente sobre los indicios aportados por el deudor alimentario. De modo que al corresponder a las partes la carga probatoria y al haberla asumido en los términos que fue expuesto, y ante un escenario de derechos donde se carece de un panorama completo, detallado y bases objetivas categóricas, el acto reclamado es apegado a la Constitución; lo cual de modo alguno implica indefensión porque la definición de cada aspecto, como el detalle preciso de los montos que corresponden a cada acreedor alimentario, será revisado el resolver sobre la pensión definitiva. Por ello es infundado el concepto de violación. Importa señalar que, aunque el deudor alimentario y ahora tercero interesado cuente con mayores ingresos, ese factor por sí solo de modo alguno conlleva en automático incrementar el monto de la pensión. En efecto, cualquier cantidad o prestación entregada al trabajador por su trabajo, forma parte de sus posibilidades económicas para evaluar su capacidad financiera como deudor alimentista. Sin embargo, aun en el escenario donde el deudor alimentario demuestre tener mayor capacidad económica, es incorrecto sostener necesariamente un incremento, porque una pensión alimenticia debe estar a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios fundamentales que lo rigen, esto es: "Posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos", pues en toda determinación que se asuma al respecto, observando que se tratan de disposiciones de orden público e interés social, debe procurar se eviten situaciones injustas y perjudiciales para cualesquiera de las partes contendientes. Es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación donde pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo el dinero que se destine a tales rubros no conlleva un incremento en la tasa destinada a los alimentos, pues su causación se sustenta en diversos principios; por el contrario, el derecho a los alimentos tiene como finalidad proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, y como establece el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, los alimentos deberán proporcionarse acorde a las posibilidades reales del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Es decir el derecho a los alimentos es una facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista, para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para vivir, derivada de la relación que se tenga; por ello, si una pensión alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino también debe comprender lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado y se desarrolle la familia de la que forma parte. Entonces, la demanda de incremento de la pensión por las posibilidades del deudor, en demérito o prescindiendo de la valoración sobre las necesidades del acreedor, no puede fundar un mayor monto para ministrar. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, de registro 189214, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 11, que dice: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa extensiva al acto ejecutivo, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... en representación del menor de identidad protegida identificado con las iniciales ..., contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Noveno, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo proveyó y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, hasta hoy once de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (
- Principal
(CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL DIECISEIS DE AGOSTO DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL ONCE DE AGOSTO DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: " V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 373/2022 promovido por ... en representación del menor de identidad protegida identificado con las iniciales ..., contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Noveno, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veinte de abril de dos mil veintidós, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El veintidós de abril siguiente, se admitió la acción de amparo, se dio intervención a la Fiscal federal adscrita, se requirieron informes justificados; y se ordenó emplazar al tercero interesado. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; se emplazó a la parte tercera interesada; la representante social adscrita no intervino y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103 fracción I, 107 fracción III inciso a), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto, promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el toca ..., por la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó el auto emitido el uno de diciembre de dos mil veintiuno, por el Juez Décimo Noveno de la propia especialidad y residencia, en la controversia del orden familiar, alimentos ..., que en la materia de agravio, fijó como alimentos provisionales mensuales para el hijo de las partes $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional). La ejecución. Tercero. