Yesenia Pineda Ramírez

Expediente 363/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
363/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Yesenia Pineda Ramírez
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficio 3777/201 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, remitió copia certificada de la comparecencia de la actora aquí quejosa Yesenia Pineda Ramírez, de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se desistió lisa y llanamente de la demanda en el juicio laboral de origen 610/2015. Luego, mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. El proveído de referencia, se notificó personalmente a la parte quejosa el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, y por oficio al tercero interesado, sin haber hecho alguna manifestación, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Yesenia Pineda Ramírez, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. Mediante ejecutoria de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito de esta ciudad, emitida en el presente juicio de amparo, confirmó la sentencia dictada que concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, esto es, Miriam Cortes Cisneros, realizara lo siguiente: Tomara todas las medidas que tuviera a su alcance y desahogara de manera inmediata, las pruebas pendientes en el expediente laboral 610/2015, a fin de ponerlo en estado de alegatos; lo anterior, siempre y cuando no se hubieren desahogado o acreditara la imposibilidad que tuviera para hacerlo. Es decir, siempre que el proceso laboral no concluyera por una causa anormal de extinción (avenimiento de las partes, caducidad de la instancia, desistimiento, etcétera) o si se presentara una imposibilidad material o jurídica para su desahogo, lo que en todo caso, debería acreditarse fehacientemente con las constancias correspondientes. Una vez que por auto de dos de octubre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia amparadora, se requirió su cumplimiento al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, esto es, Miriam Cortes Cisneros. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, mediante oficio 3777/201 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, remitió copia certificada de la comparecencia de la actora aquí quejosa Yesenia Pineda Ramírez, de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se desistió lisa y llanamente de la demanda en el juicio laboral de origen 610/2015, y se ordenó el archivo del aludido expediente laboral como asunto total y definitivamente concluido. III. En ese sentido, analizadas que fueron las mencionadas constancias, se advierte que mediante comparecencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, esto es, Miriam Cortes Cisneros, tuvo a la quejosa aquí actora Yesenia Pineda Ramírez, por desistida lisa y llanamente de la demanda en el juicio laboral de origen 610/2015 y ordenó el archivo del aludido expediente laboral como asunto total y definitivamente concluido. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, puesto que la responsable se encuentra ante la imposibilidad jurídica y material para hacerlo, dado que con el dictado del auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo por desistida a la parte actora de la demanda en el juicio laboral de origen 610/2015 y ordenó el archivo del aludido expediente laboral como asunto total y definitivamente concluido. Por ende, ya no es factible que se cumpla en sus términos con la sentencia amparadora, y en ese sentido como se dijo, existe imposibilidad jurídica para cumplimentar la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Tiene aplicación al caso la tesis 2a. LXI/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de dos mil cinco, visible a página doscientos treinta y siete, que establece lo siguiente: "INEJECUCIÓN EN SENTENCIA DE AMPARO. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ACREDITA DIRECTAMENTE ANTE LA SUPREMA CORTE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA CUMPLIRLA." Así como la jurisprudencia 2a./J. 2/2008, sustentada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de dos mil ocho, visible a página cuatrocientos treinta y uno, que es del rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO." IV. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto; En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, incisos a) y b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por último, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente laboral 610/2015, compuesto de un legajo de pruebas, que remitió la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, como complemento de su informe justificado; en tal virtud, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexos de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por el que remite copia certificada de la comparecencia en la cual la quejosa Yesenia Pineda Ramírez, se desistió lisa y llanamente de la demanda en el juicio laboral de origen 610/2015. