YESENIA TAPIA CRUZ y Otros.

Expediente 1107/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1107/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • YESENIA TAPIA CRUZ y Otros.
  • Yesenia Tapia Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    VIII.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA Y SE DESECHO LA DEMANDA DE GARANTIAS... ARCHIVESE EL PRESENTE JUICIO.

  2. Principal

    COMO LO ORDENA EL AUTO DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIEITE, CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE: Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. RADICACIÓN. Se tiene por recibida en este órgano jurisdiccional la demanda de amparo promovida por Yesenia Tapia Cruz, Adriana López Pérez, Antonia López Piedra, Miguel Ángel Garduza Montiel, Javier Muños Pérez, Carlos Mario Pablo Alegría, Leticia Cruz Pablo, Javier Rodríguez Ribón, Natividad González Díaz, Erika Sánchez Núñez, Julio Reyes Colorado, Soledad Reyes Colorado, Felipe Córdova Torres, Sebastiana Morales Colorado, Marco Antonio Córdova Torres, Estrella González Sánchez, Rubén Josué Córdoba González, Tania Montiel de la Cruz, Juan García Alvarado, Raquel Salinas Vázquez, Eduardo Cruz Olán, Vasti Ginet Jiménez de la Cruz, Javier Castellano Álvarez, Fidelia Díaz Cruz, Antonia López Piedra, Adriana Pérez López, Yesenia Ramírez Moreno, Deysi Gabriela Estrada Lara, Verónica Ramírez Moreno, Concepción Morales Olán, Ignacio Morales Colorado, Justino Ovando Hernández, Noemí Méndez Sánchez, Rosa Yesenia Gamas Torres, Hilda Ramírez Hernanadez, María Luisa Jiménez Arcos, Lucila Ramírez Cruz, Jesús Manuel Jiménez Alegría, Martha Barra Montiel, Jesús Garduza Hernanadez, Rosa Linda Sánchez Hernández, Agustina Hernández Aguilar, José del Carmen Solís Martínez, Gabino Barahona Velázquez, Jasinto Ramos Gómez, Samuel Jiménez Rodríguez, Miguelina Moreno Hernanadez, Otilio Alegría Ortiz, Santiago Álvarez Rodríguez, Santiago Álvarez Colorado, Leticia López Morales, Dalila Cruz Alegría, Liliana Chavala Jiménez, Elide López Morales, Antonio Aguilar González, José Luis López García, Israel Gómez, Rubén Jacob Díaz Cruz, Consuelo Ramírez Cruz, Llian Castro Hernández, Miguel Rosalino Pérez Cruz, Félix Sánchez García, María Antonia Alcoser Avalos, Ysrael Moreno García, Iván Maitret Castellanos, Emilio Orbelin Díaz Cruz, Aderly Maitret Castellano, Soraida Montiel de la Cruz, Suri Saday Martínez González, Briselda González Castro, Lindalba González Sánchez, José del Carmen Urbina Garduza, Alejandro Rodríguez Ribón, Asael Rodríguez Ribón, Gerardo Garduza Garduza, Alexander Sánchez Espinoza, Elicel Ramos Aguilar, Miguel Pérez Palma, Deysi Gabriela Estrada Lara, Luis Fernando Barahona Moreno, Fredi Pérez Cruz, Leticia Garduza García, Rosaura Magaña González, Salvador Vázquez de la Cruz, Teresa Tapia Cruz, Segundo Gómez Martínez, Francisco Javier Colorado Escudero, Quepler Silva Malpica, Eloida Ramírez Maldonado, Edith Cornelio Montalvo, Disulfina Acosta Torres, Yomaira Hernández Pardo, Lilia Pardo Cruz, María del Carmen Ramírez Cruz, Rosa Campo Ramírez, Manuel Antonio Magaña, Javier Camacho Sánchez, Eva María Gómez Santiago, Cesilia Jiménez Ramos, Antonio del Carmen Reyes Bermudez, Samuel Cruz García, Natividad Sánches Robles, Adán Martínez Valenzuela, Lucia Vela Sánchez, Jairo Toga Herrera, Alberto López Moralez, Cruz Valerio Álvarez Lemuz, Pedro López Romero, Diego Montiel Hernández, Joel Rodríguez Alfonso, Araceli Alegría Ortiz, Mauricio Gómez Méndez, Samuel Montejo Arena, Javier Vila Jiménez, Deonor de la Natividad Bermudez Belasquez, Delia Ruby Solís Bermudez, Veronica Rodríguez Escobar, Aracelis González Ramón, Araceli Hernández Alegría, Candido Luna Ramírez, Amalia Domínguez Lorenzo, Benjamín Garduza Castellanos, Amparo Juárez de la Cruz, Sonia Minerva Garduza Castellanos, Daniel Vázquez Puc, Rito Pérez Hernández, Miguelina Hernández Domínguez, Margarita Garduza Tobilla, Micaela Ortiz de la Rea, Jonny Méndez Sánchez, Leidy del Carmen, María Victoria Luna Domínguez, Pablo Tapia Cruz, Josefa Pérez Rueda, Gloria Martínez