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con los informes justificados rendidos en sentido afirmativo; como se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, visible en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se informa de las actuaciones que precedieron los actos reclamados: 1. El diez de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la acción donde el tercero interesado demandó de la quejosa una pensión alimenticia para el menor hijo de las partes, los gastos y costas del proceso. Determinación que requirió de la actora formular una propuesta de pensión alimenticia, y de las partes el monto de los gastos reales por diversos conceptos. 2. Previo desahogo de los colitigantes y señalamiento de las propias planillas de gastos, el juzgador dictó la siguiente determinación: "(.) Ciudad de México, a primero de diciembre de dos mil veintiuno. A sus autos el escrito de cuenta de la demandada .... Por desahogada la prevención ordenada en auto de diecinueve de noviembre del año en curso, por consiguiente, gírese oficio a la Unidad de Trabajo Social de este Tribunal a través del sistema ..., para que proceda a practicar a la demandada un estudio socioeconómico. Por desahogada la vista ordenada en auto de diecinueve de noviembre del año en curso en relación a la propuesta de régimen de visitas y convivencias efectuada por el actor en los términos que se indican, con las mismas dese vista al actor para que dentro del término de TRES DÍAS, manifieste lo que a su derecho convenga. Por otra parte, en atención a lo manifestado por la demandada, al estar involucrados derechos de un menor y a efecto de que la suscrita cuente con mayores elementos al momento de resolver la presente controversia, con fundamento en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena la práctica de estudios toxicológicos a la parte actora el C. ... y con fundamento en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-SSA 2-2009 PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES que en su parte conducente dice: (.) se ordena girar oficio al DIRECTOR DE LA CLÍNICA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TOXICOLÓGICAS "..." ubicada en (.) a efecto de que realice un estudio de farmacodependencia (alcohol y drogas) a la parte actora, debiendo señalar tiempo, modo y lugar de como deberá llevarse a cabo dicho dictamen, lo que deberá informar a la suscrita en el término de OCHO DÍAS; y para el caso de que considere que está dentro del rubro de adicciones se le pondrá a disposición el oficio dirigido al INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO (IAPA) con domicilio en (.). Como se solicita, toda vez que la demandada desahogó la vista en relación a la propuesta de pensión alimenticia efectuada por el actor, por consiguiente al ser los alimentos de orden público y urgente su cumplimiento, sin que a la fecha se conozca con certeza la capacidad económica del actor, ya que solo se tiene manifestación hecha por el mismo acerca de sus ingresos, sin que se haya acreditado con documento idóneo, por lo que tomando en cuenta la edad del menor, los gastos manifestados por la demandada, la situación económica del país, se fija como PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL a favor de su menor hijo (.) la cantidad que corresponda a UN SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en forma mensual, por lo que mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, requiérase al actor para que la cantidad que corresponda al salario mínimo decretado la deposite los primeros CINCO DÍAS, de cada mes en la cuenta número (.), clabe (.), número de tarjeta (.) de la institución denominada BANCO ... a nombre de la demandada, apercibido que de no dar cumplimiento a lo antes ordenado, se le impondrá una medida de apremio." 3. Inconforme, el actor interpuso recurso de apelación que fue fallado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós en el toca ..., en cuyos puntos resolutivos se lee: "R E S U E L V E : (.) SEGUNDO.- Se modifica el auto apelado, para quedar en los siguientes términos: (.) Como se solicita, toda vez que la demandada desahogó la vista en relación a la propuesta de pensión alimenticia efectuada por el actor, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 941 y 943 del Código de Procedimientos Civiles y tomando en consideración los elementos que hasta este momento procesal se tienen a la vista, se fija como PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL a favor del menor hijo de las partes (.) la cantidad de $1,800.00 (un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), ya que dicho monto es la que el deudor alimentario propuso otorgar por concepto de alimentos, toda vez que éstos, son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazables, porque tienden a asegurar su subsistencia mientras se resuelve en definitiva el presente juicio, cuyo interés del menor es el que prevalece en el presente asunto por encima de cualquier otro interés procesal o particular de las partes, misma que el actor ..., deberá depositar los primeros CINCO DÍAS de cada mes." Esta última resolución y su ejecución integran la materia del acto reclamado. Quinto. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia, y la jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El tercero interesado invocó como causal de improcedencia la prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en su concepto, la quejosa consintió el acto reclamado porque ha comparecido a recoger cantidades pagadas como consecuencia el acto reclamado. Es inviable la causal invocada, la cual se actualiza cuando respecto del acto reclamado, el interesado expresa su allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar que se ha conformado con la decisión y consecuencias. Empero, el hecho de que la contraparte en el proceso participe de alguna o algunas de las condenas del acto reclamado, como lo es recibir la pensión alimentaria para el menor involucrado, no conlleva el consentimiento, pues el acogimiento sólo se vincula con la decisión que al respecto y de manera destacada haya emitido la autoridad jurisdiccional, que en su caso corresponde al condenado, pero no puede relacionarse con el resto de las prestaciones resueltas, por lo que esa conducta no debe calificarse como una manifestación clara e inequívoca de que haya consentido la sentencia reclamada. Aunado a que tampoco consta en el expediente expresión o manifestación de la colitigante donde indique su anuencia con el acto reclamado, que sea inequívoca, indudable y completa, dando cuenta de que su verdadera voluntad es efectivamente conformarse con ese acto de autoridad y donde indique estar aceptar sus consecuencias jurídicas. En tal orden de ideas es inviable la causal alegada. Al no existir más causales de improcedencia que analizar, y el suscrito Juzgador tampoco advertir otra, procede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Sexto. Conceptos de violación donde la parte quejosa sostiene: El acto reclamado contraviene en perjuicio del menor involucrado, las garantías de congruencia y exhaustividad previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación al diverso 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. La autoridad omitió revisar las necesidades del menor, pues sólo consideró las posibilidades del deudor. Tampoco valoró los escritos y constancias aportadas por la inconforme. La alzada no priorizó las necesidades alimentarias, ni el derecho a la vida del infante, supervivencia y desarrollo. Los conceptos de violación son infundados los cuales serán analizados como fueron agrupados por implicar temas afines, aunque no necesariamente corresponda al planteamiento de la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. No asiste razón a la inconforme en los conceptos de violación porque el acto reclamado sí está fundado y motivado, puesto que la sala responsable se refirió a los hechos que integraron la medida provisional solicitada, y a las circunstancias que concurrieron en el entorno familiar que originaron la controversia. Además, la Ad Quem expuso premisas, razones y argumentaciones para sustentar sus conclusiones en cuanto al tema alimentario, pues indicó: - Los artículos 941 y 943 del Código de Procedimientos Civiles local, permiten otorgar alimentos con la presentación de la demanda, previa justificación del derecho, sin perjuicio de su posterior modificación, como medida para proteger a la familia y garantizar su sobrevivencia hasta resolver definitivamente. - El deudor manifestó bajo protesta de decir verdad la fuente y monto de sus ingresos y propuso el pago de los alimentos para su hijo. - Con esa información se debió considerar el monto máximo de los ingresos equivalente a $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), para determinar la pensión provisional, al amparo de la facultad oficiosa del juzgador, y atender la necesidad apremiante del infante. - Sobre esos elementos debe fijarse $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), como pensión provisional, que corresponde aproximadamente al cuarenta por ciento de los ingresos mensuales y que el inconforme propuso. - El carácter provisorio de la pensión asegura la subsistencia del menor, mientras se dicta la sentencia definitiva, que es cuanto se analizara todo lo actuado, las pruebas que las partes ofrezcan, la capacidad económica y el estudio socioeconómico ordenado. Adicionalmente, consta en el acto reclamado que la sala responsable invocó las normas y principios constitucionales que consideró aplicables, el respaldo legal adjetivo y sustantivo que en su concepto garantizaban las conclusiones. Con ese ejercicio judicial se satisface la garantía de legalidad y el principio de seguridad jurídica, porque se acata el deber de fundamentación y motivación. Esto es, por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. En ese sentido es infundado el concepto de violación donde se alega falta de fundamentación y motivación. