Yesica Alejandra Ramos Acevedo

Expediente 360/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
360/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
16/06/2017

Partes del expediente

  • Yesica Alejandra Ramos Acevedo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III, último párrafo relativa del punto vigésimo primero del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto; por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 360/2017, promovido por Yesica Alejandra Ramos Acevedocontra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintisiete de abril pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la quejosa en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En esa fecha se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en el cambio de dormitorio o estancia, así como su ejecución, fuera de procedimiento, y como consecuencia, la segregación y aislamiento; se requirió a la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, el informe en cumplimiento a dicha suspensión; se admitió a trámite la demanda bajo el orden 360/2017; asimismo, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo en estudio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de los actos que se reclaman. SEGUNDO. Conforme al numeral 74, fracción I, de la ley de la materia y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados son los siguientes: - La sesión de veintiséis de abril de dos mil diecisiete -no veinticuatro como precisó la quejosa-, por la que se ordenó el cambio de dormitorio o estancia, así como su ejecución, fuera de procedimiento y como consecuencia la segregación y aislamiento. Actos que se atribuyen a las siguientes autoridades: a) Directora; y b) Consejo Técnico Interdisciplinario. Ambos del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad. TERCERO. No son ciertos los actos consistentes en la segregación y aislamiento, reclamados de las mencionadas autoridades, pues así lo manifestaron al rendir su informe de ley, sin que la quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtuara esa negativa. En tal virtud, debido a la inexistencia de los actos reclamados de las responsables mencionadas, se sobresee en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la sesión de veintiséis de abril de dos mil diecisiete -no veinticuatro como precisó la quejosa-, por la que se ordenó el cambio de dormitorio o estancia, así como su ejecución, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitió el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, en apoyo a su informe; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza de los actos mencionados, resulta innecesario analizar el fondo del asunto, ya que a criterio de este órgano de control constitucional se actualiza la causal de improcedencia que enseguida se menciona, cuyo análisis es de orden público, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que literalmente el rubro expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese orden de ideas, este juzgado estima que se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;.". En efecto, tratándose de actos consumados, la ley de la materia distingue aquellos cuya consumación no es de imposible reparación, de los que sí tienen una consumación irreparable. Por actos consumados de manera reparable, debe entenderse aquellos que aun cuando su ejecución se ha verificado, son susceptibles de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, en virtud de los efectos restitutorios de la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal. Por otro lado, los actos consumados de manera irreparable, son aquellos que una vez ejecutados, no pueden volver al estado en que se encontraban antes de su dictado, ni aun cuando la sentencia que se dicte en el juicio de amparo otorgue la protección constitucional; es decir, los actos consumados de modo irreparable, son aquellos en que al realizarse todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, producen la imposibilidad de restituir al gobernado -física y materialmente- en el goce de los derechos violados, pues aun cuando la sentencia resultara favorable a la peticionaria de amparo, no podrían retrotraerse sus efectos. Lo anterior es así, ya que de los informes de ley, así como de la documental que se remitió, se advierte que mediante sesión de veintiséis de abril de dos mil diecisiete -no veinticuatro como precisó la quejosa-, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, se acordó de manera procedente que la amparista sería reubicada temporalmente en otro dormitorio por un periodo de treinta días, comprendido del veinticuatro de abril al veintitrés del mes en curso, lo anterior en cumplimiento a una medida disciplinaria impuesta por motivos de seguridad. Asimismo, de los informes rendidos por las autoridades responsables, se advierte que el veinticuatro de mayo pasado, la quejosa fue reubicada en el dormitorio en que se encontraba antes de la emisión de los actos reclamados, circunstancia que se acredita con la manifestación de la amparista que realizó en la notificación personal de veintiséis del mes en cita, en el sentido de que ".el 23 de mayo de 2017 termine mi castigo y me regresaron al dormitorio que antes ocupaba" (sic). De esta manera, si bien es verdad existieron los actos reclamados, y la justiciable fue devuelta a su dormitorio al concluir la sanción impuesta, también lo es que a la fecha en que se dicta esta resolución, tales actos reclamados se consumaron de modo irreparable, ya que aun en el supuesto de que se declarara la inconstitucionalidad de dichos actos, no sería posible ni física ni materialmente restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 325 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, diciembre de 1994, del rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, lo procedente es sobreseer en el juicio, por los actos reclamados de las autoridades precisadas, con fundamento en la fracción V, del numeral 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Yesica Alejandra Ramos Acevedo, contra los actos consistentes en la sesión de veintiséis de abril de dos mil diecisiete -no veinticuatro como precisó la quejosa-, por la que se ordenó el cambio de dormitorio o estancia, así como su ejecución, fuera de procedimiento y como consecuencia la segregación y aislamiento, reclamados de la Directora; y Consejo Técnico Interdisciplinario, ambos del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, en atención a sus términos, se tienen por rendidos los informes justificados que en ellos se contienen, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, con apoyo en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que mencionan las autoridades oficiantes. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, la documental que acompaña a su informe de ley, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, las autoridades signantes informan que la sanción impuesta a la justiciable concluyó el veintitrés del mes en curso, y que fue devuelta a su dormitorio. Al respecto, se comisiona al actuario correspondiente adscrito a este juzgado, para que al momento de la notificación de este auto, requiera a la amparista a efecto de que corrobore lo anterior.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Yesica Alejandra Ramos Acevedo, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 360/2017. Dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que se reclama el castigo consistente en el cambio de dormitorio o estancia y su ejecución, fuera de procedimiento, y, como consecuencia, la segregación y aislamiento que refiere sufrir la quejosa, en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para el efecto de que se suspenda la ejecución de dicho acto y, por ello, de estar en algún lugar destinado a cumplir medidas disciplinarias, sea extraída de él y reubicada en el lugar en que se encontraba antes de que se ejecutara el acto de que se trata; asimismo, la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en el centro de reclusión en que se encuentra interna, y a disposición de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, en cuanto a su integridad personal. La suspensión no surtirá efecto alguno si la orden de referencia obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a éstas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Por tanto, requiérase a la Directora de dicho centro, por ser la autoridad que tiene bajo su resguardo a la quejosa, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, informe a este juzgado sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la ley de la materia. En otro contexto, con fundamento en los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. Se admite la demanda. Se señala el treinta de mayo de dos mil diecisiete, a las once horas con cuarenta minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) rinda(n) informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede(n) notificada(s) de este proveído, al que deberá(n) acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida(s) que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá cierto el acto reclamado, asimismo, se le sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. En el entendido que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda el(los) acto(s) reclamado(s) es(son) el(los) siguiente(s): La sesión de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, emitida por el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en esta ciudad. Asentado lo anterior, hágase del conocimiento de la promovente de amparo que de no hacer alguna manifestación al respecto en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, se sustanciará el juicio acorde con la interpretación realizada por este juzgado. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, toda vez que los actos fueron materia de la suspensión de oficio y de plano decretada en párrafos que anteceden. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria, requiérase a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa por el equivalente a treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el dispositivo 251 de la ley de la materia. Por otra parte, respecto de la inspección ocular que solicitada, no ha lugar proveer de conformidad, dado el sentido del presente proveído. Con fundamento en el precepto 26, fracción I, inciso a), de la ley en cita, notifíquese este proveído y los subsecuentes, en el interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en virtud de que la amparista manifestó estar interna en dicho centro de reclusión, aunado a que no autorizó a persona alguna para tal efecto. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el numeral 8° de la ley en cita, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que puedan contener. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio. .

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