Domínguez, Gusmaro Tapia Cruz, Dorian Montiel Ramírez, Rubicel Hernández Palma, Mariel Pérez Montiel, Jaime Magaña Cruz, Mariana Pérez Montiel, Martha Montiel Colorado, Héctor Miguel Gómez Santiago, Ana Bertha Méndez Juárez, Araceli Ovilla Montiel, Cesar Marín Álvarez, Carlos Alberto Marín Magaña, Viviana Alcudia Tapia, Juan José Olán Rodríguez, Merari del Carmen Arias Vázquez, Lidia Méndez Bolaina, Jorge Alberto Vigueras Colen, Arturo Maitret Gallardo, Juan Gabriel Marín Magaña, José Jiménez Torres, Norma Rodríguez Rodríguez, Ricardo Alegría Ortiz, Santo Uribe Luna, Verónica Sánchez Toledo, Eduardo Ovilla Reyes, Jorge Luis Torrez Hernández, Damaris Ortiz Pereyra, Belisario Garduza Montiel, José del Carmen Zavala Castillo, Gloria Díaz Alvarado, Nuemi Jiménez Rodríguez, Luis Yeo Moreno, Aurelia Torres Guzmán, José Juan Rodríguez Guardas, Carlos Mario Pérez Castellanos, José Luis Pardo Fuentes, María Patricia Vargas Notario, Concepción Vargas Zavala, Landy Sánchez Sánchez, Teodosio Montecino Palma, Orfa Chacón de la Cruz, Matilde Moralez Cruz, Eunice de la Cruz Córdova, Estela Rueda Jiménez, María de los Ángeles Colorado Sánchez, Rosario Fajardo Sosa, Bellanira Garduza de la Cruz, María Reyes Pérez Estrada, Manuela García Garduza, Ricardo Gamas Flores, Pablo Eriberto Gamas Torres, Orfa Velázquez Domínguez, Rebeca González Pablo, Manuel Maldonado Hernández, Antonio Acosta Ramos y Ana Patricia Hernández Velazquez, contra actos de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Tabasco y otras autoridades, presentada con ocho copias sin anexos; por tanto, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 1107/2017-VIII. DEMANDA NO INTERPUESTA. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que en el presente caso, respecto de Juan García Alvarado, Raquel Salinas Vázquez, Fidelia Díaz Cruz, Javier Castellano Álvarez, Disulfina Acosta Torres, Samuel Cruz García, Agustina Hernández Aguilar, Miguelina Moreno Hernanadez, Dalila Cruz Alegría, Rubén Jacob Díaz Cruz, José Jiménez Torres, Santo Uribe Luna, Jorge Luis Torrez Hernández, José del Carmen Zavala Castillo, Matilde Moralez Cruz, María de los Ángeles Colorado Sanchez, Bellanira Garduza de la Cruz, María Reyes Pérez Estrada y Manuela García Garduza, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5o. de la citada legislación. Lo anterior es así, ya que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo es el de iniciativa o instancia de parte agraviada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 Constitucional en su fracción I; en concordancia con lo expuesto, en el procedimiento la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben hacerlo o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad de los mencionados interesados en el ejercicio de ese derecho. Resulta que en el caso, los mencionados quejosos no signaron la demanda de amparo, es decir, no obra en la demanda rúbrica alguna de dichos suscriptores. Luego, es evidente que en relación a ellos, la demanda carece de validez, ya que no se puede determinar que se encuentran exteriorizadas las voluntades de los interesados, en la promoción del juicio de amparo, pues como ya se dijo, el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, requisito que debe de quedar plenamente acreditado para que el juzgador se encuentre en condiciones de aceptar una demanda de amparo; por lo que al carecer la demanda de amparo de la firmas de los quejosos mencionados, tal documento carece de validez en relación con éstos. Máxime que de admitir y tramitar esa promoción, en relación a dichos quejosos, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escrito en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, la directamente interesada pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que es su firma o que ellos suscribieron el documento, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior por no contravenir normas de la Ley de Amparo, en vigor, la Jurisprudencia sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Tomo 181-186 Quinta Parte, Materia Común, Séptima