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Tampoco asiste razón a la inconforme al señalar que la sala responsable dejó de lado las necesidades del menor involucrado y su derecho a recibir alimentos, al fijar la pensión alimentaria provisional, porque la medida concedida tiene una naturaleza jurídica provisoria de carácter urgente, que válidamente se puede fundar en las constancias exhibidas en el expediente hasta ese momento y decretarse preponderantemente con las constancias presentadas por el deudor. En efecto, como se informa en los antecedentes de esta sentencia, el acto reclamado fue emitido como una medida de carácter urgente, para regir en un periodo transitorio, atender a una necesidad perentoria, amainar una situación de alta entidad, en compatibilidad con obligaciones deducidas de un núcleo familiar determinado por la regla que reconoce la fuente de derechos y obligaciones alimentarias en la familia. Por esa causa, por regla general, los alimentos de carácter provisional se sujetan a un régimen de valoración que otorga al juzgador familiar un margen de discrecionalidad, acotado por las circunstancias que a su vez, las propias partes involucradas deben moderar, alinear o componer; de ese modo se atribuye objetividad a la determinación judicial mediante la incorporación al expediente de la información correspondiente, para que sean objeto de valoración. Aun en tratándose de una determinación cautelar de carácter provisorio, los alimentos deben responder a la fórmula de la proporcionalidad considerando la necesidad (acreedor) y posibilidades (deudor); sin que esa ponderación pueda realizarse con una puntualidad exhaustiva o intensa, sino básica, porque así lo amerita la urgencia con la cual se pide. Los alimentos provisionales tiene como condición requisitos mínimos que den cuenta indiciaria de las variables de hecho, porque en su fijación definitiva es donde habrán de concurrir un estudio profundo, donde se deberá asumir una actividad probatoria cabal, para que la autoridad familiar en su caso pueda regular y particularizar con mayor rigor objetivo las obligaciones concurrentes. Tiene relación la jurisprudencia PC.I.C. J/13 C (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2009944, de la Décima Época, que dice: "ALIMENTOS. FUNDAMENTO U ORIGEN DEL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES DE PROPORCIONARLOS. De los artículos 301 a 307 del Código Civil para el Distrito Federal se advierte que para que exista el derecho a recibir alimentos, así como la correspondiente obligación de otorgarlos, debe existir un vínculo o una relación jurídica como el matrimonio, el concubinato, el parentesco (consanguíneo y civil), etcétera y, por tanto, si éste no existe, el derecho y la obligación tampoco existirán. En ese orden de ideas, el derecho y la obligación entre los cónyuges de proporcionarse alimentos tienen su fundamento u origen en el matrimonio, que es la relación jurídica que la ley prevé como generadora, en atención al artículo 302 del Código citado, del que deriva que durante el matrimonio, los cónyuges tendrán la obligación recíproca de proporcionarse alimentos, lo que atiende a que uno de sus fines es la ayuda mutua entre ellos. De igual forma se advierte que, por regla general, si se disuelve el matrimonio desaparecerá la obligación mencionada; sin embargo, excepcionalmente podrá subsistir cuando la ley expresamente lo establezca y para determinarlo deberá atenderse a lo que al respecto señalan las disposiciones relativas al divorcio. Luego, el hecho de que excepcionalmente puedan subsistir tanto el derecho como la obligación de proporcionar alimentos, entre otros supuestos, en el caso de divorcio, no puede conducir a pensar que éste es la relación jurídica que origina la obligación de pagarlos. De ahí que el fundamento u origen del derecho y la obligación existente entre los cónyuges de proporcionarse alimentos durante la vigencia del matrimonio y una vez disuelto éste, de ser jurídicamente procedente su subsistencia (lo que se determinará conforme a lo previsto en la ley), será dicha relación o vínculo jurídico, es decir, el matrimonio." Sobre esa base se contesta que la determinación de la sala responsable demuestra que analizó, valoró y consideró los elementos aportados por las partes y los rubros solicitados que se relacionaron con la información proporcionada, lo cual cumple con los rubros del concepto alimentos. En cuanto a las posibilidades de uno de los progenitores identificado como el único deudor alimentario, consta en el acto reclamado que la sala responsable valoró la información aportada sobre la ocupación, fuente de trabajo, estatus de seguridad social, variables de ingresos y circunstancias contextuales en que se desarrollan las labores que los generan. De donde concluyó que al menos de forma provisoria los ingresos que puede obtener el único deudor alimentario objeto de revisión, tienen un tope máximo equivalente a $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Al respecto, obra en el expediente que la ahora quejosa presentó un escrito el tres de noviembre de dos mil veintiuno, donde señaló que su contraparte en realidad es propietario de la fuente de trabajo y que ha realizado actos, por sí y por medio de terceros, para ocultar el monto real de sus ingresos económicos. Por lo que hace a las necesidades del infante beneficiario de la pensión, contrario a lo alegado por la quejosa, consta en el acto reclamado que la AD Quem se valió de la propuesta del deudor, donde señaló como pensión el pago de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), que estableció al describir los gastos ordinarios y apremiantes, que desde su experiencia de convivir con