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias remitidas; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se emitió sentencia en el presente juicio, en donde se otorgó el amparo y protección a la parte quejosa, a fin que la autoridad señalada como responsable, esto es, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, efectuara lo siguiente: Llevara a cabo todas las medidas a su alcance, y desahogara de manera inmediata, todas las pruebas pendientes de verificativo en el expediente laboral 610/2015, a fin de poner el procedimiento de origen en estado de alegatos; o acreditara la imposibilidad que tenga para hacerlo. Sentencia que aun cuando fue recurrida, la misma fue confirmada en el recurso de revisión laboral 158/2019, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad; por ello, el dos de octubre de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento de la sentencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (a través de la Presidenta). El once de octubre de dos mi diecinueve, se tuvo a la potestad laboral requerida, remitiendo copia autorizada con firmas autógrafas, del auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 610/2015, en donde dictó las gestiones necesarias para la preparación y desahogo de las pruebas pendientes de desahogo, consistentes en: Confesional con cargo al ayuntamiento demandado, así como la confesional para hecho propios con cargo a Adán Rosas Aguilar (ambas admitidas a la parte actora), Testimoniales a cargo de Rito Ibarra Moreno, Virgilio Ayala Paniagua (ambos de la parte actora), Adolfo Villanueva Vargas y Crescencio Sagrero Pérez (de la parte demandada). Respecto de las cuales, para su desahogo, ordenó remitir exhorto al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihutanejo, Guerrero, sin que hasta la fecha, a más de dos años, se tenga noticia alguna del resultado de tal comunicación oficial. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que obligó a desahogar de manera inmediata, todas las pruebas pendientes de verificativo en el expediente laboral 610/2015, por ello: Deberá remitir a este órgano jurisdiccional, las constancias relativas al exhorto que ordenó librar al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihutanejo, Guerrero, y que demuestren el efectivo desahogo de las pruebas: confesional con cargo al ayuntamiento demandado, confesional para hecho propios con cargo a Adán Rosas Aguilar (ambas admitidas a la parte actora), y testimoniales a cargo de Rito Ibarra Moreno, Virgilio Ayala Paniagua (ambos de la parte actora), Adolfo Villanueva Vargas y Crescencio Sagrero Pérez (de la parte demandada). Así como, la certificación correspondiente en donde se haga constar la inexistencia de pruebas pendientes de desahogo, o cuestión alguna que verificar, a fin de poner el procedimiento de origen en estado de alegatos. Apercíbase a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, que de no cumplir con lo ordenado como ya lo ha hecho a más de dos años, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional) y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta, aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, registro 2000099, del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Glósese a los autos la razón actuarial firmada por Braulio Fernández Nava, Actuario Judicial adscrito a este órgano Jurisdiccional, por medio de la cual da cuenta al suscrito juzgador con la notificación del oficio 5362/2021; de la que se advierte que se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de hacer entrega del mencionado oficio, lugar donde lo atendió el oficial de partes, quien bajo protesta de decir verdad dijo llamarse Manuel García Palacios y, al que le explicó el motivo de su presencia. Situación por la cual el oficial de partes, le manifestó que solo podía recibir diez oficios por autoridad los días miércoles de cada semana, ello, por instrucciones de la Presidenta del mencionado tribunal; motivo por el cual el actuario judicial adscrito a este juzgado, le hizo saber al servidor público las consecuencias y alcances del artículo 28, fracción l de la Ley de Amparo; no obstante, el mismo se negó a recibir el oficios de referencia, por lo que procedió a dejarlo fijado en la puerta de la autoridad responsable, dándola por notificada del contenido del mismo; ello, con las facultades que le confiere el segundo párrafo del citado numeral. En consecuencia, con fundamento en el artículo 28, fracción l de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación del oficio que señala el actuario en su razón de cuenta y, por tanto, la misma surtió plenos efectos legales conforme al citado numeral. Lo anterior, resulta acorde a la facultad garante de este juzgado de distrito, para salvaguardar la garantía a la tutela jurisdiccional de las partes en el presente juicio, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, partiendo de la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no pueden supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales; asimismo, atendiendo a que, el juicio de amparo es reconocido por la Corte Interamericana, por su naturaleza, en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José", como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada. Notifíquese.

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