Época, Apéndice 1917-2000, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento en el juicio." Igualmente, es aplicable la tesis sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1613, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente." Por lo anterior, al carecer de firma el escrito presentado respecto a Juan García Alvarado, Raquel Salinas Vázquez, Fidelia Díaz Cruz, Javier Castellano Álvarez, Disulfina Acosta Torres, Samuel Cruz García, Agustina Hernández Aguilar, Miguelina Moreno Hernanadez, Dalila Cruz Alegría, Rubén Jacob Díaz Cruz, José Jiménez Torres, Santo Uribe Luna, Jorge Luis Torrez Hernández, José del Carmen Zavala Castillo, Matilde Moralez Cruz, María de los Ángeles Colorado Sanchez, Bellanira Garduza de la Cruz, María Reyes Pérez Estrada y Manuela García Garduza; y, ante la imposibilidad del suscrito de prevenir o mandar aclarar la demanda de amparo, por las razones que quedaron reseñadas anteriormente, se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia señalada. Consecuentemente, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto a las personas mecionadas en párrafo que antecede. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del anterior artículo, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 77, número 68, agosto de 1993, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por ello, es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, como en el caso acontece. Bajo las anteriores consideraciones, con fundamento en el artículo 74 fraccion I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que en esta vía constitucional se reclama consiste en la orden de investigación; sin que obste que los quejosos en el capítulo de acto reclamado, hayan referido la "orden de investigación o presentación", ya que como se vio en líneas que anteceden, de la revisión íntegra del ocurso de demanda, los quejosos se duelen de la investigación que están realizando las autoridades responsables, respecto del asentamiento y posesión del terreno en el cual están realizando trabajos de construcción de vivienda, y que a su dicho, tienen en posesión desde hace varios años. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./j.55/98 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 227, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Ahora, por lo que hace a la orden de investigación reclamada a las autoridades responsables, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." [.] De la interpretación armónica de dichos preceptos, se tiene que el juicio de amparo resulta procedente cuando alguna responsable emita un acto o bien incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte a favor del gobernado peticionario de la tutela, lo que implica entonces necesariamente que, para examinar a través de la instancia constitucional el proceder de la responsable, se requiere como presupuesto, que sea susceptible de atacar los derechos públicos subjetivos del gobernado, esto es, que el acto u omisión de que se trata pueda, de suyo, violentarlas, pues de no suceder así, se acarreará la improcedencia del juicio de amparo. En ese sentido, si bien es cierto que, aun cuando el Ministerio Público al integrar alguna indagatoria actúa como autoridad, no menos cierto resulta que, el desahogo de las diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara la privación de la libertad, de posesiones o derechos, lo que, en todo caso, sería lo que vendría a afectar la esfera jurídica de los quejosos; motivo por el cual, resulta improcedente el juicio de amparo por lo que respecta al acto resaltado. Cobra puntual aplicación a lo dicho la jurisprudencia I.2º.P.J/11, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 689, Tomo V, Segunda Parte-2, enero-junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso". Por otro lado, en torno a la investigación en la averiguación previa, o carpeta de investigación, según sea el caso, que no es otra cosa que el ejercicio de la acción penal, ésta se realiza cuando el Ministerio Público, en su calidad de autoridad, ocurre ante