Yeser Madian Pérez Azamar

Expediente 1055/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1055/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Yeser Madian Pérez Azamar y Otros.
  • Yeser Madian Pérez Azamar

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede se advierte que a la fecha en que se actúa feneció el plazo de cinco días con el que contaba la parte quejosa para impugnar el auto de veintitrés de noviembre del año en curso, que desechó la demanda origen de este juicio. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Juez Primero de lo Civil, del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres de noviembre del año en curso, remite copia certificada de la diligencia de dieciocho de los cursantes, de la cual se advierte que se notificó al quejoso ****, los diversos de dos de octubre y tres de noviembre de dos mil veinte, emitidos en el presente asunto. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante, cumpliendo con el requerimiento de que fue objeto, dejando sin efectos el apercibimiento decretado en autos.

  3. Principal

    Con la demanda de amparo a que se refiere la razón de cuenta que antecede, que promueve *** contra actos atribuidos a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 1°, y 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número... II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama, lo siguiente: 1. El impedimento por parte de las autoridades responsables para que pueda seguir laborando a distancia; ello, debido a su condición de vulnerabilidad física por los padecimientos aduce tener, para evitar poner en riesgo su salud y su vida, ya que es un hecho notorio que no se ha erradicado el virus SARSCoV2 (COVID-19). 2. La orden de remoción y baja temporal del puesto que desempeñaba como Analista Consultivo A, adscrita al Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 3. La omisión de proporcionarle los servicios de salud. Señalado lo anterior, y conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el primer párrafo del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1°, último párrafo y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se estima que contra los especificados actos es improcedente la demanda de amparo origen de este juicio, lo que conlleva a desecharla de plano ante su notoria improcedencia, por las siguientes consideraciones. Los citados numerales de la ley de la materia, disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De lo dispuesto en la fracción XXIII del último de los preceptos en cita -61- se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente cuando esa improcedencia surja de una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 1º de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos u omisiones de autoridad, cuando éstas vulneren derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 5°, fracción II, de la misma ley, se refirió a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo, la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; definiendo además en qué caso se podría considerar a un particular con tal carácter. Por lo que, de la interpretación sistemática de los citados arábigos se colige que el fundamento de la invocada causa de improcedencia descansa sobre la base de que en el juicio de amparo únicamente pueden analizarse aspectos relacionados con la violación de los derechos de los gobernados a causa de leyes o actos de autoridad. En esa tesitura, en el juicio de amparo no podrán analizarse actos que no revistan las características propias para considerar que es de autoridad, como es la imperatividad, coercitividad y unilateralidad, dado que para ello existen diversos medios de acción o de defensa ante instancias distintas a los órganos del Poder Judicial de la Federación (cuando funcionan como tribunales de amparo), y al no respetarse lo anterior, ello tiene como consecuencia la improcedencia de la acción constitucional. En el caso, la parte quejosa pretende combatir actos que no son emitidos por autoridades en el plano de supra a subordinación, sino emitidos en un plano de igualdad como patrón y empleador, precisando que su alcance sólo tiene lugar en el ámbito laboral. Para arribar a dicha conclusión resulta pertinente mencionar los antecedentes de los actos reclamados que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad... En ese sentido, la orden de remoción, baja temporal o despido que el quejoso califica de injustificado, así como las consecuencias que de éste derivan, que en el caso se traduce en que se le otorgue el servicio de salud y le paguen sus prestaciones salariales que ello conlleva y que pretende reclamar a través de la acción constitucional, carecen de las características de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, definido en la citada fracción II, del artículo 5° de la ley de la materia, pues los actos que reclama, se emitieron con base en la relación de trabajo que sostenía con el citado Ayuntamiento del Municipio de Puebla. De ahí que las autoridades carecen de atributos para considerarlas responsables conforme a la técnica del juicio de amparo indirecto, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del diverso 5, ambos de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, conviene decir que el acto de autoridad debe entenderse como un hecho concreto y particular, es decir, cualquier acto voluntario u omisivo, negativo o positivo, imputable a los órganos del Estado consistente en una decisión o ejecución -incluso ambas en forma conjunta- que produzca una afectación a los gobernados. Dentro de tales características destaca el elemento de voluntariedad que distingue al acto de cualquier acontecimiento, pues lleva a la obtención de un fin determinado; mientras la característica decisoria o ejecutiva del acto, se traduce en la coercitividad que le imprime naturaleza autoritaria y por ello puede producir afectación en bienes, derechos y situaciones de hecho. Esto ha sido definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las notas distintivas siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En este contexto se concluye que los actos reclamados son de naturaleza laboral, pues principalmente reclamó la orden de remoción y baja temporal en sus funciones como Analista Consultivo A, adscrita al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y como consecuencia, los diversos actos reclamados; de ahí que resulte evidente que la parte quejosa combate un acto el cual fue emitido por la citada responsable con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa dependencia con su personal. Entonces, los actos imputados a las autoridades señaladas como responsables, pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública, pues no fueron emitidos de supra a subordinación, ni con imperio, sino tienen una relación de coordinación, suscitada entre el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y su trabajador Yeser Madian Pérez Azamar, -aquí quejoso-, por ende, no constituye un acto unilateral, a través del cual se creen, modifiquen o extingan derechos en donde la responsable actuó en su carácter de particular sin potestad de imperio. Máxime, que de los antecedentes narrados por el quejoso no se advierte que su remoción o baja haya derivado de un procedimiento de responsabilidad administrativa, sino por cuestiones de carácter laboral. Es aplicable al caso la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ".TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento." Por consiguiente, es imposible tener como autoridades responsables a las señaladas en la demanda, bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que los actos reclamados encuadran en la relación laboral del quejoso con aquéllas. Sobre la naturaleza de los actos reclamados resultan ilustrativas las siguientes tesis: "COMPETENCIA LABORAL. EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE ALGUNO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SUS TRABAJADORES, CUALQUIERA QUE SEA LA CATEGORÍA DE ÉSTOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o., 2o. y 82, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, el Tribunal de Arbitraje de dicho Estado es competente para conocer y resolver las controversias que se susciten entre alguno de los órganos de gobierno de dicho Estado y sus trabajadores, cualquiera que sea su categoría, ya que la relación jurídica sustancial entre las partes litigantes deberá ser materia del estudio que realice dicho tribunal en relación con lo fundado o infundado de la acción que haya ejercitado el actor, y no del relativo a la competencia." "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En mérito de lo anterior, debido a que los actos reclamados derivan de una relación de trabajo, aunado a que no tiene las características exigidas para ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ni pueden ser revisados de oficio por diversa autoridad competente, conforme a las leyes que lo rigen, se desecha de plano la demanda origen de este juicio, por estimarse notoriamente improcedente, en términos del primer párrafo del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, último párrafo y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expeditez que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podrían dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda, y por autorizados para tales efectos en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indicó en la misma, por así solicitarse de manera expresa. IV. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VI. Protección de datos personales. En atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad. VII. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente...

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