el menor son necesarios, como de ello informa la lista de rubros que motivó la propuesta. De igual modo, en el sumario de origen obra el escrito de tres de noviembre de dos mil veintiuno, donde la quejosa presentó la siguiente planilla de gastos: Periodicidad Descripción Categoría Importe Mensual Despensa y perecederos sólo del menos hijo de las partes Alimentos 4500 Mensual Renta Habitación 2000 Indeterminado Consulta pediatra Atención médica 300 Indeterminado Medicinas (promedio) Atención médica 500 Trimestral Ropa y zapatos Vestido 2300 Mensual Gas Habitación 500 Bimestral Agua Habitación 100 Bimestral Luz Habitación 125 Anual Uniforme Escuela 1600 Anual Útiles Escuela 850 Semestral Vitaminas Atención médica 1850 Indeterminado Material escolar Escuela 300 Mensual Internet Escuela 619 Indeterminado Diversiones/variable Recreación 10 Indeterminado Dentista Atención médica 50 Estos aspectos permiten contestar a la quejosa que es infundado alegar omisión de considerar las necesidades del infante involucrado, ni el derecho a la subsistencia, porque sí fueron incluidos en la decisión reclamada y regulados acorde a las pruebas con que contó la sala responsable y que responden a la ecuación posibilidades-necesidades, como se continua explicando. En efecto, si bien el dictado de una medida cautelar puede actualizarse con el conocimiento de las pruebas y argumentos de sólo una de las partes, no puede soslayarse que esto se debe a un ejercicio de valoración previo y en abstracto por parte del órgano legislativo que reguló esa medida, respecto a la importancia de intervenir en ciertos casos para salvaguardar el objeto de la litis o para evitar daños con dimensiones materialmente irreparables, al menos en un sentido de restitución. Ahora, es verdad que la sala no adminiculó las promociones de la quejosa en cuanto a las aparentes necesidades del infante involucrado, empero, como se advierte de la planilla de gastos sugerida, se plantearon erogaciones respecto de periodos de tiempo diversos, y que dependen de una circunstancia adicional e indeterminada para generarse, que no necesariamente habrá de realizarse. Lo cual conlleva que para salir de la indeterminación en general de los gastos, para obtener una medida promedio en lo particular sobre las necesidades que en concepto de la quejosa, son necesarias y se requiere el desahogo de más pruebas, la valoración de constancias y el análisis del respaldo probatorio al menos indiciario de los conceptos planteados, y la precisión de los rubros indeterminados. De igual modo, para corroborar o desestimar las alegaciones sobre la realidad financiera del deudor alimentario a que se refirió la quejosa, es necesario recurrir a la revisión de los documentos constitutivos de la fuente de trabajo y/o de ingresos, datos fiscales, entre otros, todo lo cual conlleva postergar la decisión sobre los alimentos que se necesitan de forma apremiante, para preparar, desahogar y recabar al menos esos elementos, y permitir a las partes involucradas participar en ese ejercicio judicial. En tal orden de ideas, es infundado alegar falta de exhaustividad en la revisión de las constancias del expediente, para regular las necesidades alimentarias del menor de edad involucrado. En ese orden de ideas, es infundado el planteamiento consistente en la distribución discrecional entre los acreedores alimentarios, del porcentaje porque el acto reclamo recoge las pruebas y elementos demostrativos incorporados a la causa por las partes, que tienen una base objetiva para regular tanto las posibilidades del deudor como las necesidades que le corresponde solventar, así como las propias necesidades. Es así porque se cuenta con una base económica determinada, que facilita a la autoridad identificar el tipo de relación o vínculo que da lugar al surgimiento de la obligación alimentaria, y tutelar las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, manteniendo un estado que armoniza, con las pruebas ofrecidas, el derecho al mínimo vital y el derecho a los alimentos. En suma, al contrastar la planilla propuesta con los términos del acto reclamado y la valoración probatoria y contextual, se evidencia que por una parte la solicitante justificó los rubros que incluyó, y la postura sobre la cantidad disponible que satisface, al menos de forma provisional, la obligación alimentaria que le corresponde. Tal ejercicio judicial visto en esa dimensión, es acorde a los derechos involucrados porque se trata de una medida cautelar que debe dilucidarse con urgencia y resolverse aun ante la ausencia de elementos específicos y/o categóricos, con la posibilidad de acoger medios de convencimiento indiciarios, que justifica tomar la decisión preponderantemente sobre los indicios aportados por el deudor alimentario. De modo que al corresponder a las partes la carga probatoria y al haberla asumido en los términos que fue expuesto, y ante un escenario de derechos donde se carece de un panorama completo, detallado y bases objetivas categóricas, el acto reclamado es apegado a la Constitución; lo cual de modo alguno implica indefensión porque la definición de cada aspecto, como el detalle preciso de los montos que corresponden