el Juez y solicita que se avoque al conocimiento del caso; esto es, concluida la indagatoria y ejercitada la acción penal, el primer acto de tal ejercicio que es la consignación, ya no puede catalogarse como un acto que encuadre en la fracción I, del artículo 1, de la Ley de Amparo, sino actuaciones dentro de un proceso que, en todo caso, hasta que el juez determine lo correspondiente al libramiento de la orden de aprehensión o en su caso, cuando califique la detención al realizarse dicha consignación con detenido, es cuando se actualiza algún perjuicio contra el quejoso; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el precepto 21 constitucional, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, consultable en la página 664, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el texto y rubro siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS CONSIGNACIONES QUE REALICE.- El juicio de garantías resulta improcedente contra los actos del Agente del Ministerio consistentes en la consignación de una averiguación ante el Juzgado de lo Penal, toda vez que al haber concluido la averiguación y ejercitado la acción penal, el primer acto de tal ejercicio, que es la consignación, ya no es de autoridad, sino de parte dentro del proceso, emergiendo así la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con el diverso 103 fracción I, ambos de la Ley de Amparo." Bajo esta óptica, es que resulta improcedente el juicio de amparo que se promueven en contra de la investigación que se reclama a las autoridades señaladas como responsables. Dada la vinculación que guarda con el acto aquí reclamado, resulta aplicable la tesis 1a. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 351, tomo XX, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, editado en diciembre de 2004, en que se lee: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por los diversos quejosos Yesenia Tapia Cruz, Adriana López Pérez, Antonia López Piedra, Miguel Ángel Garduza Montiel, Javier Muños Pérez, Carlos Mario Pablo Alegría, Leticia Cruz Pablo, Javier Rodríguez Ribón, Natividad González Díaz, Erika Sánchez Núñez, Julio Reyes Colorado, Soledad Reyes Colorado, Felipe Córdova Torres, Sebastiana Morales Colorado, Marco Antonio Córdova Torres, Estrella González Sánchez, Rubén Josué Córdoba González, Tania Montiel de la Cruz, Eduardo Cruz Olán, Vasti Ginet Jiménez de la Cruz, Antonia López Piedra, Adriana Pérez López, Yesenia Ramírez Moreno, Deysi Gabriela Estrada Lara, Verónica Ramírez Moreno, Concepción Morales Olán, Ignacio Morales Colorado, Justino Ovando Hernández, Noemí Méndez Sánchez, Rosa Yesenia Gamas Torres, Hilda Ramírez Hernández, María Luisa Jiménez Arcos, Lucila Ramírez Cruz, Jesús Manuel Jiménez Alegría, Martha Barra Montiel, Jesús Garduza Hernanadez, Rosa Linda Sánchez Hernández, José del Carmen Solís Martínez, Gabino Barahona Velázquez, Jasinto Ramos Gómez, Samuel Jiménez Rodríguez, Otilio Alegría Ortiz, Santiago Álvarez Rodríguez, Santiago Álvarez Colorado, Leticia López Morales, Liliana Chavala Jiménez, Elide López Morales, Antonio Aguilar González, José Luis López García, Israel Gómez, Consuelo Ramírez Cruz, Llian Castro Hernández, Miguel Rosalino Pérez Cruz, Félix Sánchez García, María Antonia Alcoser Avalos, Ysrael Moreno García, Iván Maitret Castellanos, Emilio Orbelin Díaz Cruz, Aderly Maitret Castellano, Soraida Montiel de la Cruz, Suri Saday Martínez González, Briselda González Castro, Lindalba González Sánchez, José del Carmen Urbina Garduza, Alejandro Rodríguez Ribón, Asael Rodríguez Ribón, Gerardo Garduza Garduza, Alexander Sánchez Espinoza, Elicel Ramos Aguilar, Miguel Pérez Palma, Deysi Gabriela Estrada Lara, Luis Fernando Barahona Moreno, Fredi Pérez Cruz, Leticia Garduza García, Rosaura Magaña González, Salvador Vázquez de la Cruz, Teresa Tapia Cruz, Segundo Gómez Martínez, Francisco Javier Colorado Escudero, Quepler Silva Malpica, Eloida Ramírez Maldonado, Edith Cornelio Montalvo, Yomaira Hernández Pardo, Lilia Pardo Cruz, María del Carmen Ramírez Cruz, Rosa Campo Ramírez, Manuel Antonio Magaña, Javier Camacho Sánchez, Eva María Gómez Santiago, Cesilia Jiménez Ramos, Antonio del Carmen Reyes Bermudez, Natividad Sánches Robles, Adán Martínez Valenzuela, Lucia Vela Sánchez, Jairo Toga Herrera, Alberto López Moralez, Cruz Valerio Álvarez Lemuz, Pedro López Romero, Diego Montiel Hernández, Joel Rodríguez Alfonso, Araceli Alegría Ortiz, Mauricio Gómez Méndez, Samuel Montejo Arena, Javier Vila Jiménez, Deonor de la Natividad Bermudez Belasquez, Delia Ruby Solís Bermudez, Veronica Rodríguez Escobar, Aracelis González Ramón, Araceli Hernández Alegría, Candido Luna Ramírez, Amalia Domínguez Lorenzo, Benjamín Garduza Castellanos, Amparo Juárez de la Cruz, Sonia Minerva Garduza Castellanos, Daniel Vázquez Puc, Rito Pérez Hernández, Miguelina Hernández Domínguez, Margarita Garduza Tobilla, Micaela Ortiz de la Rea, Jonny Méndez Sánchez, Leidy del Carmen, María Victoria Luna Domínguez, Pablo Tapia Cruz, Josefa Pérez Rueda, Gloria Martínez Domínguez, Gusmaro Tapia Cruz, Dorian Montiel Ramírez, Rubicel Hernández Palma, Mariel Pérez Montiel, Jaime Magaña Cruz, Mariana Pérez Montiel, Martha Montiel Colorado, Héctor Miguel Gómez Santiago, Ana Bertha Méndez Juárez, Araceli Ovilla Montiel, Cesar Marín Álvarez, Carlos Alberto Marín Magaña, Viviana Alcudia Tapia, Juan José Olán Rodríguez, Merari del Carmen Arias Vázquez, Lidia Méndez Bolaina, Jorge Alberto Vigueras Colen, Arturo Maitret Gallardo, Juan Gabriel Marín Magaña, Norma Rodríguez Rodríguez, Ricardo Alegría Ortiz, Verónica Sánchez Toledo, Eduardo Ovilla Reyes, Damaris Ortiz Pereyra, Belisario Garduza Montiel, Gloria Díaz Alvarado, Nuemi Jiménez Rodríguez, Luis Yeo Moreno, Aurelia Torres Guzmán, José Juan Rodríguez Guardas, Carlos Mario Pérez Castellanos, José Luis Pardo Fuentes, María Patricia Vargas Notario, Concepción Vargas Zavala, Landy Sánchez Sánchez, Teodosio Montecino Palma, Orfa Chacón de la Cruz, Eunice de la Cruz Córdova, Rosario Fajardo Sosa, Ricardo Gamas Flores, Pablo Eriberto Gamas Torres, Orfa Velázquez Domínguez, Rebeca González Pablo, Manuel Maldonado Hernández, Antonio Acosta Ramos y Ana Patricia Hernández Velazquez, contra actos de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal Tabasco y otras autoridades. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN. Tomando en consideración que los quejosos fueron omisos en designar representante común entre ellos, tal y como lo dispone el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como tal a Yesenia Tapia Cruz. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el numeral 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que indican en su demanda; y, por autorizados en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la legislación de la materia, a las personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Circuito. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa en su demanda de amparo con apoyo en la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda favorable la obtención de las actuaciones judiciales, a través de aparatos electrónicos como son: cámaras, grabadoras, etcétera. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden de ideas, atendiendo a las cargas de trabajo que se tienen en este juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al Actuario Judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto, ésta se regirá de acuerdo a lo previsto en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de nueve de mayo de dos mil dieciséis. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma Víctor Rubén Rodríguez Hernández, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Villahermosa, Tabasco, Encargado del Despacho, por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer periodo vacacional, correspondiente del veintiuno de julio al cuatro de agosto de dos mil diecisiete, cuya autorización se comunicó mediante oficio CCJ/ST/3524/2017 de once de julio del año en curso; ante el Secretario Enrique González Virgen, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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