a cada acreedor alimentario, será revisado el resolver sobre la pensión definitiva. Por ello es infundado el concepto de violación. Importa señalar que, aunque el deudor alimentario y ahora tercero interesado cuente con mayores ingresos, ese factor por sí solo de modo alguno conlleva en automático incrementar el monto de la pensión. En efecto, cualquier cantidad o prestación entregada al trabajador por su trabajo, forma parte de sus posibilidades económicas para evaluar su capacidad financiera como deudor alimentista. Sin embargo, aun en el escenario donde el deudor alimentario demuestre tener mayor capacidad económica, es incorrecto sostener necesariamente un incremento, porque una pensión alimenticia debe estar a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios fundamentales que lo rigen, esto es: "Posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos", pues en toda determinación que se asuma al respecto, observando que se tratan de disposiciones de orden público e interés social, debe procurar se eviten situaciones injustas y perjudiciales para cualesquiera de las partes contendientes. Es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación donde pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo el dinero que se destine a tales rubros no conlleva un incremento en la tasa destinada a los alimentos, pues su causación se sustenta en diversos principios; por el contrario, el derecho a los alimentos tiene como finalidad proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, y como establece el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, los alimentos deberán proporcionarse acorde a las posibilidades reales del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Es decir el derecho a los alimentos es una facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista, para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para vivir, derivada de la relación que se tenga; por ello, si una pensión alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino también debe comprender lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado y se desarrolle la familia de la que forma parte. Entonces, la demanda de incremento de la pensión por las posibilidades del deudor, en demérito o prescindiendo de la valoración sobre las necesidades del acreedor, no puede fundar un mayor monto para ministrar. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, de registro 189214, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 11, que dice: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa extensiva al acto ejecutivo, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... en representación del menor de identidad protegida identificado con las iniciales ..., contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Noveno, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo proveyó y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, hasta hoy once de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las diez horas con diez minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, para su verificativo. En diverso aspecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta, pues tal y como se asentó en el sello de recepción de la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, dicha promoción fue recibida sin firma. Sirve de apoyo, la Tesis XXIII.3o.1 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Mayo de 2006, que dice: "ESCRITO CARENTE DE FIRMA O HUELLA DACTILAR. LA AUTORIDAD ANTE QUIEN SE PRESENTA NO TIENE OBLIGACIÓN DE MANDARLO RATIFICAR. La ratificación de un escrito se decreta cuando hay duda respecto de la legitimidad de las firmas, es decir, en los casos en los que exista discrepancia entre la que calza aquél y las que obran en el expediente original, lo cual encuentra justificación en el hecho de que no hay forma de saber si el contenido de un escrito representa la voluntad de la persona cuyo nombre encabeza la promoción. Esta misma hipótesis se actualiza cuando se presente un escrito con huellas dactilares del promovente, en lugar de la firma, y el juzgador tenga duda de que las huellas que aparecen impresas pertenezcan al promovente, por lo que podrá requerir a la persona que las imprimió para que las ratifique ante la presencia judicial, al margen de la impugnación de firma o huellas que pueda hacer la contraparte en el procedimiento relativo. Ahora bien, este supuesto de ratificación de escritos no opera en el caso de que el ocurso respectivo se haya presentado ante el juzgador sin la firma o huella dactilar de quien aparece como suscriptor, pues además de que la ley no establece que ante la falta de firma de un escrito éste deba mandarse ratificar, en este último caso no se está en alguno de los supuestos en los que resulta procedente ordenar su ratificación, ya que la ausencia de firma o huella dactilar en el escrito relativo implica que no se incorporó la voluntad de quien encabeza esa promoción y, por lo mismo, no habrá base alguna para sostener que existe duda en cuanto a la legitimidad de la firma o huella dactilar correspondientes. " Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
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